Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 008273/13, recaída en el expediente administrativo EAAA n° 12039-1297-2007, declarando que la obligación tributaria emergente del DIT en cuestión, asciende a la suma de SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES CON VEINTIDOS CENTAVOS (u$s 7999,22) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A. Todo ello más los intereses devengados desde el 13/5/2013 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2Declarar que el monto que se le puede exigir a la actora es el de OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS. ($ 81.566.64) -monto asegurado mediante la póliza n ° 759715- o el importe de los tributos, si este último resultare menor. Ello con más los intereses devengados desde el 27/11/14, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
3-. Costas por su orden en relación a los rubros de IVA Adicional y Ganancias. Con respecto a los demás rubros, costas conforme los mutuos vencimientos las que se estiman en un 39% a cargo de la actora y en un 61% a cargo de la demandada.
4Declarado que sea por el letrado de la actora su número de C.U.I.T. y su situación personal frente al I.V.A. se regularán sus honorarios.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-11818235-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 7 de Febrero de 2022 En Buenos Aires se reúnen los Vocales miembros de la Sala “F”, Dres. Miguel Nathan Licht (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, a fin de resolver en los autos caratulados: “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ Dirección General de Aduanas S.A. s/ apelación”, expediente n° 35.064-A, El Dr. Licht dijo:
I. En el caso se discute la aplicación del cargo formulado en concepto de tributos, en lo que aquí interesa, a la firma ASEGURADORADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, en su carácter de garante, con relación a la infracción prevista y penada en el artículo 970 del C.A. respecto de la mercadería amparada por el Despacho de Importación Temporal N ° 02 001 IT14 006307 A.
II. La recurrente alega que el transcurso de más de diez años del vencimiento de la temporal hasta la notificación del fallo administrativo condenatorio, resulta incompatible con el derecho al debido proceso. Sostiene que debe prosperar la prescripción en los términos del art. 803 y cc del Código Aduanero. Plantea la prescripción en los términos del art. 56 y ss de la ley 11.683 respecto del reclamo referido a los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado. Manifiesta que la resolución es ilegítima por contener conceptos no asegurados por su mandante, requiriéndolos fuera del período anual en el que se produjo el hecho imponible. Alega que se está ante un impuesto sin ley que lo regule. Aduce que los bienes importados lo fueron al amparo del Dec. 1439/96, con la declarada finalidad de recibir un perfeccionamiento y ser posteriormente reexportados. Alega que el destino del bien era el de su comercialización, por ende impugna la liquidación aduanera en cuanto fija el quantum de la percepción en 11%, cuando en rigor de verdad, correspondía estarse a la alícuota del 3% que es lo establecido para los bienes de cambio. Se agravia del derecho adicional. Sostiene que la dolarización de lo adeudado solo eventualmente corresponde en supuestos en que la deuda sea originaria, ya sea a su vencimiento o con posterioridad, pero no cuando la misma es una liquidación suplementaria. Se agravia respecto a que no se ajusta a derecho que la tasa de interés contemplada en el art. 794 del C.A., sea la misma sobre un capital en pesos que en dólares estadounidenses. Sostiene que el capital debe ser convertido a pesos en los términos previstos por el C.A. y sobre el mismo calcular intereses. Manifiesta la falta de competencia de la DGA para expedirse sobre las percepciones y el IVA. Sostiene la falta de agregación de la póliza y alega el límite de su responsabilidad. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución administrativa, en cuanto ha sido objeto del recurso, con costas.
III. A fs. 25/30 se presenta la Dirección General de Aduanas, contestando el traslado que le fuera oportunamente conferido. Tras Efectuar una somera reseña de los hechos que dieron origen a la causa, genéricamente, niega los hechos invocados por la actora y destaca que el servicio aduanero se ha manejado dentro de los plazos de prescripción quinquenal del art. 805 del C.A. Si bien, al acogerse el importador al régimen de la introducción temporal de una mercadería asume una obligación consistente en reexportarla al vencimiento del plazo acordado, la importadora en la operación aduanera cuestionada no ha cumplido con las obligaciones asumidas. Alega que la carga de la prueba de la exportación corresponde a la importadora y a la tomadora del seguro. Manifiesta que la póliza otorgada se extendió en aplicación del Régimen de Garantías previsto en el C.A, que al consignar el legislador los eventuales tributos hace clara referencia a aquellos que gravan la importación a consumo, cuando esta se produzca conforme lo establece el C.A. Aduce que el monto de la deuda de la actora tiene un límite máximo dado por el monto numérico límite de la garantía, sin perjuicio de que la obligación del importador pueda ser superior. Sostiene que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía frente al incumplimiento del tomador. Manifiesta que la Resolución general 3543/92 ha establecido el régimen de percepción de impuesto a las ganancias aplicable a las importaciones definitivas de bienes muebles destinados a su comercialización en plaza, gravándolas con una alícuota del 3% quedando exceptuados los bienes muebles para uso o consumo personal del importado. Alega que dicha normativa fue modificada por la resolución general 3955/95, que dispone que la alícuota a aplicarse es del 11%. Manifiesta que en este caso se considera que la importación es a consumo desde el momento en que venció el plazo otorgado por lo que la aplicación de la alícuota del 11 % del impuesto a las Ganancias resulta procedente. Sostiene que no vislumbra obstáculo alguno para la aplicación de la ley 23.905 para las obligaciones contraídas con posterioridad a la vigencia de la ley 25.561. Ofrece como prueba la actuación administrativa 12039-1297-2007, hace reserva del caso federal y solicita que se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero con expresa imposición de costas.
IV. A fs. 31 se abre la causa a prueba, la que obra agregada a fs. 40/46, 50/57, 60/78 (ref.) A fs. 82, se declara cerrado el período probatorio, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen autos para alegar. A continuación se agregan los alegatos de las partes y se ponen autos a sentencia.
V. Que a fs. 1 de las actuaciones administrativas n° 12039-1297-2007 obra el Acta de Denuncia N° 347 labrada el 2/6/2004 con relación al D.I.T. N° 02 001 IT14 006307 A, documentada por FILTROS MAN S.A., con vencimiento 9/11/2003, por presunta infracción a los arts. 970 y 972 del C.A. A fs. 3 obra la citación y notificación a la firma FILTROS MANN S.A. con fecha 22/4/2004. A fs. 4 se glosa la carpeta del citado D.I.T oficializado el 13/11/2002.A fs. 5 obra consulta declaración detallada. A fs. 11 obra liquidación de tributos. A fs. 13 con fecha 17 de diciembre de 2008, se instruye sumario. A fs. 14 obra la determinación de tributos y multa. A fs. 16 obra consulta de presupuesto general. A fs. 17 obra consulta de garantía global o unitaria. A fs. 18/19 obra consulta de empresas activas. A fs. 20 con fecha 13 de marzo de 2013, se corre vista de todo lo actuado a la importadora MANN + HUEMMEL ARGENTINA S.A.. y se cita a la FIRMA ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A., en su carácter de garante de la obligación tributaria respecto del D.I.T. N° 02 001 IT14 006307-A. A fs 21/29 obra consulta de sistema de registro. A fs. 32/34 obran las cédulas de notificación de la corrida de vista resultando notificada la importadora por memorándum de fecha 19/4/13 el día 29/4/13 y la firma aseguradora en fecha 25/4/13. A fs. 35/39 y vta. contesta la vista conferida a la ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. A fs.43 se declara rebelde a la firma importadora MANN + HUMMEL ARGENTINA S.A. A fs. 47/49 obra registro de infractores. A fs. 49/5 y vta. obra la Resolución DE PRLA N° 8273 dictada el 22/11/2013, apelada en la especie por la firma aseguradora.
Primera cuestión VI.- Corresponde examinar el agravio esgrimido por la actora respecto a la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos.
Encuentro que la interrupción o suspensión del curso de la prescripción opera en los casos en que se notifica el auto de apertura del sumario. Ello así, como sostuve in re: “EX2019-91486944-APN-SGASAD#TFN, AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. c/ DGA s/ apelación”; EX-2019-
97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/ DGA s/ apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, entre otras y máxime que no se trata de un acto de mero trámite, sino que es un acto administrativo interlocutorio, tanto es así que mis distinguidos colegas de sala han propiciado en otros precedentes la declaración de invalidez cuando su dictado no resultó precedido del cumplimiento de los requisitos esenciales (En tal sentido, "Vicente Luciano e Hijos SRL", expte N° 35.700-A, del 19/9/19; "Henkel Argentina S.A.", expte N° 35.406-A, del 10/10/19; "Algodonera Avellaneda S.A.", expte N° 35.593-A, del 2/10/19, Sala "F", entre otras).
La circunstancia de que el artículo 805 inc. a)- aplicable al caso- establezca que el curso de la prescripción se interrumpe por el mero dictado del auto por el cual se ordena la apertura del sumario, no autoriza sin más a acordar a ese acto administrativo efectos jurídicos con prescindencia de la debida notificación en contraposición con el principio general establecido en el artículo 11 de la Ley 19.549. Ello así, a poco que se advierta que es propio de la interpretación de las leyes indagar su verdadero sentido y alcance mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, teniendo en cuenta su conexión con las demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, con el que deben armonizar del modo que mejor concuerden con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos 297:142; 299:93, 301:460; 302:1600, 314:1445, 1717 y 1784, entre muchos otros). Es que, jurídicamente no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y cuando esta forma - como es el caso de la notificación- aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez".
Con arreglo a lo dicho y en relación con el caso que nos convoca, entiendo que el auto de apertura del sumario dictado el 17/12/2008 (ver fs. 13 del expte. adm.) debe reputarse incompleto, en tanto no se advierte, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de la notificación del mismo a la actora en tanto esta notificación constituye una exigencia impuesta por la ley cuyo incumplimiento afecta la validez misma del acto.
En virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805, inc. a), del C.A.
Habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2004 -en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 9/11/2003, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2008 (cfme. arts. 803, 804 y 805 del C.A.), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución DE PRLA n° 8273/13, aquí apelada, dictada el 22/11/13 (ver fs. 49/52 y vta. de las act.). En virtud de ello, corresponde a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos respecto al DIT n° 02 001 IT14 006307 A.
El Dr. Garbarino dijo:
Que la cuestión prescriptiva debatida en la litis encuentra adecuada respuesta en los votos emitidos por el suscripto in re “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, expediente n° 35.294-A; al que se encuentra acumulado el que lleva número 35.363-A, caratulado “DANCAN S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, que tramitaran por ante la Vocalía de la 18° Nominación y que resultan – en ese aspecto- sustancialmente análogas a la presente, por lo que corresponde remitirse a dichos argumentos, por razones de brevedad y economía procesal, en toda su extensión. ASI LO VOTO.
El Dr. Gonzalez Palazzo dijo:
Adhiere a lo propuesto por el Dr. Garbarino en tanto entiende que corresponde rechazar el planteo de prescripción de las acciones del fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT N ° 02 001 IT14 006307 A En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Rechazar el planteo de prescripción de las acciones del fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT n°N ° 02 001 IT14 006307 A.
Segunda Cuestión I.- Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “F”, corresponde analizar si en el presente caso se ha configurado la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. y, en lo que hace al caso en cuestión, si resulta ajustada a derecho la exigencia tributaria respecto de la aquí actora ASEGURADORA DE CAUCIONES S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS.
II. No se encuentra controvertido en autos que mediante la destinación 02 001 IT14 006307 A, oficializada el 13/11/02 ante la Aduana de Buenos Aires (Capital), la firma MANN + HUMMEL ARGENTINA S.A continuadora de FILTROS MANN S.A. documentó mediante el ITEM 1 la importación temporaria de 42.240,00 unidades de centrifugadoras, incluidas las secadoras centrifugas; aparatos de filtrar o depurar líquidos o gases, P.A 8421.99.90.000D, ello en los términos del decreto 1439/96, operando el vencimiento del plazo de permanencia 9/11/03, según surge de la carpeta contenedora del DIT obrante a fs. 4 de las actuaciones administrativas.
Al no existir constancias del cumplimiento de la obligación contraída al efectuar la importación temporaria, el servicio aduanero consideró incumplida la obligación de reexportar la totalidad de la mercadería y dispuso la instrucción de sumario administrativo, cuyo trámite concluyó con el dictado del fallo aquí apelado, por el que se condenó al importador al pago de una multa y le formuló cargo por los tributos adeudados, los que también son reclamados a la firma aseguradora, en su carácter de garante de la obligación tributaria. Dicho pronunciamiento sólo fue recurrido por la aseguradora, a través del recurso que nos ocupa.
Cabe señalar que la no regularización en término de la mercadería ingresada temporariamente configura, prima facie, el ilícito previsto y penado por el art. 970 del C.A.
Se destaca, así, que no se trata de una interpretación aduanera, sino que el requisito de reexportación en término está expresamente previsto en la norma y ello por cuanto el legislador, al regular el instituto de la importación temporaria, expresamente consideró que se trataba de un régimen en el que la mercadería quedaba sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla con anterioridad al vencimiento del plazo acordado (art. 250 del C.A.).
Además de la sanción prevista en el art. 970 del C.A., que prevé una multa en cabeza del importador, deben abonarse los gravámenes que gravan la importación para consumo de la mercadería no exportada, de conformidad con lo establecido en el art. 274, ap. 1, inc. a), y ap. 2, siendo responsables de su pago el importador y su garante. Atento a lo actuado y lo manifestado ut supra, no surge en las actuaciones administrativas ni en esta instancia ningún tipo de documentación que contraríe lo resuelto por el servicio aduanero quedando configurada la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A.
Cabe señalar que el importador de la mercadería bajo el régimen de importación temporaria garantizó el pago de tributos, exigibles como consecuencia de su eventual incumplimiento, conforme lo previsto en el art. 453, inc. c), del C.A., que prevé que el seguro debe cubrir los “eventuales” tributos que correspondieren para la importación para consumo y utilizó a ese fin el “seguro de caución” contemplado en el art. 455 del C.A., que obra a fs. 66 y vta. El seguro de caución es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado). Así, lo que se busca con este tipo de seguro es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549).
La Aduana ha determinado e intimado al pago de los tributos adeudados como consecuencia de que, al vencimiento del plazo de la destinación suspensiva de importación temporaria (9/11/2003), no se probó la regularización de la mercadería involucrada. La responsabilidad de la aseguradora por el pago de los tributos adeudados es consecuencia inmediata del incumplimiento del tomador del seguro y la falta de pago por parte del mismo, tal como ha sido expresamente asumido a través de la garantía o seguro de caución oportunamente otorgado.
III. La actora cuestiona los rubros contenidos en la liquidación en concepto de tributos que debe abonar en su carácter de garante de la operación temporaria que nos ocupa.
Por la resolución aquí apelada se intimó a la recurrente al pago de una suma en concepto de tributos, correspondientes a la operación de importación temporaria documentada mediante el DIT de marras que incluyó entre otros, los concepto de Derecho Adicional decreto 1439/96, IVA, IVA adicional y Ganancias. Sobre el tema, debe señalarse la reciente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA SA c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
IV. Asimismo, corresponde que me expida sobre la incorporación en la misma del derecho adicional, que fuera reclamado en la liquidación practicada en las actuaciones administrativas y del cual la aquí actora se ha agraviado.
Al respecto, corresponde revocar el derecho adicional por aplicación al caso de autos del fallo recaído in re “IEF LATINOAMERICANA SA (TF 16.912-A) c/DGA”, del 14/8/13, en el que aplica y remite en lo pertinente a las consideraciones y criterio establecido en la causa “FRISHER SRL (TF 16.236-A) c/DGA”, también del 14/8/13, en la que revocó la exigencia del derecho adicional previsto en el art. 15 de la res. ME 72/92, limitando el pago a los casos en que se solicita la importación para consumo regular de las mercaderías importadas temporariamente.
V. Como consecuencia de todo lo expuesto, cabe modificar la exigencia tributaria de fs. 14 de las actuaciones administrativas, conforme se detalla a continuación ITEM 1 Valor en aduana de la mercadería no regularizada: u$s 21.083,95 Derecho de importación (14%) u$s 2951,73 Tasa Estadística (0%) u$s 0 Base imponible I.V.A.: u$s 24035,68 I.V.A. (21%) u$s 5047,49 Total tributos adeudados: u$s 7999,22 más intereses VI.- En consecuencia, el importe de los tributos determinados en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A. ascienden a la suma de u$s 7999,22, todo ello sin perjuicio de los intereses devengados sobre dichos rubros, hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A. En cuanto a la responsabilidad de la aquí actora, es menester subrayar que no se encuentra controvertido que mediante la póliza de caución n° 759715, acompañadas por la DGA a fs. 44/45 de los presentes actuados, la aquí apelante aseguró a la Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General de Aduanas- el pago en efectivo de hasta la suma máxima de OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS. ($ 81.566.64) con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del C.A como consecuencia de la operación de importación temporaria documentada mediante el D.I.T 01 001 IT14 006307 A.
En consecuencia, el importe que podrá exigirse a ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. es el monto máximo garantizado mediante la póliza número 759715; o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados de SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON VEINTIDOS CENTAVOS DE DOLARES (u$s 7.999,22), convertidos al tipo de cambio anterior al de la fecha de pago, si este último resultare inferior. Todo ello, con más los intereses del art. 794 del C.A.
En dicho entendimiento, la aquí recurrente, en virtud de la garantía otorgada, responde por todos los tributos adeudados por la importadora que gravaban la importación para consumo de la mercadería al tiempo de producirse el siniestro, esto es, al tiempo de la infracción (art.274). El tope está dado por el monto de la garantía.
VII. Cabe señalar, tal como ya se ha dicho, que la obligación de la aseguradora comprende también los intereses que adeude el importador desde que comenzaron a devengarse.
Los accesorios comprometidos en la póliza son los intereses resarcitorios devengados desde la fecha de vencimiento del plazo de diez días, contado desde la notificación del acto por el cual se liquidaron los tributos, conforme surge de aplicar lo dispuesto por el art. 794 del C.A.
En el caso, los intereses comenzaron a devengarse desde el vencimiento del plazo de diez días, contado desde el 25/4/2013, vale decir, desde el 13/5/2013, siendo aquella la fecha en que la aseguradora se notificó de la corrida de vista del sumario, conforme surge de la constancia obrante a fs. 32 vta. de los antecedentes administrativos.
VIII. Finalmente, en cuanto a la imposición de costas, corresponde aclarar que, respecto de los rubros de derechos de importación, tasa de estadística, derecho adicional e IVA, corresponde imponerlas según sus vencimientos, las que se estiman en un 39% a cargo de la actora y en un 61% a cargo del fisco.
Por su parte, respecto de los rubros de IVA adicional y adelanto de ganancias, teniendo en consideración lo novedoso del fallo de la Corte Suprema “CLADD ITA S.A. c/ EN–DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, corresponde imponerlas por su orden. Por lo expuesto, voto por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 008273/13, recaída en el expediente administrativo EAAA n° 12039-1297-2007, declarando que la obligación tributaria emergente del DIT en cuestión, asciende a la suma de SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES CON VEINTIDOS CENTAVOS (u$s 7999,22) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A. Todo ello más los intereses devengados desde el 13/5/2013 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2. Declarar que el monto que se le puede exigir a la actora es el de OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS. ($ 81.566.64) -monto asegurado mediante la póliza n ° 759715- o el importe de los tributos, si este último resultare menor. Ello con más los intereses devengados desde el 27/11/14, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
3-. Costas por su orden en relación a los rubros de IVA Adicional y Ganancias. Con respecto a los demás rubros, costas conforme los mutuos vencimientos las que se estiman en un 39% a cargo de la actora y en un 61% a cargo de la demandada.
4. Declarado que sea por el letrado de la actora su número de C.U.I.T. y su situación personal frente al I.V.A. se regularán sus honorarios.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que adhiero, en lo sustancial, al voto del Vocal preopinante.
No obstante, corresponde dejar sentado que en la especie la solución que se adopta en relación a la exclusión del Derecho Adicional de Importación resulta de conformidad a los fundamentos que expuse en la sentencia dictada en los autos “La Mercantil Andina Compañía de Seguros S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, Expediente Nº 23.469-A, Sala “E”, sentencia de fecha 31/07/12, en donde declarara la inconstitucionalidad de dicho derecho Adicional y a los cuales me remito en mérito a la brevedad, toda vez que el decreto 1439/96 resulta insanablemente nulo por oponerse al principio de legalidad que rige en materia tributaria y al claro precepto del art. 99, inc. 3), de la Constitución Nacional, y que, por ende, se encuentra privado de todo efecto jurídico, en tanto emana de un Poder del Estado incompetente para establecer tributos, en palmaria violación a la Ley Fundamental.
En efecto, este Tribunal Fiscal ostenta plenas facultades para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y reglamentaciones tributarias aduaneras, toda vez que el principio de supremacía constitucional contemplado en el art. 31 de nuestra Carta Magna le plantea el desafío imperativo de desplazar la prohibición del art. 1164 del Código Aduanero, por ser contrario a nuestra Ley Fundamental (en el mismo sentido vide Spisso, Rodolfo: "Acciones y Recursos en materia tributaria", de. Lexis Nexis, segunda edición, pág. 35), siendo que una interpretación en sentido contrario sólo puede fundarse en una exégesis irrazonable de la norma, que no armoniza con los principios enumerados, toda vez que se le estaría otorgando una indebida preeminencia a lo dispuesto en el texto aduanero por sobre los postulados de la Convención Americana de Derechos Humanos, dejándola parcialmente inoperante, lo que resulta contradictorio con el orden jurídico, tanto convencional como constitucional.-
Por lo tanto, no cabe más que concluir en que el Tribunal Fiscal de la Nación no puede estar impedido de declarar la inconstitucionalidad, antes bien, está obligado a ello (confr. Giuliani Fonrouge, Carlos M.: "Derecho Financiero", 4ta. Edición, págs. 833/834); por lo que corresponde remover los obstáculos legales que impiden tal decisión, en virtud de que el artículo 1164 del Código Aduanero deviene inconstitucional, por resultar violatorio del art. 18 de la Constitución Nacional y de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto resguardan el derecho fundamental a la tutela administrativa y judicial efectiva (arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. a) y b), y 14 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).-
Admitir lo contrario implicaría, en definitiva, conculcar la vigencia y progresividad del principio de la tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria (aduanera), que se encuentra contemplado tanto en diversos tratados internacionales que ostentan, conforme fuera señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos 315:1492, jerarquía supralegal (art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 2, numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros), como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (“Caso de la Panel Blanca” – Paniagua Morales vs. Guatemala –, consid. 149 y ss., del 08/03/98; “Caso del Tribunal Constitucional del Perú” – Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú –, consid. 66 y ss., del 31/01/01; “Baena Ricardo y otros c/ Panamá”, consid. 129 y ss., del 02/02/01; “Ivcher Bronstein c/ Perú”, consid. 100 y ss., del 06/02/01; “Gelman c/ Uruguay”, consid. 193, del 24/02/11), que deviene vinculante – conf. art. 68 de la C.A.D.H. – para los distintos poderes del Estado Nacional.
ASI TAMBIEN LO VOTO.-
El Dr. Christian M. Gonzalez Palazzo dijo:
Adhiere a la solución propuesta por el Dr. Licht.
De conformidad con el acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 008273/13, recaída en el expediente administrativo EAAA n° 12039-1297-2007, declarando que la obligación tributaria emergente del DIT en cuestión, asciende a la suma de SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES CON VEINTIDOS CENTAVOS (u$s 7999,22) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A. Todo ello más los intereses devengados desde el 13/5/2013 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2. Declarar que el monto que se le puede exigir a la actora es el de OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS. ($ 81.566.64) -monto asegurado mediante la póliza n ° 759715- o el importe de los tributos, si este último resultare menor. Ello con más los intereses devengados desde el 27/11/14, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
3-. Costas por su orden en relación a los rubros de IVA Adicional y Ganancias. Con respecto a los demás rubros, costas conforme los mutuos vencimientos las que se estiman en un 39% a cargo de la actora y en un 61% a cargo de la demandada.
4. Declarado que sea por el letrado de la actora su número de C.U.I.T. y su situación personal frente al I.V.A. se regularán sus honorarios.
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Miguel Nathan Licht (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2022.02.04 19:07:40 -03:00 Date: 2022.02.07 15:20:53 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.02.07 15:54:04 -03:00 Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.07 15:54:05 -03:00
Fin de la sentencia