Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 112544550-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia(i) acoger parcialmente el recurso de la DGA y revocar la sentencia apelada; (ii) declarar la prescripción de la potestad del fisco de percibir los tributos; (iii) imponer las costas de ambas instancias a la DGA sustancialmente vencida (art. 68 y 279 CPCCN y 1163 CA) y (iv) regular los honorarios según lo dicho en el cons. VII.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa nº 57.427/2022, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 112544550-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” – TFN-Sala “F”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de julio del año dos mil veintitrés, reunida en Acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver los autos caratulados “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 112544550-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, y: La jueza Clara María do Pico dijo:
I. La mayoría de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante pronunciamiento del 3 de febrero de 2022, declaró la “inconvencionalidad” del inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, revocó la Resolución (DE PRLA) n° 1965/10 en cuanto exige el pago de tributos a la firma “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.” y declaró prescripta la acción del Fisco para percibir tributos con relación a la destinación de importación temporaria 98 001 IT14 006969 G, con costas a la DGA.
La mayoría del tribunal sostuvo que “la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe”, de allí que “las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del Código Aduanero, deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA””.
Bajo ese prisma, consideró que la demora de 9 años de la DGA en notificar la Resolución DE PRLA n° 1965/10 apelada en autos –la resolución se dictó el 7 de abril de 2010 y se notificó el 2 de diciembre de 2019- demuestra que el “procedimiento de marras ha excedido todo parámetro de razonabilidad de duración de un proceso aduanero, con franca violación del derecho constitucional de la actora a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas”.
Sostuvo que “bajo los parámetros expuestos, cabe colegir que no existe en nuestro ordenamiento jurídico norma ni razón alguna que autorice al Fisco a notificar una resolución administrativa más de 9 años después de su dictado, en tanto dicho proceder resulta manifiestamente irracional y no puede ser cubierto con ningún argumento formal, pues el principio republicano (art. 1 de la Constitución Nacional) prohíbe la irracionalidad de los actos de gobierno”.
En consecuencia, dijo, “la redacción del inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en tanto no fija plazo alguno a la DGA para notificar las resoluciones que determinan obligaciones en cabeza de los administrados, y autoriza a que el término prescriptivo quede suspendido sine die hasta tanto se proceda a notificar la resolución aduanera, se encuentra en colisión con la Convención Americana de Derechos Humanos ni con la Constitución Nacional, debiendo tenerse presente que este Tribunal Fiscal de la Nación, atento ser el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, goza de plenas facultades para declarar la inconvencionalidad de las leyes”. Agregó, finalmente, que “[ese] Tribunal no puede dejar de señalar la honda preocupación que implica la extensa duración del sumario aduanero de marras, en el cual la resolución apelada ha sido notificada más de 9 años después, cuadra repetir, de haber sido dictada. Por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas; siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados”.
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Causa nº 57.427/2022, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 112544550-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” – TFN-Sala “F”
II. El fisco apeló y expresó agravios, que fueron contestados. La esencia de sus planteos puede sintetizarse así:
i) El art. 1164 del CA veda al Tribunal Fiscal expedirse sobre la constitucionalidad de una norma.
ii) La aseguradora, en tanto persona de existencia ideal, no se encuentra alcanzada por la garantía del plazo razonable.
iii) Esa garantía tampoco se aplica porque no se trata de un proceso penal.
iv) En todo caso, no hay violación al plazo razonable.
v) El art. 805, inc. a) del CA es constitucional y su aplicación al caso determina que la potestad del fisco para exigir los tributos no se encuentra prescripta.
Al contestar los agravios, la aseguradora, entre otras cosas, insiste en la prescripción cuya declaración solicitó al Tribunal Fiscal.
III. El 19 de abril de 2022 se regularon los honorarios del abogado Hernán Leonardo Cancellieri por la única etapa cumplida en la sede del TFN en 3,0379 UMA.
Esa decisión fue apelada por el beneficiario de los honorarios —por bajos— y por la obligada al pago —por altos—.
IV. El fiscal coadyuvante dictaminó que corresponde revocar la sentencia apelada.
Ello en tanto que “con relación a la cuestión constitucional y convencional decidida en autos por el Tribunal Fiscal de la Nación, cabe señalar que su declaración es una atribución que le está vedada por el artículo 1164 del Código Aduanero”.
A su vez, en cuanto a “la inconvencionalidad del art. 805 inciso a) del C.A. —la incompatibilidad de la duración del procedimiento llevado adelante en sede aduanera con la garantía de ser juzgado en un plazo razonable—, cabe señalar que, según entiendo, ese instituto rige en causas de naturaleza penal o vinculadas con sanciones administrativas, no así en casos en que se exige el pago de un tributo (como sucede en autos)”. Finalmente, lo atinente a la prescripción declarada, desde que no se encuentra controvertido el plazo aplicable, “por su naturaleza, resulta, como regla, ajeno a los cometidos que el artículo 120 de la Constitución Nacional y la Ley N° 27.148 asignan a este Ministerio Público Fiscal”.
V. Según la reseña que antecede, se encuentra discutida en esta causa la potestad del Tribunal Fiscal de expedirse sobre la validez constitucional de una ley (en el caso, el art. 805, inc. a) del CA). La mayoría que conformó el pronunciamiento apelado reivindica encontrarse investida de esa potestad, mientras que la DGA y el fiscal coadyuvante invocan el art. 1164 del CA para negar esa posibilidad. Al respecto encuentro que resultan plenamente aplicables los fundamentos de mi voto, en la causa nro. 37.320/22 “Newsan SA (TF 09753823-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 5 de mayo de 2023.
Ciertamente, tal como lo puse de relieve en esa causa, en sintonía con lo que sostiene la DGA, el fiscal coadyuvante y esta cámara (ver Sala II, causa nº 55.640/2016, “Aseguradores de Cauciones SA Compañía de Seguros c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 2 de febrero de 2017; Sala III, causa nº 23.452/2016, “Alba Compañía Argentina de Seguros SA TF 3600-A c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 17 de abril de 2018; Sala IV, causa nº 46.118/2015, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 10 de marzo de 2016; Sala V, causa nº 49.663/2016, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 7 de marzo de 2017), el TFN no está facultado a declarar la invalidez constitucional —o convencional— de una norma dictada por el Congreso de la Nación.
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Causa nº 57.427/2022, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 112544550-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” – TFN-Sala “F”
Esa fue, además, la postura que se impuso en el plenario del TFN de las salas con competencia en materia aduanera (plenario “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”), apenas dos meses después del pronunciamiento aquí apelado.
Por ese motivo, la sentencia debe ser revocada.
VI. Ahora bien, desde que la aseguradora insiste en su planteo de prescripción al contestar los agravios del Fisco, cabe a este tribunal pronunciarse al respecto.
El art. 805 del CA establece que “[l]a prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión; (…)”.
De acuerdo con la letra de la norma, la resolución del sumario pone fin a la suspensión del cómputo de la prescripción que se mantiene durante su trámite, sin que sea necesaria su notificación (ver, mutatis mutandi, doctrina de Fallos 332:1109, causa “Wonderland SRL” y plenario de esta cámara “Hughes Tools SA”, del 23 de septiembre de 2003; según lo dicho por esta sala en la causa nº 38.890/2015, “La Equitativa del Plata SA de Seguros c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 30 de agosto de 2016).
Por tanto, dado que transcurrieron 9 AÑOS entre el dictado de esa resolución y su notificación, sin que se registren otros actos con aptitud para interrumpir o suspender el curso de la prescripción, la potestad del fisco de percibir los tributos se encuentra prescripta, lo que así se declara, con expresa imposición de costas a la Aduana (art. 68 CPCCN y 1163 CA).
VII. En cuanto a los recursos que la demandada y el beneficiario naturaleza del proceso, su monto, la única etapa cumplida —ya que el proceso culminó con la resolución de las excepciones previas—, el mérito, la calidad y la extensión de la labor profesional cumplida a la luz del resultado obtenido, corresponde FIJAR en 3 UMA —equivalentes a la suma de $ 58.014, de conformidad con los valores establecidos en la Acordada 19/23— los honorarios del abogado Hernán Leonardo Cancellieri, por los trabajos realizados en su carácter de letrado apoderado de la actora en la sede del Tribunal Fiscal de la Nación (arts. 16, 20, 21, 29 y 58 demás cc. de la ley 27.423).
Sobre pautas análogas, en lo pertinente, a las precedentemente enunciadas, SE FIJAN en 1 UMA —equivalentes a la suma de $19.338 los emolumentos a favor del abogado Hernán Leonardo Cancellieri, letrado apoderado de la actora, por la tarea cumplida ante esta alzada (art. 30 y demás c.c. de la ley citada).
Por las razones expuestas voto por (i) acoger parcialmente el recurso de la DGA y revocar la sentencia apelada; (ii) declarar la prescripción de la potestad del fisco de percibir los tributos; (iii) imponer las costas de ambas instancias a la DGA sustancialmente vencida (art. 68 y 279 CPCCN y 1163 CA) y (iv) regular los honorarios según lo dicho en el cons. VII. La jueza Liliana María Heiland adhiere al voto que antecede.
El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
Adhiero al voto de la jueza Clara María do Pico en los términos de los votos que suscribí en la causas “Newsan SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, expediente nº 37320/2022, “Newsan SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, expediente nº 46839/2022, y “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 5, 11 y 30 de mayo de 2023, respectivamente, a los que cabe remito por razones de brevedad.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa nº 57.427/2022, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 112544550-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” – TFN-Sala “F”
En función del resultado que informa el Acuerdo que antecede, habiendo dictaminado el fiscal coadyuvante, el tribunal RESUELVE: (i) acoger parcialmente el recurso de la DGA y revocar la sentencia apelada; (ii) declarar la prescripción de la potestad del fisco de percibir los tributos; (iii) imponer las costas de ambas instancias a la DGA sustancialmente vencida (art. 68 y 279 CPCCN y 1163 CA) y (iv) regular los honorarios según lo dicho en el cons. VII.
Regístrese, notifíquese a las partes y al fiscal y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia