Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 12827726-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 7457/2025 “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA Y ACUM
(TF 12827726-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 29 de abril de 2025.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, el 4/9/24, el Tribunal Fiscal de la Nación: (i) declaró la nulidad de la resolución DE PRLA 6932/18, dictada en la actuación SIGEA 12197-6779-2009 en cuanto había intimado a las actoras al pago de tributos con relación a la destinación de importación temporaria 07 001 IT1400 2373E; e (ii) impuso las costas al Fisco Nacional (v. pp. 209-214, de la versión digital del expte. TF 12827726-A, remitida con el oficio del 26/3/25).
Para resolver como lo hizo, recordó que la causa se había iniciado por la supuesta comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero con relación a la aludida operación, cuyo vencimiento había operado 29/3/08. Mencionó que la resolución DE PRLA 6932/18 había aplicado la instrucción general DGA 9/17 y archivado la denuncia infraccional debido a la escasa significación de la sanción determinada, sin perjuicio de lo cual formuló cargo por los tributos adeudados a la importadora y su garante; lo que, a su entender, supuso tener por configurado el incumplimiento al régimen de importación temporaria. Sostuvo que tal proceder había afectado insanablemente el derecho de defensa de las recurrentes, puesto que nunca se dictó el acto de corrida de vista del sumario, sino que directamente les fue comunicado el fallo condenatorio, sin haber tenido oportunidad de demostrar la regularización de la situación de la mercadería. Por consiguiente, admitió el planteo de nulidad por vicios esenciales en el procedimiento que ésta había efectuado en los términos del artículo 14 de la ley 19.549, y dejó sin efecto la exigencia tributaria.
2. Que, disconforme, el Fisco Nacional interpuso apelación el 21/10/24, que se concedió el 22/10/24, se fundó el 11/11/24 y fue contestado el 19/11/24 y el 6/12/24 (pp. 227, 232, 243-252, 267/269 y 278/289 expte. cit.).
Planteó que era un error interpretar que la resolución DE PRLA 6932/18 había tenido tácitamente por configurada la infracción al artículo 970 del Código Aduanero, pues únicamente ordenó el archivo del sumario; es decir, la clausura de la investigación. Agregó que no era una condición necesaria para el nacimiento de la obligación tributaria la existencia previa de una infracción aduanera y que, en el caso, se había planteado desde un primer momento la distinción entre la esfera de responsabilidad infraccional (por la que correspondía la aplicación de sanciones) y la de responsabilidad tributaria (por la que se origina la formulación del cargo). Precisó que el cargo apelado era una liquidación de tributos con sustento en la configuración 1 del hecho imponible previsto por el legislador (la importación para consumo) y que, a los fines de probar su improcedencia, hubiera correspondido que las contrarias iniciaran un procedimiento de impugnación. Sobre esa base, también cuestionó la pretendida aplicación de lo dispuesto por el artículo 1101 del citado cuerpo normativo.
3. Que, por otra parte, el 29/10/24, se regularon los honorarios de la representación letrada de la coactora Expofrut Argentina SA; los que fueron apelados por bajos y por altos el 12/11/24. Ambos recursos se concedieron el 15/11/24 (pp. 237-238, 259-261, 263 y 265, expte. cit.).
4. Que, como adecuadamente lo señaló el Tribunal Fiscal de la Nación, la resolución DE PRLA 6932/18 fue dictada en el marco de la actuación SIGEA 12197- 6779-2009, iniciada contra Exprofrut Argentina SA con respecto a la destinación 07 001 IT1400 2373E, por presunta infracción al artículo 970 del Código Aduanero (v. auto de instrucción sumarial y considerandos de la citada resolución, en las págs. 128 y 136 del expte. citado). Es decir que el cargo contenido en el artículo 3º de aquélla debe entenderse formulado en el marco de un procedimiento para las infracciones que culminó con una resolución condenatoria al pago de tributos, aunque absolutoria en el aspecto infraccional (arg. art. 1112, incs. a y b, CA).
De manera que la liquidación de tributos allí contenida, en tanto recaída en un procedimiento para las infracciones, no era impugnable en sede aduanera y por el procedimiento reglado del artículo 1053, inciso a, del código, como sugiere el recurrente.
Por otro lado, no se discute que se arribó a esa solución porque el importe de la multa no alcanzaba el mínimo previsto por la instrucción general DGA 9/17, pero sin dar previa intervención al incriminado ni a su garante para que acreditasen los hechos que servían de base a la imputación y que, asimismo, condicionaban el reclamo de los tributos.
En esas condiciones, deviene aplicable el criterio adoptado por esta Sala en las causas 29997/11 “Cosena Seguros SA (TF 24583-A) c/ DGA”, resol. del 9/2/12 y 56691/15 “Ramírez, Horacio Omar c/ DGA”, resol. del 5/4/16, en las que resolvió que la corrida de vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero no consagra un inútil formalismo sacramental, sino que con ella se pretende dar plena dimensión al derecho constitucional a ser oído antes de la emisión del acto que pone fin a un sumario infraccional; de manera que su incumplimiento por parte de la administración no puede ser saneado a posteriori y en otra instancia, quedando el acto definitivo fulminado de nulidad al no haberse concretado los procedimientos pertinentes.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 7457/2025 “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA Y ACUM
(TF 12827726-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
5. Que, a mayor abundamiento, si se siguiese la línea argumental que propone el Fisco —en cuanto a que se trataría de una resolución que tuvo por único objeto liquidar tributos aduaneros—, se arribaría también a la conclusión de que el acto resulta insalvablemente nulo; en tal caso, por falta de causa, toda vez que no se encuentran fehacientemente acreditadas las circunstancias que darían sustento al reclamo de los gravámenes (arg. arts. 7, inc. b, y 14, inc. b, ley 19.549, según la redacción vigente al momento de dictado del acto; y doctr. esta Sala, causas 46832/22 “Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/ DGA”, sent. del 20/9/22, y 46837/22 “Gax SA (TF 77575105-A) c/ DGA”, sent. del 13/9/22, y sus citas).
6. Que, por lo expuesto, se rechaza el recurso interpuesto y se confirma la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto fue materia de agravio; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN). ASÍ SE RESUELVE.
7. Que, resta tratar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios del 29/10/24.
En atención a los planteos formulados por las partes, se remite al criterio expuesto por este Tribunal en cuanto a que, para establecer la base regulatoria de los honorarios en casos como el presente, en que se cuestionan liquidaciones de tributos aduaneros que se determinan en dólares estadounidenses (arg. art. 20, ley 23.905), resulta equitativo estar a la cotización de la moneda vigente a la fecha de interposición de la acción; que es la misma que se toma en cuenta para determinar el monto del litigio y abonar la tasa de actuación (cfr. causa 15539/19 “Wintershall Energía SA c/ DGA”, sent. del 17/2/20, entre muchas otras).
Esto, sin perjuicio de la facultad de los jueces de la causa de computar en la base regulatoria los intereses devengados durante la tramitación de la causa, a fin de actualizar el valor discutido a los fines arancelarios, para respetar el derecho de propiedad y la justa retribución que garantizan los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, asegurando así una razonable contraprestación por la labor profesional desarrollada; de un modo acorde con lo que establece el artículo 24 de la ley 27.423. Teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión en debate, el resultado obtenido y el monto del asunto calculado con arreglo a las pautas precedentes; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por Hernán Cancellieri en carácter de patrocinante de la coactora Exprofrut Argentina SA, durante la única etapa del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde CONFIRMAR sus honorarios (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423, y resol. CSJN SGA 580/25).
3 A su vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley 27.423, corresponde REGULAR los honorarios del citado profesional por su actuación en esta instancia (cfr. contestación de agravios, pp. 278/289 expte. cit.) en la suma de $137.970 ⸻equivalentes a la cantidad de 2 UMA (res. CSJN SGA 580/25)⸻.
Se deja constancia que la regulación que antecede no incluye el Impuesto al Valor Agregado, monto que ⸻en su caso⸻ deberá ser adicionado conforme a la situación del profesional interviniente frente al citado tributo. Además, deberá cancelarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese y siga la causa según su estado (v. proveído del 16/4/25).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia