Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 39.633-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de lo actuado a continuación del auto de instrucción de sumario de fs. 7 de la actuación administrativa 12197-1097-2013 comprendiendo todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia, incluyendo, asimismo la Resolución DE PRLA N° 7233/2018, apelada en autos, con costas al Fisco.
2Ordenar a la D.G.A. que proceda a notificar la corrida de vista dispuesta en el art. 1101 del C.A. y prosiga con la tramitación del sumario infraccional, con los alcances de lo dispuesto en el considerando precedente y emita resolución velando por el cumplimiento de la garantía constitucional de obtener un pronunciamiento en un plazo razonable.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-101455878-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 23 de Septiembre de 2022 S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación, expediente nº 39.633-A;
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y Dra. Cora M. Musso, a fin de resolver en los autos caratulados “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación, expediente nº 39.633-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que a fs. 7/12 vta., se presenta, por apoderado, la firma aseguradora e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nº 7233/2018, recaída en el expediente administrativo Actuación nº 12197-1097-2013, por la que se formuló cargo en concepto de tributos adeudados y se dispuso archivar las actuaciones en los términos de la Instrucción General 9/17 (D.G.A.), todo ello en relación a la destinación 07 001 IT14 004326 E, garantida mediante la póliza electrónica nº 942087. Se refiere a los antecedentes de la causa. Alega la prescripción de la acción del Fisco y formula cuestionamientos a la sustanciación del sumario de referencia incorporando planteos respecto de la afectación al derecho de defensa, la determinación tributaria, su alcance y rubros, como así también la incompetencia de la D.G.A. para expedirse sobre las percepciones y el I.V.A. Opone el límite de responsabilidad de la aseguradora al monto de la póliza otorgada y cuestiona la tasa de interés aplicada. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se resuelva conforme los planteos formulados.
II. Que a fs. 20/25 vta., se presenta la representación fiscal, contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Se refiere a los hechos y antecedentes que la motivaron. Realiza consideraciones respecto de los planteos de exigencia inválida, prescripción, incompetencia de la D.G.A., determinación tributaria, la tasa de interés, el régimen de importación temporaria, el contrato de seguro y las obligaciones que surgen del mismo. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se rechace la excepción de prescripción y la apelación interpuesta, con costas.
III. Que las pruebas ofrecidas por las partes consistieron en las constancias del expediente administrativo Actuaciones 12197-1097-2013 las que obran agregadas por cuerda a estos autos, en un total de 19 fojas y el original de la impresión del Formulario Afip nº 870 de la póliza electrónica nº 942087 obrante a fs. 10.
A fs.27 se declara la causa de puro derecho, a fs. 27 vta. se elevan los autos a la Sala “F”. A fs. 30 los autos quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Que de la compulsa del expediente administrativo nº 12197-1097-2013, surge que, a fs. 1 obra el Acta de Denuncia, de fecha 5/03/2013 respecto de la destinación 07 001 IT14 004326 E, por la infracción a lo preceptuado en el art. 970 del C.A. cuyo vencimiento operó el 13/06/2008. A fs. 2 se agrega el sobre contenedor de la destinación mencionada. A fs. 4 obra nota nº 1396/2013 de la Sección Procedimientos Técnicos de la División Registro de Importación. A fs. 7 se dispone la instrucción del sumario de fecha 18/10/2013 y a fs. 7 vta. se produce el giro para su tramitación, con fecha 18/10/2017. A fs. 8 se determina la base de tributos y multa del art. 970 del C.A. A fs. 9 se agrega la impresión de pantalla de la garantía A fs. 10 se agrega el Formulario 870 Afip que contiene la póliza electrónica n° 942087. A fs. 12 se informa la no existencia de antecedentes registrados computables de la importadora. A fs. 13/13 vta. obra la Resolución del DE PRLA nº 7233/2018 del 4/10/2018, mediante la cual se dispone archivar las actuaciones en los términos de la Instrucción General 9/17 (D.G.A.) y formula cargo a la firma y a la garante de la operación en concepto de tributos adeudados, percepción de IVA Adicional y de Impuesto a las Ganancias. Dicha Resolución es notificada a la firma aseguradora mediante SICNEA 18001NOTI053348B de fecha 11/10/2018 cuya copia obra a fs. 15.
V. Que, sentado lo precedente, corresponde resolver a este Tribunal los planteos de nulidad y prescripción, invocados por la actora en su presentación.
Que tal como fue mencionado en el considerando precedente, las actuaciones administrativas se iniciaron por la denuncia realizada por el servicio aduanero por presunta infracción al art. 970 del C.A. Practicada la liquidación de tributos y multa, el 4/10/2018 se dicta la resolución definitiva apelada en autos, conforme la cual, tal como se dijo en el considerando precedente, se dispone archivar el sumario en los términos de la I.G. 9/17, formular cargo en concepto de tributos adeudados en concepto de derechos de importación e ingresar el antecedente al registro de sumarios. Para poder comprender la decisión adoptada por la administración y analizar, consecuentemente, si la misma es ajustada a derecho, considero necesario examinar cada uno de los puntos decididos.
En cuanto al artículo 1 del citado resolutorio, se decidió archivar las actuaciones en los términos de la IG 9/17 de la D.G.A., la que tuvo su origen en lqa IG n| 1/98, reformulada por la IG n| 2/07.
Las instrucciones mencionadas tuvieron como finalidad evitar el dispendio innecesario de recursos materiales y humanos de la administración, disponiendo el archivo de las actuaciones que puedan importar la aplicación de las sanciones por infracciones aduaneras, cuyos bajos montos tornaban antieconómico implementar o continuar medidas tendientes a lograr su cobro.
Para ello la administración determinó los casos comprendidos, dentro de los cuales se encontraban las denuncias por infracción al art. 970 del C.A., infracción cuestionada en el caso traído a conocimiento, estableció que el presunto infractor no debía tener antecedentes de casos archivados durante los últimos 12 meses anteriores a la presunta infracción, y se fijó el monto en concepto de la multa mínima, el cual no debía ser alcanzado para poder aplicar los términos de la instrucción. Mediante la Instrucción General 7/17 se fijó la suma de pesos treinta mil ($ 30.000).
Por su parte el artículo 3 de la resolución analizada dispuso formular cargo contra la importadora y la firma aseguradora de la operación aduanera en concepto de tributos adeudados.
En este orden de ideas tenemos un procedimiento que comenzó siendo infraccional y culminó con el archivo de las actuaciones motivado en el hecho de que la pena impuesta al presunto infractor, llámese la multa mínima, era inferior a los $ 30.000, exactamente $ 22.153,19 y la verificación de la inexistencia de antecedentes computables, como así también la formulación de un cargo por tributos adeudados. En tal sentido, el servicio aduanero consideró implícitamente el incumplimiento al régimen de importación temporaria, según lo previsto en el art. 274 del C.A.
VI. Que, el art. 1101 del C.A. establece que; “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el art. 1094, el Administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviera en su poder.”
Conforme lo receptado en los considerandos precedentes, dispuesta la instrucción del sumario, el servicio aduanero no consideró necesaria la intervención del presunto infractor en el procedimiento infraccional incoado, motivo por el cual éste no tuvo oportunidad alguna de presentar sus defensas y poder acompañar, en caso de corresponder, la documentación que acreditaría el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporaria. Como se puede observar la única notificación que se cursó a la aquí recurrente fue a mero efecto de poner en su conocimiento el dictado de la resolución apelada en autos, y exigir el pago de los tributos que el servicio aduanero consideró adeudados. Está claro que el juzgador omitió el cumplimiento con lo preceptuado por el art. 1101 del C.A. Otra de las normas que debe ser citada es el art. 1012 del C.A., el cual prevé que “Sin perjuicio de los actos cuya notificación estuviere expresamente prevista en los procedimientos regulados en este códido, deberán ser notificados: a) los actos administrativos de alcance individual que tuvieren carácter definitivo y los que, sin serlo, obstaren a la prosecución de los trámites… c) los que ordenaren emplazamientos, intimaciones, citaciones, vistas o traslados…” Es indiscutible que el servicio aduanero ha omitido en el caso de autos dar cumplimiento con los recaudos de procedimiento exigidos para las infracciones (arts. 1080 a 1117 del C.A.) omitiendo la corrida de vista a la importadora y la firma garante a fin de ejercer sus defensas.
Así el proceder del servicio aduanero afectó no sólo al derecho de defensa, sino también los más elementales principios del derecho procesal y del debido proceso (ver al respecto la Exposición de motivos del Código Aduanero Título I, Capítulo Primero, “Disposiciones comunes a todos los procedimientos ante el servicio aduanero”).
En consecuencia, no cabe duda que la omisión incurrida desnaturaliza el procedimiento y no puede considerarse cumplida únicamente con la notificación de la resolución apelada.
VII. Que en el marco de este análisis, otra de las cuestiones que no puede ser obviada es la naturaleza de la infracción. En tal sentido y tratándose de la investigación de un ilícito, previo a disponer el archivo del sumario con fundamento radicado en el bajo monto por el que hubiera prosperado la sanción –conforme los términos de la Instrucción General referida-, el servicio aduanero debía determinar fehacientemente la configuración de la infracción que fue imputada a la importadora, la que daba lugar a la aplicación de la multa y los tributos que se exigieron a la aseguradora en forma solidaria. Ello por cuanto la facultad de disponer el archivo de las actuaciones por parte del servicio aduanero cuando la infracción ha quedado acreditada y, en consecuencia se ha podido fijar el monto de la sanción correspondiente, dado que es la verificación de la infracción la que da lugar a la sanción y aplicación de la multa.
La multiplicidad de casos como el que aquí nos ocupa y la defensa sistémica esbozada por el Fisco, sentada centralmente, sobre la competencia que le es propia para el dictado de normas internas con un objetivo eminentemente práctico, merecen debida receptación en este voto, pues persiste una cuestión liminar que evidencia una confusión, pues la intencionalidad práctica migra hacia lo inconstitucionalmente inconveniente cuando su aplicación automática o irrazonada se planta de bruces con el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento definitivo respecto de su situación procesal.
Cuestionar la naturaleza penal de las infracciones es ir en contra de medio siglo de pacífica jurisprudencia en ese sentido. La aplicación supletoria del Código de Procedimientos en materia penal (más allá del error en la técnica legislativa aplicada en la redacción del art. 1017 al individualizarlo literalmente dejando en evidencia el paso del tiempo, pues desde la sanción del Código Aduanero, tres cuerpos normativos en la materia adjetiva –en esencia- se han sucedido hasta el actual Código Procesal Penal Federal).
Desde la incorporación del antiguo y derogado art. 195 del Código Levene, en el año 1992 se sucedieron hartas discusiones respecto a cuándo podía archivarse una causa, como una modalidad de finiquitar el proceso cuando no pudiere “procederse” en el sentido de “hasta que no se incorporasen nuevos elementos a la pesquisa que permitieran avanzar con la misma”. Claro está que muchos procesos quedaban “congelados” en el tiempo esperando en abarrotados anaqueles que un activo divino se produjera y así fundar el “desarchivo”.
Ahora bien, como suele suceder en nuestro sistema de justicia, una herramienta pensada para optimizar los recursos del Estado, dejando de lado una investigación momentáneamente para poder dedicarle el tiempo a otra que pueda resultar “ exitosa” a los fines de la pretensión del Juez o del titular de la vindicta pública, derivó en una serie de casos donde personas identificadas en un proceso e imputadas por comisión de un ilícito veían en ese archivo una suerte de hibernación de su derecho afectando la garantía de obtener un pronunciamiento definitivo a su respecto, en un plazo razonable.
Ya en vísperas del siglo XXI la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal con una prístina contundencia enseñó que: “... Existiendo personas imputadas de un delito perfectamente individualizadas, sólo cabe definir su situación procesal por sobreseimiento, procesamiento o falta de mérito, o en el inicio desestimando por inexistencia del delito...” (CNCrim. y Correccional, Sala I, del 16/10/97 causa n° 7653) dejando una premisa que se erige como columna vertebral del error en que incurre la Aduana al aplicar la Instrucción 9/17, a saber, mientras existe imputado identificado, persiste su derecho a que se resuelva definitivamente su situación procesal, postergarlo sin justificación es sencillamente, violar el debido proceso adjetivo.
No se cuestiona la competencia de Administración Federal para sancionar e imponer normas internas, claro está. Lo que no puede dejar de lado es que en ese orden está el destino de un derecho de un particular que declama certeza. Si razones de oportunidad ameritan aplicar criterios de disponibilidad de la acción, el marco normativo da suficiente respuesta en el mismo Código Aduanero –a través del principio de insignificancia- o en el mismo Código Procesal Penal Federal conforme lo normado en los arts. 30 inc. a) y 31 inc. a) conforme texto sancionado por la Ley 27.482, lo que no puede permitirse dejar en un estado de expectativa eterna la resolución de la situación procesal cual espada de Damocles respecto del ciudadano, cuyo derecho se encuentra amparado en nuestra Constitución y Tratados Internacionales que la conforman por aplicación de lo allí dispuesto, precisamente en el art. 75 inc. 22.
Lo dicho, entiendo, da cabal respuesta a un interrogante que se mantiene y no ha sido debidamente evacuado, más allá de que en casos como el de autos, en que se imputa una infracción en los términos del art. 970 del C.A., donde, previo a disponer el archivo del sumario con fundamento en el bajo monto por el que hubiera prosperado la sanción –conforme los términos de la instrucción general referida- el servicio aduanero debió determinar fehacientemente la configuración de la infracción imputada a la importadora, la que daba lugar a la aplicación de la pretendida multa y los tributos que se exigen a la aseguradora en el caso de autos y, en consecuencia, fijado el monto de la sanción.
Es la verificación de la configuración de la infracción la que da lugar al reproche y consecuentemente a la exigencia tributaria, amén de la suerte que siga la sanción penal a imponer.
Ello se condice con la lógica impresa al tipo de proceso que nos ocupa, ceñido a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero y que por una desacertada interpretación y aplicación de la IG en trato, bifurca su norte omitiendo la corrida de vista del art. 1101 del C.A., lo que torna nulos todos los actos procesales –a excepción de la instrucción del sumario- contenidas en la Resolución aquí recurrida, siendo que carecen del sustento legal y fáctico, ya que se basaron en una imputación que no sólo no fue comprobada, sino también, que fue dictada sin que el imputado pudiera participar en el proceso y defenderse.
Por lo que corresponde declarar la nulidad absoluta e insanable respecto de todo lo resuelto a continuación del auto por el cual se instruyó el sumario y la Resolución DE PRLA 7233/2018 en cuanto tiene implícitamente por configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
En consecuencia, la D.G.A. deberá proceder a notificar la corrida de vista en los términos del art. 1101 del C.A., quedando sin efecto todo lo dispuesto a continuación del art.1 de la Resolución apelada.
Las autoridades competentes deberían analizar la conveniencia del modus en que sistemáticamente aplican la normativa que habilita el “archivo” (que no extingue la acción penal). Ello dado que se verifica en esta Sala un cúmulo de casos sustancialmente análogos al aquí analizado, con el mismo resultado adverso al interés del Fisco. Ello se traduce en un atentado a la pretendida celeridad y economía ante la condena en costas, aumento de la litigiosidad y demora en la sustanciación de los procesos que, ante las nulidades decretadas, deben volver a la sede aduanera para continuar con su tramitación Por ello VOTO POR:
1. Declarar la nulidad de lo actuado a continuación del auto de instrucción de sumario de fs. 7 de la actuación administrativa n° 12197-1097-2013, comprendiendo todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia incluyendo, asimismo, la Resolución DE PRLA N° 7233/2018 apelada en autos, con costas al Fisco.
2. Ordenar a la D.G.A. que proceda a notificar la corrida de vista dispuesta en el art. 1101 del C.A. y prosiga con la tramitación del sumario infraccional, con los alcances de lo dispuesto en el considerando precedente y emita resolución velando por el cumplimiento de la garantía constitucional de obtener un pronunciamiento en un plazo razonable. Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
1. Que adhiero, en lo sustancial, al voto del Juez preopinante, con expresa excepción de lo señalado en el Considerando VII -en relación al archivo del trámite de la presunta infracción al artículo 970 del Código Aduanero, dispuesto por el servicio aduanero en los términos de la Instrucción General Nro. 11/16 (DGA), modificatoria de la I.G. 02/2007 (DGA) y su ampliatoria I.G. 02/2008 (DGA)-, en tanto no ha sido materia concreta de agravio y lo resuelto en tal sentido por la Administración no causa ningún perjuicio a la firma recurrente; como así también respecto a lo decidido en el Pto. II de la parte resolutoria, en cuanto ordena proseguir con la tramitación del sumario infraccional sin distinción de sujetos ni de conceptos involucrados en el mismo.
2. Que, en tal sentido, en cuanto al archivo del trámite de la presunta infracción objeto de autos corresponde recordar que de acuerdo a la opinión esbozada por el suscripto en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.840-A., del 2/12/2013 y “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.553-A., del 3/12/2013, entre muchos otros, acerca de las potestades y límites jurisdiccionales de la Administración al momento de instruir los procedimientos infraccionales, la DGA carece de facultades para aplicar penas de este tipo, atento la singular naturaleza jurídica de la hipotética sanción debatida en la litis (multa), de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros), aunque en el caso se tratara de infracciones y no de delitos, por lo que todo tipo de multa debiera ser impuesta por este Tribunal Fiscal (o, en su caso, por la Justicia Federal).
En consecuencia, toda condena debiera ser fijada por el Tribunal Fiscal de la Nación y no por la Administración, en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, resultando dicho efecto compatible con los demás derechos fundamentales, al preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
3. Que, asimismo, cabe destacar que in re “NUTRIBAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, Expediente Nro. 36.507-A, del 6 de marzo de 2020, el suscripto declaró, en disidencia, la inconstitucionalidad del art. 1112, apartado a), del Código Aduanero, en cuanto faculta a la Dirección General de Aduanas a condenar a los administrados mediante la aplicación de sanciones de naturaleza penal.
No obstante, en dichos pronunciamientos se puntualizó expresamente que el ejercicio de facultades jurisdiccionales en materia penal por parte de la Administración debía quedar limitado a una labor de investigación sumarial en la faz instructora, aunque jamás decisoria.
4. Que, en tal orden de ideas, dentro de dichas facultades instructoras, que le acuerda tanto el Decreto Nro. 618/97 como la ley 22.415 y las normas dictadas en consecuencia, se encuentra la de desestimar la denuncia cuando no fuere verosímil, careciere de seriedad o bien cuando los hechos investigados no configuraren una infracción aduanera (confr. art. 1090, inc. b), del C.A.); como así también la de establecer con carácter general los límites para disponer el “archivo” de los casos de fiscalización, determinación de oficio, liquidación de deudas en gestión administrativa o judicial, aplicación de sanciones u otros conceptos o procedimientos a cargo del organismo, que en razón de su bajo monto o incobrabilidad no impliquen créditos de cierta, oportuna y económica concreción, en especial cuando esa decisión no causa agravio al particular, como sucede en el sub exámine, ni afecta el control aduanero (confr. Sala “F” de este Tribunal in re “DENSO MANUFACTURING ARGENTINA S.A.” -EXPTE. 2020-373800/76- del 17/11/2021, voto del Dr. Garbarino).
5. Que, en efecto, la Instrucción General Nro. 11/16 (DGA), modificatoria de la I.G. 02/2007 (DGA) y su ampliatoria I.G. 02/2008 (DGA) dispuso que los -mal denominados- jueces administrativos a cargo de las distintas áreas -previa evaluación de cada caso- dispondrán el archivo de las actuaciones que pueda importar la aplicación de sanciones por infracciones aduaneras, cuyos bajos montos tornen antieconómico implementar o continuar medidas tendientes a lograr su cobro con los alcances que se determinan.
Y, entre la referidas sanciones, se incluyó expresamente las denuncias por infracción al art. 970 de la ley 22.41, cuando el importe de la multa mínima no alcanzara la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000), siempre que el presunto infractor no tuviere registrado antecedentes de casos archivados, por el tipo infraccional citado dentro de los últimos doce (12) meses inmediatos anteriores a la fecha de la presunta infracción, que en conjunto superen el monto aludido (confr. Instrucción General Nro. 9/2017 de la DGA).
6. Que, por lo demás, no debe olvidarse que al tratarse de un procedimiento por infracciones (Sección XIV, Título II, Capítulo III, del Código Aduanero), resultan aplicables supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal (hoy Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063), según lo dispone expresamente el inc. 2, del artículo 1.017 de la ley 22.415 y la doctrina de Fallos 332:1109 -voto del Dr. Zaffaroni-, entre muchos otros.
En tales condiciones, la citada normativa de aplicación supletoria ahora contempla el denominado “principio de oportunidad” o de la disponibilidad de la acción por parte del Ministerio Público Fiscal, que es regulada en los siguientes artículos: el criterio de oportunidad (art. 31), conversión de la acción (art. 33), conciliación (art. 34) y suspensión del proceso a prueba (art. 35), siendo que todos los referidos institutos figuran ahora en el código sustantivo en los artículos 59 inc. 5), 6) y 7) y art. 73 párr. 2º, que se incluyeron con posterioridad a la sanción del catálogo procesal nacional y constituyen un elenco “mínimo” de garantías que corresponde incorporar al procedimiento aduanero sancionador. Por ende, uno de los criterios de oportunidad que posibilitan la disponibilidad de la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal es aquél que hace referencia a la “Insignificancia del hecho”, debiendo interpretarse que se trata de hechos de mínima importancia, que no poseen la entidad suficiente como para poner en peligro ni lesionar el bien jurídico tutelado ni tampoco el interés público, siendo que este principio, con los matices y dentro de los límites propios de la materia aduanera, puede ser aplicado por la Dirección General de Aduanas al momento de instruir casos como el presente, a través de la aplicación de normas reglamentarias que recepten su hermenéutica y siempre que no resulten incompatibles con las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto resguardan el derecho fundamental a la tutela administrativa y judicial efectiva (arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. a) y b), y 14 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
7. Que, por último, corresponde aclarar que en la especie la parte recurrente es la compañía aseguradora que había garantizado la operación en trato, la que no resulta pasible, en virtud de los principios de culpabilidad y de personalidad de la pena, de ningún tipo de reproche infraccional (sólo del tributario), en tanto sólo a la firma importadora Alpesca S.A., a partir del análisis y mérito de su conducta, se le puede imponer tanto la sanción penal (multa) como la formulación de un cargo aduanero por los tributos presuntamente adeudados al Estado Nacional.
Por lo tanto, y en virtud de las razones esgrimidas en los Considerandos que anteceden, resulta ajustado a derecho declarar la nulidad del artículo 3° de la Resolución DE PRLA Nro. 7233/18, apelada en autos, y ordenar a la DGA que proceda a notificar la corrida de vista dispuesta en el artículo 1101 del Código Aduanero, prosiga con la tramitación del sumario infraccional solamente en relación al cargo tributario y emita resolución velando por el cumplimiento de la garantía convencional de obtener un pronunciamiento en un plazo razonable. ASI LO VOTO.-
La Dra. Musso dijo:
Que adhiero al punto I del voto del Dr. González Palazzo.
Que visto lo precedente, POR MAYORIA SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad de lo actuado a continuación del auto de instrucción de sumario de fs. 7 de la actuación administrativa 12197-1097-2013 comprendiendo todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia, incluyendo, asimismo la Resolución DE PRLA N° 7233/2018, apelada en autos, con costas al Fisco.
2. Ordenar a la D.G.A. que proceda a notificar la corrida de vista dispuesta en el art. 1101 del C.A. y prosiga con la tramitación del sumario infraccional, con los alcances de lo dispuesto en el considerando precedente y emita resolución velando por el cumplimiento de la garantía constitucional de obtener un pronunciamiento en un plazo razonable.
Regístrese y notifíquese. Firme que queda la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2022.09.21 11:21:38 -03:00 Date: 2022.09.22 09:16:55 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Cora Marcela Musso Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.23 16:27:55 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.23 16:27:56 -03:00
Fin de la sentencia