Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2023-19818655-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad del art. 3 de la resolución DE PRLA 2961, en cuanto intima al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-70964818-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 5 de Julio de 2024 SGASAD#TFN Se reúnen los Vocales miembros de la Sala “E” Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Miguel N. Licht (como subrogante por encontrarse vacante la Vocalía 14ª), con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados EX-2023-19818655- -APN-SGASAD#TFN (“ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA”).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. El 23.02.23 la firma recurrente mediante RE-2023-19817748-APN-SGASAD#TFN interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA 2961 de fecha 25.04.19, de la Aduana de Buenos Aires, recaída en la actuación SIGEA 13289-21005-2009, por la cual se le formula cargo respecto de la destinación de exportación 06001IT14005151A, por un monto total de Dólares Estadounidenses Cinco Mil Seiscientos Ocho con 58/100 centavos de dólar (u$s5.608,58.-) con más la suma de Pesos Veintiún Mil Setecientos Cinco ($21.705.-). Señala que el fallo recaído determina su responsabilidad en la medida de la extensión del seguro, o sea hasta el límite afianzado en la misma (que en el caso asciende a la suma de $78.000.-), suma que en consecuencia determina el límite de la acción planteada en esta instancia (Póliza 902241).
En primer término, se agravia de la falta de declaración de nulidad, por parte de la administración del acta de apertura del sumario, en atención a que dicha resolución incumple las previsiones expresamente establecidas por el art. 1094 del Código Aduanero (“CA”). Agrega que frente a la falta de cumplimiento de dichas previsiones dicho acto es nulo de nulidad absoluta, en tanto es violatorio de la ley y de los principios del debido proceso y derecho de defensa, ambos de raigambre constitucional. Manifiesta la irrazonabilidad de los plazos del procedimiento. Señala que resulta realmente agraviante, a todo derecho de defensa de su mandante y de cualquier administrado, pretender que el transcurso de más de catorce años desde el vencimiento de la temporal hasta la notificación del fallo administrativo condenatorio resulte compatible con el derecho al debido proceso.
Argumenta que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de 5 años, que prescribe el art. 803 del CA., el cual en el caso de autos comenzó a correr a partir de la notificación de la corrida de vista a su mandante, en los términos del art. 804 “b” del CA. Entiende que, de no hacer lugar a los planteos hasta aquí expuestos, se debe tratar las excepciones de nulidad y prescripción, atento que al momento de efectuarse la notificación del fallo recurrido el plazo de prescripción se encontraba ampliamente vencido conforme art. 805 inc a) del CA. Impugna la existencia de causales de suspensión o interrupción respecto de la obligación tributaria, así como que las mismas pudieran ser opuestas a su parte.
Manifiesta que no le fue notificada la apertura de sumario. Entiende de que el plazo de prescripción comenzó a correr desde el día 01.01.10 (dado que el hecho generador de la obligación tributaria se habría cometido el día 19.07.09 (vencimiento DIT) por lo tanto el plazo de prescripción vencía el día 31.12.14. Argumenta la prescripción de los impuestos y, en particular, destaca que en cualquier caso ha operado la prescripción de los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado. Cuestiona la resolución por ilegítima en la determinación tributaria por i) haberse calculado erróneamente la percepción del IG; además de requerirlos fuera del período anual en el que se produjo el hecho imponible y ii) estar ante un impuesto sin ley que lo sostenga y iii) los intereses sobre la eventual deuda que se reclama.
Peticiona que se revoque también la resolución dictada, toda vez que en la misma se ha omitido considerar correctamente que su mandante ha garantizado a la Aduana Nacional en forma exclusiva los tributos originados en la operación aquí cuestionada, por lo que de verificarse la imputación efectuada en el sentido de haber el tomador destinado a consumo los bienes importados con carácter de importación temporaria, su mandante deberá responder exclusivamente respecto de los mismos y hasta la concurrencia de la suma máxima asegurada. Aclara que su mandante no ha garantizado y por ende no responde por los derechos adicionales que pudieran corresponderle abonar al importador, ni por multas que se le impusieran, ni por los intereses que se originaran en la mora del importador y no de esta aseguradora.
Señala que no resulta ajustada a derecho la pretensión aduanera esgrimida en la causa, toda vez que en la misma se han incluido derechos adicionales e IVA adicional. Entiende que existe una improcedencia del reclamo por percepciones. Que en esencia es uno de los modos en que se concreta el cobro de anticipos de impuestos, el cual opera respecto al obligado directo del tributo y es en cabeza de éste quién operará el hecho imponible fijado en la ley como gravado, en el caso el importador quién generará o no ganancia en el período o realizará la reventa del bien importado. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, manifiesta que la alícuota del 11% es incorrecta, que correspondería el 3% que es lo establecido para los bienes de cambio.
Por último, se agravia en cuanto a los intereses reclamados por las sumas adeudadas en concepto de tributos por el importador (fijados en Dólares Estadounidenses) a las que se les ha aplicado sobre dicho capital la tasa de interés que fija el art. 794 del CA para cálculos de deudas en pesos. Ofrece prueba. Hace reserva de caso federal. Solicita que se revoque la resolución aduanera apelada con costas.
II. La representación fiscal contesta el traslado conferido en fecha 10.05.23 mediante el IF-2023-52830447-APN- DTD#JGM y, previa intimación, acompaña las actuaciones administrativas 13289-21005-2009. Reseña los hechos y niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su reconocimiento. Señala que no se observa ningún vicio en los actos administrativos emanados de la Administración Publica y que la actora pudo ejercer ante la jurisdicción administrativa -DGA- como ante el Tribunal Fiscal de la Nación, su derecho de defensa. Entiende que la actora conoció perfectamente la conducta imputada y tuvo oportunidad de defenderse produciendo prueba en la instancia administrativa.
Con relación al plazo razonable, señala que el accionar del servicio aduanero se ajustó a los plazos establecidos por el CA, resultando la actividad desplegada conforme a derecho. Asimismo, destaca que la protección establecida en la mencionada Convención le es acordada a las personas físicas, tal como resulta del artículo 1.2, su Preámbulo y el Informe 10/1991 elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no así a las personas jurídicas como es el caso de la recurrente. En cuanto a la prescripción, manifiesta que conforme lo dispuesto en el art. 805 inc. a) del CA el auto de apertura de sumario suspendió el cómputo de los plazos para perseguir el cobro de los tributos hasta tanto se dictara la resolución infraccional de la cual esos tributos dependían.
Amparada por jurisprudencia deja constancia que es correcta la determinación tributaria formulada, la alícuota aplicada y los intereses que se cuestionan. En cuanto al agravio del límite de la póliza, hace mención que la garantía en trato ha sido constituida de conformidad con lo dispuesto por el art. 453 del CA. Considera que la Aseguradora de acuerdo con las leyes y reglamentaciones aduaneras vigentes -causa eficiente del contrato de seguro en cuestión-, responde total o parcialmente con las garantías exigidas por las mismas, obligación ésta que se extiende hasta la total extinción de las asumidas por el tomador del seguro cuyo cumplimiento cubre. Concluye que la póliza en cuestión se encuentra pendiente de cancelación y activa, siendo -por ello- perfectamente exigible por el monto de los tributos garantizados de conformidad, con los alcances de dicho contrato y con los límites numéricos afianzados.
Hace reserva de caso federal. Ofrece las actuaciones administrativas como prueba. Solicita se confirme la resolución con expresa imposición de costas a cargo de la parte actora.
III. La actuación 13289-21005-2009 se inicia con la multinota de fecha 12.08.09 mediante la cual la firma, Compañía de Barcos SA, solicita la cancelación de la DIT 06001IT14005151A y acompaña la declaración jurada para la cancelación de importaciones temporales. A continuación, obra agregado el sobre de la DIT y prints de pantalla del sistema de registro y de la consulta declaración detallada. A fs. 38 se labra el acta denuncia 2681/2010, mediante la cual se indica que analizada la DIT se entiende prima facie que la firma Compañía de Barcos SA habría incurrido en la infracción tipificada en el art. 970 del CA. A fs. 39 se dicta la nota 8291/2010 (SE PRTE) de fecha 16.11.10 y se agregan las liquidaciones de tributos realizadas por el sector Sección Liquidaciones. A fs. 43, con fecha del 23.09.13 se dispone la instrucción de sumario y la corrida de vista. A fs. 47 se dicta la resolución DE PRLA 2961 apelada en autos, la que fuera notificada a la parte por cédula SICNEA estado “enviado” con fecha 19.01.23 (fs. 49).
IV. Que con fecha 30.08.23 (PV-2023-101245407-APN-VOCXIII#TFN) se abre la causa a prueba, con fecha 14.06.24 se declara la clausura del período probatorio y se elevan los autos a la Sala “E”. Por las constancias de la prueba producida en autos, se dispone no alegar y con fecha 2.07.24 se llaman autos a sentencia.
V. Que corresponde resolver los planteos de nulidad y prescripción de la recurrente.
Por razones de orden procedimental se examinará, en primer lugar, los planteos referidos a la ineficacia del acto administrativo, a fin de constatar la validez de la actuación de la Aduana.
Del examen de las actuaciones administrativas surge que con el acta denuncia 2681/2010 (v. fs. 38 act. adm.), realizados diferentes pases y liquidaciones de tributos, con fecha 02.07.14 se dispone la instrucción de sumario y corrida de vista (v. fs. 43 act. adm.). Sin embargo, no hay constancias de que se haya notificado de ello, ni de ningún otro acto que se haya generado en los actuados, a la recurrente. Tampoco obran constancias de que se hayan efectuado las diligencias necesarias a los fines de verificar la existencia de comisión de la infracción que prima facie habría sido verificada. El Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgaran conforme el procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV, por cual cuando la Aduana tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes le acuerden (Conf. Arts. 1080 y 1081 del CA). El artículo 1101 del CA dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
Surge evidente de las actuaciones administrativas que el servicio aduanero omitió correr vista de lo actuado a los presuntos responsables de la infracción prima facie verificada, limitándose a dictar la resolución que aquí se apela, disponiendo el archivo del sumario de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General (DGA) 9/17 y la formulación de cargo a la recurrente en concepto de derechos de exportación. Nótese asimismo que conforme surge de los antecedentes la resolución apelada de fecha 26.04.19 fue notificada cuatro (4) años después de su dictado (19.01.23).
De lo relatado surge manifiesto que la recurrente ha sido privada de ejercer su derecho a un debido proceso adjetivo, corolario del derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución. La recurrente recién tomo conocimiento del sumario en trato al notificarse de la resolución que aquí se apela, por la cual se generó un cargo. Por lo expuesto, debe señalarse que el servicio aduanero se apartó del trámite reglado por el CA para los procedimientos infracciónales, situación que no puede ser subsanada ante esta instancia. Le asiste razón al recurrente al sostener que la resolución administrativa vulnera groseramente la garantía del derecho de defensa, como así también el principio de tutela judicial efectiva que ampara al imputado, afectando sus derechos subjetivos e intereses legítimos al privarlo de una defensa oportuna.
Resulta claro que no se dio intervención al presunto imputado y responsable del incumplimiento que se endilga, por el que se exige además el pago de tributos. Tampoco fue dictada la resolución en los términos de lo establecido en el artículo 1112 del CA. Ello es así dado que el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, si hubiese seguido el procedimiento reglado en tiempo hábil, debería haber condenado o absuelto al imputado (conf. el inc. a) del art. 1112 del CA) y no ordenar el archivo, sin más trámite, de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General N° 9/17 (DGA). Conforme lo expuesto corresponde declarar la nulidad del art. 3 de la resolución DE PRLA 2961 apelada, haciendo lugar al planteo formulado por la firma ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA, en su carácter de garante, con costas a la Aduana.
Por la forma en que se resuelve el planteo de nulidad deviene inoficioso expedirse acerca de la prescripción de las acciones de la Aduana para exigir tributos.
Por todo ello VOTO POR:
Declarar la nulidad del art. 3 de la resolución DE PRLA 2961, en cuanto intima al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato efectuado en los considerandos I a IV del voto del Dr. Soria II.- Que, formulada la denuncia por presunta infracción del art. 970 del C.A., en el año 2010, posteriormente luce aforo, liquidación y determinación de tributos y multa, , seguidamente se dispone la instrucción de sumario y corrida de vista del 2/7/2014, surge palmaria la omisión de notificar la mencionada corrida de vista. En tales condiciones, previa consulta de garantía global y constancia de la inexistencia de antecedentes infraccionales de la sumariada, se dictó la resolución ahora apelada.
Que en efecto, la disposición aduanera atacada, fue dictada en cumplimiento de la IG N° 9/17 de la D.G.A.,por la cual, al tiempo que dispone el archivo de la denuncia infraccional, ordena formular cargo por los tributos que considera adeudados.
Que el servicio aduanero ha omitido la consideración de que el archivo de la denuncia revestía carácter provisorio hasta que transcurra el plazo de doce meses, vencido el cual, de no mediar otras sanciones que en su conjunto superen el monto fijado, el archivo devenía definitivo. Por tal motivo la resolución DE PRLA n° 2961/2019 no puede considerarse definitiva y sólo puede reconocérsele efectos de intimación al pago de tributos.
Que, en virtud de ello, deviene nula la notificación cuya constancia luce a fs. 66 de las actuaciones, en las que incorrectamente se indica que la resolución es definitiva y que contra tal acto administrativo procedía la interposición del recurso de apelación previsto en el art. 1132 del C.A.
Que, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la notificación de la resolución DE PRLA n° 2961/2019 dirigida a la aseguradora, con costas a la demandada.
III. Que, asimismo considero necesario expedirme respecto del planteo de prescripción opuesto por la actora, respecto de las acciones del Fisco para percibir tributos, toda vez que el mismo incide en la continuidad de las actuaciones conforme se resuelve.
Que conforme lo establecido en los art. 803 del C.A., la acción para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, prescriben por el transcurso de cinco años, los que en el caso comenzaron a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que constituye el hecho gravado (804 del C.A.). Es decir que, la que, en el caso de autos la acción aduanera comenzó a correr el 1º de enero de 2010.
Que teniendo en consideración la fecha del vencimiento de la destinación de importación temporaria en cuestión (19/7/2009) -conforme surge de fs. 39 de las actuaciones administrativas-, y la fecha en que se dicta el auto de instrucción de sumario (2/7/2014), se concluye que no se constata en autos la pretendida prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos, por cuanto el dictado del auto que ordenó la apertura del sumario ha suspendido el cómputo del plazo de prescripción, conforme lo dispuesto en el art. 805, inc. a), del CA; sin exigirse la notificación del referido auto.
Que, por los motivos expuestos, corresponde desestimar el planteo de prescripción opuesto por la actora, con costas.
IV. Que el artículo 1104 del Código Aduanero dispone que dentro del plazo previsto en el artículo 1101, los supuestos responsables podrán impugnar las actuaciones sumariales cumplidas, con fundamento en los defectos de forma de que adolecieren, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo.
Que por lo tanto, corresponde devolver las actuaciones a la DGA y disponer que la División Secretaría de Actuación n° 1 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, subsanando las irregularidades incurridas, imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el art. 1101 del CA.
Que, a los efectos de la prosecución del trámite, deberá tenerse en cuenta el procedimiento de impugnación iniciado por COMPAÑIA DE BARCOS SA ante la Secretaria de Actuaciones n° 1 conforme surge de fs. 51/57 de los antecedentes administrativos.
Que en la forma en que se resuelve, no corresponde el tratamiento del resto de los planteos realizados.
Por ello, VOTO por:
1. Declarar la nulidad de la notificación de la resolución DE PRLA n° 2961/2019 dirigida a la firma ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA, con costas al fisco.
2. Rechazar el planteo de prescripción opuesto por la actora, con costas.
3. Disponer la devolución de las actuaciones para que la División Secretaría de Actuación N° 1 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el artículo 1101 del Código Aduanero (Ley Nro. 22.415).
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE
Declarar la nulidad del art. 3 de la resolución DE PRLA 2961, en cuanto intima al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Licht por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA)
Date: 2024.07.05 14:50:17 -03:00 Date: 2024.07.05 17:40:34 -03:00 Miguel Nathan Licht Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.07.05 18:17:48 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.07.05 18:17:49 -03:00
Fin de la sentencia