Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 30.362-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución (DE PRLA) 6388/10 en cuanto impone la pena de multa a la firma “Pilar Partes SA”, graduada en cuatro veces el importe de los tributos que gravan la importación a consumo, que asciende a la suma de DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 84/100 ($ 203.945,84).
Costas por sus respectivos vencimientos.
2Confirmar parcialmente la Resolución (DE PRLA) 6388/10 en cuanto exige, a la firma importadora y a su garante, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA” el pago de tributos, que ascienden a la suma de CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 46/100 ($ 50.986,46), más el CER y los intereses del art. 794 los que deben calcularse desde el 29/03/10, hasta la fecha de efectivo pago. Costas por sus respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-26664311-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 10 de Marzo de 2023 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/Recurso de Apelación”, Expte. N° 30.362-A, y su acumulado, expediente N° 30.384-A, caratulado “PILAR PARTES S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 14/19 se presenta la firma “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.”, mediante apoderado e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) N° 6388 de fecha 6 de septiembre de 2010 en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12039-3064-2005, por la cual se la intima al pago de la suma de pesos $ 65.063,72.-, en concepto de tributos en su carácter de garante de la firma importadora “PILAR PARTES S.A.” (EX ZF ARGENTINA S.A.) quien habría incurrido en la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del Código Aduanero, todo ello en relación a parte de la mercadería introducida temporalmente mediante la destinación de importación temporaria DIT Nº 98 001 IT14 006836 W, y con respecto a la totalidad de la mercadería ingresada al amparo de las destinaciones de importación temporaria N° 98 001 IT04 000623 J y N° 00 001 IT14 006319 B. La firma aseguradora recurrente señala que no puede ejercer su derecho de defensa debido a que la documentación requerida -permisos de embarque- son guardados por un plazo de seis años, y que han transcurrido 9 años desde las fechas de vencimiento de las operaciones y la corrida de vista en las actuaciones administrativas. Agrega que ello coloca a su mandante en un estado de indefensión y sostiene que debe prosperar la prescripción. Cuestiona la determinación del IVA adicional, impuesto a las ganancias y derecho adicional pues entiende que son conceptos no alcanzados por el seguro, como también discute la aplicación de una alícuota del 11% respecto a la percepción del impuesto a las ganancias. Sostiene la improcedencia de la aplicación del CER, esgrimiendo que en el caso los tributos son calculados y abonados en pesos. Plantea la falta de competencia de la DGA para expedirse respecto a las percepciones y el IVA. Pretende que se circunscriba la responsabilidad de la aseguradora a los límites de las pólizas afectadas a las destinaciones en cuestión. Ofrece prueba documental e informativa. Hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia resolviendo conformes los planteos formulados en el recurso de apelación.
II. Que a fs. 38ref/45ref la firma importadora “PILAR PARTES S.A.” se presenta mediante apoderado e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) N° 6388/2010 en el marco de la actuaciones SIGEA N°12039-3064-2005, por la que se le formula cargo por la suma de $ 65.063,72.- en concepto de tributos y se la condena al pago de una multa que asciende a la suma de $203.945,92.- por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del Código Aduanero, en relación a parte de la mercadería introducida temporalmente mediante el despacho de importación temporaria DIT Nº 98 001 IT14 006836 W, y con respecto a la totalidad de la mercadería ingresada al amparo de las destinaciones de importación temporaria N° 98 001 IT04 000623 J, N° 00 001 IT14 005729 F, N° 00 001 IT14 006319 B y N° 00 001 IT14 005585 F. Señala que se encuentra atravesando un proceso concursal, y que en el marco del mismo la DGA no se habría presentado a verificar los créditos que reclama por lo que la acción se encontraría prescripta, en los términos del art. 56 LCQ. Se agravia respecto al apercibimiento del art. 1122 C.A., manifestando que el juez del proceso concursal habría ordenado a la AFIP-DGA que se abstenga de disponer medidas sancionatorias por infracciones anteriores al concurso. Afirma que ha reexportado la totalidad de la mercadería ingresada bajo importación temporaria. Añade que la vista de la imputación infraccional se le corrió diez años después de la oficialización de las destinaciones, y que por ello no cuenta con la documentación relacionada a tales operaciones. Sostiene que no pudo ejercer correctamente su derecho de defensa en juicio en los términos del art. 18 CN. Considera improcedente la aplicación del CER, afirmando que se trata de una deuda expresada en pesos, como también respecto al reclamo de intereses, por estar concursada. Ofrece prueba documental e informativa. Hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia haciendo lugar al recurso interpuesto en todos sus términos.
III. Que a fs. 61/65 la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por la firma “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.”. Niega todas y cada una de los hechos y documentación aportada por la contraria que no sea objeto de un especial reconocimiento de su parte o que surjan de las actuaciones administrativas.
Manifiesta que la resolución apelada tuvo su origen en la denuncia del personal de servicio aduanero por la presunta comisión de la infracción prevista por el art. 970 C.A. Señala que la importadora no habría regularizado la mercadería ingresada temporariamente al amparo de las destinaciones N° 98 001 IT04 000623J, N° 00 001 IT14 005729F, N° 00 001 IT14 006319B, N° 98 001 IT14 006836W, N°00 001 IT14 005585F, cuyos vencimientos operaron el 03/06/2001, 21/10/2001, 24/11/2001, 24/10/2000 y 14/10/2001 respectivamente. Se instruyó el sumario contencioso, corriéndose vista conforme art. 1101 C.A. Entiende que recae sobre la importadora la carga de la prueba. Agrega que ésta o su responsable solidario deben demostrar que han cumplido con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado. Afirma que las expresiones de la parte actora no alcanzan a desvirtuar las pruebas aportadas en la causa. En lo que respecta al derecho adicional, IVA adicional y anticipo de impuesto a las ganancias, manifiesta que la garantía otorgada por la aseguradora a favor del servicio aduanero, cubre la totalidad de los tributos que gravan la importación para consumo. Rechaza el planteo de prescripción formulado por la aseguradora apelante, y considera de aplicación al coeficiente CER. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas N° 12039-3064-2005, hace reserva del caso federal y solicita el rechazo de la apelación interpuesta por la contraria, con imposición de costas.
IV. A fs. 68/72 el Fisco contesta, esta vez, el traslado del recurso de apelación interpuesto por la firma importadora “PILAR PARTES S.A.”. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de reconocimiento. Manifiesta que la actora se ha acogido a un régimen preferencial circunstancia que desemboca en la mas estricta observancia de los deberes inherentes a tal situación. Agrega que la importadora no necesitaba intimación o corrida de vista para cancelar el privilegio al que decidió someterse. Hace referencia al art. 67 del Código de Comercio y la obligatoriedad de los comerciantes de conservar los libros que hagan a su profesión por el plazo de 10 años, lo que extiende a los permisos de embarque como los Certificados de Tipificación y Clasificación. Añade que el vencimiento de los plazos de reexportación ocurrieron en 2001, y que en consecuencia el plazo de conservación fue superado en 2011, por lo que tuvo 10 años para estar a derecho. En lo referido a la situación concursal de la apelante, manifiesta que los vencimientos de los créditos reclamados operaban con posterioridad a la presentación en concurso de la importadora por lo cual revisten carácter de postconcursal, y no le son aplicables los arts. 19, 21 y 32 de la ley de concursos. Destaca que no existe crédito a favor de la Aduana hasta tanto quede firme la sentencia que así lo disponga. Considera procedente la aplicación del CER. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas N° 12039-3064-2005, hace reserva del caso federal y solicita el rechazo de la apelación interpuesta por la contraria, con imposición de costas.
V. Que en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12039-3064-2005 consta a fs. 1 el acta de denuncia N° 603204 de fecha 23 de junio de 2004, en la que se deja constancia que la firma “Z.F. ARGENTINA S.A.” cuya continuadora es "PILAR PARTES S.A." se encontraría incursa en la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero. A fs. 11 con fecha 12/09/2005 se dispone la instrucción del sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del Código Aduanero, y la interdicción sin derecho a uso de la mercadería. A fs. 33/37 obran la determinación de tributos y multa de las destinaciones de importación temporaria. A fs. 38/42 obran impresiones de pantalla de las pólizas involucradas con las DIT. A fs. 47 se corre vista de todo lo actuado a la firma importadora, que se notifica en fecha 15/03/10 (v. aviso de recibo a fs. 52), imputándosele la infracción prevista en los términos del art. 970 del C.A. y se cita a las Compañías “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.” y “Chubb Argentina de Seguros S.A.”, ambas notificadas en fecha 11/03/10 (ver cédulas que lucen a fs. 51vta y 61vta, respectivamente). A fs. 53/57vta., la firma “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.” contesta la vista conferida mientras que la firma !Chubb Argentina de Seguros S.A.” hace lo propio a fs. 62/63. A fs. 82/88 contesta la vista “Pilas Partes S.A.”, denunciado que se encuentra en un proceso concursal. A fs. 91 en fecha 27/07/2010 se tienen presentes las contestaciones precedentes. A fs. 101 se encuentra nueva determinación de tributos y multa respecto a la DIT N° 98 001 IT14 006836 W. A fs. 113/119 se encuentra la Resolución (DE PRLA) N° 6388 de fecha 06 de septiembre de 2010, apelada en la especie.
VI. Que, en primer lugar, corresponde analizar el planteo de prescripción de la acción del Fisco introducido por la firma “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.”, respecto del cargo formulado por la Resolución N° 6388/2010 en lo que refiere a los tributos.
Que la cuestión se encuentra expresamente regulada por los artículos 803 y siguientes del C. A., el cual establece que prescribe por el transcurso de cinco (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, la que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado, conforme lo dispone el art. 804 primera parte. En el caso bajo análisis, estamos frente a varias destinaciones de importación temporaria que conforman la denuncia del Fisco, a saber: Nº 98 001 IT04 000623 J con vencimiento 03/06/2001; DIT N° 00 001 IT14 005729 F de vencimiento 21/10/2001; DIT N° 00 001 IT14 006319 B de vencimiento 24/11/2001; DIT N° 00 001 IT14 005585 F de vencimiento 14/10/2001, y DIT N° 98 001 IT14 006836 W de vencimiento 24/10/2000.
Que por aplicación de las citadas normas resulta que la prescripción de la acción del Fisco comenzó a correr desde el 1 de enero de 2002 respecto a las destinaciones 000623 J, 005729 F, 006319 B, 005585 F, todas ellas con vencimiento durante el año 2001, y en lo que respecta al despacho 98 001 IT14 006836 W, el plazo en cuestión comenzó desde el 1 de enero de 2001, toda vez que el hecho gravado ocurrió al vencimiento del plazo de permanencia de la mercadería importada temporalmente que operó el 24/10/2000.
Que, por su parte, el art. 805 del C.A. determina que la prescripción para percibir los tributos se suspende, entre otros supuestos, desde la apertura del sumario (que en la presente causa ocurrió en fecha 12/09/2005), en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilite el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión. Ahora bien, cuando el inc. a) del art. 805 del Código Aduanero expresa “...decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo” se refiere a la fecha en que queda expedita la Resolución aduanera. Ello es así, por cuanto con el simple dictado de la Resolución aduanera, el servicio aduanero no posee aún el ejercicio de la acción para percibir los tributos, es decir, no tiene abierta la vía ejecutiva, sino que, además, necesita notificar esa Resolución y esperar a que la misma quede firme para habilitar la acción. De allí que el art. 805, inc. a) del C.A., debe interpretarse en el sentido de que la acción del fisco para percibir tributos se suspende desde la apertura de sumario hasta que quede firme la Resolución aduanera, notificada, que pone fin al procedimiento. Que, en consecuencia, cabe concluir que aún no ha operado la prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos con lo cual corresponde el rechazo de la excepción formulada por la aseguradora.
VII.-Que, en segundo lugar, cabe referirse a lo manifestado por la firma “Pilar Partes S.A.”, en relación con que el servicio aduanero debió presentarse a verificar su crédito en el concurso preventivo pues de otro modo operaría la prescripción de la acción de conformidad con lo establecido por el art. 56 de la Ley de Concursos y Quiebras. Que el concurso o quiebra del importador en modo alguno veda al órgano competente la determinación de obligaciones tributarias y la aplicación de sanciones, cuestiones que no resultan atraídas ni por el concurso ni por la quiebra, de modo que, en el caso, le asiste derecho a la aduana a perseguir el cobro de los importes reclamados, sin necesidad de verificar previamente su crédito o aun verificándolo, en los términos de la ley 24.432. Que el criterio que se sustenta ha sido confirmado por la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, por su Sala III, en la sentencia dictada con fecha 05/02/02, en autos “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. (T.F. 10.900-A) c/ D.G.A.” en donde expresó -haciendo un análisis de las condiciones generales de la garantía otorgada- que: “en ningún momento se determina que para enderezar la acción de cobro el organismo aduanero deba dirigirse en primera instancia al tomador y sólo una vez agotada esa vía deba encaminarse la acción en contra de la aseguradora...”; “... surge que la producción del siniestro es determinada por la propia Aduana al formular cargo o al dictar una resolución que establezca la responsabilidad del tomador. Por lo cual resulta improcedente lo sostenido por la requirente en el sentido de que la producción del siniestro no ha acaecido por no haber verificado la Aduana su crédito en la quiebra de la importadora.”
Que, en opinión del suscripto, el concurso o quiebra de la importadora no condiciona la responsabilidad del asegurador al cumplimiento por parte de la Aduana de una eventual presentación o verificación de su crédito en la quiebra del importador asegurado, ni sujeta el cobro del tributo a la realización de gestión alguna previa por la Aduana ante el Juez de la quiebra o concurso, sino que la finalidad es más bien, en sentido inverso al pretendido por la actora, la de asegurar a la Aduana, ante la falta de ingreso de los tributos por el importador, la posibilidad de cobro de los mismos, ante cualquier eventualidad, incluida la quiebra o concurso del importador. Que corresponde señalar que tanto en sede administrativa como en esta instancia se lleva a cabo un proceso de determinación de una eventual deuda tributaria. Debe tenerse en cuenta al respecto que el garante puede oponer defensas y excepciones propias del garantizado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Fisco Nacional Argentino (D.G.I.) s/inc. de verificación de créditos en autos “Cosimati, Gregorio G. s/ Conc. Merc. Prev.”, en sentencia de fecha 09/04/87, expresó que el art. 22 de la ley 19.551, que establece la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado, es inaplicable, “toda vez que la misma debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones, por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso.” (Jurisprudencia Fiscal Anotada, Arístides H. Corti, Revista Impuestos, Tomo XLV-B, p. 1346, año 1987).
Que en similar sentido se ha expedido la C.S.J.N. en la causa “Supercanal S.A. s/apelación” sentencia del 02/06/03 en la que se resolvió que habiéndose recurrido en relación a la determinación tributaria, como en el caso de autos, al Tribunal Fiscal de la Nación, no opera el fuero de atracción, operando éste recién una vez dictada sentencia por dicho Tribunal, oportunidad en que se produce el desplazamiento de la competencia judicial original o exclusiva, otorgada a determinados tribunales por otras normas legislativas.
Que, posteriormente, el Supremo Tribunal se ha pronunciado en la causa “Gauchat, Enrique P. c/ Dirección Gral. Impositiva” sentencia del 04/07/03, contemplando los supuestos en que la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación fuere apelada, y manteniendo la competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a ese respecto.
Que en tal sentido, puede afirmarse que no existe norma legal alguna que imponga al acreedor (en el caso la D.G.A.), la obligación de verificar su crédito en la quiebra o concurso del importador ni ninguna otra gestión, como requisito previo a reclamar su crédito de la firma garante o aseguradora, por lo que corresponde desechar el planteo de la recurrente referido a la necesidad de verificar el crédito.
VIII. Que, por otra parte, en el marco del proceso mencionado ut-supra, la firma importadora habría solicitado al Juez del concurso el dictado de una medida cautelar por la cual se habría dispuesto que AFIP-DGA debía abstenerse de establecer suspensiones en el Registro de Importadores y Exportadores. Por lo que sería improcedente el apercibimiento del artículo 1122 del C.A.
Que, al respecto, se dispuso en autos el libramiento del oficio de informes dirigido al Juzgado De Primera Instancia Comercial 6, Secretaría 12, a los fines de acreditar lo denunciado en su recurso de apelación. No obstante, la firma “PILAR PARTES S.A.” no ha producido la prueba en cuestión, por lo que no se encuentra ningún elemento que demuestre lo denunciado por la misma en relación a la fecha de apertura del concurso preventivo, ni respecto a la medida cautelar que impediría a DGA aplicar las previsiones del art. 1122 C.A. al caso. Demás está decir que la importadora fue intimada a acreditar el diligenciamiento de los oficios de informes, lo que no hizo en plazo legal, motivo por el cual se dio por decaído su derecho a producir la prueba informativa (fs. 106)
Por tanto, corresponde desestimar los planteos efectuados por la firma “PILAR PARTES S.A.” en relación a este punto.
IX. Que resta determinar si se ha configurado en la presente causa la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., norma que en su apartado 1) expresa: “El que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o del de exportación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa de 1 a 5 veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo según el caso, de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al 30% del valor en aduana de la mercadería, aun cuando ésta no estuviere gravada”.
Que no resulta controvertido en autos que mediante las destinaciones Nº 98 001 IT04 000623 J; N° 00 001 IT14 005729 F, N° 00 001 IT14 006319 B, N° 00 001 IT14 005585 F y N° 98 001 IT14 006836 W (ver a fs. 5/9, respectivamente, los sobres contenedores de las destinaciones de importación temporaria señaladas), la firma importadora “PILAS PARTES S.A.” documentó la importación temporaria de mercadería al amparo del régimen regulado por el decreto 1439/96. Se autorizó la permanencia de la mercadería importada temporariamente, operando el vencimiento de dicho plazo en los días 03/06/2001, 21/10/2001, 24/11/2001, 14/10/2001, y 24/10/2000 respectivamente.
Que por el régimen suspensivo de importación temporaria al que se acogió la firma “PILAR PARTES S.A.”, la mercadería documentada en los despachos de importación temporal mencionados, quedó sometida a la obligación de ser reexportada para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia -conf. artículo 250 C.A.- o eventualmente, a convertirse su importación en definitiva, dentro de los plazos previstos en el art. 271 del C.A.
Que la firma importadora durante el trámite de las actuaciones administrativas, sólo logró demostrar la regularización de una parte de la mercadería (250 unidades) ingresada al amparo de la destinación de importación temporal Nº 98 001 IT14 006836 W, conforme surge de la resolución del expediente administrativo. Por su parte, la firma “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.” limitó su argumento defensivo, en sede aduanera, a denunciar el proceso concursal de la importadora, y a afirmar que la DGA debía proceder a la verificación de los créditos reclamados para ejercer la pretensión de cobro (ver contestación de fs. 53/57 del sumario administrativo). Lo cierto es que ninguna de las citadas ha aportado documentación que pudiere desvirtuar la comisión de la infracción prevista en el art. 970 C.A.
X. Que este Tribunal Fiscal tiene dicho en reiterada jurisprudencia que sólo puede demostrarse la reexportación de la mercadería con los permisos de embarque o solicitudes de destinación de exportación debidamente oficializadas, teniendo en cuenta sus cumplidos e imputación específica a la DIT en cuestión y con los certificados de tipificación y clasificación (CTC) que correspondan.
Que la forma de acreditar la salida de la mercadería introducida temporariamente, es dejando constancia en el cuerpo del permiso de embarque respectivo que la mercadería allí documentada coincide con la importada previamente en forma temporaria, de modo que el servicio aduanero se encuentre en condiciones de efectuar el debido control.
Que el Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC) resulta un documento fundamental para evaluar la descarga de un despacho de importación temporaria, ya que permite determinar la cantidad de insumo importado que fue utilizada en la elaboración del producto que finalmente es exportado, así como los porcentajes de pérdidas, residuos, mermas y sobrantes resultantes del proceso productivo llevado a cabo por la empresa. Que en sede administrativa ni la firma importadora ni la aseguradora apelantes, han acompañado la documentación pertinente para demostrar la reexportación de la totalidad de la mercadería correspondiente a las DIT en infracción, al tiempo de contestar la corrida de vista conferida en las actuaciones administrativas citadas. Cabe destacar que las recurrentes no han presentado el Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC) en el expediente administrativo como tampoco al presente recurso, ni ofrecieron prueba que pudiere acreditar haber efectuado las gestiones pertinentes en miras a la obtención del mismo.
Que la falta del Certificado de Tipificación y Clasificación no constituye un simple incumplimiento formal en el que se impide el normal funcionamiento de control del servicio aduanero sino que es una conducta que afecta al fondo, es decir, hace a la infracción principal pues ello impide evaluar, en el caso concreto que nos ocupa, si la totalidad de mercadería importada mediante las D.I.T. N° 98 001 IT04 000623 J; N° 00 001 IT14 005729, N° 00 001 IT14 006319 B, N° 00 001 IT14 005585 F y parte de la mercadería correspondiente a N° 98 001 IT14 006836 W, fue utilizada en el proceso productivo y exportada. De ahí que se encuentran, en autos, suficientes elementos que avalan lo manifestado por el servicio aduanero respecto de la no reexportación de la mercadería importada temporariamente por lo que se concluye que la firma importadora “PILAR PARTES S.A.” ha incurrido en la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A.
XI. Que la recurrente considera que los tributos reclamados no deben de ajustarse por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) creado por la ley 25.561 y su reglamentación.
Que la liquidación de tributos que obra a fs. 33/37 de las actuaciones administrativas fue efectuada en pesos, moneda, en la que también se expresó el importe de los tributos cuando se corrió a la importadora y a la aseguradora la vista del art. 1101 del CA (v. fs. 11 y vta., ant. adm.), pese a que en el cuerpo del DIT el ítem fue expresado en dólares.
Que los tributos debían liquidarse en dólares atento a que, en el caso de autos se trata de hechos imponibles acaecidos con anterioridad a la vigencia de la ley 25.561. La deuda en concepto de tributos fue alcanzada por las normas de dicha ley y del decreto 214/02 el que en su art. 1° establece que a partir del 3/02/02 quedan transformadas en pesos las obligaciones de dar sumas de dinero -cualquiera fuere su causa u origen- expresadas en dólares existentes a la fecha de la sanción de la ley 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a pesos. Que esas obligaciones de dar sumas de dinero, que debieron expresarse en dólares, se habrían convertido a pesos a razón de U$S 1 = $1 más el CER, en los términos de los arts. 1, 4, y 8 del referido decreto 214/02. En consecuencia, a la fecha en que la aduana corrió vista a la firma importadora y a la aseguradora en fecha 5/03/10 (v. fs. 47 y vta., de las act. adm.), es decir, cuando ya se encontraba en vigor el decreto 214/02 habría correspondido pesificar la deuda $1= U$S 1 y aplicar el CER. Y en efecto, en la mencionada corrida de vista el servicio aduanero le intimó el pago a ambas firmas en pesos e hizo reserva por el CER que incluyó luego en la resolución apelada (ver fs. 11 y vta., de las act. adm).
Que sobre el tema en cuestión, la CSJN sostuvo que “...al tratarse de una obligación de dar sumas de dinero que a la fecha de la sanción de la ley 25.561 y el decreto 214/02 se encontraba expresada en U$S resultan aplicables las disposiciones de los arts. 1, 4 y 8 del decreto 214/02 máxime habida cuenta de que no fue cuestionada su constitucionalidad” (sent. 27/4/10 en “Bridgestone Firestone Argentina SA”).
Que, así las cosas, la exigencia del CER contenida en la resolución apelada en la especie resulta ajustada a Derecho respecto de la aseguradora y en relación con los tributos aduaneros.
XII. Que determinada la procedencia del reclamo y, en consecuencia, la responsabilidad de la firma aseguradora, corresponde analizar los planteos de la misma en relación al límite del seguro de caución.
Que conforme surge de las pólizas de seguro números 568048, 685641 y 593379 (ver a fs. 86/88 de autos las copias certificadas de las póliza) la compañía de seguros apelante garantizó al servicio aduanero el pago en efectivo hasta la suma de dólares estadounidenses U$S 32.650.-, U$S 1.000.- y U$S 46.000.- por eventuales obligaciones en concepto de tributos como consecuencia de las operaciones de importación temporaria 98 001 IT04 000623 J, 00 001 IT14 0063198 B y 98 001 IT14 006836 W respectivamente.
Que tratándose de pólizas emitida con anterioridad a la vigencia de la ley 25561 y al decreto 214/01 resulta aplicable lo dispuesto en el art. 4 de la Resolución General 1528/03 (AFIP): “Las garantías expresadas en dólares estadounidenses constituídas con anterioridad a la fecha de sanción del Decreto 214/02 y que se hallaban pendientes a dicha fecha, se considerarán convertidas a pesos a razón de UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (u$s 1) = UN PESO ($ 1). Sobre los montos resultantes se aplicará el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.) hasta la extinción de dichas garantías”
Que, por lo tanto, al importe de las pólizas, que asciende a la suma U$S 32.650.-, U$S 1.000.- y U$S 46.000.-, le es aplicable el art. 4 de la RG 1528/03 antedicho, con lo cual deben entenderse emitidas por $ 32.650.-, $ 1.000.- y $ 46.000.-, monto al que deberá adicionársele el CER más los intereses .
XIII. Que en relación a las percepciones de IVA adicional e impuesto a las ganancias, resulta de aplicación al caso de autos la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A.”, de fecha 26/11/2019, donde se expidió, con relación a las percepciones de IVA adicional e impuesto a las ganancias. Allí el Alto Tribunal expresó que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”. Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos.
XIV. Que, por otra parte, corresponde expedirme en relación al derecho adicional exigido en autos, por el cual también se agravia la aseguradora. Al respecto cabe destacar que el mismo resulta improcedente por expresa aplicación de la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “FRISHER SRL (TF 16236-A) c/ A.N.A.” e “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ D.G.A.”, ambos del 14/08/2013; sin perjuicio de señalar que he declarado la inconstitucionalidad de dicha norma al votar con fecha 31/07/13 la causa N° 23.469-A, caratulada “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ D:G.A. S/ apelación”, que tramitara por ante la Vocalía de la 13a Nominación (Sala “E”).
XV. Atento lo expresado en los considerandos XVI y XVII, se practica la siguiente liquidación:
A) DIT 00 001 IT14 006319 B TRIBUTOS
Valor en aduana de la mercadería en infracción: $ 673,88 Derechos de importación (24,5%) $165,10 Tasa de estadística (0,5%) $ 3,37 Base imponible IVA $ 842,35 IVA (21%) $ 176,89 TOTAL $ 345,36 MULTA Valor en aduana de la mercadería en infracción: $673,88.-
Derechos de importación (24,5%) $165,10 Tasa de estadística (0,5%) $ 3,37 Base imponible IVA $ 842,35 IVA (21%) $176,89 TOTAL $ 345,36.-
B) DIT 00 001 IT14 005729 F TRIBUTOS
Valor en aduana de la mercadería en infracción: $ 35.830,61 Derechos de importación (20,5%) $ 7.345,28 Tasa de estadística (0,5%) $ 179,15 Base imponible IVA $ 43.355,04 IVA (21%) $ 9.104,55 TOTAL $16.628,98 MULTA Valor en aduana de la mercadería en infracción: $ 35.830,61 Derechos de importación (20,5%) $ 7.345,28 Tasa de estadística (0,5%) $ 179,15 Base imponible IVA $ 43.355,04 IVA (21%) $ 9.104,55 TOTAL $16.628,98 C) DIT 98 001 IT04 000623 J TRIBUTOS Valor en aduana de la mercadería en infracción: $ 49.146,44 Derechos de importación (16,5%) $ 8.109,16 Tasa de estadística (0,5%) $ 245,73 Base imponible IVA $ 57.501,33 IVA (21%) $ 12.075,28 TOTAL $ 20.430,17 MULTA Valor en aduana de la mercadería en infracción: $ 49.146,44 Derechos de importación (16,5%) $ 8.109,16 Tasa de estadística (0,5%) $ 245,73 Base imponible IVA $ 57.501,33 IVA (21%) $12.075,28 TOTAL $20.430,17 D) DIT 00 001 IT14 005585 F TRIBUTOS Valor en aduana de la mercadería en infracción: $ 6.363,42 Derechos de importación (20,5%) $ 1.304,42 Tasa de estadística (0,5%) $ 31,82 Base imponible IVA $ 7.699,28 IVA (21%) $ 1.616,85 TOTAL $ 2.953,09 MULTA Valor en aduana de la mercadería en infracción: $ 6.363,42 Derechos de importación (20,5%) $ 1.304,42 Tasa de estadística (0,5%) $ 31,82 Base imponible IVA $ 7.699,28 IVA (21%) $1.616,85 TOTAL $ 2.953,09 E) DIT 98 001 IT14 006836 W TRIBUTOS Valor en aduana de la mercadería en infracción: $ 22.607,39 Derechos de importación (21%) $ 4.747,55 Tasa de estadística (0,5%) $ 113,04 Base imponible IVA $27.467,98 IVA (21%) $ 5.768,27 TOTAL $10.628,86.-
MULTA
Valor en aduana de la mercadería en infracción: $ 22.607,39 Derechos de importación (21%) $4.747,55 Tasa de estadística (0,5%) $ 113,04 Base imponible IVA $ 27.467,98 IVA (21%) $5.768,27 TOTAL $10.628,86.-
TOTAL TRIBUTOS: $ 50.986,46 TOTAL MULTA: $ 203.945,84
XVI. Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho confirmar la infracción endilgada por la Aduana, dejando a salvo el criterio asumido por el Dr. Garbarino – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros). Conforme lo expuesto, voto por:
1. Confirmar la Resolución (DE PRLA) 6388/10 en cuanto impone la pena de multa a la firma “Pilar Partes SA”, graduada en cuatro veces el importe de los tributos que gravan la importación a consumo, que asciende a la suma de DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 84/100 ($ 203.945,84).
Costas por sus respectivos vencimientos.
2. Confirmar parcialmente la Resolución (DE PRLA) 6388/10 en cuanto exige, a la firma importadora y a su garante, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA” el pago de tributos, que ascienden a la suma de CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 46/100 ($ 50.986,46), más el CER y los intereses del art. 794 los que deben calcularse desde el 29/03/10, hasta la fecha de efectivo pago. Costas por sus respectivos vencimientos.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Pablo Garbarino.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución (DE PRLA) 6388/10 en cuanto impone la pena de multa a la firma “Pilar Partes SA”, graduada en cuatro veces el importe de los tributos que gravan la importación a consumo, que asciende a la suma de DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 84/100 ($ 203.945,84).
Costas por sus respectivos vencimientos.
2. Confirmar parcialmente la Resolución (DE PRLA) 6388/10 en cuanto exige, a la firma importadora y a su garante, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA” el pago de tributos, que ascienden a la suma de CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 46/100 ($ 50.986,46), más el CER y los intereses del art. 794 los que deben calcularse desde el 29/03/10, hasta la fecha de efectivo pago. Costas por sus respectivos vencimientos.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9), Dr. Jorge Luis Peluffo (20-08426456-4), y Dres. Oscar José Pezzana, José Bugueiro y Augusto Fiorillo, por Secretaría de Registro. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Garbarino y González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del C.A.).
Date: 2023.03.10 13:39:15 -03:00 Date: 2023.03.10 15:56:47 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.10 15:56:48 -03:00
Fin de la sentencia