Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2019-82103354-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar al planteo de prescripción articulado por la actora, sin costas.
2Devolver los actuados a la Vocalía instructora a efectos de sustanciar el fondo.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-90502543-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 16 de Septiembre de 2026 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/Recurso de Apelación”, EX-2019-82103354- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que se presenta la firma del epígrafe, mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 9685/2013 (DE PRLA), dictada por el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros de la Dirección General de Aduanas en el Expediente SIGEA nro. 12181-6328-2005 el 27 de diciembre de 2013 (y notificada con fecha 2/9/2019), mediante la cual se condenó al Sr. Charles Marie Matte por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del CÓDIGO Aduanero; intimando a su parte, en su caracter de garante, al pago de tributos por U$S 1450,50 con más sus intereses, por no haber regularizado la situación de los efectos personales ingresados temporalmente como equipaje no acompañado N° 350.739/02, cuya permanencia se encontraba permitida hasta el 3 de marzo de 2003.
Invoca la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, explicando los fundamentos jurídicos que le dan sustento, en virtud -esencialmente- de lo dispuesto en el artículo 805 y concordantes del Código Aduanero. Destaca que el auto de apertura de sumario no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1094 del citado cuerpo legal, como así también que la DGA no ha realizado la liquidación tributaria en forma previa. Asimismo, pone de relieve la irrazonabilidad de los plazos del presente procedimiento, extremo que la ha privado de ejercer en debida forma su derecho de defensa. Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura. A su vez, plantea la violación del principio del debido proceso adjetivo como así también la vulneración del derecho a obtener una resolución judicial dentro de un plazo razonable. Subsidiariamente, plantea la prescripción de los derechos y tributos reclamados, esencialmente en cuanto al Impuesto a las Ganancias y al IVA. Cuestiona la determinación tributaria formulada por el servicio aduanero, a la que tilda de ilegítima. Analiza la naturaleza jurídica del seguro de caución, como así también, el alcance de la responsabilidad de la aseguradora. Plantea la impertinencia del reclamo de derechos adicionales como así también, la improcedencia del reclamo de IVA Adicional y Ganancias. Aduce la falta de competencia de la DGA para expedirse sobre dichos tópicos. Señala que para el supuesto de que deba afrontar el pago de los tributos, el mismo deberá ser con la limitación monetaria que el contrato establecería, conforme la póliza objeto de autos. Cuestiona la tasa de interés del artículo 794 del Código de rito por entender que es confiscatoria e inconstitucional, solicitando su oportuna reducción.
Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se revoque la decisión aduanera apelada en la litis, con expresa imposición de costas.
II. Que, a su turno, la DGA contesta el traslado del recurso que le fuera oportunamente conferido y ofrece las actuaciones administrativas pertenecientes a la causa. Efectúa una negativa genérica de todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Relata los hechos del caso. Destaca que la recurrente no logra explicar cómo se ha visto afectado su derecho de defensa, específicamente, cúal fue el perjuicio concreto, ya que ha opuesto todas las defensas que podría haber llevado a cabo oportunamente. Asimismo, y teniendo en consideración la Resolución 9685/13, tampoco alega la apelante la inexistencia de la configuración de la infracción del artículo 970 del Código Aduanero, por lo que a su juicio pareciera que la Aseguradora se encuentra invocando una nulidad por la nulidad misma, ya que en definitiva se encuentra probado claramente la falta de reexportaciones de la mercadería por parte de la importadora y que todo el procedimiento se realizó dentro de los plazos establecidos por la ley 22.415.
En relación a la doctrina del “plazo razonable”, afirma que la protección establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos le es acordada a las personas físicas, tal como resulta del art. 1.2, su Preámbulo y el Informe Nº 10/1991 elaborada por la CIDH, no así a las personas jurídicas, como es el caso de la Compañía, por lo que se solicita su rechazo. En lo que respecta a la liquidación tributaria en dólares y la tasa de interese aplicable reclamada por la Compañía, cree indicado recodar la doctrina sentada por el fallo “Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA” (S.C. V. 312, L.XLV), específicamente el Considerando IV del Dictamen de la Procuración General de la Nación, conjuntamente con las disposiciones del Código Aduanero en materia de intereses en los procedimientos de impugnación.
Por último, en lo que respecta a la tacha de inconstitucionalidad impetrada por la apelante “in fine” de su recurso, considera que este TFN no ostenta facultades a tal efecto, conforme lo dispuesto en el artículo 1164 del ordenamiento legal de referencia. Pone de manifiesto la finalidad del seguro de caución, destacando que La Aseguradora, en su calidad de garante, debe responder por ante el Servicio Aduanero respecto de las obligaciones de su tomador, al haberse configurado la infracción tipificada y penada en el artículo 970 del Código Aduanero. Precisa que el contrato de fianza el que expresamente establece que la recurrente responde en iguales términos que el importador. Adicionalmente, expresa que tanto el capital como los intereses que se determinen en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 794 del Código de rito constituyen jurídicamente un “tributo” a los efectos de ese cuerpo, y su falta de pago de cualquiera de ellos trae aparejado las mismas consecuencias.
Cita jurisprudencia favorable a su tesitura, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita el rechazo de la apelación interpuesta por la contraria, con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 1 de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12181-6328-2005 obra la Solicitud de Retiro de Equipaje no acompañado de fecha 19/7/2002 (Número de Registro 350739). A continuación se agregan diversos documentos comerciales. A fs. 7 se remite documentación al Depósito Fiscal. A fs. 14/15 lucen la notificación enviada a la Compañía Aseguradora interviniente. A fs. 17 se encuentra el Acta de Denuncia N° 151/08, de fecha 1 de febrero de 2008. A fs. 18 surge la Nota nro. 3381/07 (SE EMBA) y a fs. 19 la Norma nro. 278/08 (DV RESI). A fs. 20, con fecha 29/12/2008, el servicio aduanero dispone la apertura de sumario conforme a lo establecido en el artículo 1090, inciso c), del Código Aduanero. A fs. 27 se realiza la valoración de la mercadería de importación prohibida por el régimen general y a fs. 29/32 la determinación de tributos y multa. A fs. 23 (21/2/2013) se ordena correr vista de lo actuado al Sr. Charles Marie Matte, imputándole la infracción tipificada en el artículo 970 del citado cuerpo normativo. Asimismo, se cita a la firma Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. (Póliza nro. 750765), su carácter de garante de la operación de marras. A fs. 36 se notifica la corrida de vista a la firma aseguradora, quién la contesta a fs. 37/41. A fs. 49/51 se encuentra glosada la Resolución (DE PRLA) N° 9685/13, de fecha 27 de diciembre de 2013, que es notificada a fs. 52, el día 2 de septiembre de 2019; resultando la misma objeto de apelación en las presentes actuaciones.
IV. Que, bajo tales premisas, corresponde entender en el planteo impetrado por la firma recurrente respecto de la prescripción de la acción del Fisco para exigir tributos.
Que la resolución apelada en la litis fue dictada el 27 de diciembre de 2013 y notificada recién el 2 de septiembre del año 2019, por lo que más allá de los agravios de la parte actora introducidos en materia prescriptiva, la presente causa encuentra adecuada respuesta en el voto emitido por el suscripto in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN- VOCXVIII#TFN y “EX-2022-71387564- -APN-SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
V. Que, en tales condiciones, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de cinco años que prescribe el artículo 803 del CÓDIGO Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2004, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el vencimiento de la operación en trato operó el 3 de marzo del año 2003), debiendo haber fenecido el 1/1/2009, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas.
Por otra parte, desde el 29 de diciembre de 2008 en que se dispuso la apertura del sumario - es decir, ya transcurridos 4 años, 11 meses y 28 días-, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).
VI. Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del CÓDIGO Aduanero -norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del suscripto-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
Que, en tal orden de ideas, cabe colegir que si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario (29/12/2008) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 27 de diciembre de 2013- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó el 2 de septiembre de 2019 (confr. fs. 52 act. adm.), es decir, cinco años, 8 meses y siete dias después de su dictado -constituyendo un extremo fáctico de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la litis, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar-, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 de la ley 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
Que, en efecto, toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415 -más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante-.
Que el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –vigente al momento de los hechos analizados- dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
VII. Que, por ello, cabe colegir que la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en la referida normativa no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, en la actualidad sólo opera hasta el décimo día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar (debido a la modificación suscitada por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -Ley 27.742-), reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
VIII. Que, asimismo, también corresponde precisar que el inciso a) del artículo 806 del CÓDIGO Aduanero expresa que “La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se interrumpe por: a) la notificación de la liquidación tributaria aduanera...”, que en la práctica dicho acto se corresponde con la notificación de la corrida de vista, contemplada en el artículo 1101 del citado cuerpo normativo.
En tal sentido, el propio artículo 1103 del citado cuerpo normativo enfatiza que “La vista contemplada en el artículo 1101 tendrá los efectos de la notificación de la liquidación de los tributos a que alude el artículo 1094, inciso d)”.
IX. Que, no obstante, y sin perjuicio que la Corte Suprema de justicia de la Nación ha destacado que el instituto de la prescripción tiene que ser interpretado restrictivamente en cuanto tiende a la pérdida de las acciones, y por ello, ante la duda, debe estarse por la existencia de interrupción (Fallos: 323:192, "Andrili de Cúneo Libarona"; 326:742, "Garbellini; 329:1012, "Randazzo"; entre otros), en la especie su análisis carece de finalidad práctica, toda vez que dicha causal de interrupción se encuentra subsumida dentro de la causal de suspensión de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera contemplada en el inciso a) del artículo 805 del CÓDIGO Aduanero, habida cuenta que ella empezó a correr en primer lugar, precisamente desde el auto de apertura del Sumario objeto de autos (29/12/2008), mientras que la corrida de vista es del día 21 de febrero de 2013, y su notificación se produjo el 27 de febrero de ese año (confr. fs. 36 act. adm.), cuando el curso de la prescripción ya se encontraba suspendido.
No obstante, y aun en el hipotético supuesto de no compartirse dicha postura, lo cierto es que en el presente caso, el lapso de inactividad aduanera a los fines de la notificación apelada ha excedido el propio plazo quinquenal que rige en la materia, y al que hace expresa la propia ley 22.415, tanto a los fines suspensivos como interruptivos de la acción del Fisco Nacional para percibir tributos.
X. Que, por ende, cabe concluir que la acción del Fisco Nacional para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar al planteo de prescripción articulado por la firma actora, con expresa imposición de costas; siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios meses, años, lustros, decenios, etc.) una resolución con la consiguiente incertidumbre, en cuanto a los derechos de los administrados.
XI. Que, por lo demás, y sin perjuicio del modo en que se decide el agravio bajo análisis, este Tribunal no puede dejar de señalar la honda preocupación que implica la extensa duración del sumario aduanero de marras, en el cual el hecho gravado es de fecha 19/7/2002 y la resolución apelada ha sido notificada en fecha 2/9/2019, casi 6 (seis) años después, cuadra repetir, de haber sido dictada.
Por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, incluso aun si se tuvieran en consideración las causales de suspensión establecidas en los artículos 17 de las leyes 26.840 (B.O. 3/6/2013) y 27.572 (B.O. 26/8/2020) en materia tributaria, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas (en el mismo sentido, esta Sala in re “3M ARGENTINA SACIFIA”, del 3 de febrero de 2023); siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN, voto del Dr. Pablo Garbarino), y sin respetar la mencionada garantía del plazo razonable de tramitación de procesos aduaneros, de raíz tanto consitucional como convencional, vinculada estrechamente con el derecho al debido proceso adjetivo, cuyo irrestricto respeto corresponde a este Tribunal siempre salvaguardar.
XII. Que, en definitiva, entiendo que la forma en que se resuelve tanto la cuestión tributaria como el reproche infraccional es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.).
XIII. Que ello es así, en virtud de que las normas específicas que rigen toda cuestión litigiosa deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 255:360; 258:75; 281:146; 302:813.
Y si bien resulta cierto que la primera exigencia de cualquier método hermenéutico en la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, también lo es, y desde el plano normativo, la de estimar que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482; 295:1001).
XIV. Que, por último, no debe jamás olvidarse que la función específica de los magistrados exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión -SUBLIME- de administrar justicia (doctr. Fallos: 234:482; entre muchos otros).
Por ello, VOTO por:
1. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. en las presentes actuaciones.
2. Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
El Dr. González Palazzo dijo:
En primer lugar, hago propio por razones de brevedad el relato de los hechos que realiza el Sr. Vocal instructor.- El vocal preopinante, dr. Pablo Garbarino, sostiene que la prescripción de la acción del Fisco para exigir tributos comienza a computarse nuevamente a partir del mero dictado de la resolución aduanera, aun prescindiendo de su notificación al administrado. No comparto tal criterio, que se ha reiterado en no pocos casos sustancialmente análogos al presente.
El caso bajo examen se encuentra regido por el marco normativo vigente con anterioridad al decreto de necesidad y urgencia 70/2023. Pretender que el nuevo plazo prescriptivo se inicie con el mero dictado de la resolución importaría atribuir al legislador una previsión que jamás introdujo en el régimen anterior. El DNU 70/23 vino a establecer expresamente la obligatoriedad de la notificación de la resolución como presupuesto de eficacia, reforzando la idea de que no existió imprevisión normativa, sino que siempre se entendió que el acto deviene ejecutable recién desde la notificación. Por ende, la suspensión de la prescripción prevista en el art. 803 del Código Aduanero se mantiene hasta que la resolución pueda ser ejecutada, lo que solo ocurre con su notificación al administrado.
La jurisprudencia nacional refuerza esta conclusión. El Plenario “Hughes Tool Company” (CNCAF, 22/12/1965) resolvió que, tratándose de prescripción en materia de sanciones, las normas que disponen la suspensión e interrupción de los plazos deben aplicarse con estricto apego a la ley, por cuanto constituyen un límite a la potestad punitiva del Estado. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en “Wonderland Entertainment S.A. c/ EN – DGA s/ recurso de apelación” (Fallos: 342:917, 2/07/2019), reafirmó que los efectos suspensivos e interruptivos en materia de prescripción de la acción fiscal deben ser interpretados en forma estricta y restrictiva. Allí, al analizar la interrupción de la prescripción para exigir tributos, el Máximo Tribunal puso de relieve que se trata de una garantía de seguridad jurídica en favor del contribuyente, que no puede ser debilitada mediante interpretaciones extensivas o analógicas.
En igual línea, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha sostenido reiteradamente que la prescripción debe ser aplicada con criterio estricto: “Shell C.A.P.S.A. c/ DGI” (Sala IV, 12/06/2003), donde se resaltó la finalidad de asegurar certeza en las relaciones jurídicas; “Molinos Río de la Plata S.A. c/ DGA” (Sala V, 04/09/2007), donde se afirmó que la prescripción limita el poder estatal y debe ser interpretada en forma restrictiva; y “Harriet y Donnelly S.A. c/ DGI” (Sala III, 28/08/2012), donde se reafirmó que la prescripción opera como garantía de seguridad jurídica.
Estos precedentes —uno en materia sancionatoria (“Hughes Tool”) y otro en materia tributaria (“Wonderland”)— confluyen en un mismo principio rector: la prescripción constituye un límite temporal al poder estatal, y su interpretación debe ser restrictiva en resguardo de la seguridad jurídica y de la garantía de defensa. A la luz de tales lineamientos, no resulta jurídicamente sostenible la tesis del dr. Garbarino que pretende iniciar un nuevo cómputo de la prescripción desde el mero dictado de la resolución aduanera, prescindiendo de su notificación. Tal criterio importaría, en los hechos, prolongar indebidamente la potestad del Fisco, en abierta contradicción con el principio de interpretación restrictiva consagrado por la CNCAF y la CSJN.
A pesar de ello, el dr. Garbarino recurre en este caso a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para sostener que la prescripción debe computarse desde el dictado de la resolución. No puedo dejar de advertir la inconsistencia de ese razonamiento con sus propios antecedentes. En su voto en el Expte. N° 33.400-A, “RECKITT BENCKISER ARGENTINA SA c/ DGA s/ Apelación”, del 21 de junio de 2023, citando la Opinión Consultiva OC-22/16 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que “el artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”. Del mismo modo, en su habitual estilo autoreferencial, recordó lo que ya había dicho al votar en “Chubb Argentina de Seguros S.A.” (Expte. 31.241-A, Sala F) y en “ABB S.A.” (Expte. 36.950-A, Sala F), como si el argumento necesitara del eco de sí mismo para robustecerse. Paradójicamente, tras tantas autocitas donde insiste en que las personas jurídicas no son sujetos de la Convención, se invoca ahora la CADH para fundar una solución precisamente en un caso donde el obligado es una persona de existencia ideal.
Más allá de ello, considero que todos los sujetos de derecho —de existencia real o ideal— deben ser ponderados a la luz de la Convención. Ello porque, detrás de cada persona jurídica, existen individuos cuyos derechos pueden verse afectados por actos estatales dirigidos contra aquélla. La Corte IDH, en la Opinión Consultiva 22/2016, reconoció que los derechos de las personas físicas pueden verse comprometidos cuando sus intereses se canalizan a través de una persona jurídica. En igual línea, aplicar los principios de la Convención a la actuación estatal evita que la República Argentina se exponga a eventuales condenas internacionales por actos que, aunque formalmente dirigidos a una entidad, terminan afectando a seres humanos que la integran o representan.
La Corte Interamericana ha resaltado la importancia de velar por el plazo razonable (art. 8.1 CADH), pero también ha subrayado que su análisis exige evaluar la actividad procesal del interesado. Así, en los casos Genie Lacayo vs. Nicaragua (1997), Valle Jaramillo vs. Colombia (2008) y Furlan y Familiares vs. Argentina (2012), se estableció que la razonabilidad del plazo depende de la complejidad del asunto y de la conducta de las partes. Aun cuando aquí se advierte una dilación sustancial en la tramitación, no corresponde fundar la solución en la CADH. Ello porque la firma se encontraba debidamente impuesta de la existencia del procedimiento, habiendo sido notificada oportunamente de la corrida de vista prevista en el art. 1101 del Código Aduanero (tal como bien lo destaca el dr. Garbarino). Por ende, no se configuró desconocimiento absoluto ni indefensión que justifique la aplicación directa del estándar convencional.
Por lo expuesto, si bien cabe tener por allanada a la demandada en los términos incorporados por el Sr. Vocal instructor, voto por RECHAZAR la tesis prescriptiva del dr. Pablo Garbarino, aclarando que no me adentro en el tratamiento de la cuestión de fondo, tanto porque la jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha desestimado en gran medida planteos de esta índole, como en razón de la elevada carga de tareas de esta Vocalía, todo lo cual desaconseja un dispendio jurisdiccional innecesario.
Por ello, de adoptarse el temperamento aquí propuesto, los autos deberán volver a la Vocalía instructora para que se expida sobre la cuestión de fondo.
Así lo voto.
El Dr. Soria dijo:
Que adhiere al voto del Dr. González Palazzo.
Por ello, SE
1. No hacer lugar al planteo de prescripción articulado por la actora, sin costas.
2. Devolver los actuados a la Vocalía instructora a efectos de sustanciar el fondo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.09.15 19:41:40 ART Date: 2026.09.16 10:01:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.16 23:16:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.16 23:17:22 -03:00
Fin de la sentencia