Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2022-100778738-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 3 de la Resolución DE PRLA 7581/2019, declarando que la obligación tributaria a cargo de la actora en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA emergente del DIT 08001IT14009715M asciende a la suma de CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 11/100 (U$S115.768,11), la cual deberá convertirse a pesos utilizando el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses devengados desde el 02/05/2019 hasta fecha de pago de la deuda; con costas a la actora.
2Tener por allanada a la DGA en cuanto al reclamo de los rubros IVA adicional y Ganancias ($ 131.041,351), con costas.
3Declarar que el importe máximo, en concepto de capital, que se le podrá exigir a la actora asciende a la suma de DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($ 212.660).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-19134761-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 21 de Febrero de 2025 GARANTIAS SA En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA c/DGA s/recurso de apelación”, expediente EX-2022-100778738- -APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que mediante RE-2022-100777358-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA 7581/19, que la condena en carácter de garante, al pago de tributos, en relación a la destinación 08001IT14009715M. En prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos. Manifiesta que la resolución apelada fue notificada el 01/09/2022, con posterioridad al vencimiento del plazo de prescripción. Cita jurisprudencia. Alega violación del principio del debido proceso y del derecho a obtener una resolución dentro de un plazo razonable. Plantea la improcedencia del reclamo de los rubros IVA adicional y Ganancias por aplicación del fallo CLADD de la CSJN. Se refiere al monto garantizado y al límite económico de la póliza. Subsidiariamente, plantea la confiscatoriedad e ilegitimidad de la tasa de interés aplicada. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución, con costas.
II. Que mediante IF-2023-12527060-APN-DTD#JGM se presenta la DGA y contesta el traslado conferido. Hace un resumen de los hechos y una negativa genérica de los dichos de la actora. Se opone al planteo de prescripción opuesto por la contraria. Considera que “DESDE la instrucción sumarial HASTA el dictado del pronunciamiento respectivo, la prescripción de la acción tributaria SE SUSPENDE”. Cita jurisprudencia. En cuanto al agravio respecto a “la Improcedencia del reclamo tributario”, indica que no se encuentran las constancias de reexportación en el sumario. Entiende que la resolución aduanera resulta ajustada a derecho, toda vez que la mercadería ingresada en temporariamente no ha sido reexportada, ni acreditado en las actuaciones mediante los permisos de embarque su reexportación, por lo que se configuró la infracción prevista por el art. 970 del CA, y también ha quedado demostrado que la aseguradora conocía el régimen que garantizaba. Se refiere a la responsabilidad de la aseguradora y cita jurisprudencia. Con relación al agravio de los intereses, invoca el art. 794 del CA y jurisprudencia al respecto. Se allana en forma parcial y exclusivamente en relación a los conceptos de las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias incluidos en la liquidación del Cargo. Hace reserva del caso federal. Finalmente, solicita se tenga por allanada parcialmente en lo que respecta a los conceptos de las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, acompañando al efecto las autorizaciones PV-2022-02337909-AFIP-DEJUDI#SDGTLA y PV-2022-02337954-AFIP-DEJUDI#SDGTLA y que se confirme en lo demás la resolución aduanera, con costas.
III. Que mediante PV-2023-14628137-APN-VOCXVIII#TFN se tiene por contestado el traslado y por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes a la presente causa. A continuación, se elevan los autos a la Sala F y quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Que la Actuación SIGEA 12197-8187-2013 se inicia el 5/11/13 con el acta denuncia 3523/2013, en relación al DIT 08001IT14009715M. A fs. 7 obra el aforo de la mercadería en infracción. A fs. 8 se liquidan los tributos. A fs. 9 se instruye sumario. A fs. 10 se reliquidar los tributos y se determina la multa. A fs. 18/vta. se corre vista de lo actuado a la importadora y se cita en garantía a la aseguradora (notificada el 15/4/19, conforme surge de la constancia del SICNEA 19001NOTI057423A de fs. 34). A fs. 23, con fecha 2/5/19, contesta vista la aseguradora. A fs. 35 se declara en rebeldía a la firma importadora. A fs. 39/40 se adjuntan los print de pantalla del Registro de Infractores. A fs. 41/42 vta. se dicta la Resolución DE PRLA 7581/2019, aquí apelada.
V. Que, en primer lugar, corresponde analizar el planteo de prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos opuesto por la actora.
Que dicho planteo se resolverá, por fundamentales razones de economía procesal, conforme la interpretación del Código Aduanero del precedente de la Corte Suprema "WONDERLAND SRL c/ ADUANA ROSARIO" del 12/05/09 y del plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal "HUGHES TOOL S.A. C/A.N.A. (T.F. 7830-A)" de fecha 21/09/03; ello sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión sobre esta cuestión expuesta in extenso en la causa “LA CARDEUSE S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/recurso de apelación”, sentencia del 12/11/19, expte. 35.693-A (se puede ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2020/02/35693-A-12-11-19- 1.p df).
Que, el art. 803 del CA establece: "Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera" y el art. 804 dispone: "La prescripción de la acción a que se refiere el artículo 803 comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado. No obstante: a) cuando el hecho gravado constituyere un ilícito y no pudiere precisarse la fecha de su comisión, la prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha de sus constatación; b) cuando se tratare de tributos que debieren exigirse como consecuencia del incumplimiento de una obligación impuesta como condición del otorgamiento de un beneficio tributario, la prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha de dicho incumplimiento o, en caso de no poder precisársela, al de la fecha de su constatación”. Que el art. 805 inc. a) del CA establece: "La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) Desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión".
Que, no se encuentra discutido en autos que el vencimiento del plazo concedido para regularizar la mercadería amparada por el DIT 08001IT14009715M operó el 01/01/2010.
Que, en consecuencia, el cómputo de la prescripción tributaria comienza el 01/01/2011 y, de no mediar causales suspensivas, la prescripción hubiera operado el 31/12/2015.
Que, habiéndose dictado el auto de apertura de sumario el 25/09/2014 (ver fs. 9 de las actuaciones administrativas), se encuentra suspendido el curso de la prescripción tributaria “hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” -conforme art. 805 inc. a) del CA-.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de prescripción tributaria.
VI. Que no hay constancias en las actuaciones administrativas de la regularización de la mercadería ingresada mediante la destinación de importación temporaria 08001IT14009715M.
Que en esta instancia la actora tampoco aportó prueba alguna al respecto.
Que el régimen legal aplicable determina que en caso de que ocurra el vencimiento del plazo de permanencia sin cumplirse con la obligación de regularizar la situación de dicha mercadería, se aplica, a los efectos tributarios, el art. 274.1 inc. a), del CA, que prevé que se considerará importada para consumo -en forma irregular, conf. arts. 638, inc. e) y 639 del CA-, la mercadería cuya situación aduanera no hubiera sido regularizada y que, quien hubiere importado temporariamente la mercadería y su garante serán responsables de las correspondientes obligaciones tributarias. Que, al contestar el traslado del recurso de apelación, el Fisco se allanó a la pretensión de la actora en relación a los rubros IVA adicional y Ganancias incluidos en la liquidación practicada a fs. 10 de las act. adm.
VII. Que corresponde ahora referirse a los agravios de la actora respecto del límite máximo de su responsabilidad y de los intereses.
Que al respecto cabe señalar que, tratándose de una aseguradora, su responsabilidad se limita al monto determinado en la garantía. Según resulta de las constancias obrantes en las autos, la misma se constituye en virtud de la póliza de seguro de caución 1015131 de fecha 19/12/2008 por la suma de DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($ 212.660) -ver IF-2023-38207725-APN-DTD#JGM y IF-2023-38207733-APN-DTD#JGM-.
VIII. Que la obligación tributaria a cargo de la actora en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA emergente del DIT 08001IT14009715M asciende a la suma de CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 11/100 (U$S115.768,11), la cual deberá convertirse a pesos utilizando el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses devengados (arts. 794, 1101 y 1103 del CA).
Toda vez que la aseguradora se notificó de las actuaciones con anterioridad a la firma importadora (tomadora), los intereses adeudados por la actora son los devengados a partir del vencimiento del plazo de diez días desde la notificación de la corrida de vista del sumario (15/04/2019), es decir desde el 02/05/2019 hasta fecha de pago de la deuda. Que, finalmente, en relación a la solicitud de reducción de la tasa de interés efectuada por la actora, cabe precisar que la misma es fijada por la Secretaría de Estado de Hacienda, conforme lo dispuesto por el art. 794 del CA, por lo que se debe rechazar dicho pedido.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente el art. 3 de la Resolución DE PRLA 7581/2019, declarando que la obligación tributaria a cargo de la actora en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA emergente del DIT 08001IT14009715M asciende a la suma de CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 11/100 (U$S115.768,11), la cual deberá convertirse a pesos utilizando el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses devengados desde el 02/05/2019 hasta fecha de pago de la deuda; con costas a la actora.
2. Tener por allanada a la DGA en cuanto al reclamo de los rubros IVA adicional y Ganancias ($ 131.041,351), con costas.
3. Declarar que el importe máximo, en concepto de capital, que se le podrá exigir a la actora asciende a la suma de DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($ 212.660).
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que me remito al relato de los hechos que resultan del voto del Vocal preopinante.
II. Que, bajo tal plataforma fáctica, y habida cuenta que la resolución apelada en la litis fue dictada el 26 de agosto de 2019 y notificada recién el 1° de septiembre del año 2022, los agravios de la parte actora introducidos en materia prescriptiva encuentran adecuada respuesta en el voto emitido por el suscripto in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN- VOCXVIII#TFN y “EX-2022-71387564- -APN-SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
III. Que, en efecto, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de 5 años que prescribe el artículo 803 del CÓDIGO Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2011, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el vencimiento de la operación en trato operó en el año 2010), debiendo haber fenecido el 1/1/2015, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas.
Por otra parte, desde el 25 de septiembre de 2014 en que se dispuso la apertura del sumario - es decir, ya transcurridos 3 años, 8 meses y 25 días-, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).
IV. Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del CÓDIGO Aduanero -norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del Dr. Garbarino-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
V. Que, en tal orden de ideas, cabe colegir que si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario (25/9/2014) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 26 de agosto de 2019- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó el 1° de septiembre de 2022, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido, aún considerando la causal de suspensión anual (26/8/2020-26/8/2021) contemplada en el artículo 17 de la ley 27.562, dispuesta en virtud del período de pandemia.
VI. Que, en efecto, toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415. En tal sentido, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
Por ello, la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinta día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
VII. Que, por lo demás, y sin perjuicio del modo en que se decide la excepción bajo análisis, este Tribunal no puede dejar de señalar la honda preocupación que implica la extensa duración del sumario aduanero de marras, en el cual la resolución apelada ha sido notificada el día 1/9/2022, es decir, más de doce (12) años después de la presunta comisión de la infracción imputada en los términos del artículo 970 del CÓDIGO Aduanero, correspondiente a la DIT cuyo vencimiento operó en el año 2010.
Por ende, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas; siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios meses, años, lustros, decenios, etc.) una resolución suscripta antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre, en cuanto a los derechos de los administrados.
VIII. Que, en efecto, bajo los parámetros expuestos cabe colegir que no existe en nuestro ordenamiento jurídico norma ni razón alguna que autorice al Fisco Nacional a notificar una resolución administrativa casi 3 años después de su dictado, en tanto dicho proceder resulta manifiestamente irracional y no puede ser cubierto con ningún argumento formal, pues el principio republicano (art. 1 de la Constitución Nacional) prohíbe la irracionalidad de los actos de gobierno.
IX. Que, en consecuencia, entiendo que la forma en que propicio que se resuelva es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siempre teniendo en consideración que a los efectos de la interpretación de una norma tributaria aduanera deben aplicarse en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
X. Que, por último, no debe jamás olvidarse que la función específica de los magistrados exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión -SUBLIME- de administrar justicia (doctr. Fallos: 234:482; entre muchos otros). Que, por ello, VOTO por:
1. Declarar la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos en relación a la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. en las presentes actuaciones.
2. Costas a la DGA.
No obstante, teniendo en cuenta el modo en que deciden los otros Vocales respecto de las costas, a los estrictos fines de formar mayoría y por razones de celeridad y economía procesal, adhiero al punto 4 del voto del Dr. Soria en relación a la imposición de costas. ASí LO VOTO.-
El Dr. González Palazzo dijo:
Me adhiero, con excepción a la propuesta formulada por el vocal instructor respecto de la imposición de costas al Fisco ante su allanamiento. Teniendo en cuenta los fundamentos vertidos para ello, la aplicación de doctrina cimera sobreviniente a la génesis de la cuestión, y la tempestividad de su acaecimiento, entiendo que los gastos casuídicos respectivos deben ser soportados en el orden causado (1163 CA).
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente el art. 3 de la Resolución DE PRLA 7581/2019, declarando que la obligación tributaria a cargo de la actora en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA emergente del DIT 08001IT14009715M asciende a la suma de CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 11/100 (U$S115.768,11), la cual deberá convertirse a pesos utilizando el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses devengados desde el 02/05/2019 hasta fecha de pago de la deuda; con costas a la actora.
2. Tener por allanada a la DGA en cuanto al reclamo de los rubros IVA adicional y Ganancias ($ 131.041,351), con costas.
3. Declarar que el importe máximo, en concepto de capital, que se le podrá exigir a la actora asciende a la suma de DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($ 212.660).
Regístrese, notifíquese y firme que queda la presente, remítase a la guarda temporal.
Suscriben la presente, los Dres. Juan Manuel Soria (Vocal subrogante de la Vocalía de la 18a Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2025.02.20 18:34:23 -03:00 Date: 2025.02.21 12:09:24 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.02.21 12:44:26 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.21 12:44:27 -03:00
Fin de la sentencia