Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 19800849-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 12989/2024 “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA (TF 19800849-A)
c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de octubre de 2025.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que a través de la resolución del 14/11/2023 la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría: (i) rechazó el planteo de prescripción formulado por la actora; y (ii) declaró la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al auto de instrucción de sumario en la actuación administrativa N° 12197-3422-2011, incluida la Resolución N° 2872/2018 apelada por la actora. Las costas fueron impuestas a cargo de la demandada por resultar vencida (v. pág. 227/232 del archivo que contiene las actuaciones administrativas incorporadas al DEO N° 15024986).
Para así decidir, en cuanto aquí importa, puso de manifiesto que el expediente administrativo había iniciado con la denuncia realizada por el servicio aduanero atento a la presunta infracción de la actora al artículo 970 del CA. Señaló que, practicada la liquidación de tributos y multa, el 09/05/2018 se dictó la resolución definitiva conforme la cual se dispuso: (i) archivar el sumario en los términos de la Instrucción General N° 09/17, (ii) formular cargo a la firma BODEGA NORTON SA y su garante, ASEGURADORA DE CRÉDITOS SA, con relación a la totalidad de la mercadería documentada mediante la DIT N° 0600IT14009210A, en concepto de tributos adeudados, e intimar a su cancelación; (iii) ingresar el antecedente al registro de sumarios.
Seguidamente, el Tribunal a quo señaló que la demandada no había considerado necesaria la intervención del presunto infractor en el procedimiento infraccional, por lo que éste no había tenido oportunidad de presentar sus defensas y poder acompañar, en caso de corresponder, la documentación que acreditara el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporaria. Destacó que la única notificación cursada a la recurrente fue la intimación ordenada en la Resolución N° 2872/2018 a fin de exigirle el pago de tributos, pero se había omitido cumplir con lo previsto en el artículo 1101 del CA, en cuanto disponía correr vista de las actuaciones a la importadora y la firma garante. En consecuencia, consideró que debían declararse nulos todos los actos procesales.
Alta en sistema: 24/10/2025 II.- Que en otro orden el 11/12/2023 el Tribunal a quo reguló los honorarios del Dr. Eduardo Bendayan -en su doble carácter de apoderado y patrocinante de la parte actora- en la cantidad de 3 UMAs (v. pág. 236 del archivo que contiene las actuaciones administrativas incorporadas al DEO N° 15024986).
III. Que contra dichas resoluciones la parte demandada interpuso un recurso de apelación en fecha 01/02/2024 y expresó sus agravios en esa misma oportunidad, los que no fueron replicados por su contraria (v. pág. 286 del archivo que contiene las actuaciones administrativas).
En su presentación, el Fisco afirmó que en el caso no se vio afectado el derecho de defensa de la compañía aseguradora toda vez que el derecho en cuestión ha perdido virtualidad en la medida en que el procedimiento infraccional en que habría sido coartado se archivó previo a que el imputado tomara conocimiento de la existencia del mismo. Por esa razón, señaló que no resultaba aplicable al caso el artículo 1101 del CA que establece la corrida de vista al imputado.
Manifestó que la Instrucción General DGA N° 9/2017 establecía que los jueces administrativos dispondrían el archivo de las actuaciones en las causas que tramitaran infracciones cuando el importe de la multa mínima comprometida no superara los $30.000 -como era el caso de autos-, en la medida en que el infractor no contara con antecedentes infraccionales registrados o bien cuando, teniéndolos, aquellos en conjunto no superaran el monto referido. Todo ello, sin perjuicio de la formulación del cargo que pudiera corresponder. Por tal motivo -señaló-, su parte había actuado conforme a derecho, y la Resolución N° 2872/2018 -contrariamente a lo que había concluido el Tribunal Fiscal- no constituía una decisión condenatoria en el procedimiento para infracciones, ya que había sido “archivada”, a diferencia de lo sucedido con el cargo en concepto de tributos adeudados. En ese punto afirmó que “[…] el archivo de las actuaciones de ninguna manera obstará la formulación de cargo por la diferencia tributaria que pudiere corresponder”.
Además, manifestó que “[…] al resultar el cargo apelado una liquidación de tributos (conf. artículo 274 del C.A.) y a los fines de probar la inexistencia del hecho imponible hubiera correspondido a la contraria iniciar el procedimiento reglado por el artículo 1053, inciso a) del C.A.”
Alta en sistema: 24/10/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V En segundo orden, expresó que le causó agravio que se hubiera considerado afectado el derecho de defensa de su contraria invocando la garantía del plazo razonable.
Finalmente, apeló la regulación de honorarios practicada en favor del letrado de la parte actora (Dr. Bendayan) por considerar elevada la suma allí establecida.
IV. Que a fojas 4/6 de las presentes actuaciones se expidió el Sr. Fiscal de Cámara en relación con el agravio vinculado a la garantía del plazo razonable. En su dictamen, consideró que dicho planteo debía ser desestimado en la medida de que el Tribunal Fiscal no resolvió el asunto sobre la base de esa defensa.
V. Que en este punto, corresponde analizar el recurso interpuesto por la parte demandada, en el que manifestó que la omisión de correr la vista que prevé el artículo 1101 del CA no implicó una afectación al derecho de defensa de la actora, toda vez que al disponer el “archivo” del proceso infraccional y formular el cargo en concepto de tributos adeudados, su parte había actuado conforme a derecho. Al respecto, cabe precisar que la cuestión en debate ya ha sido resuelta por este Tribunal en casos análogos al presente en autos: Expte. N° 42.960/2023 “Boxmark Leather SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Org. Ext., del 04/02/2025”, Expte. N° 13522/2020 “Alba Compañía Argentina de Seguros c/ EN-AFIP-DGA s/ Dirección General de Aduanas”, del 28/12/2023; Expte. N° 37318/2022 “La Perseverancia Seguros SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Org. Ext.”, del 25/08/2022; Expte. N° 3407/2020 “HTI Cono Sur SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Org. Ext.”, del 19/10/2021). En tales precedentes, se ha dicho que las irregularidades detectadas en el marco del trámite de las actuaciones administrativas -como es el caso del sub lite- afectan el derecho de defensa de los imputados. En efecto, la omisión de efectuar la corrida de vista establecida en el artículo 1101 del CA implica para el interesado la imposibilidad de ejercer la oportuna defensa de sus derechos. En tales condiciones, el archivo sin más trámite del sumario en los términos de la Instrucción General 09/17, sobre la base de que la multa pretendida sería inferior a la suma de $30.000, no le permitiría al Fisco requerir, en esa misma resolución y sin haber corrido la vista establecida en el ya citado artículo 1101 del CA, los tributos que considera adeudados en el entendimiento de que aquellos se deben por el acaecimiento del hecho imponible -importación para consumo-. Alta en sistema: 24/10/2025 De conformidad con ese criterio, y como se ha sostenido en los precedentes citados, la irregularidad del trámite asignado (omisión de correr vista conf. art. 1101 del CA) no puede ser interpretada de manera tal que implique la validación de la intimación tributaria irregular dispuesta en el marco de un procedimiento infraccional, sobre todo cuando aquella no constituye ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 1053 del CA en los cuales el servicio aduanero se hallaría habilitado para intimar a su pago.
En consecuencia, corresponde desestimar el agravio formulado por la parte demandada en cuanto a este punto.
VI. Que en cuanto al planteo de la demandada relativo a la supuesta afectación a la garantía del plazo razonable, de la que se habría hecho mérito en la sentencia apelada, cabe destacar que dicha cuestión no fue abordada por el Tribunal Fiscal en su decisión. Por tal razón, dicho agravio carece de sustento y debe ser desestimado.
VII. Que por los motivos expuestos, correspondería en este punto rechazar el recurso interpuesto por la parte demandada en relación con el fondo del asunto y confirmar la sentencia apelada, sin especial imposición de costas, atento a la inactividad procesal de su contraria (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
VIII. Que resuelto lo anterior, corresponde analizar el recurso interpuesto contra la regulación de honorarios practicada por el Tribunal a quo.
En función de la naturaleza, del resultado obtenido y de la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por el Dr. Eduardo Bendayan -en su doble carácter de apoderado y patrocinante de la parte actora- corresponde confirmar la regulación practicada en la cantidad de 3 UMAs, toda vez que resulta ajustada a derecho (conf. arts. 16, 19, 29, 44 y ccdtes. de la Ley Nº 27.423 y Resol. CSJN Nº 2226/25). Por las razones expuestas corresponde: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución del Tribunal Fiscal en cuanto al fondo del asunto; sin especial imposición de costas, atento a la inactividad procesal de su contraria (art. 68, primera parte, del CPCCN); 2) Rechazar el recurso interpuesto contra la regulación practicada por el Tribunal a quo, y confirmar lo resuelto en esa oportunidad.
Alta en sistema: 24/10/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Todo lo cual, ASÍ SE RESUELVE.
Se deja constancia de que la Vocalía N° 15 de esta Sala se encuentra vacante (art. 109 RJN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 24/10/2025
Fin de la sentencia