Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2022-116254128-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 3 de la Resolución RESOL-2022-6122-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, declarando que la obligación tributaria a cargo de la actora en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA emergente del DIT 10001IT14004321Z asciende a la suma de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 26/100 (U$S 3.794,26), la cual deberá convertirse a pesos utilizando el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses devengados desde el 27/04/2022 hasta fecha de pago de la deuda; con costas a la actora.
2Declarar que el importe máximo, en concepto de capital, que se le podrá exigir a la actora asciende a la suma de CUARENTA Y DOS MIL PESOS ($ 42.000).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-23477219-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 6 de Marzo de 2025 GARANTIAS SA En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Horacio Joaquín Segura (Vocal Subrogante), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA c/DGA s/recurso de apelación”, expediente EX-2022-116254128- -APN- SGASAD#TFN.
El Dr. Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: determinar si se ajusta o no a derecho la Resolución dictada en el expediente 12197-8119-2011, en cuanto la condena a la firma ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA, aquí actora, al pago de U$S 7.063,36, en concepto de tributos.
II. Fundamentos de la apelación (RE-2022-116253450-APN-SGASAD#TFN): La recurrente explica que el cargo en cuestión tuvo lugar por la imputación al importador (tomador de la garantía) del incumplimiento de la reexportación de la mercadería ingresada temporalmente. En primer lugar, plantea la nulidad del acto de apertura del sumario por no cumplir lo previsto en el art. 1094 del CA. Se agravia de la duración del procedimiento. Señala que el transcurso de más de once años desde el vencimiento de la temporal hasta la notificación del fallo aduanero resulta incompatible con el derecho al debido proceso. Considera que el procedimiento cuestionado ha excedido todo parámetro de razonabilidad de duración de un proceso aduanero, y generado un irremediable perjuicio en su defensa. Plantea la prescripción de los tributos reclamados por el Fisco. Sostiene que al momento de efectuarse la notificación del fallo recurrido el plazo de prescripción se encontraba ampliamente vencido conforme art. 805 inc a). Cuestiona la validez de auto de apertura de sumario, el cual no fue notificado a su parte. Subsidiariamente plantea la improcedencia del derecho adicional, IVA adicional y Ganancias. Expresa que solo ha garantizado los tributos originarios de la operación en cuestión y que no le corresponde el pago de los derechos adicionales que pudieran corresponderle al importador. Considera que la imposición del derecho adicional resulta claramente inconstitucional y violatorio del principio de legalidad en materia impositiva. Se agravia de los intereses. Cuestiona que se aplique la tasa de interés de las deudas en pesos a las obligaciones en dólares. Por ello requiere la deducción de la tasa de intereses. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se deje sin efecto el cargo, con costas.
III. Contestación del traslado (IF-2023-21687782-APN-DTD#JGM): La DGA hace una negativa genérica de los dichos de la contraria y un resumen de lo actuado en sede administrativa. En relación al planteo de nulidad, sostiene que el auto de apertura es perfectamente válido y genera efectos jurídicos en tanto y en cuanto describa con suficiencia el hecho ilícito que habrá de ser la base de la imputación -siendo solo ello exigible-. Las demás medidas mencionadas en los incisos son diligencias que necesariamente deben cumplirse en algún momento del procedimiento -como la valoración y la liquidación- y otras que incluso pueden nunca llegar a dictarse, tal es el caso de las medidas cautelares y declaraciones. Por eso estima que privarle sus efectos significaría en una resolución carente de sustento jurídico. Asimismo, se opone al planteo de prescripción. Señala que el plazo quinquenal comenzó a correr a partir del 01/01/2012 y que se suspendió el 02/09/2016 con la instrucción del sumario. En este sentido, destaca que la suspensión de la prescripción respecto del deudor principal también surte efectos en relación con los deudores solidarios, como es el caso de la firma aseguradora, de conformidad a lo dispuesto en el art. 807 CA. En relación a la invocación del plazo razonable, sostiene que la protección establecida en la Convención Americana le es acordada a las personas físicas, tal como resulta del artículo 1.2, su Preámbulo y el Informe 10/1991 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no así a las personas jurídicas como es el caso de la recurrente. En relación al agravio puntual efectuado por la contraria respecto de los intereses, cabe remitirse a lo que establece el Código Aduanero. Señala que tal como surge la resolución aduanera apelada, dichos impuestos no fueron liquidados. Se refiere a la responsabilidad de aseguradora y la finalidad del seguro de caución. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución aduanera, con costas.
IV. Que mediante PV-2023-23061527-APN-VOCXVIII#TFN se tiene por contestado el traslado y por agregadas las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Mediante PV-2023-35816006-APN-VOCXVIII#TFN se abre la causa a prueba. Por PV-2023-93266544-APN-VOCXVIII#TFN se tiene por desistida la prueba ordenada. Mediante PV- 2025-17704058-APN-VOCXVIII#TFN se certifica que el periodo probatorio ha vencido. Por PV-2025-17714858-APN- VOCXVIII#TFN se declara la clausura de la prueba y se elevan los autos a esta Sala “F”. Mediante IF-2025-17839706- APN-VOCXVIII#TFN se llaman autos a sentencia.
V. Que la Actuación SIGEA 12197-8119-2011 se inicia con el acta denuncia 3899/2011 por presunta infracción al art. 970 del CA, en relación a la destinación de importación temporaria (DIT) 10001IT14004321Z, cuya copia se agrega a fs. 7. A fs. 12 obra la Nota 16/2012 (SE PRTE); a fs. 13 obra el aforo y a fs. 16, la liquidación tributaria. A fs. 17/18 se reliquidar los tributos correspondientes a la mercadería en presunta infracción y se determina la multa. A fs. 22 se adjunta la consulta de la garantía 10001035012S. A fs. 23, con fecha 02/09/16 se dispone la instrucción del sumario, notificada a la importadora el 11/4/22 mediante notificación 22001NOTI065385A de fs. 37. A fs. 26/30 vta. obra el descargo de la firma aseguradora, aquí actora. A fs. 36 se dicta la providencia inicial y a fs. 38 se declara la rebeldía de la importadora. Finalmente, a fs. 41/44 se dicta la Resolución RESOL-2022-6122-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, aquí apelada.
VI. Que, en primer lugar, corresponde analizar el planteo de prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos opuesto por la actora.
Que, el art. 803 del CA establece: "Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera" y el art. 804 dispone: "La prescripción de la acción a que se refiere el artículo 803 comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado. No obstante: a) cuando el hecho gravado constituyere un ilícito y no pudiere precisarse la fecha de su comisión, la prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha de sus constatación; b) cuando se tratare de tributos que debieren exigirse como consecuencia del incumplimiento de una obligación impuesta como condición del otorgamiento de un beneficio tributario, la prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha de dicho incumplimiento o, en caso de no poder precisársela, al de la fecha de su constatación”. Que el art. 805 inc. a) del CA establece: "La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) Desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión".
Que, no se encuentra discutido en autos que el vencimiento del plazo concedido para regularizar la mercadería amparada por el DIT 10001IT14004321Z operó el 18/07/2011.
Que, en consecuencia, el cómputo de la prescripción tributaria comienza el 01/01/2012 y, de no mediar causales suspensivas, la prescripción hubiera operado el 31/12/2016.
Que, habiéndose dictado el auto de apertura de sumario el 02/09/2016 (ver fs. 23 de las actuaciones administrativas), se encuentra suspendido el curso de la prescripción tributaria “hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” -conforme art. 805 inc. a) del CA-.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de prescripción tributaria.
VII. Que no hay constancias en las actuaciones administrativas de la regularización de la mercadería ingresada mediante la destinación de importación temporaria 10001IT14004321Z.
Que en esta instancia la actora tampoco aportó prueba alguna al respecto.
Que el régimen legal aplicable determina que en caso de que ocurra el vencimiento del plazo de permanencia sin cumplirse con la obligación de regularizar la situación de dicha mercadería, se aplica, a los efectos tributarios, el art. 274.1 inc. a), del CA, que prevé que se considerará importada para consumo -en forma irregular, conf. arts. 638, inc. e) y 639 del CA-, la mercadería cuya situación aduanera no hubiera sido regularizada y que, quien hubiere importado temporariamente la mercadería y su garante serán responsables de las correspondientes obligaciones tributarias. Que, a los efectos de la determinación de los tributos, corresponde señalar que la liquidación tributaria practicada a fs. 17 de las act., ha sido cuestionada por la actora, en relación a los rubros derecho adicional, IVA adicional y Ganancias. Que corresponde aplicar el criterio sentado por la jurisprudencia de la CSJN en el fallo "FRISHER S.R.L (TF 16.236-A) el A.N.A" y en consecuencia, no incluir el derecho adicional establecido por el Decreto 1439/96 al monto reclamado en concepto de tributos.
Que, tal como señala el Fisco en su contestación los rubros IVA adicional e Ganancias no fueron incluidos en el cargo del art. 3 de la Resolución RESOL-2022-6122-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA.
Que corresponde reliquidar la deuda tributaria conforme se detalla a continuación:
Valor en aduana U$S 11.257,25 Derechos de importación 10%: 1.125,73 Tasa de estadística 0,5%: 56,29 Base IVA: 12.439,26 IVA 21%: 2.612,24 Total tributos: U$S 3.794,26 Que la obligación tributaria a cargo de la actora en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA emergente del DIT 10001IT14004321Z asciende a la suma de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 26/100 (U$S 3.794,26), la cual deberá convertirse a pesos utilizando el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses devengados (arts. 794, 1101 y 1103 del CA).
Que, asimismo, cabe destacar que la obligación de la aseguradora comprende también los intereses. Al respecto, es pacífica la jurisprudencia que dispone que, como principio general; el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal, es decir, la importadora (conf att. 1578 y 1580 del Código Civil y Comercial de la Nación, ley 26.994). Que en el caso de autos, la aseguradora debe los intereses que le corresponden a la firma importadora desde el 27/04/2022 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
Que, en relación a la solicitud de reducción de la tasa de interés efectuada por la actora, cabe precisar que la misma es fijada por la Secretaría de Estado de Hacienda, conforme lo dispuesto por el art. 794 del CA, por lo que se debe rechazar dicho pedido.
Que cabe señalar que, la responsabilidad de la actora se limita al monto determinado en la garantía. Según resulta de las constancias obrantes en las autos, la misma se constituye en virtud de la póliza de seguro de caución 1083022 de fecha 21/07/2010 por la suma de CUARENTA Y DOS MIL PESOS ($ 42.000) -ver IF-2023-36512234-APN-DTD#JGM y IF- 2023-36512321-APN-DTD#JGM-.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente el art. 3 de la Resolución RESOL-2022-6122-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, declarando que la obligación tributaria a cargo de la actora en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA emergente del DIT 10001IT14004321Z asciende a la suma de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 26/100 (U$S 3.794,26), la cual deberá convertirse a pesos utilizando el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses devengados desde el 27/04/2022 hasta fecha de pago de la deuda; con costas a la actora.
2. Declarar que el importe máximo, en concepto de capital, que se le podrá exigir a la actora asciende a la suma de CUARENTA Y DOS MIL PESOS ($ 42.000).
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que adhiero en lo sustancial al relato, fundamentos y conclusiones que resultan del voto del Vocal preopinante, con expresa excepción de lo decidido en el penúltimo párrafo del Pto. 1.- de su parte resolutiva, como así también de lo señalado en el penúltimo párrafo del Considerando VI, en relación a la tasa de interés aplicada en la especie.
II. Que, en tal sentido, y sin perjuicio de la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Orazio Arcana“, del 18/03/1986 (Fallos: 308:283) y “Neumáticos Goodyear S.A.”, del 9/11/2000 (Fallos: 323:3412), la que indudablemente ha respondido, en cada oportunidad, al contexto económico y social en el que dichos pronunciamientos fueron emitidos, cabe colegir que la utilización de tasas con guarismos diferenciales de la magnitud de las que se aplican en los supuestos donde interviene el Fisco Nacional como actor y como demandado patentizan un evidente contraste y marcan una desproporción totalmente irrazonable , no cumpliendo con su verdadera función, cual sería resarcir la mora en el cumplimiento de las obligaciones, sino que más bien constituyen un enriquecimiento indebido del Estado en desmedro de los derechos de los particulares; máxime cuando la Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que “el poder estatal de crear impuestos no es omnívodo ni ilimitado, pues tiene un natural valladar en los preceptos constitucionales que requiere que las contribuciones sean razonables en cuanto no han de menoscabar con exceso el derecho de propiedad del contribuyente que debe soportarlas” (Fallos 235:883, 332:1571; entre muchos otros).
III. Que, por lo tanto, en virtud de estrictas razones de equidad y justicia tributaria, la deuda aduanera en cuestión debe fijarse en sus justos y éticos límites, (mutatis mutandi voto del suscripto –en disidencia- de fecha 21 de diciembre de 2018 in re “Alpemar S.R.L., entre otros, que tramitara por ante la Vocalía de la 16°Nominación, donde se redujo la tasa de interés resarcitorio en dólares que aplica el Fisco Nacional en caso de mora del contribuyente del 3% al 1% mensual), principalmente bajo el actual contexto social de inestabilidad y crisis económica y financiera.
IV. Que, por ello, la tasa de interés resarcitorio aplicable a la obligación fijada en dólares estadounidenses objeto de la presente litis debe ser del 1% mensual (12 % anual) desde los 10 días posteriores a la corrida de vista) hasta el 17 de julio de 2019; y para todos los períodos involucrados a partir del 18 de julio de 2019 –fecha de vigencia de la Resolución Nro. 598/2019 del Ministerio de Hacienda, modificada por las Resoluciones del Ministerio de Economía Nros. 559/2022 (B.O. 25/8/2022) y 3/2024 (B.O. 22/1/2024)-, debe ser del 0,83% mensual, es decir, del 9,96% anual. ASI LO VOTO. El Dr. González Palazzo dijo:
Adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente el art. 3 de la Resolución RESOL-2022-6122-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, declarando que la obligación tributaria a cargo de la actora en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA emergente del DIT 10001IT14004321Z asciende a la suma de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 26/100 (U$S 3.794,26), la cual deberá convertirse a pesos utilizando el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses devengados desde el 27/04/2022 hasta fecha de pago de la deuda; con costas a la actora.
2. Declarar que el importe máximo, en concepto de capital, que se le podrá exigir a la actora asciende a la suma de CUARENTA Y DOS MIL PESOS ($ 42.000).
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia remítase a guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Horacio Joaquín Segura (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2025.03.05 16:51:17 -03:00 Date: 2025.03.05 17:05:23 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.03.06 16:27:31 -03:00 Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.06 16:27:31 -03:00
Fin de la sentencia