Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX2023-129728505- -APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al planteo de nulidad del sumario infraccional formulado por la actora y revocar la RESOL- 2022-6036-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17115-3274-2016, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-78574412-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 14 de Agosto de 2026 GARANTIAS S.A.
En Buenos Aires se reúnen los Vocales miembros de la Sala “F”, Dres. Juan Manuel Soria (Vocal subrogante de la Vocalía de la 18 Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, a fin de resolver en los autos caratulados: “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación”, EX2023-129728505- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Mediante RE-2023-129727252-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la RESOL-2022-6036-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17115-3274-2016, mediante la cual se le exige el pago de tributos por el importe de u$s 6.830,37, en su carácter de garante de la importación temporaria documentada por el DIT 10001IT14003614U, respecto de la cual la Aduana consideró configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. Plantea la nulidad del auto de apertura de sumario por incumplir las previsiones exigidas por el art. 1094 del C.A. Se agravia de la irrazonabilidad de los plazos del procedimiento, lo que sostiene desnaturaliza no solo el requerimiento tributario efectuado sino también la priva de poder ejercer efectivamente su derecho de defensa. Como consecuencia de ello opone la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos. En subsidio, alega que en los términos del art. 56 de la Ley 11.683 el reclamo en concepto de IVA se encuentra prescripto. Cita jurisprudencia. También subsidiariamente, se agravia de la determinación tributaria, concretamente respecto del cálculo erróneo del adelanto de ganancias y aplicación de las percepciones. Agrega además que no garantizó las percepciones, ni tampoco ningún otro adicional que pretenda percibir la DGA tal como surge del propio texto de la póliza involucrada. Finalmente, se agravia de la tasa aplicada a los intereses. Ofrece prueba y solicita se deje sin efecto el cargo formulado, con costas.
II. Mediante IF-2024-34026785-APN-DTD#JGM, la representación fiscal se presenta y contesta el traslado conferido. Efectúa una reseña de los hechos y formula la negativa genérica de rigor. Sostiene que el auto de apertura de sumario satisface los requisitos para su validez, ya que fue individualizada la firma importadora imputada, se identificó correctamente la DIT objeto de la denuncia y se indicó específicamente la infracción del C.A. en la cual se consideró incursa a la recurrente. Es decir, que se delimitó precisamente el objeto de controversia. Cita jurisprudencia. Afirma que al ser válido el auto de apertura de sumario, han operado las causales de interrupción y suspensión previstas en el C.A., por lo que la acción tributaria del Fisco no se encuentra prescripta. En relación con la doctrina del plazo razonable cuya aplicación la actora pretende, sostiene que el sumario infraccional se sustanció dentro de los plazos de prescripción previstos en el C.A., debiéndose tener en consideración que el Fisco además cuenta con un plazo de 5 años para efectuar el control expost. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura. En cuanto a la tasa de interés aplicable, explica que quedó establecido que las tasas de interés aplicables a deudas tributarias serán las que fijan las resoluciones del Ministerio de Economía, conforme lo prevé el Código Aduanero, siendo las mismas una reglamentación específica propia de las leyes tributarias, que desplazan a las disposiciones de carácter más general. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme el fallo aduanero apelado con expresa imposición de costas.
III. Mediante PV-2024-34990712-APN-VOCXVIII#TFN se tiene por contestado el traslado y por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Por PV-2024-39854306-APN-VOCXVIII#TFN se apertura la causa a prueba. Por PV-2024-87666475-APN-VOCXVIII#TFN, intimación mediante, se da por decaído el derecho de la actora a producir la prueba ofrecida. A continuación, se declara el cierre del período probatorio y se elevan los autos a la Sala “F”. Atento a que se dio por decaído el derecho a producir la prueba, los autos quedan en estado de dictar sentencia.
IV. La actuación SIGEA 17115-3274-2016, se inicia con la impresión de pantalla de la DIT aquí involucrada. A fs. 5 se agrega acta de denuncia de fecha 13.04.16. A fs. 7 se afora la mercadería y a fs. 8/9 obra liquidación de multa y tributos. A fs. 10, en fecha 25.08.16, se dispone la instrucción de sumario. A fs. 11 se practica nueva liquidación de multa y tributos. A fs. 12 obra la consulta de garantía. A continuación, a fs. 13/14, se corre vista a la firma importadora de todo lo actuado y se cita a la firma garante ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS, siendo notificada el 8.02.21. A fs. 22/25 vta. obra el descargo de la firma aseguradora. A continuación, se dicta la RESOL-2022-6036-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, de fecha 24.08.22, aquí apelada por la firma aseguradora.
V. Que corresponde analizar si la RESOL-2022-6036-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, por la cual se le exige a la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS el pago de tributos por el importe de u$s 6.830,37, en su carácter de garante de la importación temporaria documentada por el DIT 10001IT14003614U, respecto de la cual la Aduana consideró configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., se ajusta a derecho. Que, como primera cuestión, corresponde analizar el planteo de nulidad del auto de apertura de sumario esgrimido por la actora, con fundamento en que no cumple los requisitos previstos por el art. 1094 del C.A., lo que afectaría su derecho de defensa. También opone la nulidad del procedimiento administrativo con fundamento en la irrazonable extensión del mismo.
En cuanto a la tramitación del sumario infraccional se advierte como primera y fundamental cuestión, que no obra agregado el DIT 10001IT14003614U respecto del cual la Aduana considera configurada la infracción al art. 970 del C.A, lo que desde ya sella la suerte de su trámite.
En efecto, el Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgarán conforme el procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV, por cual cuando la Aduana tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes acuerden (conf. art. 1080 y art. 1081 del CA).
Que, por su parte, el art. 1101 del CA dispone que: "Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare".
Que del análisis de las actuaciones administrativas se desprende que la Aduana formuló denuncia por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del CA con relación al DIT 10001IT14003614U, del que sólo consta una impresión de pantalla al inicio de las actuaciones. No obstante, no obra agregada la carpeta contenedora de dicho DIT, ni siquiera una copia del mismo.
Que luego se instruye sumario por la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. y se corre vista a la importadora y se cita a la aseguradora en su carácter de garante, siendo la única que presenta su descargo. A continuación, se dicta la Resolución apelada, mediante la cual, y en lo que aquí interesa, condena a la firma importadora por la comisión de la infracción al art. 970 del CA, archiva las actuaciones en los términos de la Instrucción General 09/17 y formula cargo por tributos e intima a su pago a la firma importadora y a la aquí actora firma aseguradora, en su calidad de garante del DIT involucrado.
Que, en virtud de lo expuesto y atento a que el procedimiento previsto para las infracciones tiene como finalidad investigar si se cometió una infracción -identificando a los responsables- no parece razonable admitir responsabilidad cuando no se cuenta en las actuaciones administrativas con el original de la carpeta de la destinación temporaria -o su copia certificada-, que es el documento esencial que motiva la denuncia, causa de la imputación de la infracción y consiguiente exigencia tributaria.
Que, en efecto, la Aduana llevó a cabo el procedimiento infraccional en trato sobre la base de datos de impresiones de consulta informática relativas a la destinación cuestionada que no permiten la efectiva constatación de la imputación endilgada, imposibilitando así el análisis de los fundamentos y los hechos por la que se sustanció la denuncia.
Que en razón de lo expuesto y atento a que no parece razonable que se impute infracción y se exija el pago de tributos sin que se agregue la destinación motivo de la denuncia, y resultando materialmente imposible el análisis de la cuestión traída a discusión -siendo que la agregación de la destinación y/ copia certificada de la misma resulta indispensable para la resolución de la causa- corresponde hacer lugar al planteo de nulidad del sumario infraccional incoado por la actora y revocar la resolución apelada, con costas.
VI. Que por la forma en que se resuelve la presente no corresponde analizar los demás agravios de la actora. Por lo expuesto, VOTO POR:
Hacer lugar al planteo de nulidad del sumario infraccional formulado por la actora y revocar la RESOL-2022- 6036-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17115-3274-2016, con costas.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Adhiero al voto del Dr. Soria.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
I. Que adhiero a la solución propiciada por el Vocal preopinante, en cuanto conduce a dejar sin efecto la resolución apelada, aunque lo hago por los fundamentos que seguidamente expondré y con una precisión que considero jurídicamente relevante: el acto alcanzado originariamente por la nulidad es el auto de apertura del sumario de fecha 25 de agosto de 2016.
La resolución definitiva debe ser revocada como consecuencia necesaria de aquella invalidez, pero no corresponde trasladar hacia ella —ni hacia el procedimiento considerado genéricamente— la localización primaria del vicio.
II. He sostenido que las previsiones contenidas en el art. 1094 del Código Aduanero no pueden ser interpretadas desde una perspectiva meramente ritual, como si cualquier apartamiento de alguno de sus recaudos determinara, por sí solo y automáticamente, la nulidad del procedimiento.
La nulidad exige ponderar la entidad del defecto, su incidencia concreta sobre la finalidad del acto y, particularmente, la afectación que proyecta sobre el ejercicio efectivo del derecho de defensa. De allí que resulte necesario distinguir entre aquellas irregularidades susceptibles de saneamiento durante la sustanciación del procedimiento y aquellos defectos que, por recaer sobre presupuestos esenciales de la imputación, terminan privando al acto de apertura de la aptitud necesaria para sustentar válidamente una decisión definitiva.
Precisamente esta última situación es la que se verifica en autos.
III. En efecto, del examen de las actuaciones administrativas surge que el expediente se inició con una impresión de pantalla correspondiente al DIT 10001IT14003614U; posteriormente se formuló denuncia, se aforó la mercadería, se practicaron las liquidaciones respectivas y, finalmente, con fecha 25 de agosto de 2016, se dispuso la instrucción del sumario.
Sin embargo, la carpeta correspondiente a la destinación temporaria nunca fue incorporada a las actuaciones, ni tampoco obra copia certificada de ella. La Administración avanzó igualmente con el procedimiento, corrió vista, recibió el descargo de la aseguradora y, finalmente, el 24 de agosto de 2022 dictó la RESOL-2022-6036-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA.
La cuestión no radica, por tanto, en la omisión de una formalidad secundaria.
La carpeta DIT constituye el antecedente documental objetivo sobre el cual necesariamente debía asentarse la imputación formulada. Es allí donde se encuentran documentadas la destinación suspensiva, la mercadería involucrada, las condiciones bajo las cuales fue autorizada su permanencia, los plazos correspondientes y, en definitiva, la obligación cuyo incumplimiento se pretende subsumir en la infracción prevista por el art. 970 del Código Aduanero.
No se trata de una prueba que correspondiera producir a la aseguradora para desvirtuar una imputación previamente acreditada.
Se trata, antes bien, de la documentación primaria sobre cuya existencia y contenido la propia Administración construyó la imputación.
Una impresión proveniente de un sistema informático puede exteriorizar determinados datos registrales. Lo que no puede hacer es reemplazar, sin más, el antecedente documental completo cuando precisamente de su contenido depende determinar qué obligación nació, cuáles fueron sus condiciones y si efectivamente se produjo el incumplimiento que se reprocha.
La despapelización puede modificar el soporte del documento. No puede convertir la ausencia del antecedente esencial en prueba de aquello que ese mismo antecedente debía demostrar.
IV. Tampoco modifica esta conclusión el argumento según el cual correspondía a la importadora acreditar la regular reexportación de la mercadería.
Ese razonamiento altera el orden lógico de las cargas que gobiernan el procedimiento infraccional. La carga que eventualmente pesa sobre el beneficiario del régimen de demostrar su cancelación regular presupone, necesariamente, que la Administración haya previamente incorporado al expediente el documento que acredita la existencia, contenido y extensión de la obligación que afirma incumplida.
Antes de exigir al administrado que demuestre cómo cumplió, corresponde que quien ejerce la potestad sancionadora determine y documente adecuadamente qué debía cumplirse, respecto de qué mercadería, bajo qué condiciones y dentro de qué plazo.
Mucho menos puede trasladarse aquella consecuencia a la compañía aseguradora, cuya intervención deriva precisamente de la garantía constituida respecto de una obligación principal que debe encontrarse debidamente individualizada y acreditada.
No puede imponerse al garante la carga de reconstruir aquello que la propia Administración omitió incorporar al expediente que ella misma instruyó.
V. Llegados a este punto resulta necesario distinguir dos momentos jurídicamente diferentes.
Cuando el 25 de agosto de 2016 se dictó el auto de apertura del sumario sin encontrarse incorporada la carpeta correspondiente al DIT 10001IT14003614U, el defecto existente era todavía susceptible de saneamiento. La Aduana podía incorporar posteriormente la destinación original, su copia certificada o una reproducción íntegra y debidamente autenticada; verificar sobre esa base los extremos de la denuncia; precisar adecuadamente la imputación y, recién entonces, conferir al administrado una posibilidad real de ejercer su defensa respecto de los antecedentes íntegros sobre los cuales aquella se sustentaba.
En aquel momento inicial, entonces, el vicio podía ser considerado relativo, precisamente porque subsistía una posibilidad jurídica y material de reparación.
Pero ello nunca ocurrió.
La Administración decidió continuar el procedimiento pese a la ausencia del antecedente esencial, corrió vista, recibió el descargo y finalmente dictó la resolución definitiva.
Es en ese momento cuando el defecto modifica definitivamente su entidad.
Al resolver el fondo sin haber previamente subsanado la omisión, la Administración agotó la posibilidad de saneamiento y convirtió aquella irregularidad inicial en una lesión concreta e irreversible del debido proceso. La nulidad relativa del auto de apertura devino entonces absoluta, porque la resolución definitiva fue dictada sobre la base de una imputación cuyo antecedente documental esencial jamás había integrado las actuaciones. No existe contradicción alguna entre ambas afirmaciones.
La relatividad inicial se vinculaba con la posibilidad de reparar el defecto.
La nulidad absoluta posterior deriva, precisamente, de que esa posibilidad fue definitivamente consumida cuando la Administración decidió ejercer su potestad decisoria sin haber saneado el procedimiento.
La resolución definitiva no crea retrospectivamente el vicio.
Lo consolida.
Y lo hace insubsanable porque, una vez ejercida la potestad sancionadora y tributaria sobre aquella base documental incompleta, ya no resulta jurídicamente admisible reconstruir ex post la causa del acto mediante documentos que no estuvieron incorporados cuando se formuló la imputación, se ejerció la defensa y se adoptó la decisión definitiva.
VI. Esta precisión permite también delimitar correctamente el alcance de la declaración que corresponde efectuar.
No considero técnicamente adecuado declarar, en términos generales, la “nulidad del sumario infraccional”, porque ello diluye la identificación del acto jurídico concretamente afectado.
Lo nulo es el auto de apertura del sumario de fecha 25 de agosto de 2016.
Ese acto nació afectado por un defecto que inicialmente resultaba subsanable, pero cuya omisión de saneamiento durante toda la sustanciación determinó que, al momento de dictarse la resolución definitiva, la nulidad quedara definitivamente consolidada.
Los actos posteriores que necesariamente reconocen en aquel auto su presupuesto procesal pierden, como consecuencia, el sustento necesario para producir efectos jurídicos válidos.
Por ello la RESOL-2022-6036-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA debe ser revocada.
No porque sea ella el acto originalmente viciado, sino porque constituye la consecuencia final de un procedimiento cuya apertura nunca llegó a encontrarse debidamente integrada en sus antecedentes esenciales. Aceptar que la carpeta DIT pudiera ser incorporada con posterioridad, incluso durante la instancia jurisdiccional, importaría alterar profundamente la función revisora de este Tribunal.
Este Tribunal controla la juridicidad de una decisión administrativa sobre la base del procedimiento que efectivamente la precedió. No le corresponde reconstruir el expediente que la Administración debió formar antes de resolver.
Una solución distinta convertiría al procedimiento administrativo en una instancia provisoria, susceptible de ser completada recién cuando el acto fuese impugnado, desplazando hacia el administrado las consecuencias de las deficiencias en que incurrió la propia autoridad instructora.
VII. Que por la forma en que se resuelve deviene inoficioso el tratamiento de los restantes agravios introducidos por la recurrente.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario de fecha 25 de agosto de 2016, obrante a fs. 10 de las actuaciones administrativas SIGEA 17115-3274-2016.
2. En consecuencia, revocar la RESOL-2022-6036-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, con costas a la Dirección General de Aduanas.
Así lo voto.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Hacer lugar al planteo de nulidad del sumario infraccional formulado por la actora y revocar la RESOL- 2022-6036-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17115-3274-
2016, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Juan Manuel Soria (Vocal subrogante de la Vocalía de la 18a Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2026.08.12 18:05:58 ART Date: 2026.08.14 09:58:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.14 11:24:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.14 11:25:18 -03:00
Fin de la sentencia