Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 23585-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
24761/2015 ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA c/ DGA (TF 23585-A)
s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de febrero de 2019.-
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que en función de la naturaleza y el monto del proceso ($32.984.43), del resultado obtenido y de la extensión, la calidad y la eficacia del trabajo profesional en la única etapa cumplida en la instancia anterior, corresponde (i) modificar la regulación de honorarios practicada a fs. 157, y fijar los honorarios del Dr. Matías Romero Zapiola, por su actuación en su doble carácter de apoderado y patrocinante de la parte actora, en la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800); ello, habida cuenta de que fueron apelados por considerarse “altos” y “bajos” –conf. arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432–.
II. Que, conforme la imposición de costas decidida a fs. 74/81vta, los referidos honorarios deberán ser soportados en un 60% por la parte demandada y en un 40% por la parte actora.
III. Que en cuanto a lo dispuesto por el Tribunal Fiscal de la Nación en relación a la aplicación de las previsiones de la Ley 21.839 respecto a los intereses por la posible mora en el pago de los honorarios regulados, es oportuno indicar que “… la deuda por emolumentos no resulta exigible hasta tanto culmine el procedimiento especial vigente en materia de ejecución judicial de condenas dinerarias contra el Estado [en el caso art. 22 de la Ley Nº 23.982] que desplaza al régimen general de cancelación de créditos por honorarios y, en consecuencia, al plazo establecido en el art. 49 de la Ley de Arancel.” (conf. esta Cámara, Sala III in rebus “Sanz Guillermo Eduardo y otros c/ EN – Mº Defensa – EMGA s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg” y “Aguirre Jorge Antonio y otros c/ EN – Mº Defensa – EMGA s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg”, del 29-12-2010).
En consecuencia, aun cuando el artículo 49 de la Ley 21.839 no haya sido modificado, tratándose de una norma de carácter general en materia de honorarios, queda desplazada en el aspecto especial del régimen de cancelación cuando el obligado al pago sea el Estado Nacional, sin que tal solución importe una discriminación arbitraria en perjuicio de los letrados que litiguen en su contra en la medida que tiene fundamento en la organización Alta en sistema: 25/02/2019 administrativa y presupuestaria propias de su personalidad jurídica y alcanza a todos los sujetos que revistan la calidad de deudores del mismo.
Es menester destacar que, de conformidad con lo establecido en los artículo 22 de la ley 23.982 y el artículo 170 de la ley 11.672 (t.o. 2014), ante la falta de crédito presupuestario suficiente en el ejercicio en el que corresponde satisfacer el pago, el Poder Ejecutivo debe arbitrar las medidas necesarias para su inclusión en el ejercicio siguiente; es decir, se le confiere al Estado Nacional la prerrogativa de diferir por única vez el pago de la condena en el supuesto de que se agote la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio en el que se encontraba prevista su cancelación (cfr. C.S.J.N. in re: “Recurso Queja nº 2 – Curti Gustavo Alberto –inc. Ejec. Sent.- y otros c/ EN- Mº Defensa- Ejército- Dto. 1104/1053 y otros s/ Proceso de Ejecución”, CAF 025191/2012/2/RH002, resolución del 27/12/2016, y esta Sala en la causa “Lucena Jorge Ricardo c/ EN- Tribunal de Tasaciones- Dtos. 1487/01 1561/01 s/ Empleo Público”, sentencia del 14 de noviembre de 2013; entre muchos otros). Ahora bien, no se sigue de dicho régimen especial de ejecución que, durante ese tiempo que se le otorga al Estado para cumplir con la condena, no corran los intereses establecidos en el artículo 61 de la ley nro. 21.839.
En efecto, ninguna norma del régimen de orden público que invoca la apelante dispone que el Estado esté exento de pagar los referidos accesorios (cfr. esta Sala en “Bazze Amin Jose y Bazze Maria Marta SH c/ Dirección General Impositiva s/Recurso directo de organismo externo”, Nº 45329/2015, del 6 de noviembre de 2018).
IV. Que, por lo demás, cabe dejar aclarado que en el importe establecido precedentemente no se encuentra incluida suma alguna en concepto de Impuesto al Valor Agregado, por lo que –frente a la acreditación de la condición de responsable inscripto en dicho tributo que oportunamente realice el beneficiario–, la obligada respecto de dichos emolumentos deberá depositar el importe correspondiente a dicho tributo, en el monto del pago.
Todo lo cual, ASI SE DECIDE.
Se deja constancia que el Dr. Jorge F. Alemany no suscribe la presente, por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Guillermo F. Treacy Pablo Gallegos Fedriani Alta en sistema: 25/02/2019
Fin de la sentencia