Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 39.468-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nro. 7261 en cuanto intima a la recurrente el pago de tributos, los que ascienden a la suma de DOLARES CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 41/100 (U $S 5.938,41) a los que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero que deberán calcularse desde el vencimiento del plazo de diez (10) días computados a partir del 09.11.2016, hasta la fecha de efectivo pago, limitando su responsabilidad a la suma de pesos ciento diez mil ($ 110.000), con costas a la actora y, revocarla en cuanto a las percepciones de IVA adicional y Ganancias, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-145002940-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 5 de Diciembre de 2023 Nro. 39.468-A Reunidos los Señores Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Christian M. González Palazzo – Vocal Subrogante-, Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados: “Aseguradora de Créditos y Garantías SA. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expte. Nro. 39.468-A.
El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que a fs. 8/13 se presenta, por apoderado, la firma aseguradora e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 7261 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación Nº 12197-10052-2008, por la cual se la intimó al pago de la suma de U$S 5.938,41 en concepto de tributos y de $ 9.245,28 en concepto de percepción de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias con más los intereses previstos por el art. 794 del CA, en su carácter de garante de la importadora “Royal Group Technologies del Sur SA”, por la comisión de la infracción tipificada por el art. 970 del Código Aduanero en relación a la DIT Nro. 04 001 IT16 001320R. Se refiere a los antecedentes de la causa. Destaca que la tramitación sumarial presenta falencias procedimentales, atento el tiempo transcurrido desde el vencimiento que se invoca de la operación hasta el dictado del fallo y su notificación. Alega la prescripción de la acción y en particular del reclamo en relación al Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado. Cuestiona la determinación tributaria, su alcance y rubros (IVA Adicional y anticipo del Impuesto a las ganancias), como así también la incompetencia de la DGA para expedirse sobre las percepciones y el IVA. Cuestiona que la tasa de interés aplicada, contemplada en el art. 794 del CA, sea la misma sobre un capital en pesos que en dólares estadounidenses. Opone el límite de responsabilidad de la aseguradora al monto de la póliza otorgada. Ofrece prueba, efectúa reserva de Caso Federal. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 20/31, se presenta el representante fiscal, y contesta el traslado que le fuera conferido. Efectúa una breve reseña de los hechos acontecidos en Sede Aduanera. Formula una negativa general respecto de todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la actora que no sean objeto de su especial reconocimiento. Expresa que la firma importadora no habría regularizado dentro del plazo la situación de la mercadería introducida mediante la destinación en trato. Manifiesta que el procedimiento administrativo llevado a cabo a lo largo de casi diez años, no es un plazo irrazonable en términos convencionales. Considera que no ha operado la prescripción de la acción para percibir los tributos reclamados, y que pretender que se aplique el art. 56 de la ley 11.683, cuando corresponde que se aplique los arts. 803, 804 y especialmente del 805 del CA, es un absurdo. Señala que, en autos, no se ha acreditado la reexportación de la mercadería. Asimismo, en cuanto a los rubros que la actora considera que no se encontraban garantizados bajo la póliza emitida, entiende que corresponde estar a aquellos que pudo entenderse como garantizado, siendo de aplicación supletoria la normativa civil y comercial que regula el contrato de seguros/fianzas. Entiende que la garantía prestada alcanza a todos los conceptos contenidos en los DITs, máxime si se tiene presente que, de rebajarse el monto garantizado, se produciría un enriquecimiento sin causa a favor de la aseguradora porque cobró una prima acorde a una suma coincidente con la liquidación de los DIT, para luego desconocerlo. Se refiere a la finalidad y características del Seguro de Caución. Menciona la Regla del Perjuicio Sustancial. Expresa en cuanto al planteo de la actora sobre la confiscatoriedad e inconstitucionalidad de los intereses aplicados, que para tratar tal tema debió seleccionar otra vía judicial, acudiendo directamente a la Justicia en lo Contencioso Administrativo. Ofrece prueba. Hace reserva del Caso Federal. Solicita se dicte sentencia confirmando la Resolución aduanera apelada, con expresa imposición de costas.
III. Que las pruebas ofrecidas por las partes consistieron en las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12197- 10052-2008, a fs. 34 no se hizo lugar a la prueba ofrecida por el fisco por inconducente. A fs. 41 se elevan los autos a la Sala “E” y a fs. 44 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que de la compulsa del expediente administrativo Actuación Nro. 12197-10052-2008 surge que el mismo se inició con la Denuncia formulada contra la importadora “Royal Group Technologies del Sur SA”, por la presunta comisión de la infracción al Régimen de Destinación Suspensiva prevista en el art. 970 del C.A y ss, respecto de la Destinación 04 001 IT16 001320R, cuyo vencimiento operó el 18/10/2006. A fs. 2 luce la carpeta de la DIT 04 001 IT16 001320R, oficializada el 18/10/2004. A fs. 6/9 obra Liquidación de Tributos. A fs. 10, en fecha 27/12/2011, se dispone la instrucción de sumario, en los términos del Art. 1090 inc. C del CA. A fs. 11 obra Consulta de una Garantía Global o Unitaria. A fs. 12 obra glosada la Póliza nº 826.758. A fs. 17/18 luce la Determinación de Base de Tributos y Multa. A fs. 19 se corre vista de lo actuado a la firma importadora y a la firma “Aseguradora de Créditos y Garantías SA”, en su carácter de garante de la operación, quedando ambas notificadas el 09.11.2016. A fs. 22/27 la firma “Aseguradora de Créditos y Garantías SA” contestó la vista conferida. A fs. 31 se declaró la rebeldía de la firma importadora en los términos del art. 1.105 del CA. A fs. 38 consta que de la consulta al Registro de Infractores surge la inexistencia de antecedentes computables para la graduación de la pena, correspondiendo graduar el importe de la multa en una (1) vez. A fs. 39 se tuvo por presenta a la firma Aseguradora de Créditos y Garantías SA y se pasaron los autos para resolver, en los términos del art. 1.112 del CA. A fs. 40/41vta. en fecha 22/12/2016, se dictó la Resolución DE PRLA nº 7261, apelada en autos.
V. Que en primer término cabe analizar el planteo de prescripción de la acción del fisco para intimar el pago de tributos formulado por la actora, atento el tiempo trascurrido, desde el vencimiento de la operación que se cuestiona, hasta el dictado del fallo aduanero.
Que según surge de las actuaciones administrativas el plazo de vencimiento del DIT Nº 04 001 IT16 001320R data del 18/10/2006, siendo ello así el plazo quinquenal establecido en los arts. 803 y sgtes. del CA, debe comenzar a computarse desde el 01/01/2007.
Que el art. 805 del CA dispone que: “La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;” debiendo destacarse que en ninguna de las mencionadas normas se hace referencia a la obligatoriedad de la notificación del auto para que cumpla sus efectos, sino que solamente aluden a su dictado. Asimismo, el art. 807 del aludido cuerpo normativo establece que la aludida suspensión respecto del deudor principal también surte efectos en relación con los deudores solidarios. Que, en los términos de lo dispuesto en el art. 803 y sgtes. del CA, cabe señalar que en la causa el plazo de la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos quedó suspendida el 27/12/2011 (fecha del auto de instrucción de sumario) hasta el dictado de la resolución apelada -22/12/2016 -, motivo por el cual el mismo no se encontraba vencido a la fecha del dictado de la resolución que en autos se cuestiona.
Por todo lo expuesto no se infiere vulnerado el derecho de defensa, sino que por el contrario, el mismo ha sido ejercido dentro de los márgenes que habilita el Código rector y no se advierten acciones deliberadas de las autoridades que permitieren aseverar como responsables únicos en la potencial demora que pudiere advertirse en el marco de sustanciación de la presente.
Que, respecto a la alegada prescripción del reclamo referido a los impuestos a las ganancias y al Valor Agregado formulado expresamente por la recurrente, en cuanto señala que la misma se rige por la Ley 11.683, cabe recordar a la recurrente que una ley especial —tal el caso- mantiene aplicación preferencial por sobre ley general. Es por ello que, la materia que nos ocupa, especial y específica, tanto en su parte dogmática como procedimental, se encuentra regulada y reglada por el Código Aduanero, con la aplicación supletoria de los Códigos Procesal Civil y Comercial y Procesal Penal de la Nación y la Ley de Procedimiento Administrativo respecto de lo actuado por ante el servicio aduanero.
Aclarado ello y visto lo analizado respecto de los principios rectores aplicables en materia de prescripción de las acciones del Fisco para exigir tributos, corresponde rechazar el planteo analizado.
VI. Sentado ello, corresponde determinar si es ajustada a derecho la resolución apelada en autos. La cuestión que nos ocupa, tuvo su origen en la operación de importación temporaria documentada como Destinación Nro. 04 001 IT16 001320R.
Mediante dicha operación, oficializada el 18/10/2004, la firma “Royal Group Technologies del Sur SA” ingresó mercadería al territorio aduanero, amparada en el Decreto Nro. 1439/96, por un plazo de 360 días, con vencimiento (prorrogado) al 18/10/2006, para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen. No existiendo la presentación por parte de la importadora o en su caso la aseguradora de documentación que acreditara el cumplimiento total del régimen, el servicio aduanero labró el Acta de Denuncia por presunta infracción a lo establecido en el art. 970 del CA, que establece que en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o exportación temporaria – según el caso- el incumplidor será sancionado con una multa y el pago de tributos que gravaren la importación para consumo (o la exportación para consumo), de la mercadería en infracción.
Que al servicio aduanero le basta con acreditar el mero vencimiento del plazo, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporal, la comprobación del hecho objetivo – incumplimiento- que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba, quedando a cargo del presunto infractor la acreditación de todos los extremos que afirme la eximen de responsabilidad penal.
Respecto a ello y conforme surge de la propia normativa que regula la importación temporaria, a los fines de acreditar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del régimen al amparo del cual se realizó la operación de importación temporaria, es necesario contar con los permisos de embarque – o copias- mediante las cuales se exporta o se importa a consumo (según el caso), la mercadería para cuya producción fueron importados temporariamente o directamente se reexportan en el mismo estado en que fueron importados y, en caso de corresponder, los Certificados de Tipificación y Clasificación – o sus copias- que acrediten la relación insumo/ producto.
A efectos de facilitar el análisis metódico correspondiente, estimo pertinente, examinar si efectivamente, se encuentra producida la infracción que motivó el dictado de la resolución cuestionada.
De la compulsa de la documentación obrante en la causa resulta que ni la importadora ni la aseguradora han aportado – y consecuentemente acreditado- en las actuaciones administrativas las constancias del cabal cumplimiento de las obligaciones asumidas relativas al régimen establecido en el Decreto 1439/96, habiendo vencido los plazos correspondientes a la destinación de importación temporaria.
De lo expuesto se puede inferir que ha quedado comprobada la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del CA y el fisco no ha marrado el emitir la resolución condenatoria (que abarca el reclamo tributario) aquí recurrida.
Como se ha expresado, la infracción en el art. 970 del CA ha quedado demostrada y la firma aseguradora ha garantizado mediante la póliza 826.758 los tributos correspondientes a la destinación de importación temporal de marras.
Determinada la producción de la infracción imputada a la importadora, se ha configurado el siniestro en los términos del art. 3 de la póliza otorgada por la firma garante.
VII. Que, corresponde tratar los agravios vertidos por la aseguradora.
Al efecto, cabe señalar que la firma Aseguradora de Créditos y Garantías SA otorgó la póliza 826.758, mediante la cual garantizó la operación documentada por la destinación DIT nro. 04 001 IT16 001320R.
Que se ha sostenido a lo largo de abundantes antecedentes jurisprudenciales que el garante asume las obligaciones de un codeudor, convirtiéndose en liso, llano y principal pagador de la obligación tributaria que garantiza mediante la expedición de una póliza de caución, motivo por el cual la Aduana puede dirigir la acción contra la importadora o la aseguradora o ambas partes.
En este orden de ideas, también cabe destacar que en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (C.N.Com., Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIROGIETTI Alejandro H. Y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Asimismo, surge de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado, que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este "tipo" de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (C.N.Com., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). Tampoco el asegurador goza de derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
La Aduana, en su carácter de asegurado o acreedor frente al incumplimiento del tomador del seguro —importador- no se encuentra obligada a cumplir con otros requisitos más que la determinación de dicho incumplimiento.
La responsabilidad de la aseguradora por el pago de los tributos adeudados es consecuencia inmediata del incumplimiento del tomador del seguro y la falta de pago por parte del mismo, tal como ha sido expresamente asumido a través de la garantía o seguro de caución oportunamente otorgado.
Por otra parte, y tratándose el seguro de caución de un contrato consensual, y en atención a la calidad profesional del asegurador, que lo obliga a un obrar diligente en la evaluación del riesgo o medida del daño que está garantizando, los argumentos expuestos en su defensa, que pretenden desconocer las consecuencias de las obligaciones libremente asumidas al otorgar la garantía, resultan contrarios a la doctrina de los actos propios. La firma importadora de la mercadería bajo el régimen de importación temporaria garantizó el pago de los tributos, exigibles como consecuencia de su eventual incumplimiento, conforme a lo previsto en al art. 453, inc. c), del C.A. y utilizó a ese fin el "seguro de caución" contemplado en el art. 455 del C.A., otorgado por la aquí recurrente, quien se obligó al pago de una suma estipulada ante el mero vencimiento de una obligación del tomador, conviniéndose en segundo deudor en "paridad de grado".
Por último, cabe señalar que la fianza constituye una relación accesoria de un contrato ya celebrado y no está subordinada a un evento dañoso e incierto, sino a la simple eventualidad de la falta de cumplimiento de la obligación pactada por parte del deudor (Morandi, J.C., "Lecciones Preliminares sobre el Contrato de Seguros", 1963, p. 28 y sgtes.).
En este orden de ideas, conforme surge de la póliza de seguro de caución obrante en autos – ver fs. 12 de las Act. Adm.-, la aquí recurrente ASEGURADORA DE CREDITOS Y GRANTÍAS S.A., garantizó al servicio aduanero el pago de las sumas de dinero por eventuales obligaciones respecto de la operación de importación temporaria involucrada en estos autos.
La finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26-981, INDESA S.A. cf APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-13, 416, E.D. 97-588; CNfed. Civil y Com., Sala IH, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. C / AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom., Sala A, precedente citado).
Ello así, y habiendo quedado configurada la infracción endilgada a la importadora, prevista y penada en el art. 970 del C.A., surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante de los tributos adeudados como consecuencia de la importación para consumo de la mercadería importada temporariamente.
VIII. Que, en cuanto a los agravios vertidos por la actora respecto a la falta de competencia de la DGA para determinar cuestiones vinculadas a las percepciones de IVA, y la determinación incorrecta de la percepción de impuesto a las ganancias, dado que considera que le es aplicable la alícuota del 3% a las ganancias en vez del 11%, cabe aclarar que, por las Resoluciones Generales DGI 3431/91 y 3543/92 y sus respectivas modificaciones, se establece un régimen que faculta a las aduanas como agente de percepción del IVA adicional y del impuesto a las ganancias, determinando, en cada caso, las excepciones contempladas a las mismas. De la normativa reseñada surge que la Aduana está debidamente facultada para la percepción de los impuestos, en su carácter de agente de retención, pero ello no implica que esté autorizada a su determinación o a ejercer cualquiera de las demás atribuciones que las respectivas leyes ponen a cargo de la DGI. Por lo demás, las alícuotas que se exigen son las garantizadas por el importador en el DIT en trato.
IX. Por otra parte, respecto del planteo referido a la improcedencia de las percepciones de I.V.A. Adicional y anticipo del Impuesto a las Ganancias y advirtiendo que en el caso de autos se dan los presupuestos de hecho y derecho analizados por nuestro Máximo Tribunal en "Cladd ITA SA (22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas", oportunidad en que los magistrados sostuvieron que "... cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extiende la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario, ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco apercibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal...”.
Teniendo en consideración lo tratado y resuelto en el precedente citado, considero que no corresponde la exigencia de las percepciones en cuestión.
X. Que en relación al cuestionamiento de la aseguradora respecto de la tasa de interés aplicada en autos, cabe poner de manifiesto que la misma ha sido fijada conforme a la normativa vigente y este Tribunal es incompetente para su morigeración.
Y ello así por cuanto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Neumáticos Goodyear S.A." ha resuelto que "Uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su coherencia con el resto del sistema del que forma parte es la consideración de sus consecuencias" (Fallos 323:3412). Justamente, la Corte fue contundente en "Orazio Arcana" al señalar que "resulta obvio el interés común en el pago puntual de los impuestos a fin de permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado, interés que justifica la elevación de las tasas más allá de lo normal, elevación que —por otra parte— no beneficia a personas determinadas sino a la comunidad toda" (Fallos 308:284) criterio ratificado en adonde sentó que "Se justifica que las leyes impositivas contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa el interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública; con ese propósito se justifica la aplicación de tasas de interés más elevadas" (Fallos 316:42).
El criterio cimero fue ratificado en "Desarrollos al Costo C/ Buenos Aires, Provincia de SI Acción declarativa de inconstitucionalidad" (CSJ 311/2013 Rta.02/05/19), adonde refiriéndose a la citada doctrina destacó que "los réditos deben ser liquidados de conformidad con las tasas fijadas en las resoluciones dictadas al efecto por el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Economía".
Sentado ello, cabe destacar que la norma cuestionada por la recurrente era conocida al momento de asumir su obligación frente a la Aduana y consecuente -y sistémicamente- aceptada pues, claro está, el giro de sus negocios se encuentra vinculado a la operatoria del comercio exterior. Esa actividad supone un riesgo, que fue asumido y aceptado. Ese riesgo sólo devendría irrazonable si fuere el mismo Estado el que por inacción procesal o una acción abusiva deliberada, actual y concreta pusiera en crisis la tutela judicial efectiva de sus derechos, lo que obligaría al operador judicial a asumir un temperamento proactivo acorde a los requerimientos constitucionales —que comprende a los convencionales- por lo que, no verificándose en la especie tales extremos, el agravio esbozado en tal sentido, no puede prosperar en sentido positivo.
No puede soslayarse en tal sentido que la reclamante no ha siquiera intentado demostrar empíricamente lesividad concreta que la norma en crisis genere a sus derechos, por lo que en definitiva "no se justifica una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad" ("Provincia de Santa Cruz" Fallos 316:42).-
Concretamente, el juego sistémico entre la Resolución 841/10 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Resolución General AFIP 3271/12 y la voluntad del legislador plasmada en lo normado en los arts. 37 y 52 de la Ley 11.683 y en los arts.794 y 797 del Código Aduanero (Ley 22.415) se encuentra plenamente vigente y debe ser aplicado máxime cuando su validez no ha sido tachada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ponerlo en crisis por la vía intentada por la recurrente, implicaría socavar indebidamente la estanqueidad divisoria de los poderes que el constituyente plasmó en nuestra Carta Magna y a cuya custodia nos conmina a todos los operadores judiciales de la República. (CSJN, Fallos: 155:248; 272:231; 273:418; 310:112; 311:2580). Lo dicho encuentra eco en lo resuelto por la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo Federal en "Procesadora de Boratos Cf DGA" (Expte. 21840/2012, TF 28.181-A) adonde con meridiana claridad expone que "acceder a esta altura de la causa, sin mediar producción de prueba idónea, a la descalificación de las tasas de interés fijada por las Resoluciones 492/06 (MEyP) y 841/10 (MEyFP), a aplicar una tasa no vigente (y. gr: la tasa prevista en la Resolución ME 21/91), implicada sustituir a la Administración en su ámbito de discrecionalidad sin sustento fáctico y jurídico suficiente.
En efecto la fijación de la tasa de interés aplicable a los créditos tributarios es llevada a cabo en base a criterios de oportunidad, mérito y conveniencia que nos son susceptibles de revisión judicial, y sólo corresponde a los jueces controlar la legitimidad del obrar de las autoridades administrativas, no estando facultados para sustituirse a ellas en la valoración de las circunstancias ajenas al campo de lo jurídico (CSJN; FALLOS 308:2246 y sus citas 311:2128; 321:1252, espc. Consid. VII y sus citas)..." concluir sentando que "resulta razonable que los intereses superiores a aquellos por los cuales puedan los particulares obtener créditos en el mercado financiero, ya que "de no ser así, los contribuyentes podrían contemplar la alternativa - claramente perniciosa para el bien común- de obtener un financiamiento por la vía de dejar de cumplir puntualmente sus obligaciones tributarias.." dando pautas claras y contundentes de la improcedencia e inconveniencia de acceder a la morigeración de la tasa de interés solicitada por la actora aseguradora.-
En el caso traído a debate no se verifica una injustificada e irrazonable demora del aparato estatal en la resolución de una cuestión que no presenta significativa complejidad, ni omisión o acción actual y concreta por parte de quienes lo integran que permitiera identificar el cercenamiento de garantías constitucionales - ora convencionalescon el juego sistémico normativo en crisis, motivo por el cual me encuentro convencido de que no se colige razonabilidad jurídica suficiente que permitan a este Tribunal de justicia receptar de modo alguno el agravio de la actora.
A modo de colofón, estimo pertinente expresar que, este juzgador no es ajeno a las espasmódica fluctuación de la monde nacional ni desconoce la demora que se evidencia – desde antaño- en la y tramitación de reclamos como el aquí ventilado (germinando una patología perniciosa para el estado), por lo que resulta necesario que las autoridades competentes generen acciones concretas que mitiguen las disvaliosas consecuencias que pudiere acaecer en contextos macro económicos que pudieran abonar incertidumbre – y eventualmente perjuicio- a los operadores del comercio exterior.
XI. Por último, corresponde dejar sentado que la póliza en virtud de la cual la Aduana funda su exigencia a la firma aseguradora está garantizada por la suma máxima de $ 110.000 (ver la póliza Nro. 826.758, agregada a fs. 12 de las Act. Adm., extendida por "ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA” a favor de la Aduana en su condición de garante de la importación temporaria objeto de autos), siendo ello así la Aduana debe limitarse a reclamar dicho monto y no más, pues en caso contrario operaría un enriquecimiento sin causa a favor del Fisco Nacional.
Por lo expuesto, la responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el límite máximo asegurado en la póliza que totaliza la suma, en concepto de capital, de PESOS CIENTO DIEZ MIL ($ 110.000), con más los intereses del art. 794 del C.A.
XII. Que en razón de los considerandos que anteceden corresponde confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto intima a la recurrente el pago de tributos por la suma de U$S 5.938,41 a los que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero que deben calcularse desde el vencimiento del plazo de diez (10) días computados a partir del 09.11.2016, hasta la fecha de efectivo pago limitando su responsabilidad a la suma de pesos ciento diez mil ($110.000) de conformidad al considerando que antecede, y revocarla en cuanto a la exigencia de las percepciones de IVA adicional y Ganancias que la Aduana le intima.
XIII. Las costas se imponen por los mutuos vencimientos.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nro. 7261 en cuanto intima a la recurrente el pago de tributos, los que ascienden a la suma de DOLARES CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 41/100 (U$S 5.938,41) a los que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero que deberán calcularse desde el vencimiento del plazo de diez (10) días computados a partir del 09.11.2016, hasta la fecha de efectivo pago, limitando su responsabilidad a la suma de pesos ciento diez mil ($110.000) y, revocarla en cuanto a las percepciones de IVA adicional y Ganancias.
2. Costas por los mutuos vencimientos.
El Dr. Héctor H. Juárez dijo:
Que adhiero a lo resuelto por el Dr. González Palazzo excepto en cuanto a la distribución de costas respecto del monto de los tributos que por la presente se revocan, las cuales considero que deben aplicarse en el orden causado, ello por cuanto se resolvió conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A)”, fallado el 26/11/19, de fecha posterior al dictado de la resolución objeto de apelación, como así también, a la fecha de interposición del presente recurso. ASI LO VOTO. El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero a los puntos I a IX y XI a XIII del voto del Dr. González Palazzo, aclarando que al monto de los tributos que se confirma, corresponde aplicar el tipo de cambio de la fecha de vencimiento de la DIT (18.10.06) indicado en las liquidaciones de fs. 7/9 y 17/18 de las actuaciones administrativas.
Que con relación a las costas por las percepciones de IVA adicional y de ganancias que se revocan, adhiero al voto del Dr. Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nro. 7261 en cuanto intima a la recurrente el pago de tributos, los que ascienden a la suma de DOLARES CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 41/100 (U $S 5.938,41) a los que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero que deberán calcularse desde el vencimiento del plazo de diez (10) días computados a partir del 09.11.2016, hasta la fecha de efectivo pago, limitando su responsabilidad a la suma de pesos ciento diez mil ($ 110.000), con costas a la actora y, revocarla en cuanto a las percepciones de IVA adicional y Ganancias, con costas por su orden. Regístrese, notifíquese a la actora “Aseguradora de Créditos y Garantías SA” en el CUIT 20-08426456-4 y al fisco nacional en el CUIT 33-69345023-9, y oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo – Vocal Subrogante-, Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (Art. 1.162 CA).
Date: 2023.12.05 12:18:11 -03:00 Date: 2023.12.05 13:20:26 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.05 14:18:17 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.05 14:18:19 -03:00
Fin de la sentencia