Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 119879362-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado.
2Imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN).
3Fijar los honorarios de la representación y dirección letrada de la actora en la forma establecida en el considerando XII.
A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/2025 de esta Cámara.
12 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III -
Expte. CAF 3877/2025/CA1: “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. (TF-119879362-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
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MEC Buenos Aires, de diciembre de 2025.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso Ante la presunta comisión de una infracción al régimen de importación temporaria conforme a lo establecido en el artículo 970 del Código Aduanero, la Aduana dispuso la apertura de un sumario contra Pronature S.A.por la falta de regularización de la mercadería identificada en la DIT 05001IT14009183X. Sin embargo, en atención al bajo monto de la multa que resultaría de comprobarse la infracción, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros dispuso el archivo de las actuaciones, aunque formuló cargos en concepto de tributos adeudados contra la importadora y su firma aseguradora, intimándolas a su pago. Contra esa decisión, Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación Mediante pronunciamiento del 16/8/2024, la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. y, en consecuencia, declaró la nulidad del artículo 3º de la resolución DE PRLA 2215/2018, por la que el Departamento de Procedimientos Aduaneros había dispuesto el archivo de las actuaciones iniciadas por la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, y formulado cargos en concepto de tributos adeudados.
Para así decidir, tras hacer una reseña de los antecedentes administrativos de la causa, destacó que no había constancias de que se le hubiera corrido vista a la actora ni que se le haya notificado el acto de apertura del sumario ni ningún otra actuación recaída en el expediente. También puso de resalto que no existía constancia de que se hubieran efectuado las diligencias necesarias a los fines de verificar la comisión de la infracción que había sido prima facie verificada. Sentado ello, precisó que, de acuerdo con los artículos 1080 y 1081 del Código Aduanero, cuando la Aduana tomase conocimiento de la presunta configuración de una infracción, debería practicar todas las diligencias necesarias 1 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 3877/2025/CA1: “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. (TF-119879362-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
para investigar los hechos. Por otra parte, indicó que, de conformidad con el artículo 1101 del mismo cuerpo legal, una vez cumplidas las medidas dispuestas en su artículo 1094, el administrador correría vista de lo actuado a los presuntos responsables para que presentasen sus defensas y ofrecieran toda la prueba de la que quisieran valerse.
Sobre esas bases, advirtió que de las actuaciones administrativas surgía que el servicio aduanero había omitido correr vista de lo actuado a los presuntos responsables de la infracción prima facie verificada, habiéndose limitado a disponer, mediante la resolución impugnada, el archivo del sumario y la formulación de cargos. Por tal motivo, entendió que la recurrente había sido privada de ejercer su derecho a un debido proceso adjetivo, pues recién había tomado conocimiento del sumario con la notificación del acto de formulación de cargos. Señaló que el servicio aduanero, en consecuencia, se había apartado del trámite reglado por el Código Aduanero para los procedimientos infraccionales, circunstancia que no podía ser subsanada en esa instancia.
En este orden de consideraciones, afirmó que no se había dado intervención al presunto imputado y responsable del incumplimiento endilgado ni tampoco se había dictado la resolución en los términos del artículo 1112 del Código Aduanero, pues si el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros hubiera seguido el procedimiento reglado en tiempo hábil, debería haber condenado o absuelto al imputado y no ordenado el archivo sin más trámite.
Finalmente, impuso las costas a la Aduana.
III. Regulación de honorarios A través de la resolución del 7/10/2024, el Tribunal Fiscal reguló en la cantidad de 14,2934 UMA —equivalentes a la suma de $868.740— los honorarios de Eduardo J. Bendayan por la labor desarrollada en su calidad de letrado apoderado y patrocinante de la actora.
IV. Agravios del Fisco Nacional Contra la sentencia que se pronunció sobre el fondo del asunto, la Aduana interpuso recurso de apelación el 1º/10/2024 y expresó agravios el 23/10/2024, los que fueron contestados por la actora el 7/11/2024.
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Por su parte, el 16/10/2024, la representación letrada del Fisco apeló por altos los honorarios regulados en favor de Eduardo J. Bendayan; recurso que fue concedido con fecha 22/10/2024.
En su memorial de agravios, el recurrente sostiene:
(i) que “del formulario F4 surge que no se apeló multa alguna, coincidentemente con la Resolución aduanera”.
(ii) que, conforme jurisprudencia de la Sala II de esta Cámara, al aplicar la instrucción general 11/2016, el Fisco dejó de lado el ejercicio de su potestad punitiva y limitó su pretensión al reclamo de tributos, lo que —a su juicio— quita entidad al razonamiento seguido por el Tribunal Fiscal en cuanto a que el servicio aduanero se habría apartado del procedimiento para las infracciones.
(iii) que en las presentes actuaciones “no se discute una infracción sino un cargo y que el cargo tiene su génesis en la importación definitiva a consumo de la mercadería objeto del DIT (Despacho de Importación Temporaria), no en la infracción propiamente dicho (no hay accesoriedad de ningún tipo)”. Señala que en el procedimiento aduanero los cargos se notifican y se corre vista de lo actuado a los presuntos responsables, de manera que “si no hay una imputación penal concreta (por infracción) va de suyo que no se corre vista, solamente se formula un cargo…”. Por lo tanto, concluye que en el caso no cabía realizar ninguna corrida de vista ya que “si no hay pretensión punitiva, no tiene finalidad notificar una corrida de vista, toda vez que no hay nada de lo que deba defenderse (entonces no se le notifica el inicio de un procedimiento para las infracciones, sino su archivo y la formulación de un cargo por tributos)”.
(iv) que, al decidir no notificar la vista y disponer el archivo de las actuaciones, la Administración optó “por quitarle eficacia al acto administrativo (de la apertura y corrida de vista) con el convencimiento (implícito) que solo una vez que se notifica al interesado el acto administrativo adquiere eficacia”. Así, indica que “el procedimiento para las infracciones es inexistente para el administrado, en la medida [en] que la Administración nunca tuvo la voluntad de inmiscuirlo en él y ha resuelto, en lo que él le atañe, únicamente respecto de un cargo (determinación por tributos por haberse considerado nacionalizada la mercadería únicamente)”. 3 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 3877/2025/CA1: “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. (TF-119879362-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
(v) que el razonamiento seguido en distintos precedentes de esta Cámara por el que el cargo contenido en casos como el presente debe entenderse formulado en el marco de un procedimiento infraccional “no se hace cargo de lo que establece la legislación aplicable en términos generales y entendida sistemáticamente”. En base a lo dispuesto en los artículos 1053 y 1132 del Código Aduanero, dice que “el recurso de impugnación va contra ‘los actos’ (en sentido amplio) por los cuales ‘se liquidaren tributos aduaneros’, siempre que la respectiva liquidación no estuviere contenida en la resolución ‘condenatoria’ recaída en el procedimiento para las infracciones”, poniendo de resalto que “exige para excluir de este procedimiento de impugnación que la resolución sea -condenatoria-”. Afirma que “solo escapan de la impugnación (agotamiento de la vía administrativa previa necesario para que entienda el Tribunal Fiscal) los actos por los cuales se liquidaren tributos aduaneros dentro de una resolución aduanera que, además, debe ser ‘condenatoria’ (debe condenarse por una infracción)”.
(vi) que, “al notificarle únicamente el cargo (determinación de tributos) y -no- la mentada corrida de vista por la infracción aduanera; técnicamente, no estamos frente a la sustanciación del procedimiento para las infracciones, sino ante un acto administrativo determinativo de tributos (atacable por el procedimiento de impugnación)”.
V. Antecedentes de la controversia Las actuaciones SIGEA 12197-5898-2010 iniciaron a partir del acta de denuncia 2962/2010 —sin fecha— confeccionada por la presunta comisión de la infracción al artículo 970 del Código Aduanero en que habría incurrido Pronature S.A. —firma asegurada por la actora— con relación a la destinación 05001IT14009183X (v. fs. 1; página 105 de la documentación incorporada a la causa vía DEO el 10/3/2025).
Así, el 14/12/2010, a través de la nota 8951/2010, la División Registro de Importación destacó que, atento la fecha de vencimiento de la DIT, surgía, prima facie, “una transgresión al régimen de destinación suspensiva correspondiente a las importaciones temporales… de conformidad con el art. 970 de la Ley 22.415”, por lo que ordenó la remisión del expediente a la Sección Liquidaciones para que se procediera a la liquidación de los tributos que gravaban la 4 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 3877/2025/CA1: “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. (TF-119879362-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
importación para consumo y lo demás derechos adicionales que correspondieran (v. fs. 8; página 115, íd. cit.).
Ello fue cumplido el 29/12/2010, determinándose un total de $57.345,49 por diversos conceptos (v. fs. 9 y 11/13; páginas 117 y 121 a 124). El 22/5/2013, el servicio aduanero dispuso la apertura del sumario conforme a lo establecido por el artículo 1090, inciso c, del Código Aduanero por cuanto Pronature S.A. “no habría procedido a la regularización en tiempo y forma de la mercadería ingresada temporalmente mediante la Destinación Nº 05 001 IT14 009183 X, cuyo vencimiento prorrogado operaba en fecha 07/05/2008, y siendo que tal circunstancia configura ‘prima facie’ la infracción tipificada en el art. 970 del Código Aduanero…” (v. fs. 14; páginas 127, íd. cit.).
Con fecha 18/4/2018, por medio de la resolución DE PRLA 2215/2018, el Departamento de Procedimientos Aduaneros dispuso el archivo de las actuaciones en los términos del términos de la instrucción general 9/2017 y formuló cargo a la importadora Pronature S.A. por los importes de USD 4.982,95 y $9.494,89 en concepto de derechos de importación, estadística e Impuesto al Valor Agregado, intimándola tanto a ella como a la garante Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. al pago de los tributos adeudados (v. fs. 22; páginas 143 a 144, íd. cit.). Dicha resolución les fue notificada el 17/10/2022 (v. fs. 23/24;
páginas 147 y 149, íd. cit.).
Contra esa decisión, el 7/11/2022, Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación sobre la base —esencialmente— de los siguientes fundamentos: (i) la nulidad del acto de apertura del sumario por no cumplir con los recaudos establecidos en el artículo 1094 del Código Aduanero; (ii) la irrazonable dilación del procedimiento en sede administrativa y la consecuente afectación a su derecho de defensa; (iii) la prescripción de la acción de la Aduana para perseguir el cobro de los tributos reclamados; (iv) la falta de notificación del acto de apertura del sumario y la imposibilidad de determinar y exigir tributos sin previa resolución acerca de la existencia de la infracción al artículo 970 del Código Aduanero; (v) la ilegitimidad de la determinación tributaria (v. páginas 5 a 26, íd. cit.).
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Finalmente, a través del pronunciamiento del 16/8/2024, el Tribunal Fiscal declaró la nulidad del artículo 3º de la resolución DE PRLA 2215/2018, en cuanto había intimado a la actora al pago de los tributos allí especificados (v. páginas 184 a 187, íd. cit.).
VI. Delimitación de la cuestión a resolver Así expuestos los agravios de la recurrente y los antecedentes que dieron inicio a la presente controversia, la cuestión sometida a conocimiento y decisión del Tribunal consiste en determinar (i) la naturaleza del acto administrativo por el que dispuso el archivo de las actuaciones formulando cargos a la importadora y a su aseguradora; (ii) si la falta de notificación de corrida de vista resulta suficientes a los fines de declarar la nulidad de la formulación de cargos tributarios efectuada por la Aduana.
VII. Alcances del pronunciamiento Previo a ingresar al tratamiento de los agravios introducidos por el recurrente, es importante recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones propuestas a consideración de esta Alzada, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ ENSCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, sentencia del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975-
(S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, sentencia del 25/8/2011; “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo”, causa 57.052/2013, sentencia del 7/5/2015, entre otros).
VIII. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho 6 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 3877/2025/CA1: “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. (TF-119879362-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Es menester recordar que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, puesto que, en virtud de lo normado por el artículo 1180 del Código Aduanero, está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Renault Argentina S.A.”, sentencia del 7/3/1995; “SIAT SA (TF 16680-A) c/ DGA”, sentencia del 14/11/2009; “Agencia Maritima Tagsa SA (TF 18034-A) c/ DGA”, causa 25.245/2005, sentencia del 20/10/2011; “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 6774/2015, sentencia del 15/12/2016; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 37.638/2017, sentencia del 4/10/2018; “Odfjell Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 28.558/2018, sentencia del 26/2/2019, “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 5609/2016, del 21/6/2019; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 3084/2020, sentencia del 5/5/2021; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 10/2019, sentencia del 22/7/2022 y, “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa 27.458/22, sentencia del 27/12/2022, entre muchos otros).
IX. El alcance de la resolución que ordena el archivo del sumario y formula cargos por tributos La resolución DE PRLA 2215/2018 que ordenó el archivo de las actuaciones sumariales y formuló cargos constituye una resolución definitiva que pone fin al procedimiento para investigar la comisión de una infracción aduanera, absolviendo de dicha imputación al sujeto encartado exclusivamente en función del bajo monto de la multa por no superar el tope establecido en diversas instrucciones generales de la Aduana (v. gr., instrucción general 11/2016, modificatoria de la 2/2018, ampliatoria de la 2/2007) y condenando al pago de los tributos al obligado y al garante, prescindiendo del resultado de la investigación del hecho generador o hecho imponible (conf. esta Sala, in rebus: “Industrias John Deere Argentina S.A. 7 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 3877/2025/CA1: “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. (TF-119879362-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
(TF 124384947-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 1884/2024, sentencia del 10/6/2025; “Sabo Argentina S.A. (TF 39193751-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 17.586/2024, sentencia del 7/10/2025; y “Denso Manufacturing Argentina S.A. (TF 39682-A) y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 4938/2025, sentencia del 16/12/2025, entre otros).
El reclamo tributario contenido en esta clase de resoluciones debe entenderse formulado en el marco de un procedimiento para las infracciones que culminó con una resolución condenatoria al pago de tributos, aunque absolutoria en el aspecto infraccional y, por consiguiente, la liquidación de tributos contenida en esta clase de actos administrativos, en tanto recaídos en un procedimiento para las infracciones, no es impugnable en sede aduanera por vía del trámite reglado en el artículo 1053, inciso a, del Código Aduanero (cfr. esta Cámara, Sala IV, in re: “Gax S.A. (TF 77575105-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 46.837/2022, sentencia del 13/9/2022; y “Envases del Plata S.A. (TF 84138521-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 46.832/2022, sentencia del 20/9/2022, entre muchos otros; esta Sala, in rebus: “Compañía de Barcos S.A. (TF 15082537-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 1239/2024, sentencia del 20/3/2025; “Merisant Argentina S.R.L. (TF 71387564-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 4033/2024, sentencia del 27/3/2025; y “Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICF y otro (TF 104906825-A) y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 7712/2024, sentencia del 24/4/2025, entre otros).
X. La Aduana no cumplió con el procedimiento previsto en el Código Aduanero En lo que atañe al procedimiento seguido en autos, corresponde traer a colación que el Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgarán conforme al procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV, por lo cual cuando el servicio aduanero tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción aduanera, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas 8 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 3877/2025/CA1: “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. (TF-119879362-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
las funciones de control que las leyes le acuerden (conf. artículos 1080 y 1081 del Código Aduanero).
El artículo 1091 del Código Aduanero establece: “El sumario tiene por objeto; a) comprobar la existencia de una infracción aduanera; b) determinar los responsables; c) averiguar las circunstancias relevantes para su calificación legal y la graduación de las penas aplicables; d) disponer las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las penas que pudieren corresponder” y el art. 1094 del referido plexo normativo, dispone: “En la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
A su vez, el artículo 1101 del mismo cuerpo legal prevé que “[c]umplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
Esta norma, entonces, obliga a la Administración, por un lado, a que —previo a correr vista de lo actuado— determine con estricta certeza los hechos investigados; y, por el otro, a efectivamente a realizar el pertinente traslado (esta Sala, in re: “Imagen e Información S.A. (TF 93165229-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 9008/2023, sentencia del 1º/4/2025; “HTI Cono Sur S.A. (TF 20529766-A) c/ DGA s/ recurso directo de organiso externo”, causa 10.046/2024, sentencia 7/8/2025; “CSAV Argentina S.A. c/ EN-AFIP – DGA s/ dirección general de aduanas”, causa 27.966/2019, sentencia del 21/10/2025). 9 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 3877/2025/CA1: “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. (TF-119879362-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
En este entendimiento, al correrse vista el imputado podrá ejercer adecuadamente el derecho de defensa consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Así, pues, se ha dicho que el traslado debe ser notificado y que es obligatorio el patrocinio letrado, en atención a que se trata de una defensa con claro contenido jurídico (Alsina, Mario A., Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo X., Cotter Moine, Juan P. y Vidal Albarracín, Héctor G., Código Aduanero Comentado, T. III, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2011, p. 627). Ello demuestra que lo establecido resulta de suma importancia para asegurar el debido proceso. En tales condiciones, si bien la solución a la que arribó el servicio aduanero —como se adelantó— se encuentra fundada en que el importe de la multa (estimado en la suma de $15.830,82; v. fs. 19/20, páginas 138 a 139 del oficio DEO acompañado el 10/3/2025) no alcanzaba el mínimo previsto por la instrucción general 9/2017, ello se hizo —y así lo reconoce la Aduana en su memorial de agravios— sin dar previa intervención a la importadora incriminada ni a su aseguradora para que acreditase lo que estimare pertinente en su defensa respecto de los hechos que servían de base a la imputación, los cuales condicionaban el reclamo de los tributos, esto es, la comprobación del incumplimiento de la importación temporaria en los términos del artículo 970 del Código Aduanero (cfr. esta Sala, in rebus: “Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros S.A. (TF 120260476-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 11.870/2024, sentencia del 13/5/2025; y esta Cámara, Sala IV, in re: “SKF Argentina S.A. (TF 37953-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 21.783/2024, sentencia del 8/7/2025).
En estas condiciones, deviene aplicable el criterio conforme al cual la corrida de vista establecida en el artículo 1101 del Código Aduanero no consagra un inútil formalismo sacramental, sino que con ella se pretende dar plena dimensión al derecho constitucional a ser oído antes de la emisión del acto que pone fin a un sumario infraccional; de manera que su incumplimiento por parte de la Administración no puede ser saneado a posteriori y en otra instancia, quedando el acto fulminado de nulidad al no haberse concretado los procedimientos pertinentes (conf. esta Sala, in rebus: “Compañía de Barcos S.A. (TF 15082537-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” causa 1239/2025, sentencia del 10 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 3877/2025/CA1: “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. (TF-119879362-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
20/3/2025; y “Roberto Rodofeli y Cía S.R.L. – TF 40035-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 7865/2024, sentencia del 1º/4/2025. Asimismo, esta Cámara, Sala IV, in re: “Cosena Seguros (TF 24583-A) c/ DGA”, causa 29.957/2011, sentencia del 9/2/2012; “Ramírez, Horacio Omar c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 56.691/2015, sentencia del 5/4/2016; y “Ampacet South America S.R.L. (TF 104835572-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 22.642/2024, sentencia del 25/2/2025; entre otros).
Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso interpuesto por la Aduana y confirmar el pronunciamiento apelado.
XI. Costas de esta instancia El artículo 68 del CPCCN establece como “principio general” en materia de costas que “[l]a parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado. Sin embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad”.
De este modo, el principio general es la imposición de costas al vencido y solo puede eximirse de esa responsabilidad —si hay mérito para ello— mediante pronunciamiento expreso acerca de dichas razones, bajo pena de nulidad (conf. Fallos: 328:4504 y 332:2657; y CSJ 1490/2019/RH1, “Cooperativa Farmacéutica de Provisión y Consumo Alberdi Ltda c/ Provincia del Chaco s/ amparo”, sentencia del 30/9/2025).
En este sentido, cabe destacar que dicha norma consagra el principio rector en materia de costas y que ello encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota (Fallos: 325:3467; 341:1075 y 347:2177), de modo que quien pretenda exceptuarse de esa regla debe demostrar acabadamente las circunstancias que justificaría el apartamiento de ella, lo que debe admitirse restrictivamente (Fallos: 311:809; 317:1638; 341:1075; 343:1758, entre otros).
Por consiguiente, toda vez que no se advierten razones para apartarse del principio objetivo de la derrota, entiendo que corresponde imponer las costas de esta instancia a la demandada, en su carácter de vencida (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN).
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Expte. CAF 3877/2025/CA1: “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. (TF-119879362-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
XII. Honorarios En atención a la naturaleza del asunto, el resultado obtenido y la trascendencia económica de la cuestión en debate; y, atento el valor, motivo, extensión y calidad jurídica de las labores desarrolladas en el trámite de la única etapa del procedimiento ante el Tribunal Fiscal, corresponde CONFIRMAR los honorarios regulados en favor de Eduardo J. Bendayan, quien intervino en carácter de apoderado y letrado patrocinante en defensa de la parte actora (conf. artículos 16, 19, 21, 24, 29, inciso a; 51, 58 y concordantes de la ley 27.423; resolución SGA 3160/2025).
De conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la ley 27.423 y en atención al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de los trabajos llevados a cabo con motivo del recurso de apelación interpuesto por la Aduana, procede REGULAR en la cantidad de 2 UMA —equivalentes a la suma de $169.926— los honorarios de Eduardo J. Bendayan, quien actuó como apoderado de la parte actora; y en la cantidad de 3 UMA —equivalentes a la suma de $254.889— los de Jorge Luis Peluffo, quien intervino como letrado patrocinante de la actora (cfr. artículos 16, 19, 21, 24 y 30 de la ley 27.423; y resolución SGA 3160/2025).
Se deja constancia que la retribución que antecede no incluye el Impuesto al Valor Agregado, monto que —en su caso— deberá ser adicionado conforme a la situación del profesional interviniente frente al citado tributo. En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
1. Rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado.
2. Imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN).
3. Fijar los honorarios de la representación y dirección letrada de la actora en la forma establecida en el considerando XII.
A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/2025 de esta Cámara.
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Expte. CAF 3877/2025/CA1: “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. (TF-119879362-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia