Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2022-49545775-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad del artículo 3° de la Resolución (DE PRLA) nro. 9769/2011, de fecha 12/12/2017, en cuanto intima el pago de tributos a la recurrente, con costas a la D.G.A.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-126495893-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 13 de Noviembre de 2025
Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, para resolver el expediente EX- 2022-49545775- -APN-SGASAD#TFN caratulado: “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.
c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, y El Dr. Garbarino dijo:
I. Que en autos se presenta, por apoderado, la firma Aseguradora de Créditos y Garantías S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 9769/2017, de fecha 12/12/2017, dictada en el expediente administrativo SIGEA Nº 12210-6793-2011, que fuera notificada con fecha 27/4/2022, mediante la cual se resolvió archivar sin más trámite el sumario en los términos de la Instrucción General n° 09/17 (art. 1°), como así también condenar mediante su artículo 3° a la firma “SAN UP S.A.” y a su parte -en carácter de garante de la referida firma- al pago de tributos por la suma de U$S1.322,85 (DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 85/100) en concepto de Derechos de Importación, Estadística e IVA y $2.452,24 (PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 24/100) en concepto de IVA Adicional y ganancias, por presunta infracción al artículo 970 del Código Aduanero.
Plantea la nulidad de todo lo actuado, toda vez que la Aduana no notificó la pertinente corrida vista de las actuaciones administrativas, no pudiendo ejercer su derecho de defensa. Destaca que toma conocimiento del sumario recién con la notificación de la resolución aduanera aquí apelada. Agrega que conforme lo establece el artículo 1101 del Código Aduanero, el administrador debe correr vista a los presuntos responsables, para anoticiarlos de cuál es la infracción o hecho investigado, a los efectos de que los mismos puedan utilizar, “en ese momento”, su derecho a defensa ofreciendo en dicha oportunidad toda la prueba y acompañar, asimismo la documental que obrare en su poder. Asimismo, manifiesta que además de la corrida de vista prevista en el art 1101 del C.A., resulta de importancia también a los efectos de hacer conocer la liquidación de tributos efectuada, lo establecido por el artículo 1003 del citado plexo normativo, que dispone que la vista contemplada en el artículo 1101 tendrá los efectos de la notificación de la liquidación de los tributos.
En razón de ello, solicita se declare la nulidad de todo lo actuado. Resalta que, hasta la fecha, nunca le fue notificada una apertura de sumario por una posible infracción al artículo 970 de la ley 22.415, respecto de la D.I.T. objeto de autos, en virtud de haber supuestamente garantizado la misma. Refiere a los artículos 7 y 14 inc. b), de la ley 19.549. Cita jurisprudencia. Asimismo, plantea la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos. Transcribe lo señalado en los artículos 803, 804 y 805 de la ley 22.415. Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura. A su vez, plantea la violación del principio del debido proceso adjetivo como así también la vulneración del derecho a obtener una resolución judicial dentro de un plazo razonable.
Analiza la naturaleza jurídica del seguro de caución, como así también, el alcance de la responsabilidad de la aseguradora. Plantea la improcedencia del reclamo de derechos adicionales como así también, la improcedencia del reclamo de IVA Adicional y Ganancias conforme el criterio sentado en el fallo de la C.S.J.N. “Cladd”. Señala que para el supuesto de que deba afrontar el pago de los tributos, el mismo deberá ser con la limitación monetaria que el contrato establecería, conforme póliza nro. 884397. A su vez, en subsidio cuestiona la tasa de interés del artículo 794 del Código de rito por entender que es confiscatoria. Asimismo, plantea la inconstitucionalidad de la tasa estipulada para las deudas tributarias.
Ofrece prueba y efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se revoque la Resolución apelada, con costas.
II. Que, corrido el traslado de ley, se presenta la representación fiscal, contesta el traslado del recurso que le fuera conferido y ofrece las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Formula una negativa genérica de los argumentos de hecho y de derecho esgrimidos por la actora en su escrito de demanda. Respecto a la nulidad planteada, afirma que carece de asidero pretender que la instrucción de sumario reúna todos y cada una de los elementos estipulados por el art. 1094 del C.A. Agrega que es suficiente que el acto refiera a los hechos constitutivos de la infracción y ordene las medidas –necesarias- del art. 1094 del C.A., para ser válido. Cita jurisprudencia. Expresa que la actora pudo al contestar la vista y sigue pudiendo en esta instancia ejercer plenamente su derecho de defensa. Niega que haya operado la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos, por aplicación de lo dispuesto en el art. 805 y concordantes del C.A., toda vez que se instruyó sumario dentro del plazo legal suspendiéndose así la prescripción. Argumenta que la garantía del plazo razonable invocada por la actora no resulta aplicable al presente caso, por cuanto, las garantías establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos sólo son acordadas a las personas físicas, excluyendo su ámbito de aplicación a las personas jurídicas como lo es la recurrente. Contesta el traslado conferido respecto a la cuestión de fondo, analizando a su respecto la Instrucción General n°9/17 (DGA). Transcribe en relación a los intereses los arts. 794, 795 y 796 del C.A., y cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas de la causa. Hace reserva del caso federal. Finalmente, solicita se dicte sentencia confirmando la resolución recurrida, con expresa imposición de costas a la contraria.
III. Que las actuaciones SIGEA 12210-6793-2011 correspondientes a la presente causa se inician en relación al DIT n° 06 073 IT14 000466 N. A fs. 1 obra agregada el acta de denuncia por la supuesta infracción al artículo 970 del C.A. en relación a la mencionada D.I.T. (Acta nro. 430/11). A fs. 4 obra la Nota 12093/11 (SE PTEZ), a fs. 9 la Nota 107/12 (SE PTEZ) y a fs. 10 la Nota 362/12 (DI ADEZ). A fs. 13 luce la Póliza de Seguros de Caución para garantizar operaciones aduaneras. A fs. 15 se agrega la Nota 1242/13 (SE ADEZ). A fs. 16 se dispone la instrucción de sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A. A fs. 17 se agrega las liquidaciones de tributos y multa relativos a la operación en cuestión. A fs. 18 se señala que se procedió a la consulta del Sistema SUMARCHI de donde surge que no existen antecedentes registrables computables, respecto de la firma San Up S.A. A fs. 19 obra la Resolución (DE PRLA) n° 9769/2017, de fecha 12/12/2017, aquí apelada. A fs. 20 se notifica la citada Resolución a la firma importadora y a fs. 21 se notifica a la compañía aseguradora interviniente, en fecha 27/4/2022. A fs. 22/24 la firma Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. acredita la interposición del recurso de apelación ante este Tribunal Fiscal de la Nación.
IV. Que posteriormente se elevan los autos a esta Sala “F” y quedan en estado de dictar sentencia.
V. Que corresponde, en primer lugar, tratar la nulidad de la resolución apelada opuesta por la actora, con fundamento en que el Administrador dispuso sin más el archivo del sumario y la intimó al pago de tributos, sin posibilidad alguna de defensa al respecto, al no haberle notificado la corrida la vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero, lo que vulnera la garantía constitucional de la defensa en juicio y del debido proceso legal. Que el Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgarán conforme al procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV, por lo cual cuando el servicio aduanero tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción aduanera, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes le acuerden (cfme. arts. 1080 y 1081 del C.A.).
Que el artículo 1091 del citado texto legal establece que: “El sumario tiene por objeto; a) comprobar la existencia de una infracción aduanera; b) determinar los responsables; c) averiguar las circunstancias relevantes para su calificación legal y la graduación de las penas aplicables; d) disponer las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las penas que pudieren corresponder” y el artículo 1094 del mentado plexo normativo, vigente a la fecha de los hechos, disponía: “En la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
Que, en las actuaciones administrativas relativas a la causa, no obra ninguna constancia que dé cuenta de que se hayan efectuado las diligencias necesarias a los fines de verificar la existencia de comisión de la infracción que según consta en la denuncia habría sido Prima Facie verificada.
Que, por su parte, el artículo 1101 del Código Aduanero dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
Que la Aduana omitió asimismo notificar la corrida vista de lo actuado, al/los presunto/s responsables de la infracción Prima Facie verificada y, concretamente, de las obligaciones tributarias emergentes del DIT en cuestión, limitándose a dictar la resolución que se apela en la causa disponiendo el archivo del sumario en los términos de la Instrucción Gral. 9/17 y la formulación de cargo a la aquí recurrente en su carácter de garante por los tributos adeudados por el presunto incumplimiento del DIT nro. 06 073 IT14 000466 N (cfme. art. 274 del C.A.).
VI. Que, por ende, resulta claro que, en el caso bajo examen, la Aduana se apartó del procedimiento reglado por el Código Aduanero para las infracciones, ya que, luego del dictado de la instrucción de sumario, ninguna intervención se le otorgó a la firma aseguradora, siendo que los actos procesales cumplidos posteriormente, en su totalidad, fueron realizados por el servicio aduanero. Es decir, no existió la oportunidad de acompañar o, en su defecto, solicitar el agregado de la documentación que pudiera acreditar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporaria.
Por lo demás, corresponde destacar que la firma actora recién tomó conocimiento del sumario en trato al ser notificada del dictado de la resolución apelada en autos, en fecha 27/4/2022 (vide fs. 21 act. adm.), en la que se le reclama el pago de los tributos que corresponderían por el incumplimiento del DIT en cuestión.
Bajo tales premisas, deviene necesario recordar que la existencia del procedimiento administrativo tiene por finalidad constituir el marco en el cual la recurrente va a poder discutir la legalidad y procedencia del reclamo tributario que pretende percibir la Administración y es en el marco del mismo, donde se debe garantizar al contribuyente el ejercicio de su derecho de defensa, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Que justamente el procedimiento para las infracciones resulta ser la etapa procesal oportuna para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la beneficiaria del régimen, por lo que no cabe duda que la omisión de notificar la corrida de vista de los actuados, desnaturaliza el procedimiento y no puede considerarse cumplida con la notificación de la resolución apelada.
En definitiva, y toda vez que la omisión de notificar la corrida de vista a la compañía aseguradora aquí recurrente, le impidió ejercer debidamente su derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, causándole un perjuicio que no es susceptible de ser subsanado en esta instancia, vulnerándose así elementales principios de jerarquía constitucional, el derecho a ser oído y derecho al debido proceso, en cuanto se exige el pago de tributos por la supuesta comisión de la infracción prevista en el artículo 970 de la ley 22.415 sin haberse verificado ni constatado la misma -conforme artículo 274 apartado 1 y 2-, no cabe más que declarar la nulidad del artículo 3° de la resolución apelada en cuanto intima a la aseguradora aquí actora al pago de tributos, con costas al Fisco Nacional.
VII.-Que por la forma en que se resuelve la presente no corresponde analizar los demás planteos de la actora.
Por ello, VOTO por:
Declarar la nulidad del artículo 3° de la Resolución (DE PRLA) nro. 9769/2011, de fecha 12/12/2017, en cuanto intima el pago de tributos a la recurrente, con costas a la D.G.A.
El Dr. Soria dijo:
Que adhiere en lo sustancial al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE
Declarar la nulidad del artículo 3° de la Resolución (DE PRLA) nro. 9769/2011, de fecha 12/12/2017, en cuanto intima el pago de tributos a la recurrente, con costas a la D.G.A.
Regístrese. Notifíquese. Oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Garbarino y Soria, en su calidad de Vocal subrogante de la Vocalía de la 17° Nominación (art. 52 del RPTFN).
Date: 2025.11.13 12:51:37 ART Date: 2025.11.13 14:40:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Tribunal Fiscal de la Nación Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.13 14:41:03 -03:00
Fin de la sentencia