Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2023-72352294-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad del art. 2 de la resolución DE PRLA 596 (SIGEA 12197-9817-2008), en cuanto intima al pago de tributos a las recurrentes, con costas a la Aduana.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-19268873-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 24 de Febrero de 2026 APN-SGASAD#TFN; “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA y su acumulado FABI BOLSAS INDUSTRIALES SA TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Se reúnen los Vocales de la Sala “E” Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Claudia B. Sarquís (como subrogante por encontrarse vacante la Vocalía 14ª), con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados EX-2023-72352294- -APN-SGASAD#TFN (“ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA”) y su acumulado EX-2023-73393697- -APN-SGASAD#TFN (“FABI BOLSAS INDUSTRIALES SA”).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. El 25.06.23 la firma recurrente mediante RE-2023-72352255-APN-SGASAD#TFN interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA 596 de fecha 20.02.18, de la Aduana de Buenos Aires, recaída en la actuación SIGEA 12197-9817-2008, por la cual se confirma el cargo por un monto total de Dólares Cinco Mil Trescientos Setenta con 33/100 (u$s5.370,33.-) con más la suma de Pesos Diez Mil Seiscientos Veinte con 54/100 ($10.620,54.-). Señala que el fallo recaído determina su responsabilidad en la medida de la extensión del seguro, o sea hasta el límite afianzado en la misma (que en el caso asciende a la suma de $48.000.-), suma que en consecuencia determina el límite de la acción planteada en esta instancia (Póliza 946668).
En primer término, se agravia de la falta de declaración de nulidad, por parte de la administración del acta de apertura del sumario, en atención a que dicha resolución incumple las previsiones expresamente establecidas por el art. 1094 del Código Aduanero (“CA”). Agrega que frente a la falta de cumplimiento de dichas previsiones dicho acto es nulo de nulidad absoluta, en tanto es violatorio de la ley y de los principios del debido proceso y derecho de defensa, ambos de raigambre constitucional. Manifiesta la irrazonabilidad de los plazos del procedimiento. Señala que resulta realmente agraviante, a todo derecho de defensa de su mandante y de cualquier administrado, pretender que el transcurso de más de catorce años desde el vencimiento de la temporal hasta la notificación del fallo administrativo condenatorio, resulte compatible con el derecho al debido proceso.
Argumenta que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de 5 años, que prescribe el art. 803 del CA., el cual en el caso de autos comenzó a correr a partir de la notificación de la corrida de vista a su mandante, en los términos del art. 804 “b” del CA. Entiende que, de no hacer lugar a los planteos hasta aquí expuestos, se debe tratar las excepciones de nulidad y prescripción, atento que al momento de efectuarse la notificación del fallo recurrido el plazo de prescripción se encontraba ampliamente vencido conforme art. 805 inc. a) del CA. Impugna la existencia de causales de suspensión o interrupción respecto de la obligación tributaria, así como que las mismas pudieran ser opuestas a su parte.
Manifiesta que no le fue notificada la apertura de sumario. Entiende que el plazo de prescripción comenzó a correr desde el día 01.01.09 (dado que el hecho generador de la obligación tributaria se habría cometido el día 14.07.08 - vencimiento DIT) por lo tanto el plazo de prescripción vencía el día 31.12.13. Argumenta la prescripción de los impuestos y, en particular, destaca que en cualquier caso ha operado la prescripción de los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado. Cuestiona la resolución por ilegítima en la determinación tributaria por i) haberse calculado erróneamente la percepción del IG; además de requerirlos fuera del período anual en el que se produjo el hecho imponible y ii) estar ante un impuesto sin ley que lo sostenga y iii) los intereses sobre la eventual deuda que se reclama.
Peticiona que se revoque también la resolución dictada, toda vez que en la misma se ha omitido considerar correctamente que su mandante ha garantizado a la Aduana Nacional en forma exclusiva los tributos originados en la operación aquí cuestionada, por lo que de verificarse la imputación efectuada en el sentido de haber el tomador destinado a consumo los bienes importados con carácter de importación temporaria, su mandante deberá responder exclusivamente respecto de los mismos y hasta la concurrencia de la suma máxima asegurada. Aclara que su mandante no ha garantizado y por ende no responde por los derechos adicionales que pudieran corresponderle abonar al importador, ni por multas que se le impusieran, ni por los intereses que se originaran en la mora del importador y no de esta aseguradora.
Señala que no resulta ajustada a derecho la pretensión aduanera esgrimida en la causa, toda vez que en la misma se han incluido derechos adicionales e IVA adicional. Entiende que existe una improcedencia del reclamo por percepciones. Que en esencia es uno de los modos en que se concreta el cobro de anticipos de impuestos, el cual opera respecto al obligado directo del tributo y es en cabeza de éste quién operará el hecho imponible fijado en la ley como gravado, en el caso el importador quién generará o no ganancia en el período o realizará la reventa del bien importado. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, manifiesta que la alícuota del 11% es incorrecta, que correspondería el 3% que es lo establecido para los bienes de cambio.
Por último, se agravia en cuanto a los intereses reclamados por las sumas adeudadas en concepto de tributos por el importador (fijados en Dólares Estadounidenses) a las que se les ha aplicado sobre dicho capital la tasa de interés que fija el art. 794 del CA para cálculos de deudas en pesos. Ofrece prueba. Hace reserva de caso federal. Solicita que se revoque la resolución aduanera apelada, con costas.
II. La representación fiscal contesta el traslado conferido el 17.10.23 mediante el IF-2023-122868279-APN-DTD#JGM y, previa intimación, acompaña el SIGEA involucrado en autos. Reseña los hechos y niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su reconocimiento. Contesta el traslado y, en primer lugar, manifiesta que no cualquier irregularidad de un acto procesal determina su nulidad, si de ella no resulta una afectación sustancial al derecho de defensa del interesado. Expone que los requisitos que prevé el art. 1094 CA se encontraban cumplimentados aún con anterioridad al dictado del auto mediante el cual se instruyó el sumario, derivándose de ello la validez del auto de instrucción sumarial atacado.
Con relación al planteo de la prescripción de la acción de su mandante para percibir tributos, señala que el art 803 del CA establece un plazo de prescripción de cinco años que comienza a correr a partir del primero enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado o el incumplimiento achacado, conforme el art. 804 del CA. Asimismo, señala que abundante jurisprudencia ha interpretado que basta con el solo dictado del auto de apertura de sumario, sin que sea necesaria la notificación del mismo al imputado, para que el mismo sea apto para suspender y/o interrumpir el plazo de prescripción. Remarca que el que el tiempo transcurrido en el marco de las actuaciones es sumamente razonable.
Señala que el accionar del servicio aduanero se ajustó a los plazos establecidos por el CA, resultando la actividad desplegada conforme a derecho. Asimismo, destaca que la protección establecida en la mencionada Convención le es acordada a las personas físicas, tal como resulta del artículo 1.2, su Preámbulo y el Informe 10/1991 elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no así a las personas jurídicas como es el caso de la recurrente. Hace reserva de caso federal. Trae a colación la IG 9/17 (DGA) y relata que la norma prevé que los jueces administrativos a cargo del sumario deberán, previa evaluación del caso, archivar las actuaciones por las que tramita la investigación de sanciones por infracciones aduaneras en una serie de casos, entre los que se encuentran las investigaciones por infracción al art. 970 del CA cuando el importe del mínimo de la multa no superare los $30.000.
Agrega que el archivo de las actuaciones de ninguna manera obstará la formulación de cargo por tributos que la aduana considerase que pudieren corresponder. Cita doctrina y jurisprudencia, concluyendo que la recurrente considera vulnerado su derecho de defensa, pero, al mismo tiempo, se agravia, alega sus defensas y ofrece prueba respecto del cargo, por lo que dice que pareciera entonces que la recurrente se encuentra invocando una nulidad por la nulidad misma. Hace mención que la garantía en trato ha sido constituida de conformidad con lo dispuesto por el art. 453 del CA. Considera que la Aseguradora de acuerdo con las leyes y reglamentaciones aduaneras vigentes -causa eficiente del contrato de seguro en cuestión-, responde total o parcialmente con las garantías exigidas por ellas, obligación ésta que se extiende hasta la total extinción de las asumidas por el tomador del seguro cuyo cumplimiento cubre.
Concluye que la póliza se encuentra pendiente de cancelación y activa, siendo perfectamente exigible por el monto de los tributos garantizados de conformidad con los límites numéricos afianzados. En cuanto a la determinación de los tributos en moneda distinta a la del curso legal, dice que los cargos tributarios se determinaron en dólares estadounidenses, conforme el art. 20 de la ley 23.905. Que si no hubiese sido de esa manera la deuda quedaría licuada por el mero transcurso del tiempo, ya que la firma actora quedaría obligada a pagar la misma cantidad al tipo de cambio del día en que oficializó la operación, suma que dejaría de ser representativa del respectivo porcentaje del valor en dólares de la mercadería importada/exportada (conf. artículo 734 del C.A.).
Cita abundante jurisprudencia y doctrina. Hace reserva de caso federal. Ofrece las actuaciones administrativas como prueba. Solicita se confirme la resolución con expresa imposición de costas a cargo de la parte actora.
III. Mediante IF-2023-135378463-APN-VOCXIV#TFN se acumula el expediente EX-2023-73393697-APN- SGASAD#TFN caratulado “FABI BOLSAS INDUSTRIALES SA”, al presente expediente.
IV. El 27.06.23 la firma Fabi Bolsas Industriales SA mediante el RE-2023-73392883-APN-SGASAD#TFN interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA 596 de fecha 20.02.18, de la Aduana de Buenos Aires, recaída en la actuación SIGEA 12197-9817-2008. Sostiene que la Aduana inició un sumario contencioso a la empresa e imputó a su mandante de la comisión de la infracción al artículo 970 del CA, sin ser jamás notificado de la instrucción de sumario ni de la corrida de vista prevista para ejercer su derecho de defensa. Entiende que implícitamente el servicio aduanero consideró incumplida la importación temporaria y formuló el cargo, sin haberle dado a su mandante la posibilidad de defenderse y que; el archivo de la multa no equivale a un sobreseimiento ni absolución, máxime al ser provisorio.
Por lo que, señala que corresponde declarar la nulidad absoluta e insanable respecto de todo lo actuado a continuación del auto por el cual se declara la apertura del sumario comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia. Se agravia de la falta de declaración de nulidad, por parte de la administración del acta de apertura del sumario, en atención a que dicha resolución incumple las previsiones expresamente establecidas por el art. 1094 del CA. Agrega que frente a la falta de cumplimiento de dichas previsiones dicho acto es nulo de nulidad absoluta, en tanto es violatorio de la ley y de los principios del debido proceso y derecho de defensa, ambos de raigambre constitucional.
Argumenta que la omisión de la corrida de vista del art. 1101 del CA, en el sumario que diera origen a esta causa, torna nulos todos los actos procesales posteriores a la apertura de sumario, inclusive la resolución que se apela en autos, en tanto carece de sustento legal y fáctico, al pretender fundamentarse en un siniestro que se tiene por configurado ante la falta de elementos de prueba que acrediten el cumplimiento de la obligación, sin que haya existido la posibilidad para el administrado de demostrar lo contrario. Señala que resulta realmente agraviante, a todo derecho de defensa de su mandante y de cualquier administrado, pretender que el transcurso de más de catorce años desde el vencimiento de la temporal hasta la notificación del fallo administrativo condenatorio, resulte compatible con el derecho al debido proceso.
Argumenta que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de 5 años. Entiende que, de no hacer lugar a los planteos hasta aquí expuestos, se debe tratar las excepciones de nulidad y prescripción, atento que al momento de efectuarse la notificación del fallo recurrido el plazo de prescripción se encontraba ampliamente vencido conforme art. 805 inc. a) del CA. Asimismo, agrega la inexistencia de la infracción imputada y el cumplimiento del régimen de importación temporaria. Subsidiariamente impugna la liquidación practicada por el servicio aduanero y cita el principio de in dubio pro reo. Cita abundante jurisprudencia que hace su defensa. Ofrece prueba. Hace reserva de caso federal.
Solicita que se revoque la resolución aduanera apelada con costas.
IV. La representación fiscal contesta el traslado conferido en fecha 04.10.23 mediante el IF-2023-117721999-APN- DTD#JGM y acompaña las actuaciones administrativas. Reseña los hechos y niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su reconocimiento. En primer lugar, se allana parcialmente con relación a los conceptos de percepciones de IVA adicional y del impuesto a las ganancias ($10.620,54) y solicita que se impongan las costas en el orden causado. Contesta el traslado, reseña los hechos y niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su reconocimiento. En cuanto al planteo de la nulidad del auto de apertura del sumario manifiesta que la actora cuenta con toda la documentación de respaldo para ejercer su derecho de defensa desde abierta la instancia administrativa, por lo que su planteo es abstracto, no sustenta nulidad alguna y menos sustenta el planteo de prescripción.
Expresa que las actuaciones administrativas cumplen con todos los requisitos dispuestos en el artículo 1094 del CA. Agrega que la actora no explica cómo es que se ha visto afectado su derecho de defensa, requisito ineludible para poder solicitar una nulidad como tal, máxime recordando que los actos administrativos gozan de la presunción de legitimidad. Destaca lo dispuesto por el art. 1050 del CA, en virtud del cual se dispone que no se podrá declarar la nulidad de un acto de procedimiento si el mismo, no obstante, su irregularidad, hubiere logrado la finalidad a que estaba destinado. Cita abundante jurisprudencia. Entiende que debe rechazarse el planteo de prescripción de los tributos, ya que la recurrente no consideró, a los efectos de calcular el plazo de prescripción, la causal de suspensión dispuesta por el art. 17 de la Ley 27.562 más la suspensión de la prescripción dispuesta en la ley 26.860 (art. 17).
Hace mención que al momento de llevarse a cabo el procedimiento aún no había operado el plazo de 5 años de prescripción opuesto, sino que el mismo había sido suspendido y luego interrumpido por aplicación del art. 805 y 806 del C.A., sumando a ello que en autos no se han dado ninguno de los supuestos que más arriba expuse para considerarse que ha recaído un “pronunciamiento que habilitare el ejercicio de la acción del fisco para percibir el tributo”, continuando aún el plazo suspendido (art. 805 inc. a) del CA). Remarca que el que el tiempo transcurrido en el marco de las actuaciones es sumamente razonable, no supera los veinte años tal como se menciona la jurisprudencia en la que se fundamenta.
Señala que el accionar del servicio aduanero se ajustó a los plazos establecidos por el CA, resultando la actividad desplegada conforme a derecho. Asimismo, destaca que la protección establecida en la mencionada Convención le es acordada a las personas físicas, tal como resulta del artículo 1.2, su Preámbulo y el Informe 10/1991 elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no así a las personas jurídicas como es el caso de la recurrente. Hace reserva de caso federal. Ofrece las actuaciones administrativas como prueba. Solicita se confirme la resolución con expresa imposición de costas a cargo de la parte actora.
V. De la actuación SIGEA 12197-9817-2008 surge que se inician con la declaración para la cancelación de importaciones temporales presentada por la parte con fecha 14.06.08. Obra a fs. 7 la carpeta del DIT y a fs. 9 el acta denuncia 449/2011, de fecha 14.02.11, mediante la cual se indica que analizada la DIT 07001IT14005221W se entiende que la firma Fabi Bolsas Industriales SA habría incurrido en la infracción tipificada en el art. 970 del CA.
A fs. 11/12 se determina el valor en aduana y a fs. 13 se determina la base de tributos y multa. Se agrega print de pantalla de consulta de una garantía global o unitaria y a fs. 16, con fecha 13.12.13, se dispone la instrucción de sumario y la corrida de vista. A fs. 17 se determina la base de tributos y multa. A fs. 18 obra la constancia de la consulta realizada al sistema SUMARCHI de fecha 07.11.17 y a fs. 19/20 se dicta la resolución DEPRLA 596 de fecha 20.02.18 apelada en autos, la que les fuera notificada a la firma y a la aseguradora por cédula SICNEA estado “notificado” con fecha 05.06.23 (fs. 25/26).
VI. El 20.10.25 se elevan los autos a la Sala “E” y se llaman autos a sentencia.
VII. Que corresponde resolver los planteos de nulidad y prescripción de las recurrentes.
Por razones de orden procedimental se examinará, en primer lugar, los planteos referidos a la ineficacia del acto administrativo, a fin de constatar la validez de la actuación de la Aduana.
Del examen de las actuaciones administrativas surge que labrada el acta de denuncia 449/2011 de fecha 14.02.11 y practicadas las correspondientes liquidaciones, con fecha 13.12.13 se ordena la instrucción de la apertura del sumario y la corrida de vista (v. fs. 16 act. adm.). No hay constancias de que se haya notificado de ello, ni de ningún otro acto que se haya generado en los actuados, a las recurrentes. Tampoco obran constancias de que se hayan efectuado las diligencias necesarias a los fines de verificar la existencia de comisión de la infracción que prima facie habría sido verificada. El Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgaran conforme el procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV, por cual cuando la Aduana tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes le acuerden (Conf. Arts. 1080 y 1081 del CA). El artículo 1101 del CA dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
Surge evidente de las actuaciones administrativas que el servicio aduanero omitió correr vista de lo actuado a los presuntos responsables de la infracción prima facie verificada, limitándose a dictar la resolución que aquí se apela, disponiendo el archivo del sumario de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General (DGA) 9/17 y la formulación de cargo a las recurrentes en concepto de derechos de exportación. Nótese asimismo que conforme surge de los antecedentes la resolución apelada de fecha 20.02.18 les fue notificada cinco (5) años después de su dictado (05.06.23). De lo relatado surge manifiesto que las recurrentes han sido privadas de ejercer su derecho a un debido proceso adjetivo, corolario del derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución. Las recurrentes recién tomaron conocimiento del sumario en trato al notificarse de la resolución que aquí se apela.
Por lo expuesto, debe señalarse que el servicio aduanero se apartó del trámite reglado por el CA para los procedimientos infracciónales, situación que no puede ser subsanada ante esta instancia. Que la resolución administrativa vulnera groseramente la garantía del derecho de defensa, como así también el principio de tutela judicial efectiva que ampara al imputado, afectando sus derechos subjetivos e intereses legítimos al privarlo de una defensa oportuna. Resulta claro que la intervención que le dio a los presuntos imputados y responsables del incumplimiento que se les endilga y que además se exige el pago de tributos, no fue conforme a derecho sino para que no operara la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos. Tampoco fue dictada la resolución en los términos de lo establecido en el artículo 1112 del CA. Ello es así dado que el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, si hubiese seguido el procedimiento reglado en tiempo hábil, como ya lo mencioné up supra, debería haber sustanciado los argumentos de la actora, condenando o absolviendo al imputado (conf. el inc. a) del art. 1112 del CA) y no ordenar el archivo, sin más trámite, de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General 9/17 (DGA).
Conforme lo expuesto corresponde declarar la nulidad del art. 2 de la resolución apelada, haciendo lugar al planteo formulado por FABI BOLSAS INDUSTRIALES SA y ASEGURADORA DE CREDITOS y GARANTIAS SA, con costas a la Aduana.
Por la forma en que se resuelve el planteo de nulidad deviene inoficioso expedirse acerca de la prescripción de las acciones de la Aduana para exigir tributos.
Por todo ello VOTO POR:
Declarar la nulidad del art. 2 de la resolución DE PRLA 596 (SIGEA 12197-9817-2008), en cuanto intima al pago de tributos a las recurrentes, con costas a la Aduana.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato efectuado en los considerandos I a VI del voto del Dr. Soria.
II. Que formulada la denuncia por presunta infracción del art. 970 del C.A., el 14/2/2011, posteriormente luce aforo, liquidación de tributos y multa, seguidamente se dispone conjuntamente la instrucción de sumario y corrida de vista de fecha 13/12/2013, la cual no fue notificada. En tales condiciones, previa a una nueva liquidación y constancia de la inexistencia de antecedentes infraccionales de la sumariada, se dictó la resolución ahora apelada.
Que, en efecto, la disposición aduanera atacada, fue dictada en cumplimiento de la IG N° 9/17 de la D.G.A., por la cual, al tiempo que dispone el archivo de la denuncia infraccional, ordena formular cargo por los tributos que considera adeudados.
Que el servicio aduanero ha omitido la consideración de que el archivo de la denuncia revestía carácter provisorio hasta que transcurra el plazo de doce meses, vencido el cual, de no mediar otras sanciones que en su conjunto superen el monto fijado, el archivo devenía definitivo. Por tal motivo la resolución DE PRLA n° 0596/2018 no puede considerarse definitiva y sólo puede reconocérsele efectos de intimación al pago de tributos.
Que, en tal sentido, devienen nulas la notificación cuya constancia lucen a fs. 25 y 26 de las actuaciones, en la que incorrectamente se indica que contra tal acto administrativo procedía la interposición del recurso de apelación previsto en el art. 1132 del C.A.
Que, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad de las notificaciones de la resolución DE PRLA n° 0596/2018 dirigida a la importadora y a la aseguradora, con costas a la demandada.
III. Que, asimismo, considero necesario expedirme respecto de los planteos de prescripción opuestos por las coactoras, respecto de las acciones del Fisco para percibir tributos e imponer multa, toda vez que el mismo incide en la continuidad de las actuaciones conforme se resuelve.
Que conforme lo establecido en los arts. 934 y 803 del C.A., la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras y la acción para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, respectivamente, prescriben por el transcurso de cinco años, los que en el caso comenzaron a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere cometido la infracción (art. 935 del C.A.), que constituye el hecho gravado (804 del C.A.). Es decir que, la que, en el caso de autos ambas acciones aduaneras comenzaron a correr el 1º de enero de 2009.
Que teniendo en consideración la fecha en que se produjo el hecho infraccional (14/7/2008), el plazo comenzó a correr el 1º de enero de 2009 y la fecha en que se dicta el auto de instrucción de sumario y corrida de vista (13/12/2013), se concluye que no se constata en el caso la pretendida prescripción de la acción aduanera para perseguir a la importadora por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., por cuanto el dictado del auto que ordenó la apertura del sumario ha interrumpido el cómputo del plazo de prescripción, conforme lo establece el art. 937, inc. a), del C.A., sin exigirse la notificación del referido auto. Tampoco se constata la prescripción de la acción del Fisco para percibir el cobro de los tributos aduaneros, por cuanto la apertura del sumario ha suspendido el cómputo del plazo de prescripción, conforme lo dispuesto en el art. 805, inc. a), del C.A.; cabe aclarar que dicha norma tampoco exige que el auto de apertura del sumario sea notificada a la parte.
Que, por los motivos expuestos, corresponde desestimar los planteos de prescripción opuestos por la actora, con costas.
VII. Que el artículo 1104 del Código Aduanero dispone que dentro del plazo previsto en el artículo 1101, los supuestos responsables podrán impugnar las actuaciones sumariales cumplidas, con fundamento en los defectos de forma de que adolecieren, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo.
Que, por lo tanto, corresponde devolver las actuaciones a la DGA y disponer que la División Secretaría de Actuación n° 4 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, subsanando las irregularidades incurridas, imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el art. 1101 del CA.
Que en la forma en que se resuelve, no corresponde el tratamiento del resto de los planteos realizados por las partes.
Por ello, VOTO por:
1. Declarar la nulidad de las notificaciones de la Resolución DE PRLA n° 0596/2018 dirigidas a las firmas ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTÍAS SA y FABI BOLSAS INDUSTRIALES SA, con costas al fisco.
2. RECHAZAR los planteos de prescripción de las coactoras respecto de la acción para imponer pena y la acción para percibir tributos, con costas.
3. Disponer la devolución de las actuaciones para que la División Secretaría de Actuación N° 4 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en los artículos 1101 y 1104 del Código Aduanero (Ley Nro. 22.415). La Dra. Claudia Beatriz Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE
Declarar la nulidad del art. 2 de la resolución DE PRLA 596 (SIGEA 12197-9817-2008), en cuanto intima al pago de tributos a las recurrentes, con costas a la Aduana.
Regístrese, notifíquese, devuelvánse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Sarquis por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA)
Date: 2026.02.24 12:27:05 ART Date: 2026.02.24 14:52:03 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Hector Hugo Juarez Vocal Subrogante Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.02.24 18:56:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.24 18:57:04 -03:00
Fin de la sentencia