Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 35.062-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nro. 7765/2013 en cuanto intima a la recurrente el pago de tributos, los que ascienden a la suma de dólares ocho mil noventa y siete con 13/100 (U$S 8.097,13) a los que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero que deberán calcularse desde el 13/05/2013, hasta la fecha de efectivo pago con costas a la actora y, revocarla en cuanto a la exigencia del derecho adicional con costas al fisco nacional, y respecto a las percepciones de IVA adicional y Ganancias, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-123445058-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 18 de Octubre de 2023 recurso de apelación”, expte. Nro. 35.062-A.
Reunidos los Señores Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Christian M. González Palazzo – Vocal Subrogante-, Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados: “Aseguradora de Créditos y Garantías SA. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expte. Nro. 35.062-A.
El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que a fs. 10/17 se presenta, por apoderado, la firma aseguradora e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 7765/2013 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación Nº 12039-964-2008, por la cual se la intimó al pago de la suma de U$S 25.800,56 en concepto de tributos con más los intereses previstos por el art. 794 del CA, en su carácter de garante de la importadora “Hard Core SA”, por la comisión de la infracción tipificada por el art. 970 del Código Aduanero en relación a la DIT Nro. 01 001 IT14 004079 D. Plantea la nulidad del proceso por lesión al derecho de defensa, atento el tiempo transcurrido desde el vencimiento de la operación, hasta la fecha del fallo y la de su posterior notificación. Asimismo, indica que debe prosperar la prescripción, en los términos del art. 803 y ss del CA, en particular respecto al Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado. Cuestiona la determinación tributaria, su alcance y rubros (IVA adicional, anticipo del Impuesto a las ganancias, y derecho adicional), como así también la improcedencia del reclamo por tributos en dólares estadounidenses. Agrega que en cualquier caso, la dolarización no resulta aplicable a los impuestos a las ganancias e IVA, ya que ambas percepciones deben ser practicadas en pesos desde su origen. Como así tampoco se ajusta a derecho que la tasa de interés, contemplada en el art. 794 del CA, sea la misma sobre un capital en pesos que en dólares. Plantea la incompetencia de la DGA para expedirse sobre las percepciones y el IVA. Finalmente señala que la falta de agregación de la póliza afectada a la operación en trato, permite concluir que fue devuelta por encontrarse cancelada la operación en cuestión, sin perjuicio de ello, solicita que si la liquidación que se practique en definitiva resulta ser superior al límite asegurado, se limite su responsabilidad al mismo. Ofrece prueba, plantea el Caso Federal, y pide que se resuelva, conforme los planteos formulados en la presente.
II. Que a fs. 28/31, previo emplazamiento, se presenta el representante fiscal, contesta el traslado que le fuera conferido respecto del recurso de apelación interpuesto por la firma aseguradora y acompaña las actuaciones administrativas Nro. 12591-150-2009. Realiza una breve reseña de los hechos y de lo actuado en Sede Aduanera y formula una negativa general respecto de todos y cada uno de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Destaca que la firma no aportó ningún elemento que permita inferir que el ajuste fiscal ha sido erróneo. Cita y trascribe al art. 274 del CA. Se refiere a las características del régimen de importación. Agrega que a la luz de lo actuado en Sede Administrativa se han reunidos los elementos configurativos del tipo penal descrito en el art. 970 del CA. Indica que es indudable que la conducta punible de la aquí recurrente se materializó cuando, transcurrió el término legal otorgado, no cumpliendo la actora con las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio de importación temporal. Consecuentemente, le asiste razón en cuanto exige a la aseguradora el pago de los tributos garantizados toda vez que el siniestro al que refiere la póliza suscripta por la apelante consiste en el caso en el incumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria del que resulta la importación irregular para consumo de la mercadería. Observa un claro incumplimiento al régimen, y en tal sentido la conducta de la sumariada es reprochable y pasible de la una sanción. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme el fallo aduanero con expresa imposición de costas.
III. Que las pruebas ofrecidas por las partes consistieron en las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12039- 964-2008 y en un oficio dirigido a la DGA. A fs. 50 se declara el cierre del periodo probatorio, se elevan los autos a la Sala “E” y se los pasa para alegar. A fs. 57/60 se agrega el alegato de la parte actora y a fs. 62 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que de la compulsa del expediente administrativo Actuación Nro. 12039-964-2008 surge que el mismo se inicia con la Denuncia formulada contra la importadora “Hard Core SA”, por la presunta comisión de la infracción establecida en el art. 970 del C.A. respecto de la Destinación 01 001 IT14 004079 D, cuyo vencimiento operó el 24/07/2003. A fs. 4 luce la carpeta del DIT 01 001 IT14 004079 D, oficializada el 02/08/2001. A fs. 6 se establece la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería en infracción. A fs. 7/8 obra Liquidación. A fs. 12 con fecha 04/12/2008 se dispone la instrucción de sumario. A fs. 13 obra determinación de multa y tributos. A fs. 16 obra consulta de Garantía Global o Unitaria nro. 716.986 con estado AFECTADA. A fs. 19 con fecha 13/03/2013, se corre vista de lo actuado a la firma “Hard Core SA” y se cita a la firma “Aseguradora de Créditos y Garantías SA”, en su carácter del garante de la operación, quedando la Aseguradora notificada el 25/04/2013. Que atento el resultado negativo de varias notificaciones cursadas a la importadora, se le corre vista de fs. 19, en los términos del art. 1013 inc. “h” del CA, con el objeto de no vulnerar su derecho a defensa. A fs. 39/43 la firma Aseguradora formuló su descargo. A fs. 49 obra publicación por Edicto de la corrida de vista a la firma Hard Core SA. A fs. 50 se tiene por contestada la vista conferida a la Aseguradora de Créditos y Garantías SA, y se declara la rebeldía de la firma Hard Core SA en los términos del art. 1105 del CA. A fs. 55/58 se dicta la Resolución PRLA Nº 7765, apelada en autos.
V. – Que en primer término cabe analizar el planteo de nulidad de la actora en cuanto a la prescripción de la acción del fisco para intimar el pago de tributos, atento el tiempo trascurrido, desde el vencimiento de la operación que se cuestiona, hasta el dictado del fallo.
Que según surge de las actuaciones administrativas el plazo de vencimiento del DIT Nº 01 001 IT14 004079 D data del 24/07/2003, siendo ello así el plazo quinquenal establecido en los arts. 803 y sgtes. del CA, debe comenzar a computarse desde el 01/01/2004.
Que el art. 805 del CA dispone que: “La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;” debiendo destacarse que en ninguna de las mencionadas normas se hace referencia a la obligatoriedad de la notificación del auto para que cumpla sus efectos, sino que solamente aluden a su dictado. Asimismo, el art. 807 del aludido cuerpo normativo establece que la aludida suspensión respecto del deudor principal también surte efectos en relación con los deudores solidarios. Que, en los términos de los dispuesto en el art. 803 y sgtes. del CA, cabe señalar que en la causa el plazo de la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos quedó suspendida el 04/12/2008 (fecha del auto de instrucción de sumario) hasta el dictado de la resolución apelada -31/10/2013 -, motivo por el cual el mismo no se encontraba vencido a la fecha del dictado de la resolución que en autos se cuestiona.
Por todo lo expuesto no se infiere vulnerado el derecho de defensa, sino que por el contrario, el mismo ha sido ejercido dentro de los márgenes que habilita el Código rector y no se advierten acciones deliberadas de las autoridades que permitieren aseverar como responsables únicos en la potencial demora que pudiere advertirse en el marco de sustanciación de la presente.
Que, respecto a la alegada prescripción del reclamo referido a los impuestos a las ganancias y al Valor Agregado formulado expresamente por la recurrente, en cuanto señala que la misma se rige por la Ley 11.683, cabe recordar a la recurrente que una ley especial —tal el caso- mantiene aplicación preferencial por sobre ley general. Es por ello que, la materia que nos ocupa, especial y específica, tanto en su parte dogmática como procedimental, se encuentra regulada y reglada por el Código Aduanero, con la aplicación supletoria de los Códigos Procesal Civil y Comercial y Procesal Penal de la Nación y la Ley de Procedimiento Administrativo respecto de lo actuado por ante el servicio aduanero.
Aclarado ello y visto lo analizado respecto de los principios rectores aplicables en materia de prescripción de las acciones del Fisco para exigir tributos, corresponde rechazar el planteo analizado.
VI. Sentado ello, corresponde determinar si es ajustada a derecho la resolución apelada en autos. La cuestión que nos ocupa, tuvo su origen en la operación de importación temporaria documentada como Destinación Nro. 01 001 IT14 004079 D.
Mediante dicha operación, oficializada el 02/08/2001, la firma “Hard Core SA” ingresó mercadería al territorio aduanero, amparada en el Decreto Nro. 1439/96, por un plazo de 360 días, con vencimiento (prorrogado) al 24/07/2003, para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen.
No existiendo la presentación por parte de la importadora de documentación que acreditara el cumplimiento total del régimen, el servicio aduanero labró el Acta de Denuncia por presunta infracción a lo establecido en el art. 970 del CA que establece que en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o exportación temporaria – según el caso- el incumplidor será sancionado con una multa y el pago de tributos que gravaren la importación para consumo (o la exportación para consumo), de la mercadería en infracción.
Que al servicio aduanero le basta con acreditar el mero vencimiento del plazo, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporal, la comprobación del hecho objetivo – incumplimiento- que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba, quedando a cargo del presunto infractor la acreditación de todos los extremos que afirme la eximen de responsabilidad penal.
Respecto a ello y conforme surge de la propia normativa que regula la importación temporaria, a los fines de acreditar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del régimen al amparo del cual se realizó la operación de importación temporaria, es necesario contar con los permisos de embarque – o copias- mediante las cuales se exporta o se importa a consumo (según el caso), la mercadería para cuya producción fueron importados temporariamente o directamente se reexportan en el mismo estado en que fueron importados y, en caso de corresponder, los Certificados de Tipificación y Clasificación – o sus copias- que acrediten la relación insumo/ producto.
A efectos de facilitar el análisis metódico correspondiente, estimo pertinente, examinar si efectivamente, se encuentra producida la infracción que motivó el dictado de la resolución cuestionada.
De la compulsa de la documentación obrante en la causa resulta que ni la importadora ni la aseguradora han aportado – y consecuentemente acreditado- en las actuaciones administrativas las constancias del cabal cumplimiento de las obligaciones asumidas relativas al régimen establecido en el Decreto 1439/96, habiendo vencido los plazos correspondientes a la destinación de importación temporaria.
De lo expuesto se puede inferir que ha quedado comprobada la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del CA y el fisco no ha marrado el emitir la resolución condenatoria (que abarca el reclamo tributario) aquí recurrida.
Como se ha expresado, la infracción en el art. 970 del CA ha quedado demostrada y la firma aseguradora ha garantizado mediante la póliza 716.986 los tributos correspondientes a la destinación de importación temporal de marras.
Determinada la producción de la infracción imputada a la importadora, se ha configurado el siniestro en los términos del art. 3 de la póliza otorgada por la firma garante.
VII. Que, corresponde tratar los agravios vertidos por la aseguradora.
Al efecto, cabe señalar que la firma Aseguradora de Créditos y Garantías SA otorgó la póliza 716.986, mediante la cual garantizó la operación documentada por la destinación DIT nro. 01 001 IT14 004079 D.
Que se ha sostenido a lo largo de abundantes antecedentes jurisprudenciales que el garante asume las obligaciones de un codeudor, convirtiéndose en liso, llano y principal pagador de la obligación tributaria que garantiza mediante la expedición de una póliza de caución, motivo por el cual la Aduana puede dirigir la acción contra la importadora o la aseguradora o ambas partes.
En este orden de ideas, también cabe destacar que en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (C.N.Com., Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIROGIETTI Alejandro H. Y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Asimismo, surge de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado, que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este "tipo" de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (C.N.Com., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). Tampoco el asegurador goza de derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
La Aduana, en su carácter de asegurado o acreedor frente al incumplimiento del tomador del seguro —importador- no se encuentra obligada a cumplir con otros requisitos más que la determinación de dicho incumplimiento.
La responsabilidad de la aseguradora por el pago de los tributos adeudados es consecuencia inmediata del incumplimiento del tomador del seguro y la falta de pago por parte del mismo, tal como ha sido expresamente asumido a través de la garantía o seguro de caución oportunamente otorgado.
Por otra parte, y tratándose el seguro de caución de un contrato consensual, y en atención a la calidad profesional del asegurador, que lo obliga a un obrar diligente en la evaluación del riesgo o medida del daño que está garantizando, los argumentos expuestos en su defensa, que pretenden desconocer las consecuencias de las obligaciones libremente asumidas al otorgar la garantía, resultan contrarios a la doctrina de los actos propios. Resulta adecuado recordar que uno de los supuestos típicos de aplicabilidad de esta doctrina y quizás el más frecuente, lo constituye la pretensión dirigida a obtener la ineficiencia de los actos jurídicos previamente respetados o convalidados.
La firma importadora de la mercadería bajo el régimen de importación temporaria garantizó el pago de los tributos, exigibles como consecuencia de su eventual incumplimiento, conforme a lo previsto en al art. 453, inc. c), del C.A. y utilizó a ese fin el "seguro de caución" contemplado en el art. 455 del C.A., otorgado por la aquí recurrente, quien se obligó al pago de una suma estipulada ante el mero vencimiento de una obligación del tomador, conviniéndose en segundo deudor en "paridad de grado".
Por último, cabe señalar que la fianza constituye una relación accesoria de un contrato ya celebrado y no está subordinada a un evento dañoso e incierto, sino a la simple eventualidad de la falta de cumplimiento de la obligación pactada por parte del deudor (Morandi, J.C., "Lecciones Preliminares sobre el Contrato de Seguros", 1963, p. 28 y sgtes.).
En este orden de ideas, conforme surge de la póliza de seguro de caución obrante en autos, la aquí recurrente ASEGURADORA DE CREDITOS Y GRANTÍAS S.A., garantizó al servicio aduanero el pago de las sumas de dinero por eventuales obligaciones respecto de la operación de importación temporaria involucrada en estos autos.
La finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26-981, INDESA S.A. cf APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-13, 416, E.D. 97-588; CNfed. Civil y Com., Sala IH, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. C / AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom., Sala A, precedente citado).
Ello así, y habiendo quedado configurada la infracción endilgada a la importadora, prevista y penada en el art. 970 del C.A., surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante de los tributos adeudados como consecuencia de la importación para consumo de la mercadería importada temporariamente.
VIII. Que, en cuanto a los agravios vertidos por la actora respecto a la falta de competencia de la DGA para determinar cuestiones vinculadas a las percepciones de IVA, y la determinación incorrecta de la percepción de impuesto a las ganancias, dado que considera que le es aplicable la alícuota del 3% a las ganancias en vez del 11%.
Que cabe aclarar que, por las Resoluciones Generales DGI 3431/91 y 3543/92 y sus respectivas modificaciones, se establece un régimen que faculta a las aduanas como agente de percepción del IVA adicional y del impuesto a las ganancias, determinando, en cada caso, las excepciones contempladas a las mismas. De la normativa reseñada surge que la Aduana está debidamente facultada para la percepción de los impuestos, en su carácter de agente de retención, pero ello no implica que esté autorizada a su determinación o a ejercer cualquiera de las demás atribuciones que las respectivas leyes ponen a cargo de la DGI. Por lo demás, las alícuotas que se exigen son las garantizadas por el importador en el DIT en trato.
IX. Por otra parte, respecto del planteo referido a la improcedencia de las percepciones de I.V.A. Adicional y anticipo del Impuesto a las Ganancias y advirtiendo que en el caso de autos se dan los presupuestos de hecho y derecho analizados por nuestro Máximo Tribunal en "Cladd ITA SA (22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas", oportunidad en que los magistrados sostuvieron que "... cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extiende la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario, ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco apercibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal...”
Teniendo en consideración lo tratado y resuelto en el precedente citado, considero que no corresponde la exigencia de las percepciones en cuestión.
En relación al reclamo de improcedencia del derecho adicional esgrimido por la recurrente, amén de que el D.I.T. en trato fuera documentado en el marco del Decreto 1439/96, corresponde tener en cuenta el criterio sentado por la jurisprudencia de la CSJN en los fallos "Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ A.N.A." y "IEF LATINOAMERICANA SA c. DGA s/ recurso de apelación" (TF 16.912-A), en consecuencia, corresponde excluir el mismo del monto reclamado a la actora.
X. Que, sentado todo ello, se procede a practicar nueva liquidación de tributos, a la luz de la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal aplicable al caso de autos.
Liquidación correspondiente a mercadería en infracción del DIT Nro. 01 001 IT14 004079 D –fs. 13– Tributos:
Item 1 Valor en Aduana: $ 41.726,91 Derechos (18%): $ 7.510,84 Estadística (0,5%): $ 208,63 Base IVA $ 49.446,38 IVA 21% $ 10.383,73 Total tributos: (cfme liq. aduanera) = $ 18.103,20 /2.78 (tipo de cambio al vto. Del DIT) = U$S 6.511,94 Item 2 Valor en Aduana: $ 11.256,30 Derechos (18%): $ 1.632,16 Estadística (0,5%): $ 56,28 Base IVA $ 12.944,74 IVA 21% $ 2.718,39 Total tributos: (cfme liq. aduanera) = $ 4.406,83/2.78 (tipo de cambio al vto. del DIT) = U$S 1.585,19 Total tributos adeudados U$S 8.097,13 más los intereses del art. 794 del C.A. desde el 13/05/2013.
XI. Por otra parte, la recurrente impugna la determinación tributaria efectuada por la Aduana en relación a la pretensión en dólares.
En relación al reclamo de tributos en dólares, la aseguradora cita arts. 637, 638 y 639 del C.A., la Ley 23.905, 23.928, ratificada por la Ley 25.561 y la Res. Gral. 3271/12.
Sostiene que el art. 20 de la Ley 23.905 no resulta aplicable dado que implicaría realizar un ajuste, el cual, sostiene, se encontraría prohibido según art. 10 de la Ley 23.928. Asimismo plantea la inconstitucionalidad de la Resolución General AFIP 3271/12.
Cabe señalar que el art. 20 de la Ley 23.905 regula, por un lado, la moneda en que se determinan las deudas tributarias originadas en operaciones aduaneras, es decir en dólares estadounidenses y por otro, la forma en que pueden cancelarse.
La conversión a moneda de curso legal no debe ser entendida como un mecanismo de actualización de los créditos, sino como la manera de facilitar al obligado su pago.
La cuestión aquí debatida debe resolverse de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en la causa “Volkswagen Argentina S.A. (TF 22.179-A) c/ DGA”, sent. del 23/08/11, en la que se estableció que los derechos de importación y exportación así como los demás tributos que gravaren tales operaciones, incluido el IVA, se determinaran en dólares estadounidenses, sin perjuicio de que el pago pueda efectuarse en dólares o en la moneda nacional al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago. En consecuencia debe rechazarse el planteo de la recurrente en este sentido.
En relación al cuestionamiento de la recurrente respecto de la tasa de interés aplicada cabe poner de manifiesto que la misma ha sido fijada conforme a la normativa vigente y este Tribunal es incompetente para su morigeración.
XII. Por último, en cuanto al cuestionamiento de la actora relativo al hecho de que la Aduana no hubiere glosado la póliza de caución por la que se le intima el pago de tributos, argumentando que su falta de agregación permite concluir que la misma fue devuelta por encontrarse cancelada la operación en cuestión y que el reclamo carece de sustento, ha quedado subsanado ante esta instancia con la agregación de la misma, que fuera remitida en copia por la Aduana a fs. 41/42, y de la que resulta que fue emitida por la firma “Aseguradora de Créditos y Garantías SA” con fecha 25/07/2001para garantizar las obligaciones emergentes del DIT Nº Nro. 01 001 IT14 004079 D hasta la suma de u$s 19.000, siendo ello así la Aduana debe limitarse a reclamar dicho monto y no más, pues en caso contrario operaría un enriquecimiento sin causa a favor del Fisco Nacional.
Por lo expuesto, la responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el límite máximo asegurado en la póliza que totaliza la suma, en concepto de capital, de diecinueve mil dólares (u$s 19.000), con más los intereses del art. 794 del C.A.
XIII. Que en razón de los considerandos que anteceden corresponde confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto intima a la recurrente el pago de tributos por la suma de U$S 8.097,13 a los que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero que deben calcularse desde el vencimiento del plazo de diez (10) días computados a partir del 25/04/2013, hasta la fecha de efectivo pago, y revocarla en cuanto a la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y Ganancias que la Aduana le intima.
Por lo expuesto, VOTO POR:
Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nro. 7765/2013 en cuanto intima a la recurrente el pago de tributos, los que ascienden a la suma de dólares ocho mil noventa y siete con 13/100 (U$S 8.097,13) a los que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero que deberán calcularse desde el 13/05/2013, hasta la fecha de efectivo pago con costas a la actora y, revocarla en cuanto al derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y Ganancias, con costas al fisco nacional.
El Dr. Héctor H. Juárez dijo:
Adhiero al voto del Vocal preopinante salvo en cuanto a las costas que entiendo deben imponerse por su orden en relación a las percepciones de IVA adicional y del impuesto a las ganancias, en virtud de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es de fecha posterior al dictado de la resolución objeto de apelación, como así también a la fecha de la presente interposición de recurso.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo y en cuanto a las costas al voto del Dr. Juárez. En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nro. 7765/2013 en cuanto intima a la recurrente el pago de tributos, los que ascienden a la suma de dólares ocho mil noventa y siete con 13/100 (U$S 8.097,13) a los que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero que deberán calcularse desde el 13/05/2013, hasta la fecha de efectivo pago con costas a la actora y, revocarla en cuanto a la exigencia del derecho adicional con costas al fisco nacional, y respecto a las percepciones de IVA adicional y Ganancias, con costas por su orden.
Regístrese, notifíquese a la actora (Aseguradora de Créditos y Garantías S.A) en la CUIT 20-08426456-4 (Dr. Jorge Luis Peluffo) y al fisco nacional en el CUIT 33-69345023-9, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo – Vocal Subrogante-, Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (Art. 1.162 CA).
Date: 2023.10.17 14:16:15 -03:00 Date: 2023.10.18 11:21:06 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.10.18 12:48:34 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.18 12:48:35 -03:00
Fin de la sentencia