Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 39.257-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 3º de la Resolución DE PRLA nº 4002/2018 recaída en el expediente administrativo Actuación nº 12197-467-2013, declarando que el importe de tributos adeudados en relación a ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. asciende a la suma de u$s 3781,62 e intereses devengados desde el 16/12/2013 hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
2Costas a la actora, con excepción de la exigencia de los rubros analizados en el punto IX del voto del Dr. González Palazzo, las que se imponen en el orden causado.
3Declarar que la liquidación que en definitiva corresponderá será ejecutable contra la garante hasta el límite por ella asegurado en la moneda en que se emitió la póliza, con más los intereses correspondientes según lo establecido en el art. 794 del C.A.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-99622626-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 20 de Septiembre de 2022 S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación, expediente nº 39.257-A;
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y Dra. Cora M. Musso, a fin de resolver en los autos caratulados “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación, expediente nº 39.257-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que a fs. 7/12 vta., se presenta, por apoderado, la firma aseguradora e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nº 4002/2013, recaída en el expediente administrativo Actuación nº 12197-467-2013, por la que se formuló cargo en concepto de tributos adeudados y se dispuso archivar las actuaciones en los términos de la Instrucción General 9/17 (D.G.A.), todo ello en relación a la destinación 07 001 IT14 000375 E, garantida mediante la póliza electrónica nº 924285. Se refiere a los antecedentes de la causa. Alega la prescripción de la acción del Fisco y formula cuestionamientos respecto de los tiempos de duración del sumario de referencia incorporando planteos respecto de la afectación al derecho de defensa, la determinación tributaria, su alcance y rubros, como así también la incompetencia de la D.G.A. para expedirse sobre las percepciones y el I.V.A. Cuestiona la determinación de la alícuota de la percepción del Impuesto a las Ganancias. Opone el límite de responsabilidad de la aseguradora al monto de la póliza otorgada y cuestiona la tasa de interés aplicada. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se resuelva conforme los planteos formulados.
II. Que a fs. 19/32 vta., se presenta la representación fiscal, contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Se refiere a los hechos y antecedentes que la motivaron. Realiza consideraciones respecto de los planteos de exigencia inválida, prescripción, incompetencia de la D.G.A., determinación tributaria, la tasa de interés, el régimen de importación temporaria, el contrato de seguro y las obligaciones que surgen del mismo. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se rechace la excepción de prescripción y la apelación interpuesta, con costas.
III. Que las pruebas ofrecidas por las partes consistieron en las constancias del expediente administrativo Actuaciones 12197-467-2013, las que obran agregadas por cuerda a estos autos, en un total de 40 fojas y copia certificada de la impresión del Formulario Afip nº 870 de la póliza electrónica nº 924285 obrante a fs. 46/47 de autos.
A fs. 52, se declara la causa de puro derecho. A fs. 58 vta., se elevan los autos a la Sala “F”, los que quedan en estado de dictar sentencia a fs. 59.
IV. Que de la compulsa del expediente administrativo nº 12197-467-2013, surge que, a fs. 3 obra el Acta de Denuncia, de fecha 28/01/2013 respecto de la destinación 07 001 IT14 000375 E, por la infracción a lo preceptuado en el art. 970 del C.A. cuyo vencimiento operó el 10/01/2008. A fs. 2 se agrega el sobre contenedor de la destinación mencionada. A fs. 4 obra nota nº 551/2013 de la Sección Procedimientos Técnicos de la División Registro de Importación. A fs. 7 se agrega la impresión de pantalla de la consulta de garantía. A fs. 8 se determina la base de tributos y multa del art. 970 del C.A. A fs. 9 se dispone la instrucción del sumario de fecha 23/10/2013 y se corre vista de lo actuado a la firma importadora y a la aseguradora. A fs. 14 obra constancia de la notificación de la corrida de vista a la importadora y a fs. 22 obra constancia de la notificación a la firma aseguradora. A fs. 15/17 la firma importadora contesta la vista dispuesta y a fs. 23/28 vta, por su parte, lo hace la aseguradora.
A fs. 34 se informa la no existencia de antecedentes registrados computables de la importadora en los términos de la IG 9/17. A fs. 35/35 vta. obra la Resolución del DE PRLA nº 4002/2018 del 19/06/2018, mediante la cual se dispone archivar las actuaciones en los términos de la Instrucción General 9/17 (D.G.A.) y se formula cargo a la firma importadora y a la garante de la operación en concepto de tributos adeudados, percepción de IVA Adicional y de Impuesto a las Ganancias. Dicha Resolución es notificada a la firma importadora y a la aseguradora según surge de fs. 36 y fs. 37 respectivamente.
V. Que la cuestión que nos ocupa, como se ha señalado supra, tuvo su origen en la operación de importación temporaria documentada como destinación nº 07 001 IT14 000375 E.
Mediante dicha operación, oficializada en fecha 12/01/2007, la firma KIP FITNESS + HEALTH SRL ingresó mercadería al territorio aduanero, amparado en el Decreto 1439/96, otorgándosele el plazo de permanencia por un año para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen.
No existiendo la presentación por parte de la importadora de la documentación que acreditara el cumplimiento del régimen, el servicio aduanero labró el acta de denuncia por presunta infracción a lo establecido en el art. 970 del C.A. que establece que en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o exportación temporaria –según el caso- el incumplidor será sancionado con una multa y el pago de los tributos que gravaren la importación para consumo (o la exportación para consumo), de la mercadería en infracción.
Esta Sala pacíficamente sostiene que, en principio, al servicio aduanero le basta con acreditar el mero vencimiento del plazo, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo –incumplimiento- que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba, quedando a cargo del presunto infractor la acreditación de todos los extremos que afirme la eximen de responsabilidad penal. Respecto a ello y conforme surge de la propia normativa que regula la importación temporaria, a los fines de acreditar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del régimen al amparo del cual se realizó la operación de importación temporaria, es necesario contar con los permisos de embarque –o copias- mediante los cuales se exporta o se importa a consumo (según el caso), la mercadería para cuya producción fueron importados temporariamente o directamente se reexportan en el mismo estado en que fueron importados y, en caso de corresponder, los Certificados de Tipificación y Clasificación –o sus copias- que acrediten la relación insumo/producto.
A efectos de facilitar el análisis metódico correspondiente, estimo pertinente, en primer término, examinar si, efectivamente, se encuentra producida la infracción que motivó el dictado de la Resolución cuestionada. De la compulsa de la documentación obrante en la causa resulta que la importadora no ha aportado –y consecuentemente acreditado- en las actuaciones administrativas las constancias del cumplimiento de las obligaciones asumidas relativas al régimen establecido en el Decreto 1439/96, habiendo vencido los plazos correspondientes a la destinación de importación temporaria, sino que, por el contrario en la contestación de vista obrante a fs. 15/17 de las actuaciones administrativas la importadora manifestó que: “Por cuestiones de orden económico que se han vivido en nuestro país a lo largo de estos años, la empresa que represento, lamentablemente se vio imposibilitada de reexportar las mercaderías importadas con anterioridad al vencimiento del plazo otorgado por la aduana”.
De lo expuesto precedentemente se puede inferir que ha quedado comprobada la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. y el fisco no ha marrado al emitir la resolución condenatoria (que abarca el reclamo tributario) aquí recurrida.
Si bien la Resolución referida, en su art. 1° dispone el archivo de las actuaciones por aplicación de la IG 9/17 (D.G.A.), dado que la multa mínima reclamada no alcanza la suma de pesos treinta mil ($30.000) y la infractora no registra antecedentes de casos archivados por el art. 970 del C.A. dentro de los últimos doce (12) meses inmediatos anteriores a la fecha de la infracción, que en conjunto superen el monto aludido -ello según las constancias del informe obrante a fs. 34 de las actuaciones administrativas- en lo que respecta a los tributos adeudados, en su art. 3° dicha Resolución formula cargo a la firma importadora y a la garante de la operación de importación.
Como se ha expresado, la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. ha quedado demostrada y la firma aseguradora ha garantizado mediante la póliza 924285 los tributos correspondientes a la destinación de importación temporal de marras. Determinada la producción de la infracción imputada a la importadora, se ha configurado el siniestro en los términos del art. 3° de la póliza otorgada por la firma garante.
VI. Sentado ello, corresponde tratar en primer término los agravios vertidos por la aseguradora.
Al efecto, cabe señalar que la firma Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. otorgó la póliza 924285, mediante la cual garantizó la operación documentada mediante la destinación nº 12197-467-2013.
Cabe recordar que esta Sala ha sostenido a lo largo de su jurisprudencia que el garante asume las obligaciones de un codeudor, convirtiéndose en liso, llano y principal pagador de la obligación tributaria que garantiza mediante la expedición de una póliza de caución, motivo por el cual la Aduana puede dirigir la acción contra la importadora o la aseguradora o ambas partes.
En este orden de ideas, también cabe destacar que en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (C.N.Com., Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIROGIETTI Alejandro H. Y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Asimismo surge de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado, que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (C.N.Com., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). Tampoco el asegurador goza de derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
La Aduana, en su carácter de asegurado o acreedor frente al incumplimiento del tomador del seguro –importador- no se encuentra obligada a cumplir con otros requisitos más que la determinación de dicho incumplimiento.
La responsabilidad de la aseguradora por el pago de los tributos adeudados es consecuencia inmediata del incumplimiento del tomador del seguro y la falta de pago por parte del mismo, tal como ha sido expresamente asumido a través de la garantía o seguro de caución oportunamente otorgado.
Por otra parte y tratándose el seguro de caución de un contrato consensual, y en atención a la calidad profesional del asegurador, que lo obliga a un obrar diligente en la evaluación del riesgo o medida del daño que está garantizando, los argumentos expuestos en su defensa, que pretenden desconocer las consecuencias de las obligaciones libremente asumidas al otorgar la garantía, resultan contrarios a la doctrina de los actos propios. Resulta adecuado recordar que uno de los supuestos típicos de aplicabilidad de esta doctrina y quizás el más frecuente, lo constituye la pretensión dirigida a obtener la ineficiencia de los actos jurídicos previamente respetados o convalidados.
La firma importadora de la mercadería bajo el régimen de importación temporaria garantizó el pago de los tributos, exigibles como consecuencia de su eventual incumplimiento, conforme a lo previsto en al art. 453, inc. c), del C.A. y utilizó a ese fin el “seguro de caución” contemplado en el art. 455 del C.A., otorgado por la aquí recurrente, quien se obligó al pago de una suma estipulada ante el mero vencimiento de una obligación del tomador, convirtiéndose en segundo deudor en “paridad de grado”.
Por último, cabe señalar que la fianza constituye una relación accesoria de un contrato ya celebrado y no está subordinada a un evento dañoso e incierto, sino a la simple eventualidad de la falta de cumplimiento de la obligación pactada por parte del deudor (Morandi, J.C., “Lecciones Preliminares sobre el Contrato de Seguros”, 1963, p. 28 y sgtes.). En este orden de ideas, conforme surge de la póliza de seguro de caución obrante en autos, la aquí recurrente ASEGURADORA DE CREDITOS Y GRANTÍAS S.A., garantizó al servicio aduanero el pago de las sumas de dinero por eventuales obligaciones respecto de la operación de importación temporaria involucrada en estos autos. La finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26-981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588;
CNfed. Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. C / AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom., Sala A, precedente citado).
Ello así, y habiendo quedado configurada la infracción endilgada a la importadora, prevista y penada en el art. 970 del C.A., surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante de los tributos adeudados como consecuencia de la importación para consumo de la mercadería importada temporariamente.
VII. Que en su presentación recursiva la aseguradora alega la prescripción en los términos del art. 803 y concordantes del C.A., dado que el código rector en la materia establece límites temporales para que el servicio aduanero ejerza su acción para imponer penas y/o percibir tributos.
Asimismo, la aseguradora plantea que: “el transcurso de más de 10 años desde el vencimiento de la destinación de importación hasta el fallo condenatorio, resulta incompatible con el derecho al debido proceso amparado por el art. 18 de la Constitución Nacional y por el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos…”
El legislador estableció que por el transcurso del plazo de cinco años se prescribe la acción del Fisco para imponer penas o percibir tributos regidos por la legislación aduanera, la que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o de la fecha en que se hubiese producido el hecho gravado, estableciendo las causales de suspensión o interrupción de dicho plazo, según el caso.
Visto ello, teniendo en cuenta el vencimiento del plazo de permanencia de la mercadería importada documentada mediante la destinación en cuestión (10/01/2008), y la fecha en que se dictó la instrucción del sumario administrativo (23/10/2013) (conf. Art. 1090 del C.A.) por el juego sistémico de los arts. 934 y 805 inc. a) del C.A. no se ha producido la alegada prescripción de la acción del Fisco, por lo que corresponde desestimarla.
Asimismo, en relación a los planteos de la recurrente referidos a la afectación del derecho de defensa, los mismos deben ser desestimados puesto que surge de las actuaciones administrativas que tanto la firma importadora, como la aseguradora han sido debidamente notificadas de la apertura sumarial y corrida de vista, obrando las contestaciones a fs. 15/17 y fs. 23/28 vta. respectivamente. Con lo cual se colige que, tanto la importadora como la aseguradora han podido ejercer debidamente sus defensas, aportar pruebas y realizar las impugnaciones que considerasen pertinentes.
En consecuencia, corresponde rechazar el agravio por violación al derecho de defensa planteado por la actora ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.
VIII. Respecto a la alegada prescripción del reclamo referido a los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado, fundamentado en la Ley 11683, cabe recordar a la recurrente que una ley especial –tal el caso- mantiene aplicación preferencial por sobre ley general. Es por ello que, la materia que nos ocupa , especial y específica, tanto en su parte dogmática como procedimental, se encuentra regulada y reglada por el Código Aduanero, con la aplicación supletoria de los Códigos Procesal Civil y Comercial y Procesal Penal de la Nación y la Ley de Procedimiento Administrativo respecto de lo actuado por ante el servicio aduanero.
Aclarado ello y visto lo analizado respecto de los principios rectores aplicables en materia de prescripción de las acciones del Fisco para exigir tributos e imponer multas, corresponde rechazar el planteo analizado.
IX. Por otra parte, respecto del planteo referido a las percepciones de I.V.A. Adicional y anticipo del Impuesto a las Ganancias y advirtiendo que en el caso de autos se dan los presupuestos de hecho y derecho analizados por nuestro Máximo Tribunal en “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, oportunidad en que los magistrados sostuvieron que “…cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extiende la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario, ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal…”. Teniendo en consideración lo tratado y resuelto en el precedente citado, considero que no corresponde la exigencia de las percepciones en cuestión.
X. En relación al planteo de la recurrente respecto de la tasa de intereses aplicada, el suscripto no resulta competente para modificar lo dispuesto por el art. 794 del C.A., por lo que corresponde rechazar el agravio esgrimido. Y ello así por cuanto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Neumáticos Goodyear S.A.” ha resuelto que “Uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su coherencia con el resto del sistema del que forma parte es la consideración de sus consecuencias” (Fallos 323:3412).
Justamente, la Corte fue contundente en “Orazio Arcana” al señalar que “resulta obvio el interés común en el pago puntual de los impuestos a fin de permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado, interés que justifica la elevación de las tasas más allá de lo normal, elevación que –por otra parte– no beneficia a personas determinadas sino a la comunidad toda” (Fallos 308:284) criterio ratificado en adonde sentó que “Se justifica que las leyes impositivas contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa el interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública; con ese propósito se justifica la aplicación de tasas de interés más elevadas” (Fallos 316:42)
El criterio cimero ha sido recientemente ratificado en “Desarrollos al Costo C/ Buenos Aires, Provincia de S/ Acción declarativa de inconstitucionalidad” (CSJ 311/2013 Rta.02/05/19), adonde refiriéndose a la citada doctrina destacó que “los réditos deben ser liquidados de conformidad con las tasas fijadas en las resoluciones dictadas al efecto por el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Economía”
Sentado ello, cabe destacar que la norma cuestionada por la recurrente era conocida al momento de asumir su obligación frente a la Aduana y consecuente -y sistémicamente- aceptada pues, claro está, el giro de sus negocios se encuentra vinculado a la operatoria del comercio exterior. Esa actividad supone un riesgo, que fue asumido y aceptado. Ese riesgo sólo devendría irrazonable si fuere el mismo Estado el que por inacción procesal o una acción abusiva deliberada, actual y concreta pusiera en crisis la tutela judicial efectiva de sus derechos, lo que obligaría al operador judicial a asumir un temperamento proactivo acorde a los requerimientos constitucionales –que comprende a los convencionales- por lo que, no verificándose en la especie tales extremos, el agravio esbozado en tal sentido, no puede prosperar en sentido positivo. No puede soslayarse en tal sentido que la reclamante no ha siquiera intentado demostrar empíricamente lesividad concreta que la norma en crisis genere a sus derechos, por lo que en definitiva “no se justifica una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad” (“Provincia de Santa Cruz” Fallos 316:42).-
Concretamente, el juego sistémico entre la Resolución 841/10 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Resolución General AFIP 3271/12 y la voluntad del legislador plasmada en lo normado en los arts. 37 y 52 de la Ley 11.683 y en los arts.794 y 797 del Código Aduanero (Ley 22415) se encuentra plenamente vigente y debe ser aplicado máxime cuando su validez no ha sido tachada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ponerlo en crisis por la vía intentada por la recurrente, implicaría socavar indebidamente la estanqueidad divisoria de los poderes que el constituyente plasmó en nuestra Carta Magna y a cuya custodia nos conmina a todos los operadores judiciales de la República. (C.S.J.N., Fallos: 155:248; 272:231; 273:418; 310:112; 311:2580)
Lo dicho encuentra eco en lo resuelto por la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo Federal en “Procesadora de Boratos C/ D.G.A.” (Expte. 21840/2012, TF 28.181-A) adonde con meridiana claridad expone que “acceder a esta altura de la causa, sin mediar producción de prueba idónea, a la descalificación de las tasas de interés fijada por las Resoluciones 492/06 (MEyP) y 841/10 (MEyFP), a aplicar una tasa no vigente (v. gr: la tasa prevista en la Resolución ME 21/91), implicaría sustituir a la Administración en su ámbito de discrecionalidad sin sustento fáctico y jurídico suficiente.
En efecto la fijación de la tasa de interés aplicable a los créditos tributarios es llevada a cabo en base a criterios de oportunidad, mérito y conveniencia que no son susceptibles de revisión judicial, y sólo corresponde a los jueces controlar la legitimidad del obrar de las autoridades administrativas, no estando facultados para sustituirse a ellas en la valoración de las circunstancias ajenas al campo de lo jurídico (C.S.J.N.; FALLOS 308:2246 y sus citas 311:2128; 321:1252, espc. Consid. VII y sus citas)…” concluir sentando que “resulta razonable que los intereses superiores a aquellos por los cuales puedan los particulares obtener créditos en el mercado financiero, ya que “de no ser así, los contribuyentes podrían contemplar la alternativa –claramente perniciosa para el bien común- de obtener un financiamiento por la vía de dejar de cumplir puntualmente sus obligaciones tributarias..” dando pautas claras y contundentes de la improcedencia e inconveniencia de acceder a la morigeración de la tasa de interés solicitada por la actora aseguradora.- En el caso traído a debate no se verifica una injustificada e irrazonable demora del aparato estatal en la resolución de una cuestión que no presenta significativa complejidad, ni omisión o acción actual y concreta por parte de quienes lo integran que permitiera identificar el cercenamiento de garantías constitucionales –ora convencionales- con el juego sistémico normativo en crisis, motivo por el cual me encuentro convencido de que no se colige razonabilidad jurídica suficiente que permitan a este Tribunal de justicia receptar de modo alguno el agravio de la actora.
A modo de colofón, estimo pertinente expresar que, este juzgador no es ajeno a la espasmódica fluctuación de la moneda nacional ni desconoce la demora que se evidencia –desde antaño- en la tramitación de reclamos como el aquí ventilado (germinando una patología perniciosa para el Estado), por lo que resulta necesario que las autoridades competentes generen acciones concretas que mitiguen las disvaliosas consecuencias que pudieren acaecer en contextos macro económicos que pudieren abonar incertidumbre –y eventualmente perjuicio- a los operadores del comercio exterior.
XI. Por último, cabe señalar que se desprende de la póliza de marras que la recurrente aseguró a la D.G.A. hasta la suma máxima de $ 28.000 (pesos veintiocho mil), por lo que corresponde hacer lugar a lo planteado por la recurrente en cuanto a que la liquidación que en definitiva corresponderá será ejecutable contra la garante hasta el límite por ella asegurado en la moneda en que se emitió la póliza, con más los intereses correspondientes según lo establecido en el art. 794 del C.A. En relación a los demás planteos efectuados por la recurrente, considero que los mismos devienen abstractos en razón de lo que aquí se decide.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente el art. 3º de la Resolución del DE PRLA Nº 4002/2018 recaída en el expediente administrativo Actuación nº 12197-467-2013, declarando que el importe de tributos adeudados en relación a ASEGURADORA DE GARANTIAS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS asciende a la suma de u$s 3.781,62 e intereses devengados desde el 16/12/2013 hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
2. Imponer las costas a la actora, con excepción de la exigencia de los rubros analizados en el punto IX del presente voto, las que se imponen en el orden causado.
3. Declarar que la liquidación que en definitiva corresponderá será ejecutable contra la garante hasta el límite por ella asegurado en la moneda en que se emitió la póliza, con más los intereses correspondientes según lo establecido en el art. 794 del C.A. calculados desde el Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Juez preopinante, con expresa excepción de lo señalado en el considerando X. En tal sentido, la cuestión relativa a la tasa de interés aplicable en la litis encuentra adecuada respuesta en el precedente de esta Sala “F” caratulado “Alpemar SRL c/ DGA s/ apelación” (expediente n° 36.199-A) sentencia del 21/12/18, entre muchos otros, a cuyos fundamentos y conclusiones cabe remitirse en toda su extensión.
ASI LO VOTO.
La Dra. Musso dijo:
En mi carácter de Vocal subrogante en la Vocalía de la 18° nominación, debo expedirme solo con relación a la tasa de interés aplicable al caso de autos, aspecto en el que no existe acuerdo en los votos de los Dres. Garbarino y González Palazzo.
Con relación a la cuestión, adhiero en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente el art. 3º de la Resolución DE PRLA nº 4002/2018 recaída en el expediente administrativo Actuación nº 12197-467-2013, declarando que el importe de tributos adeudados en relación a ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. asciende a la suma de u$s 3781,62 e intereses devengados desde el 16/12/2013 hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
2. Costas a la actora, con excepción de la exigencia de los rubros analizados en el punto IX del voto del Dr. González Palazzo, las que se imponen en el orden causado.
3. Declarar que la liquidación que en definitiva corresponderá será ejecutable contra la garante hasta el límite por ella asegurado en la moneda en que se emitió la póliza, con más los intereses correspondientes según lo establecido en el art. 794 del C.A.
Regístrese y notifíquese. Firme que queda la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2022.09.20 10:39:00 -03:00 Date: 2022.09.20 12:44:05 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.20 12:44:06 -03:00
Fin de la sentencia