Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 35.246-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas opuesta por FEDERAL MOGUL S.A., con costas.
2Rechazar la excepción de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos opuesta por ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A., con costas.
3Confirmar parcialmente la resolución DE PRLA 6358/2012 dictada en la actuación 12197-14087-2005, en los términos del art. 970 del CA en tanto impone tributos con relación al saldo de 7.029,36 kg de la destinación 00001IT14003593C, con costas.
4Revocar la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y de ganancias, con costas por su orden.
5Declarar que la firma importadora FEDERAL MOGUL S.A. adeuda a la ARCA-DGA -en forma solidaria con ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A.- la suma de pesos dos mil novecientos treinta y cuatro con setenta centavos ($ 2.934,60.-) en concepto de tributos, con más el CER y los intereses del art. 794 del CA desde el 12.04.11 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-64197092-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 30 de Junio de 2026 CREDITOS Y GARANTIAS S.A. y su acumulado FEDERAL MOGUL ARGENTINA S.A.
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
En el día de la fecha, se reúnen los Vocales de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez, con la presidencia del Vocal nombrado en segundo término (la Vocalía de la 14a. Nominación se encuentra vacante), para resolver en autos caratulados “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. c/DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/recurso de apelación”, Expte Nº 35.246-A y su acumulado “FEDERAL MOGUL ARGENTINA S.A. c/DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/recurso de apelación”, Expte. N° 35.253-A;
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que a fs. 19/27 la firma recurrente, mediante letrado apoderado, interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA 6358/2012 dictada en la actuación 12197-14087-2005, en cuanto condena a la importadora FEDERAL MOGUL ARGENTINA S.A. al pago de multa y de tributos con los intereses -conjuntamente con la aseguradora-, por la presunta comisión de la infracción prevista por el art. 970 del Código Aduanero (en adelante “CA”) respecto del saldo de 9.888,46 kg del item 1.1 y 80,45 kg del item 1.2 de la destinación 00001IT14003593C. Asimismo, absolvió a la importadora por 9.708,54 kg del item 1.1 y 3.155,55 kg del item 1.2, aprobada mediante la resolución 105/13 (SDG TLA). Plantea la nulidad de la instrucción del sumario, por cuanto omite la presentación del despachante en la cual solicitó la cancelación de la importación temporaria.
Señala que el informe de la Sección Procedimientos Técnicos no tuvo en cuenta las pérdidas y residuos tipificados en el CTC. Agrega que los permisos de embarque cancelaron la mercadería en su totalidad y que las pérdidas y residuos se importaron a consumo, abonándose los tributos correspondientes. Sostiene que el procedimiento presenta falencias graves que afectan su derecho de defensa. Agrega que el transcurso de más de trece años desde el vencimiento de la importación temporaria hasta la notificación del fallo condenatorio resulta incompatible con el derecho al debido proceso amparado por el art. 18 de la CN. Opone la excepción de prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos en los términos del art. 803 y s.s. del CA.
Señala que, por el tiempo transcurrido, la apertura del sumario dejó de tener validez interruptiva y que no puede convalidarse con las causales de interrupción y suspensión. Destaca que también se encuentra prescripto el reclamo referido a las percepciones del impuesto a las ganancias y el IVA. Cita jurisprudencia. Cuestiona a la determinación tributaria por ilegítima, porque contiene conceptos no asegurados. Señala que los impuestos internos tienen sustento en la presunción de comercialización de la mercadería no reexportada y carecen de vinculación directa con el incumplimiento. Cita jurisprudencia. Impugna la alícuota del 11% de la percepción del impuesto a las ganancias. Se refiere a la RG 3543/92 y sus modificatorias, que establece que el régimen de percepción en el impuesto a las ganancias se aplica a las operaciones de importación definitiva de bienes, correspondiendo una alícuota del 11% cuando se trata de bienes de uso y del 3%, en el caso de que estén destinados a la comercialización, como sucede en la especie.
Se opone a la exigencia el derecho adicional previsto en el decreto 1439/96 y a que se aplique el CER previsto por el decreto 214/02. Cita reiterados fallos referidos a la incompetencia de la DGA para determinar las cuestiones vinculadas a las percepciones y el IVA, debiendo aquella declinar su competencia a favor de la DGI. Sostiene la necesidad de contar con el instrumento de la póliza afectada a la operación y que, en consecuencia, el reclamo carece de sustento. Ofrece prueba documental e informativa, hace reserva del caso federal, confiere autorizaciones y solicita que se resuelva conforme a lo planteado en el recurso de apelación.
II. Que a fs. 48ref./64ref. la importadora FEDERAL MOGUL ARGENTINA S.A. (continuadora de AE GOETZE ARGENTINA S.A.), mediante letrado apoderado, interpone recurso de apelación. Explica que su mandante se dedica a la fabricación de autopartes e importa insumos para aplicarlos al proceso productivo para su posterior reexportación en los términos del decreto 1439/96. Sostiene que esta norma dispone el plazo de un año del libramiento para acreditar la reexportación y que las mermas y residuos deben ser canceladas en el plazo de tres meses de la última exportación. Señala que, con fecha 27.09.02, comunicó a la aduana la cancelación de la DIT con las copias de los permisos de embarque oficializados antes del vencimiento de la importación temporaria y la importación a consumo de residuos y mermas y, que a pesar de ello, se efectuó la denuncia por la infracción del art. 970 del CA. En primer lugar, opone la excepción de prescripción en los términos del art. 934 y s.s. del CA. En cuanto a la cuestión de fondo, reitera que canceló la DIT en su totalidad y realiza un cuadro de descarga. Se opone a la exigencia del derecho adicional previsto por el art. 23 del decreto 1439/96. Solicita que se aplique el principio de bagatela y que, en caso de duda, se resuelva en los términos del art. 898 del CA. Cita jurisprudencia. Reitera el exceso del tiempo transcurrido en el trámite del sumario aduanero y, en subsidio, solicita que se reencuadre en la infracción formal del art. 972 del CA. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba documental, hace reserva del caso federal, confiere autorizaciones y solicita que se haga lugar al recurso interpuesto y se deje sin efecto la resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 90/96 la representación fiscal contesta el traslado y acompaña las actuaciones administrativas. Luego de la reseña de los hechos y de la negativa genérica de rigor, manifiesta que el servicio aduanero realizó la investigación pertinente a fin de sustentar la apertura del sumario, por lo que el tiempo transcurrido desde el vencimiento de la operación no afectó el derecho de defensa de la actora. Cita jurisprudencia. Se opone a la prescripción opuesta con relación al impuesto de las ganancias e IVA. Cita los plazos establecidos por la ley 11.683 y solicita su rechazo, con costas. Señala que la aseguradora responde como garante de la importadora en virtud de la póliza otorgada en los términos del decreto 1439/96. Afirma que los tributos se determinaron en dólares estadounidenses de conformidad con el art. 20 de la ley 23.905. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con expresa imposición de costas.
IV. Que la actuación 12197-14087-2005 se inicia a fs. 1 con el acta denuncia 1609/05 por la presunta comisión de la infracción del art. 970 del CA respecto de la destinación 00001IT14003593C, cuya carpeta obra a fs. 6ref. A fs. 5ref. se agrega la carpeta de la destinación a consumo 02001IC82000680J. A fs. 8, mediante nota 14013/05 (SE PRTE) se informa la falta de cancelación de la totalidad de la mercadería importada, por la nacionalización fuera de término de la destinación de fs. 5 ref. A fs. 9ref. obra el aforo y a fs. 10 se liquidan los tributos. A fs. 11 se instruye el sumario. A fs. 13ref., mediante nota 7485/09 (SE PRTE) se determina la mercadería en infracción. A fs. 14 ref. obra la liquidación de multa y tributos. A continuación se agrega la actuación 608514-659-2005 con la documentación correspondiente a la cancelación de la DIT (fs. 15ref./38ref.). A fs. 41ref. la Comisión Causa 21.149 informa que los permisos de embarque cancelarían la DIT. A fs. 42ref. obra el identificador de la garantía 00001021855E. A fs. 43 se corre vista a la importadora AE Goetze Argentina SA. y a la aseguradora, que se notifican el 28.03.11 y 19.04.11, respectivamente (fs. 52 y 65). A fs. 54/64 y 85/88 la importadora y la aseguradora contestan la vista. A fs. 66/69 obran las impresiones de pantalla del Registro de Infractores. A fs. 71/72 se agregan las impresiones de pantalla de la DIT y la importación a consumo en estado “oficializada”. A fs. 73 la Sección Procedimientos Técnicos emite la nota 2168/11 (SE PRTE) que determina el saldo en infracción. A fs. 74/78 obran las impresiones de pantalla de los permisos de embarque. De conformidad con las carátulas de inicio de actuaciones obrantes a fs. 79/82, a fs. 83 se declara la suspensión de la prescripción de la acción penal aduanera. A fs. 84 se practica nueva liquidación de multa y de tributos. A fs. 93/100 se agregan impresiones de pantalla de los permisos de embarque, del Registro de Infractores y del identificador de la garantía. A fs. 101/104 se dicta la resolución DE PRLA 6358/12. Previo dictamen 91/13 (DV DSAD), a fs. 107/110 se dicta la resolución 105/13 (SDG TLA) que aprueba la absolución. A fs. 117 y 119 se agregan los F4 de apelación ante este Tribunal. A continuación se agrega la actuación 12197-17793-2005 con la documentación cancelatoria de la DIT.
V. Que a fs. 97 se abre la causa a prueba, que obra producida a fs. 105/111. Atento a lo solicitado por la coactora a fs. 140, a fs. 142 se certifica la prueba producida y a fs. se cierra el período probatorio. A fs. 149 el letrado de la coactora renuncia al mandato y a fs. 152 se presenta la nueva letrada de la coactora. A fs. 173 se presenta el nuevo letrado de la aseguradora. A fs. 174 se elevan los autos a la Sala “E” y a fs. 175 se hace saber que no se ponen los autos para alegar, y se pasan los autos a sentencia.
VI. Que el artículo 250 del CA establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen de importación temporaria para los beneficiarios de este es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado al efecto.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. sanciona al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”.
Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente, el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce la inversión de la carga de la prueba.
VII. Que, cabe destacar, que la destinación involucrada en autos fue documentada en los términos de la resolución 479/95 -que establece el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial- en virtud del cual la mercadería que se importa para ser sometida a un proceso industrial debe ser exportada a consumo bajo la nueva forma resultante dentro del plazo de 180 días, prorrogable por otro plazo igual. La mercadería importada de acuerdo con este régimen no paga los tributos que gravan la importación para consumo ni la tasa de estadística, con excepción de las demás tasas retributivas de servicios.
Que la mencionada resolución, enumera la documental requerida a los fines de la cancelación de la importación temporaria, esto es, el permiso de embarque correspondiente a la reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante, en el cual se debe consignar “... lo relativo al Certificado de Tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número de DIT (Aduana de registro-dígito), clase y cantidad de la mercadería importada, comprendida en la que se exporta y el vencimiento de la importación temporaria” (Anexo III, punto 3.3.3.).
Que, en dicho sentido, cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
VIII. Que, previo a analizar la cuestión de fondo, corresponde tratar las excepciones de prescripción de la acción del Fisco para imponer multas y percibir tributos opuestas por las recurrentes.
Que cabe señalar que el planteo se lo resolverá, por fundamentales razones de economía procesal conforme la interpretación del Código Aduanero del precedente de la Corte Suprema "WONDERLAND SRL c/ ADUANA ROSARIO" del 12.05.09 y el plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal "HUGHES TOOL S.A. C/A.N.A. (T.F. 7830-A)" de fecha 21.09.03, sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión sobre la cuestión expuesta en la causa “LA CARDEUSE S.A. c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/recurso de apelación”, sentencia del 12.11.19, Expte. 35.693-A (se puede ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wpcontent/uploads/2020/02/35693-A-12-11-19-1.p df).
Que, con relación a la multa, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 934 del CA “La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de CINCO (5) años.” Asimismo, el art. 935 dispone que “La prescripción de la acción a que se refiere el artículo 934, comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación.” Según resulta de autos, el vencimiento de la importación temporaria se produjo el 2.07.01, por lo que el plazo de prescripción comenzó a computarse el 01.01.02, con vencimiento del 01.01.07.
Que, por otro lado, la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario (art. 937, inciso a) del CA).
Que atento a que el auto de apertura del sumario se dictó el 3.05.06 (fs. 11 de las actuaciones), el plazo se reinició a partir del día siguiente de su dictado hasta su vencimiento con fecha 4.05.11.
Que el 2.05.11, es decir dos días antes de que operase la prescripción de la acción penal, la División Secretaría de Actuación 1 informa que se produjo la causal de suspensión en los términos del art. 938, apartado 2 del CA., en virtud de actuaciones en trámite ante dicha Secretaría contra Federal Mogul S.A. cuyas carátulas de inicio obran a fs. 79/82. Que el art. 938, apartado 2 del CA dispone que: “ … Cuando surgiere la existencia de una infracción o de un delito aduanero, que se hubiere cometido con posterioridad a la infracción investigada y no mediare a su respecto resolución o sentencia firme, la prescripción no podrá resolverse y su término se suspenderá hasta tanto no se dictare aquélla.” Que de la norma transcripta resulta que para que opere el efecto suspensivo invocado por la aduana, se requiere la existencia de:
• Una infracción o un delito aduanero, • Cometido con posterioridad a la infracción investigada, • No mediare a su respecto resolución o sentencia firme.
Que las carátulas aportadas por la aduana a fs. 79/82 de las actuaciones informan los siguientes datos: Que del cuadro precedente se puede observar que las carátulas agregadas por la aduana se refieren a la misma firma y a destinaciones oficializadas con posterioridad a la DIT de autos (excepto las obrantes a fs. 81 y 82). Sin embargo, no indican la infracción de que se trata y si se ha dictado resolución o sentencia firme. En efecto, la mera indicación de actuaciones iniciadas con relación a la misma firma no resulta suficiente para verificar si los hechos allí investigados encuadran en una infracción o delito aduanero y si media a su respecto resolución o sentencia firme. Por tales motivos, no se encuentran cumplidos los requisitos exigidos por el art. 938, apartado 2 del CA para la procedencia de la suspensión de la acción del Fisco para imponer penas.
Que, por otro lado, aun cuando se pretendiera invocar una nueva causal de interrupción en los términos del art. 937, inciso b) del CA basada en los antecedentes del Registro de Infractores obrantes a fs. 67 y 69 (que se agrega nuevamente a fs. 99), tampoco resultan válidos para interrumpir el curso de la prescripción. Ello así, porque en el antecedente de fs. 67 la resolución condenatoria quedó firme el 15.03.01, es decir, con anterioridad a la comisión de la infracción involucrada en autos de fecha 2.07.01 y, en el caso del obrante a fs. 69, la aduana consintió la sentencia de este Tribunal que declaró la nulidad de todo lo actuado y, por ende, la resolución 5041/01 allí dictada.
Que, por lo expuesto, corresponde declarar la prescripción de la multa impuesta en autos, con costas.
IX. Que con respecto a la exigencia tributaria, el art. 804, inciso a) del CA dispone que el plazo de la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos comienza a correr el 1º de enero del año siguiente al de la fecha en que ha acaecido el hecho gravado, esto es, el vencimiento del plazo de permanencia, siendo este el hecho imponible.
Que, si bien, la prescripción de dicha acción se interrumpe por la notificación de la liquidación tributaria conforme el art. 806 inciso a) del C.A., por tratarse estos autos de un sumario por infracciones “el curso de la prescripción se suspende desde la apertura del sumario en el cual se investiga la existencia del ilícito aduanero, hasta que recaiga la decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (conf. art. 805, inciso a) del C.A.).
Que, como se dijo anteriormente, el auto de apertura del sumario se dictó el 03.05.06 (fs. 11 de las actuaciones), por lo que el plazo de la prescripción para percibir los tributos quedó suspendido a partir del día siguiente de su dictado hasta que recaiga la sentencia definitiva en la presente causa.
Que, por lo expuesto, corresponde rechazar la excepción de prescripción respecto de los tributos reclamados en autos y, en consecuencia, debe proseguir la sustanciación de la causa, con costas.
X. Que, en consecuencia, corresponde resolver en autos sobre la procedencia de los tributos con más intereses y CER reclamados a la firma importadora Federal Mogul S.A. -éstos últimos en forma solidaria con Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.- por la supuesta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., con relación al saldo de la destinación 00001IT14003593C, oficializada ante la aduana de Buenos Aires con fecha 5.07.00.
Que la firma recurrente documentó la importación temporaria en el ítem 1 de 22.833 kg de aleaciones de aluminio de la p.a. 7601.20.00.900W “Los demás -Aleaciones de aluminio ALUMINIO EN BRUTO”, subitem 1 y 2.
Que vencido el plazo de permanencia con fecha 5.07.01, la Sección Procedimientos Técnicos formuló denuncia por la totalidad de la mercadería importada, atento a que no se acreditó la exportación y la destinación 02001IC82000680J se oficializó fuera de término.
Que luego de la compulsa de la documentación acompañada por la recurrente a fs. 15ref/38ref. de las actuaciones (declaración jurada, permisos de embarque, CTC e importación a consumo de residuos) la Sección Procedimientos Técnicos emitió la nota 9169/2012 (SE PRETE) en la cual informa un saldo no cancelado de 9.888,46 kg del ítem 1.1 y de 80,45 kg del ítem 1.2. Asimismo señala que “... no se tuvo en cuenta el despacho de nacionalización 02001IC82000680J, toda vez que, se encuentra en estado Oficializado y fuera de término …” (fs. 73 de las actuaciones).
XI. Que en virtud del informe precedente, del total de 22.833 kg importados en forma temporaria, la aduana tuvo por regularizados 9.708,54 kg del ítem 1.1. y 3.155,55 kg del item 1.2, por lo tanto, corresponde analizar el saldo de 9.888,46 kg del ítem 1.1. y 80,45 kg del ítem 1.2, conforme el cuadro que sigue a continuación:
Que del cuadro precedente se puede observar que la aduana dio por válidas las unidades descargadas en los permisos de embarque y que no hizo observaciones respecto a la relación insumo/producto declarada en los CTC.
Que la controversia radica en que el informe técnico no reconoció la cancelación del total de 9.888,46 kg del ítem 1.1 (2.939,55 kg en concepto de pérdidas, 6.458,98 kg de residuos y 489,93 kg de mermas) y de 80,45 kg de mermas del ítem 1.2. Asimismo, no tuvo en cuenta la importación a consumo 02001IC82000680J del saldo que se encuentra en estado oficializada y fuera de término.
Que de la compulsa de la documentación obrante en autos, resulta que la actora procedió a oficializar la importación a consumo de las mermas y residuos resultantes del proceso productivo mediante la destinación mencionada. Que al respecto el primer párrafo del art. 21 del decreto 1439/96 establece que: “Se considerarán pérdidas las mermas, residuos y sobrantes irrecuperables, no estando por ello sujetos al tratamiento arancelario de importación para consumo. En aquellos casos en que se determine que los residuos y sobrantes tienen valor comercial, los mismos estarán sujetos a valoración aduanera y deberán exportarse o importarse para consumo dentro de los TRES (3) meses de realizada la ultima exportación, con lo cual se habrá cumplido la obligación impuesta en el régimen. En el supuesto que la mercadería se importe para consumo, se deberán pagar los tributos que gravan dicha importación y la tasa de estadística que correspondan a su clasificación según su nuevo estado.”
Que el d.i. 02001IC82000680J obrante a fs. 3ref. se oficializó el 21.09.02, es decir, luego vencido el plazo de 3 meses contados desde el último permiso de embarque (p.e. 00001EC03022287D del 11.10.00 y finalizada la carga el 12.10.00, fs. 12/14 act. adm.) y con posterioridad a la fecha de vencimiento de la DIT (2.07.01). Además, en los parciales OM-1993 SIM obrantes en la carpeta del despacho no hay constancias de su presentación en sede aduanera ni la autorización del libramiento a plaza.
Que, por lo expuesto, asiste razón al Fisco en cuanto a que no se puede tener por cancelado el saldo total de 7.029,36 kg que corresponde a los residuos y mermas con valor comercial en los términos del decreto 1439/96 y resolución ANA 479/95 debido a su nacionalización extemporánea, quedando excluidos los 2.939,55 kg en concepto de pérdidas irrecuperables en tanto carecen de valor comercial y que, por ende, no tienen tratamiento arancelario.
XII. Que, en atención a como se resuelve la causa, corresponde modificar la liquidación de tributos de fs. 84 de las actuaciones administrativas, con relación a 7.029,36 kg en infracción.
Que, asimismo, con relación a la exigencia tributaria, se excluye el derecho adicional, en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “FRISHER S.R.L (TF 16.236-A) c/ A.N.A”. Lo mismo sucede con las percepciones de IVA adicional y de ganancias de conformidad con el criterio del Máximo Tribunal en la causa “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/En-DGA resol. 2590/06 (expte. 604.155/01) s/Dirección General de Aduanas” según el cual al encontrarse vencido el plazo para presentar la declaración jurada de los tributos, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de las mencionadas percepciones.
V.A. 22.833,00 kg = $ 29.891,13.-
V.A. 7.029,36 kg = $ 9.202,27.-
Total tributos = $ 2.934,60.-
XIII. Que habiendo quedado determinada la exigencia tributaria, corresponde referirse al planteo efectuado por la actora con respecto al CER.
Que el art. 1° del decreto 214/02 dispuso la transformación en pesos de las obligaciones de dar sumas de dinero que, existiendo a la fecha de la sanción de la ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario -6.01.2002- , estuvieran expresadas en dólares estadounidenses y no se encontraren ya convertidas a pesos.
Que el art. 8º del decreto 214/02 dispone que “las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero, expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán en razón de un dólar estadounidense (u$s 1)= un peso ($1).”
Que el art. 4º del mencionado decreto establece la aplicación de un Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina.
Que el vencimiento de la destinación se produjo el 2.07.01, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25.561 y el decreto 214/02.
Que el aforo de la mercadería de fs. 9ref. de las actuaciones, se realizó con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto 214/02 (26.09.05) y fijó la base imponible en dólares estadounidenses. Asimismo, en las liquidaciones de fs. 10 y 14ref. se determinó el valor en aduana expresado en pesos con la reserva del CER, el cual se intimó a la importadora y a la aseguradora en la corrida de vista.
Que, en consecuencia, atento a que la primera vez que la deuda fue expresada en pesos ocurrió con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto 214/02, resulta aplicable lo dispuesto por los arts. 4º y 8º del mismo. Ello así, por cuanto la conversión de la deuda a razón de $1 con más el CER correspondiente a la fecha de pago viene impuesta legalmente, de conformidad con el criterio sentado por la CSJN in re “S.A. Cinematográfica c/ Bentivogli e Hijos S.R.L.”, sentencia del 17/04/07, en el sentido de que el CER es inescindible del capital adeudado. Por tal motivo, corresponde asimismo que se calculen los intereses del art. 794 del CA sobre el capital actualizado por el CER a la fecha del pago.
XIV. Que, por ello, VOTO POR:
1. Declarar la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas opuesta por FEDERAL MOGUL S.A., con costas.
2. Rechazar la excepción de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos opuesta por ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A., con costas.
3. Confirmar parcialmente la resolución DE PRLA 6358/2012 dictada en la actuación 12197-14087-2005, en los términos del art. 970 del CA en tanto impone tributos con relación al saldo de 7.029,36 kg de la destinación 00001IT14003593C, con costas.
4. Revocar la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y de ganancias, con costas por su orden.
5. Declarar que la firma importadora FEDERAL MOGUL S.A. adeuda a la ARCA-DGA -en forma solidaria con ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A.- la suma de pesos dos mil novecientos treinta y cuatro con setenta centavos ($ 2.934,60.-) en concepto de tributos, con más el CER y los intereses del art. 794 del CA desde el 12.04.11 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, SE
1. Declarar la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas opuesta por FEDERAL MOGUL S.A., con costas.
2. Rechazar la excepción de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos opuesta por ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A., con costas.
3. Confirmar parcialmente la resolución DE PRLA 6358/2012 dictada en la actuación 12197-14087-2005, en los términos del art. 970 del CA en tanto impone tributos con relación al saldo de 7.029,36 kg de la destinación 00001IT14003593C, con costas.
4. Revocar la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y de ganancias, con costas por su orden.
5. Declarar que la firma importadora FEDERAL MOGUL S.A. adeuda a la ARCA-DGA -en forma solidaria con ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A.- la suma de pesos dos mil novecientos treinta y cuatro con setenta centavos ($ 2.934,60.-) en concepto de tributos, con más el CER y los intereses del art. 794 del CA desde el 12.04.11 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
Regístrese, notifíquese, devuelvánse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria y Juárez por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2026.06.29 18:19:59 ART Date: 2026.06.30 12:10:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.30 12:12:14 -03:00
Fin de la sentencia