Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2021-80477939-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 06 001IT14000031 P, en la Actuación 12197-266- 2008, en los términos de los arts. 803 y stes., del C.A., con costas a la D.G.A.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-104149430-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 18 de Septiembre de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Horacio Joaquín Segura (Vocal Subrogante), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA c/DGA s/recurso de apelación”, expediente EX- 2021-80477939- -APN-SGASAD#TFN;
El Dr. Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA 2125/16, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 10/05/2016, en la Actuación Nº 12197-266-2008, en cuanto condena a la firma ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA, aquí actora en su carácter de garante, al pago de U$S 102.730,83, en concepto de tributos (derecho de importación, tasa de estadística e I.V.A.) y $192.953,96, en concepto de I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias con más los intereses correspondientes al art. 794 del C.A. por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., en relación con la mercadería introducida temporalmente mediante la destinación 06 001 IT14 000031 P, con vencimiento el 03/01/08.
II. Fundamentos de la apelación: plantea la nulidad de la resolución, toda vez que se ha violado su derecho de defensa. Señala que la administración resuelve notificar a su mandante del fallo en fecha 09/08/21. Manifiesta que en virtud de dicha notificación toma conocimiento de la existencia de las actuaciones y de la falta de notificación tanto de la apertura de sumario contencioso como del fallo mencionado. Alega que la omisión en el cumplimiento de los deberes esenciales vinculados a la razonabilidad del plazo, adunado a la falta de notificación de la corrida de vista en el expediente y notificación directa del fallo, determinan una violación al derecho de defensa y el derecho a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas. Se agravia del hecho que no se hiciere lugar al planteo de prescripción efectuado en la causa. Alega la prescripción y la inhabilidad del auto de apertura de sumario en los términos del art. 805 del C.A. para suspender la prescripción de los tributos, toda vez que dicha resolución no cumple con los requisitos formales del art. 1094 del C.A. Sostiene que no puede admitirse que el instituto de la prescripción se vea desvirtuado al convalidarse la duración indefinida de un sumario aduanero. Impugna la existencia de causales de suspensión o interrupción respecto de la obligación tributaria. Manifiesta que ha operado la prescripción de los impuestos a las ganancias y al valor agregado. Señala que el IVA, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, no constituyen obligaciones tributarias aduaneras ni se rigen por su legislación. Sostiene la aplicación de las normas correspondientes a la ley 11.683. Invoca el límite de la póliza. Sostiene que no ha garantizado y no responde por los derechos adicionales que pudieran corresponderle abonar al importador. Señala la determinación incorrecta de la percepción del impuesto a las ganancias. Se agravia de la falta de competencia de la DGA para expedirse sobre las percepciones y el IVA. Se agravia de los intereses y cuestiona la aplicación del CER sobre los mismos. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se deje sin efecto el cargo, con costas.
III. Contestación del traslado (IF-2021-103885104-APN-DTD#JGM): Efectúa una negativa genérica de los dichos de la contraria y un resumen de lo actuado en sede administrativa. Alega que se ha probado en autos el incumplimiento del régimen de importación temporal por parte de la firma. Señala que la ley frente al incumplimiento de ciertas obligaciones asumidas respecto de la mercadería importada temporalmente, considera que se ha producido la importación para consumo o una situación equivalente. Sostiene que el carácter de garante de la firma aseguradora trae aparejado su responsabilidad pecuniaria con respecto a la totalidad de los tributos debidos por la firma importadora. Se refiere a la responsabilidad de aseguradora y la finalidad del seguro de caución. Ofrece como prueba el SIGEA 12197-266-2008. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución aduanera, con costas.
IV. Que mediante PV-2021-105234149-APN-VOCXVIII#TFN se tiene por contestado el traslado y mediante PV-2021-116917586-APN-VOCXVIII#TFN, se tienen por agregadas las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Mediante PV-2022-10416812-APN-VOCXVIII#TFN se abre la causa a prueba. Por PV-2022-47201507-APN-VOCXVIII#TFN se da por decaído el derecho a producir la prueba. Mediante PV- 2025-77879239-APN-VOCXVIII#TFN se certifica que el periodo probatorio ha vencido. Por PV-2025-
77917441-APN-VOCXVIII#TFN se declara la clausura de la prueba y se elevan los autos a esta Sala “F”. Finalmente, mediante IF-2025-78341442-APN-VOCXVIII#TFN se llaman autos a sentencia.
V. Que, en lo que aquí interesa, la actuación administrativa SIGEA N° 12197-266-2008 se inicia a fs. 1, con la presentación de la actora solicitando la cancelación de la garantía y documentación pertinente. A fs. 55 obra el acta de denuncia 213/08, sin fecha. A fs. 56 obra el sobre contenedor de la DIT 06001IT1400031P oficializada el 03/01/2006. A fs. 58 obra el aforo de la mercadería. A fs. 60 obra la liquidación de tributos. A fs. 62 obra la determinación de multa y tributos. A fs. 64 obra consulta de garantía global. A fs. 65 obra consulta de juicio. A fs. 66 con fecha 11/5/2011 se dispone la instrucción a sumario y se corre vista. A fs. 85 luce agregado el memorándum que notifica la corrida de vista a la firma con fecha 31/08/2011. A fs. 86 con fecha 7/9/2012 se notifica a la aseguradora de la corrida de vista. A fs. 87/93 contesta vista la aseguradora. A fs. 94/99 contesta vista la aseguradora. A fs. 103 obra determinación de multa y tributos. A fs. 105/118 obra el informe de infractores. A fs. 119/125 luce agregada la Resolución DE PRLA N°2125/16 de fecha 10/05/2016. A fs. 127 luce agregada la cédula que notifica dicha resolución con fecha 24/6/2021 a la importadora. A fs. 136/138 la aquí actora acredita la presentación del recurso ante este Tribunal.
VI. Que, en primer término, corresponde tratar la nulidad del auto de apertura de sumario y la prescripción tributaria opuesta por la actora.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que, el auto de apertura del sumario cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye.
Que, en efecto, del cotejo de las actuaciones administrativas surge que se determinó, en forma previa al referido auto, la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería y se formuló la liquidación de los tributos. Por lo tanto, corresponde rechazar el planteo de la actora en este sentido.
VII. Que, sentado lo expuesto, siendo válido el auto de apertura de sumario de fecha 11-05-11, corresponde analizar la prescripción de la acción del fisco para exigir los tributos.
Que, en lo que aquí interesa, el art. 803 del C.A establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...” Que el vencimiento del despacho de importación temporaria 06 001IT14000031 P, operó el 03/01/08; por lo que el cómputo de la prescripción tributaria se inició el 1/1/09 y operaba, de no mediar causales suspensivas de su curso el 31-12-13.
Que, habiéndose dictado el auto de apertura de sumario el 11/5/2011 -ver fs. 66 de las actuaciones administrativas-, se suspende el cómputo.
Que, en lo que aquí interesa, hasta dicha fecha transcurrieron 2 años, 4 meses y 10 días; restando para que opere la prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos 2 años 7 meses y 20 días. Que, la Resolución DE PRLA N° 10657/2017, se dictó el 10-05-15.
Que, atento lo establecido en el ya referido art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario -en el caso 11-05-11 “... hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión:...”. Que si bien el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la Resolución dictada, el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.”
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN- SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.” -el resaltado me pertenece-.
Que, teniendo en cuenta que la Resolución 2125/16 se dictó el 10/05/16, computando los días hábiles para notificar la misma, el plazo de prescripción se inició el 17/5/16.
Entonces, computándose los 2 años, 7 meses y 20 días que restaban para que opere la prescripción conforme lo expuesto ut supra, dicho plazo se cumplió el 21-12-18 sin que se hubiera producido en el transcurso del mismo, ningún otro acto suspensivo o interruptivo (siempre con relación a la prescripción de la acción tributaria). El único acto que hubiera tenido tal virtualidad (en el caso “interruptiva”) habría podido ser el de la notificación (a la aquí actora) de la resolución apelada en autos, pues esa notificación habría sido la de “... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A.
Que, por su parte, incluso teniendo en cuenta la suspensión por un año de los plazos prevista por el Decreto N° 298 del 19 de marzo de 2020 y sus modificatorios con motivo del Covid-19, la aludida notificación se efectuó recién en fecha 24-6-2021, conforme luce constancia de SICNEA a fs. 127 de las actuaciones administrativas, es decir cuando ya había vencido ampliamente el plazo prescriptivo, por lo que tampoco pudo tener el efecto interruptivo previsto por la norma.
En efecto, en este punto resulta oportuno señalar que “la notificación de la liquidación tributaria aduanera”, a la que se refiere el art. 806 inc. a) como causal de interrupción en materia tributaria, comprende tanto la notificación de un cargo suplementario (es decir, sin denuncia infraccional que motivara la apertura de sumario en la que estuvieran en juego ambas acciones fiscales) como la notificación de la liquidación contenida en la resolución definitiva de un sumario aduanero (tal como la resolución apelada en el caso de autos) pero no así la notificación que se realiza con la notificación de la vista del art. 1101 del C.A. y/o con la citación –al mismo efecto sólo en orden de la acción tributaria- al garante de los tributos (ello en armonía con lo dispuesto en el art. 1103 del C.A. y de conformidad con lo sostenido jurisprudencialmente por el suscripto). Esto último porque la suspensión de la prescripción de la acción tributaria (prevista en el inc. a) del art. 805 del C.A.) forzosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del C.A., que se produce inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva.
Que, si bien es claro que no surge -como ya se ha mencionado- plazo alguno en el en el CA que imponga al Fisco el deber de notificar los actos dictados en cierto plazo, es importante considerar que dicha notificación debe ser inmediata. Lejos de eso, como se advierte del simple cómputo de plazos, transcurrieron más de cinco años desde el dictado de la resolución apelada -el 10-05-16- hasta su notificación a la actora el 24-6-2021, conforme constancias de fs. 127 de las actuaciones administrativas, lo que devela una inactividad por parte de la administración que perjudica e incide negativamente sobre los derechos del administrado y retrasa la posibilidad de que ejerza sus defensas debidamente.
Que el derecho no se trata de compartimentos estancos y el derecho administrativo nutre al CA de principios propios que imponen -desde ya- el deber de que el procedimiento aduanero se desarrolle en debida forma, partiendo de la juridicidad, la tutela administrativa efectiva, la buena fe y la confianza legítima, entre muchos otros.
Que procede tener presente, como explica Perrino con cita de Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández: “El procedimiento administrativo no ha sido ciertamente concebido por el legislador como una carrera de obstáculos cuya superación sea requisito necesario para la adopción de la resolución final, sino como un cauce ordenado capaz de garantizar la legalidad y el acierto de aquélla dentro del más absoluto respeto de los derechos de los particulares”. (Perrino, Pablo E., La garantía constitucional de la defensa en el procedimiento administrativo, R LALEY AR/DOC/8399/2012).
Que no resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido “sine die”, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados.
Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos.
VIII. Que por el modo en que se resuelve, entiendo que se torna inoficioso el tratamiento de las demás cuestiones planteadas en autos.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 06 001IT14000031 P, en la Actuación 12197-266-2008, en los términos de los arts. 803 y stes., del C.A., con costas a la D.G.A.
El Dr. Garbarino dijo:
Adhiero al voto del vocal preopinante El Dr. González Palazzo dijo:
El vocal preopinante, Dr. Horacio Joaquín Segura, sostiene que la prescripción de la acción del Fisco para exigir tributos comienza a computarse nuevamente a partir del mero dictado de la resolución aduanera, aun prescindiendo de su notificación al administrado. No comparto tal criterio, que se ha reiterado en no pocos casos sustancialmente análogos al presente.
El caso bajo examen se encuentra regido por el marco normativo vigente con anterioridad al decreto de necesidad y urgencia 70/2023. Pretender que el nuevo plazo prescriptivo se inicie con el mero dictado de la resolución importaría atribuir al legislador una previsión que jamás introdujo en el régimen anterior. El DNU 70/23 vino a establecer expresamente la obligatoriedad de la notificación de la resolución como presupuesto de eficacia, reforzando la idea de que no existió imprevisión normativa, sino que siempre se entendió que el acto deviene ejecutable recién desde la notificación. Por ende, la suspensión de la prescripción prevista en el art. 803 del Código Aduanero se mantiene hasta que la resolución pueda ser ejecutada, lo que solo ocurre con su notificación al administrado.
La jurisprudencia nacional refuerza esta conclusión. El Plenario “Hughes Tool Company” (CNCAF, 22/12/1965) resolvió que, tratándose de prescripción en materia de sanciones, las normas que disponen la suspensión e interrupción de los plazos deben aplicarse con estricto apego a la ley, por cuanto constituyen un límite a la potestad punitiva del Estado. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en “Wonderland Entertainment S.A. c/ EN – DGA s/ recurso de apelación” (Fallos: 342:917, 2/07/2019), reafirmó que los efectos suspensivos e interruptivos en materia de prescripción de la acción fiscal deben ser interpretados en forma estricta y restrictiva. Allí, al analizar la interrupción de la prescripción para exigir tributos, el Máximo Tribunal puso de relieve que se trata de una garantía de seguridad jurídica en favor del contribuyente, que no puede ser debilitada mediante interpretaciones extensivas o analógicas.
En igual línea, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha sostenido reiteradamente que la prescripción debe ser aplicada con criterio estricto: “Shell C.A.P.S.A. c/ DGI” (Sala IV, 12/06/2003), donde se resaltó la finalidad de asegurar certeza en las relaciones jurídicas; “Molinos Río de la Plata S.A. c/ DGA” (Sala V, 04/09/2007), donde se afirmó que la prescripción limita el poder estatal y debe ser interpretada en forma restrictiva; y “Harriet y Donnelly S.A. c/ DGI” (Sala III, 28/08/2012), donde se reafirmó que la prescripción opera como garantía de seguridad jurídica.
Estos precedentes —uno en materia sancionatoria (“Hughes Tool”) y otro en materia tributaria (“Wonderland”)— confluyen en un mismo principio rector: la prescripción constituye un límite temporal al poder estatal, y su interpretación debe ser restrictiva en resguardo de la seguridad jurídica y de la garantía de defensa. A la luz de tales lineamientos, no resulta jurídicamente sostenible la tesis del Dr. Segura que pretende iniciar un nuevo cómputo de la prescripción desde el mero dictado de la resolución aduanera, prescindiendo de su notificación. Tal criterio importaría, en los hechos, prolongar indebidamente la potestad del Fisco, en abierta contradicción con el principio de interpretación restrictiva consagrado por la CNCAF y la CSJN.
Aun cuando aquí se advierte una dilación sustancial en la tramitación, no corresponde fundar la solución en la CADH. Ello porque la firma se encontraba debidamente impuesta de la existencia del procedimiento, habiendo sido notificada oportunamente de la corrida de vista prevista en el art. 1101 del Código Aduanero. Por ende, no se configuró desconocimiento absoluto ni indefensión que justifique la aplicación directa del estándar convencional. Por lo expuesto, voto por RECHAZAR la tesis prescriptiva del Dr. Horacio Segura, aclarando que no me adentro en el tratamiento de la cuestión de fondo, tanto porque la jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha desestimado en gran medida planteos de esta índole, como en razón de la elevada carga de tareas de esta Vocalía, todo lo cual desaconseja un dispendio jurisdiccional innecesario.
Por ello, de adoptarse el temperamento aquí propuesto, los autos deberán volver a la Vocalía instructora para que se expida sobre la cuestión de fondo.
Así lo voto.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 06 001IT14000031 P, en la Actuación 12197-266- 2008, en los términos de los arts. 803 y stes., del C.A., con costas a la D.G.A.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Horacio Joaquín Segura (vocal subrogante de la vocalía 18), Pablo Adrián Garbarino y Christian Marcelo González Palazzo.
Date: 2025.09.16 18:08:03 ART Date: 2025.09.17 17:44:29 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.18 15:26:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.18 15:26:58 -03:00
Fin de la sentencia