Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 19717322-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso del Fisco Nacional y revocar el punto (i) de la decisión del 31/10/23.
2Admitir parcialmente los cuestionamientos que habían formulado las coactoras contra la exigencia tributaria contenida en la resolución DE PRLA 10139/18 y dejar sin efecto los importes reclamados en concepto de derecho adicional y percepciones de tributos interiores.
3Imponer las costas relativas a los tributos en proporción a los vencimientos, en ambas instancias (arg. arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 71 y 279 del CPCCN).
4En atención al modo en que se decide, dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada el 28/12/23 (v. pp. 527-528, expte. cit.), y declarar inoficioso el tratamiento de las apelaciones deducidas contra aquélla (v. pp. 535-537, 546-558 y 563, expte. cit.).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 9354/2024 “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA (TF 19717322-
A Y ACUM) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, julio de 2024.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, el 31/10/23, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, resolvió lo siguiente:
(i) Declaró prescripta la acción del Fisco parar perseguir el cobro de tributos con relación a la mercadería importada temporariamente mediante el DIT 07 001 IT14 000273 B, por la firma GILLETTE ARGENTINA SA (ahora PROCTER & GAMBLE ARGENTINA SRL), en los términos de los artículos 803 y concordantes del Código Aduanero; con costas a cargo de la DGA.
(ii) Rechazó la excepción de prescripción que había opuesto la co-actora importadora contra la acción para imponer penas con respecto a esa misma destinación; sin especial condena en costas.
(iii) Confirmó el artículo 1° de la resolución DE PRLA 10139/18, dictada en la actuación 13289-18523-2008, en cuanto condenaba a la importadora al pago de una multa de $63.072,93 por la comisión de la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero; con costas.
Para resolver como lo hizo en cuanto a la prescripción de la acción para exigir el cobro de tributos, indicó que el vencimiento de la destinación suspensiva había tenido lugar el 6/1/08, por lo que el plazo de 5 años había comenzado a correr el 1/1/09 (arts. 803 y 804, del CA) y hubiese vencido el 31/12/13. Sin embargo, se suspendió a partir del dictado del auto de apertura del sumario del 27/12/13 –el cual se reputó un acto válido–, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 805, inciso a, del código de la materia. Explicó que, hasta aquel entonces, habían transcurrido 4 años, 11 meses y 26 días, y que sólo restaban 5 días para que se cumpliesen los cinco años que establecía la legislación. En ese contexto, sostuvo que, conforme a una sana interpretación del referido artículo 805, inciso a, del Código Aduanero, debía considerarse que el plazo de prescripción se había reanudado a partir del 21/12/18, con el dictado de la resolución DE PRLA 10139/18; de manera que ya se encontraba vencido cuando esta última resolución fue notificada a la importadora, el 2/3/21.
Por el contrario, concluyó que la acción tendiente a la imposición de penas no estaba extinta y que la infracción endilgada se había configurado, por no encontrarse agregada la documentación esencial a los efectos de comprobar la reexportación de la totalidad de la mercadería ingresada temporariamente.
2. Que, disconforme con lo resuelto en el punto (i), el Fisco Nacional interpuso apelación el 15/12/23, que se concedió el 28/12/23, se fundó el 8/2/24 y fue replicada por la coactora aseguradora el 6/3/24 (v. pp. 521, 528, 565-569 y 576-583, expte. cit.). 1 En sustancia, planteó que lo correcto era interpretar que el plazo de prescripción de la acción tributaria se mantenía suspendido desde la instrucción sumarial hasta el dictado de un pronunciamiento que habilitara la vía ejecutiva; lo que recién tenía lugar cuando la resolución administrativa se notificaba y no se interponía recurso contra aquélla; o bien, en el supuesto de haber sido apelada, cuando recaía la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación. Precisó que en el caso no había alcanzado a cesar la causal suspensiva y que, a la fecha, debía considerarse que el curso de la prescripción continuaba suspendido por el efecto atribuible a la interposición del recurso ante esta Cámara (art. 1134, CA).
Sin perjuicio de esa suspensión, mencionó que el plazo también se había visto interrumpido a raíz de la notificación de la corrida de vista (arg. art. 806, inc. a, CA).
3. Que en lo que respecta a la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos, se dan por reproducidas las consideraciones hechas en la causa 14530/22 “Dow Agrosciences Argentina SRL (TF 52306338-A) c/ DGA”, sentencia del 27/9/22, considerando 4º y sus citas (en especial, doctr. esta Sala, causa 24779/15 “Scania Argentina SA c/ DGA”, sent. del 24/11/15, y Sala III, causa 36790/16 “Citricola Ayui SAAICC –TF 25929-A c/ DGA”, sent. del 8/9/17).
En el entendimiento que allí se propone, la apelación del Fisco debe ser admitida toda vez que el vencimiento de la importación temporaria tuvo lugar el 6/1/08, el plazo de prescripción comenzó a correr el 1/1/09, y hubiese vencido el 31/12/13. Sin embargo, se mantiene suspendido desde el dictado del auto de apertura del sumario del 27/12/13, en la medida en que, a la fecha, la acción del Fisco todavía no se encuentra expedita (arg. arts. 803, 804, 805, incs. a y c, 1134 y 1172, CA; y doctr. causas citadas).
4. Que, aun cuando la jurisdicción de los tribunales de segunda instancia se encuentra limitada por el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su competencia decisoria (Fallos: 313:912; 315:562 y 839), al dejar sin efecto la decisión anterior en los términos antes referidos, en principio, tiene lugar la reversión de la jurisdicción, hecho que obliga a la Cámara a conocer en todas las defensas conducentes y oportunamente propuestas por cada una de las partes litigantes que, por la diversa solución adoptada en la anterior instancia, no habían merecido un adecuado tratamiento (Fallos: 190:318; 256:434; 268:48; 308:656; 327:3925; y sus citas). Ello, aun en ausencia de un recurso de la parte que, por haber sido vencedora en esa instancia, no podía agraviarse de un pronunciamiento favorable (Fallos: 334:95, y esta Sala, causa 33262/11, “Grupo de Artesanías SA –inc med (2-IX-11) c/ EN – Mº Economía – Resol 47/07 (expte S01:174929/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, sent. del 14/2/12; entre otras).
De este modo, la solución que antecede exige examinar los planteos relativos a: (i) la extinción de la acción tributaria por afectación de la garantía a obtener un pronunciamiento dentro de un plazo razonable; (ii) la improcedencia del reclamo del derecho adicional y las percepciones de tributos interiores, con sustento en la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 9354/2024 “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA (TF 19717322-
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jurisprudencia de la Corte; (iii) el alcance de la responsabilidad de la aseguradora; y (iv) la confiscatoriedad e ilegitimidad del reclamo de intereses calculados sobre una deuda en dólares estadounidenses y a una tasa del 30% anual; planteos, éstos, que las coactoras habían introducido ante el Tribunal Fiscal de la Nación (v. pp. 10-12, 17-22 y 129-137, expte. cit.).
Por el contrario, no corresponde tratar aquellas defensas vinculadas con la nulidad del auto de apertura del sumario, la extinción de la acción para imponer penas y la configuración de la infracción aduanera, que fueron desestimadas en la instancia de origen, sin que ello fuese materia de apelación ante la Cámara.
5. Que este Tribunal entendía que no correspondía extender la doctrina relativa a la extinción de la acción penal del Fisco con sustento en la afectación de la garantía a ser juzgado dentro de un plazo razonable, a la que aquél tiene para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera (cfr. causa 56632/15 “Iveco Argentina SA c/ DGA”, sentencia del 14/4/16, y sus citas).
Si bien ese criterio debe ceder frente a las recientes modificaciones introducidas en la Ley 19.549, Nacional de Procedimientos Administrativos (de aplicación supletoria a la materia; arg. art. 1017, CA), pues actualmente se establece que la duración razonable es un principio fundamental aplicable a toda clase de procedimientos administrativos (arg. art. 1° bis, ap. a., pto. iv, ley 19.549; texto según art. 25 de la ley 27.742 –BO 8/7/24–), lo cierto es que en esta causa se presenta una situación bien distinta de las que examinó la Corte en aquellos precedentes en los que resolvió favorablemente planteos fundados en la afectación de ese derecho, porque habían transcurrido quince, dieciocho, veinte años o más desde el acaecimiento de los hechos y el dictado de la resolución definitiva (cfr. Fallos: 335:1126; A.1210.XLVIII. “Alvarado, Pedro Alberto Carlos y otro c/ BCRA – resol. 379/08 s/ causa nº 100.298/97”, sent. del 16/04/13; R.769.XLVII. “Rezzónico, Edgardo Hugo y otro c/ BCRA – resol 88/08 (expte 100.563/86 Sum Fin 725”, sent. del 26/09/12; B.331.XLVII. “Banco de Italia y Río de la Plata (EL) y otros c/ BCRA – resol 49/99 – expte 102.529/85 Sum Fin 531”, sent. del 02/10/12), o bien, porque se corroboró que el procedimiento recursivo, incluyendo la instancia de revisión ante la Cámara, se había prolongado durante más de veintitrés años, excediéndose todo parámetro de razonabilidad de duración del proceso (cfr. Fallos: 334:1264).
Se comprueba fácilmente que la duración de este proceso, incluyendo la instancia de revisión ante el Tribunal Fiscal de la Nación, ha tenido una extensión notoriamente inferior a la verificada en las causas citadas, ya que se inició por un hecho acaecido el 6/1/08, se emitió la resolución DE PRLA 10139 en 2018, y el Tribunal Fiscal de la Nación se pronunció el 31/10/23.
3 En esas condiciones, y por ese fundamento, el primero de los planteos de las coactoras no puede prosperar.
6. Que, por el contrario, debe admitirse el pedido de anulación de ciertos importes correspondientes al derecho adicional y percepciones de tributos interiores, que fueron incluidos en la liquidación tributaria (v. p. 363, expte. cit.). En este punto, corresponde ajustar la decisión administrativa a lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas F. 195.XLII “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ DGA” e I.49.XLII “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA”, sentencias del 14/08/13; así como al precedente CAF 38004/2007/CS001 “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ DGA Resol. 2590/06 s/ Dirección General de Aduanas”, sentencia del 26/11/19.
7. Que, en lo atinente a la naturaleza jurídica del seguro de caución y el alcance de la responsabilidad de la co-actora aseguradora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que dicho negocio aparece como un verdadero contrato de garantía bajo la forma y modalidades del contrato de seguro, siendo su objeto principal el de garantizar a favor de un tercero (el beneficiario) las consecuencias de los posibles incumplimientos del tomador (Fallos: 315:1406); y ello, de manera expeditiva, habida cuenta del origen de esta figura, que aparece como sustituto de una caución real en poder del comitente (cfr. Fallos: 321:3334).
Concordemente con lo expuesto, se ha entendido que la preocupación del legislador al implementar el seguro de caución para garantías aduaneras ha sido, precisamente, la de evitar los riesgos de la no percepción de los tributos aduaneros, y que el objeto de las compañías aseguradoras al concertarlos con el eventual obligado al pago de esos gravámenes, es asumir tales riesgos (cfr. Sala I, causa “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 13089- A) c/ DGA", sent. del 28/3/03).
Por eso, una vez producido el siniestro, nace para la aseguradora la obligación asumida en las condiciones generales de la póliza, sin que pueda argumentarse que su responsabilidad sea subsidiaria pues, conforme ha sido establecido en forma reiterada por la jurisprudencia y ante el incumplimiento del tomador del seguro, la Aduana lo único que debe acreditar es su existencia para justificar su accionar directo contra el asegurador (cfr. Sala II, causas “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 10692-A) c/ DGA”, sent. del 7/11/02, y “Cosena Seguros SA (TF 16701-A) C/ DGA”, sent. del 31/5/05; Sala III, causas “La Holando Sudamericana Cia. de Seguros SA c/ DGA s/ Resol N° 4.569/99", sent. del 7/9/05, y “Celulosa Campana SA (TF 15684-A y acum 15687-A) c/ DGA”, sent. del 15/8/08; Sala V, causas "Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 11992-A)", sent. del 3/10/01, y “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. (TF 18304-A) c/ DGA”, sent. del 14/4/09; entre muchas otras). Esta Sala también ha entendido que a la responsabilidad del obligado primigenio —resultante de la ley tributaria— se añade la de otro derivada del convenio, y que por lo tanto la Aduana tiene ante sí dos obligados solidarios, sin obligación de dirigir su acción CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 9354/2024 “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA (TF 19717322-
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con preferencia a uno de ellos (cfr. causas “Cosena Seguros SA (TF 16541-A) c/ DGA”, sent. del 17/11/05, y “La Mercantil Andina Compañía Argentina de Seguros S.A. c/ DGA”, sent. del 23/3/06, entre otras).
Por lo demás, según se desprende de las condiciones pactadas, Aseguradora de Créditos y Garantías SA está obligada a responder “con los mismos alcances y en la misma medida en que resulte obligado el Tomador o Proponente de acuerdo con las leyes o reglamentaciones aduaneras vigentes, causa eficiente del presente seguro”. Allí también se aclara que “la suma máxima asegurada [en el caso, $2.000] no comprende a los intereses previstos en los artículos 794 y 797 del referido Código Aduanero…los cuales deberán abonarse aún en el caso que excedieran la misma” (v. condiciones particulares de la póliza 923295, p. 33 expte. cit.).
En esas condiciones, no es posible atender a los argumentos particulares que había opuesto la garante contra el reclamo de los tributos.
Resta aclarar que la resolución aduanera apelada estipuló en el artículo 3° que la aseguradora debía responder con sujeción al límite máximo previsto en la antedicha póliza 923295 (v. esp. p. 29, expte. cit.), por lo que a este respecto tampoco se advierte que exista agravio alguno para la recurrente.
8. Que, si bien las co-actoras no cuestionaron específicamente lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 23.905, no es ocioso aclarar que, en lo que respecta a la moneda en que se determinan los tributos aduaneros, corresponde estar a lo decidido por la Corte federal en la causa V.312.XLV “Volkswagen Argentina SA (TF 22179-A) c/ DGA”, sentencia del 23 de agosto de 2011.
Esto impide acceder a cualquier planteo que involucre aplicar un tipo de cambio distinto al previsto por el citado artículo a los efectos de convertir y pagar el importe en dólares estadounidenses de los tributos adeudados.
9. Que no pasa desapercibido que las recurrentes expresaron que la aplicación conjunta del artículo 20 de la ley 23.905 y las tasas de interés fijadas por el Poder Ejecutivo con arreglo a lo previsto por el artículo 794 del Código Aduanero era lo que, en definitiva, terminaba por configurar una situación lesiva de su derecho de propiedad. Sin embargo, no efectuaron cálculos numéricos para demostrar que las sucesivas tasas de interés fijadas por la autoridad competente, aplicadas sobre el capital determinado con arreglo a lo previsto en el artículo 20 de la ley 23.905, generasen un resultado excesivo o desproporcionado con relación al monto de la deuda tributaria; ni formularon la necesaria comparación entre ese resultado y el que hubiese surgido de otra alternativa. Tampoco se hicieron cargo de la facultad prevista por el ordenamiento aduanero para eludir el devengamiento de intereses mientras se cuestionaba la deuda (arg. art. 796, CA).
5 En esas condiciones no es posible acceder a lo solicitado, ya que importaría ejercer la más delicada de las funciones judiciales, y sustituir el régimen legal vigente por otro que las recurrentes estiman más conveniente sin que se encuentren fehacientemente acreditados los extremos que justificarían una declaración de tal gravedad (doctr. esta Sala, causa 22939/23 “Blanquez Brizuela, Gabriela Alfonsina (TF 37180-A) c/ DGA”, sent. del 27/6/23, consid. 5º y sus citas).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Admitir el recurso del Fisco Nacional y revocar el punto (i) de la decisión del 31/10/23.
2. Admitir parcialmente los cuestionamientos que habían formulado las coactoras contra la exigencia tributaria contenida en la resolución DE PRLA 10139/18 y dejar sin efecto los importes reclamados en concepto de derecho adicional y percepciones de tributos interiores.
3. Imponer las costas relativas a los tributos en proporción a los vencimientos, en ambas instancias (arg. arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 71 y 279 del CPCCN).
4. En atención al modo en que se decide, dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada el 28/12/23 (v. pp. 527-528, expte. cit.), y declarar inoficioso el tratamiento de las apelaciones deducidas contra aquélla (v. pp. 535-537, 546-558 y 563, expte. cit.).
5. Regístrese, notifíquese y, previo a resolver el diferimiento solicitado, pasen los autos al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación de la tasa de justicia efectuada por el demandado (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92). Se deja constancia que el Juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia