Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 23374-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Modificar la resolución de fs. 118/123 y, en consecuencia, confirmar parcialmente la resolución 2681/07 en cuanto exige a la aseguradora el pago de tributos con más el CER y los intereses del artículo 794 del Código Aduanero –desde el 01/03/06 y hasta la fecha de efectivo pago-, y revocarla con respecto a la procedencia del derecho adicional y la aplicación del CER sobre las percepciones de IVA y ganancias.
2Imponer las costas de ambas instancias en proporción a los vencimientos (arg. arts. 1163 y 1174 CA, y arts. 71 y 279 CPCCN).
3Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios de fs. 132/133vta. y 156/vta.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
22894/2013 ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA (TF 23374-
A) c/ DGA s/ Buenos Aires, 25 de marzo de 2014.
I. Que, a fs. 118/123, el Tribunal Fiscal de la Nación:
1. Confirmó parcialmente la resolución 2681/07 en cuanto exige a la aseguradora el pago de $14.689,31 en concepto de tributos con más el CER y los intereses del artículo 794 del Código Aduanero, desde el 01/03/06 hasta la fecha de efectivo pago; con costas según los vencimientos.
2. Revocó parcialmente la citada resolución en cuanto a la aplicación del CER sobre las percepciones de IVA y del impuesto a las ganancias; con costas por su orden, en atención a que dicha solución se basa en jurisprudencia posterior a la interposición del recurso.
Para resolver como lo hizo, recordó que las actuaciones se iniciaron por la denuncia de infracción al artículo 970 del Código Aduanero con respecto al DIT 98 073 IT14 001954E, y que la actora había garantizado mediante la póliza de seguro de caución 585842 los tributos correspondientes a aquél, adquiriendo el carácter de deudor principal y fiador solidario junto con la tomadora del seguro.
Sobre la base de las constancias obrantes en la causa, concluyó en que se había configurado la infracción con respecto a la totalidad de la mercadería y tuvo por producido el hecho generador de la obligación tributaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del mismo cuerpo legal. Por otra parte, desestimó el argumento consistente en que el Fisco debió verificar previamente el importe de los tributos en el concurso de la importadora y destacó que, de acuerdo con las condiciones generales de la póliza, no estaba previsto el beneficio de excusión ni que la responsabilidad de la aseguradora fuera subsidiaria.
Precisó que la aseguradora había garantizado expresamente el derecho adicional y el IVA, por lo que no podía ahora volver sobre sus propios actos. No obstante, advirtió que la recurrente sólo había garantizado el 24% en concepto de derecho adicional, por lo que redujo a esa suma la exigencia formulada por el servicio aduanero, que contemplaba un 48% por tal concepto. Mencionó que el CER era exigible en los términos del decreto 214/02, salvo con respecto a las percepciones de IVA y ganancias, que debieron liquidarse en pesos desde el origen (arg. art. 20, ley 23.905, doctr. CSJN in re “Volkswagen Argentina SA”, del 23/08/11).
Sostuvo que, en virtud de lo dispuesto en la resolución AFIP 1528/03, el importe máximo garantizado en dólares en la póliza también debía convertirse a pesos, pero que la suma resultante ($22.000, más el CER) no incluía los accesorios; de modo tal que, en el caso, no operaba el límite máximo de responsabilidad de la aseguradora.
Finalmente, aclaró que los intereses debían calcularse desde el vencimiento del plazo de diez días computados a partir de la fecha de notificación de la corrida de vista a la aseguradora -porque la importadora fue notificada con posterioridad a dicha fecha-; y que la situación falencial de esta última ninguna incidencia podía tener con respecto al curso de los intereses exigidos a la primera.
II. Que, contra dicha resolución, a fs. 126 dedujo apelación Aseguradora de Créditos y Garantías SA (concedida a fs. 133), y a fs. 145/154vta. expresó agravios; los que fueron replicados a fs. 172/177vta.
Por un lado, cuestiona la inclusión en el reclamo tributario de rubros no alcanzados por la cobertura de la póliza, porque no se originan en la importación regular a consumo (como es el caso del derecho adicional), o bien, porque se vinculan a futuros hechos imponibles que se configuran en el mercado interno y no con motivo de la importación (como es el caso de las percepciones del IVA y del impuesto a las ganancias). En este sentido, manifiesta que su mandante presta garantía con antelación a la oficialización del DIT y que, por ello, su suscripción no implica aceptación de la liquidación contenida en aquél. En otro orden de ideas, sostiene que para el cálculo del impuesto a las ganancias se tomó una alícuota del 11%, mientras que era aplicable la alícuota del 3% por tratarse de un bien de cambio. Además, reitera el planteo de incompetencia de la DGA para determinar la asignación de alícuotas según se trate de bienes de cambio, de uso, o de uso particular. Cita jurisprudencia en sustento de su postura.
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En tercer lugar, considera improcedente pedir anticipos del IVA y del impuesto a las ganancias cuando el presunto hecho imponible tuvo lugar en el año 2000, la liquidación se efectuó en 2001 y 2005, y la resolución se dictó en 2007, de forma tal que no podría existir ningún anticipo tributario al haber cerrado ya el período fiscal. Además plantea que, dado el cese de actividades dispuesto por la quiebra de la importadora, falta causa actual para exigir aquellas sumas, porque resulta evidente que nunca se producirá el hecho imponible previsto en las leyes de esos impuestos (venta de la mercadería y generación de ganancia).
En cuarto lugar, se agravia de la aplicación del CER porque el hecho imponible tuvo lugar en el año 2000 y, a la luz del artículo 1º del decreto 214/02, la obligación se convirtió a pesos a partir de su entrada en vigencia. Por ello, solicita la aplicación del precedente de la Corte Suprema “Editorial Perfil SA”, del 12/08/08.
Finalmente, plantea que el cargo formulado por la aduana, con los intereses del artículo 794 del Código Aduanero, supera en exceso al monto por el que se halla obligada a responder en virtud de la póliza, el que también debe a convertirse a pesos pero sin adición del CER, por tratarse de una garantía y no de una obligación de dar suma de dinero.
III. Que, por otro lado, a fs. 128 dedujo apelación el Fisco Nacional; la que se tuvo por desistida a fs. 156vta. .
IV. Que, a fs. 132/133vta., se regularon los honorarios del doctor Matías Romero Zapiola, por la labor profesional desarrollada en representación de la actorta, en el doble carácter durante la primera etapa y como letrado copatrocinante y coapoderado durante la segunda etapa del proceso, en la suma de $2.000; los que fueron apelados por altos a fs. 158 (concedido a fs. 159). A su vez, a fs. 156/vta., se regularon los honorarios de la representación fiscal, por su actuación en el doble carácter durante tres etapas del proceso, en la suma de $5.953; los que fueron apelados por bajos a fs. 164/165 y por altos a fs. 168 (ambos recursos se concedieron a fs. 170).
V. Que, ante todo, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que el seguro de caución aparece como un verdadero contrato de garantía bajo la forma y modalidades del contrato de seguro, cuyo objeto principal es garantizar a favor de un tercero –el beneficiario- las consecuencias de los posibles incumplimientos del tomador (Fallos: 315:1406); y ello de manera expeditiva, habida cuenta del origen de esta figura, que aparece como sustituto de una caución real en poder del comitente (Fallos: 321:3334). En el presente caso, el riesgo asegurado fue el incumplimiento por parte del tomador de una prestación asumida ante la Aduana de reexportar la mercadería introducida temporariamente mediante el DIT 98 073 IT14 001954E; hecho cuyo acaecimiento se encuentra firme.
En esos términos, resulta de aplicación lo pactado por las partes contratantes en el sentido que el asegurador debe responder “con los mismos alcances y en la misma medida en que, de acuerdo con las leyes o reglamentaciones aduaneras vigentes, causa eficiente del presente seguro, corresponda afectar total o parcialmente las garantías exigidas por las mismas” (ver condiciones particulares de la póliza 585842, cuya copia obra a fs.97/vta.).
VI. Que, puntualmente, en lo que respecta a la cobertura del derecho adicional, cabe estar a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas F. 195.XLII “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ DGA” y I.49.XLII “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA”, falladas el 14 de agosto de 2013, dado el valor moral que indiscutiblemente tienen sus pronunciamientos.
En aquellos precedentes el Alto Tribunal interpretó que, tanto el artículo 23 del decreto 1439/96 –que es la norma cuya aplicación se discute en el sub examine- como el artículo 15 de la resolución ministerial 72/92, condicionan expresamente el derecho adicional al registro de una solicitud de destinación para consumo y a su autorización por el servicio aduanero; no encontrándose previsto el recargo para aquellos casos en que la importación a consumo se produce sin que medie un pedido del interesado, por el mero transcurso del plazo de la temporal y el incumplimiento de la obligación de reexportar.
Sobre esa base, la Corte Federal concluyó en que sostener su aplicación en casos como el presente, implicaría extender los alcances de una norma tributaria a supuestos no previstos en ella, acudiendo al método de la analogía, lo cual es inaceptable según reiterada y pacífica jurisprudencia de ese tribunal.
Además, aclaró que interpretar las normas en trato con los alcances que surgen de su texto no conduce a una situación irrazonable, colocando al infractor en mejor situación que la de quien cumple regularmente con sus obligaciones fiscales, pues, con respecto a aquél, el Código Aduanero ya prevé la aplicación de la sanción prevista en su artículo 970; de forma tal que la autoridad CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV que dictó el decreto 1439/96 y la referida resolución 72/92 pudo perfectamente interpretar que dicha sanción resultaba suficiente, limitando la aplicación del adicional a aquellos supuestos en que se decide dejar la mercadería en el país en lugar de reexportarla.
Por las consideraciones expuestas, debe hacerse lugar a este agravio y revocar la decisión apelada en cuanto incluye el derecho adicional en el reclamo tributario.
VII. Que, en lo relativo al reclamo del IVA adicional y del impuesto a las ganancias, cabe recordar que Aseguradora de Créditos y Garantías aseguró a la AFIP-DGA el pago en efectivo de la suma máxima de U$S 22.000 con respecto a la operación registrada bajo el DIT 98 073 IT14 001954E –con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del artículo 1122 del Código Aduanero-, que resulte obligado a efectuarle Grunbaum, Rico y Daucourt SAICYF “por aplicación de las disposiciones legales y/o reglamentarias vigentes en materia aduanera e impositiva” como consecuencia de la importación en trato (v. condiciones particulares de la póliza 585842, cuya copia obra a fs. 97/vta.); circunstancia que obsta para admitir el planteo de falta de cobertura por tratarse de tributos no vinculados directamente con el incumplimiento de la importación temporal, toda vez que el haz de obligaciones garantizado, sin lugar a dudas, comprendió las deudas de índole impositiva que corresponda pagar en razón de las reglamentaciones vigentes, como es el caso de las resoluciones generales DGI 3431/91 y 3543/92, que establecieron los regímenes de percepción que aquí se cuestionan y que se aplican a las importaciones definitivas de cosas muebles (v. art. 1º de las normas citadas).
VIII. Que, a todo evento, se aclara que el servicio aduanero es “agente de percepción” del IVA y del Impuesto a las Ganancias en virtud de lo dispuesto por el artículo 22 de la ley 11.683, los artículos 27 y 51 de la ley del IVA, el decreto 2394/91, el artículo 39 de la ley del Impuesto a las Ganancias, el decreto 1076/92, y las RG DGI 3431/91 y 3543/92, con sus modificaciones. De ese modo, los mencionados rubros deben hacerse efectivos (cuando no se diere algún supuesto de importación exceptuada por la citada normativa), tanto al momento de una importación definitiva a consumo (e independientemente de cómo esta se realice –vg. en forma irregular-) como con posterioridad (esto último como consecuencia de las facultades legales del servicio aduanero para revisar la documentación y efectuar determinaciones suplementarias) y en tanto la percepción hubiera debido hacerse efectiva al momento de aquel trámite de destinación. En definitiva, la percepción no pierde el carácter de tal por la circunstancia de no haberse hecho efectiva en el trámite de la solicitud de destinación.
Además, al tratarse de percepciones y no de anticipos del impuesto, deben practicarse al momento en que se perfecciona el hecho imponible; de modo tal que, tratándose de destinaciones definitivas de importación a consumo, ello lógicamente tiene lugar al proceder al despacho a plaza de los bienes, junto con la liquidación y pago de los derechos de importación (vg. art. 27, ley del IVA), mientras que en las importaciones a consumo irregulares -por incumplimiento de las obligaciones inherentes a una importación temporaria- ello ocurre con el cumplimiento de la condición suspensiva y consecuente nacimiento del hecho imponible.
IX. Que, por lo demás, en virtud de las normas antes mencionadas, resulta competencia de la Aduana en el caso formular la exigencia tributaria que apela la actora, puesto que los planteos oportunamente formulados hacen a cuestiones usuales a ser resueltas por el órgano de percepción del impuesto. En ese sentido, cabe aclarar que el agravio vinculado con la alícuota correspondiente al impuesto a las ganancias por tratarse de un bien de cambio es fruto de una reflexión tardía, porque no se introdujo oportunamente al contestar vista en las actuaciones administrativas (v. fs. 30/35), ni al plantear el recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación (v. 10/16 de autos; arg. arts. 1145, apartado 1, CA y 19 del Reglamento de Procedimientos ante el TFN).
X. Que, con respecto a la aplicación del CER sobre los rubros tributarios que se confirman, cabe aclarar que el decreto 214/02 (B.O. 04/02/2002) dispuso que a partir de su sanción “…quedan transformadas a PESOS todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen –judiciales o extrajudiciales- expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la ley 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESOS” (art. 1º). Por su parte, en el artículo 4º del mencionado decreto se estableció “A los depósitos y a las deudas referidos, respectivamente, en los artículos 2º, 3º, 8º y 11º del presente Decreto, se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el Banco Central de la República Argentina. Además se aplicará una tasa de interés mínima para los depósitos y máxima para los préstamos. El coeficiente antes referido se aplicará a partir de la fecha del dictado del presente decreto”. El artículo 8º dispuso “Las CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV obligaciones exigibles de dar sumas de dinero expresadas en DÓLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculados al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón de UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($1)” (confr. asimismo las disposiciones contenidas en las leyes 25.642 y 25.713).
En estos autos, tanto la corrida de vista de fs. 20 de las actuaciones administrativas (del 08/02/06), como la resolución 2681/07 de fs. 44/45, formularon el reclamo en pesos con expresa reserva acerca de la aplicación del CER en función de la fecha en que se generó la obligación (06/09/00, v. fs. 3, act. adm.), es decir que la aplicación del ajuste que por ley corresponde no afectó el derecho de defensa de la parte actora, quien tuvo oportunidad de esgrimir sus defensas al respecto al contestar la vista en sede aduanera, como así también al fundar su recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
Por lo demás, la cuestión relativa a la moneda de origen de este tipo de deudas y la consecuente procedencia del CER en casos como el presente, fue dirimida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros, en la causa “Volkswagen Argentina SA (TF 22179-A) c/ DGA”, del 23 de agosto de 2011, en la que, siguiendo el dictamen del Ministerio Público Fiscal, entendió que el art. 20 de la ley 23.905 no había sido dejado de lado por la ley 23.928 pues, a tenor de lo dispuesto en su art. 7º, ésta sólo estaba dirigida a las obligaciones de dar sumas de dinero determinadas en moneda nacional, mientras que las obligaciones cuya suerte se debatía en la causa debían ser determinadas en dólares.
Allí aclaró también que la ley 23.905 era posterior al dictado de los artículos 637 y 638 del Código Aduanero, y que la vigencia de su artículo 20 ya había sido determinada implícitamente por aquel Tribunal en la causa B.828.L.XLIII, “Bridgestone Firestone Argentina S.A. (TF 16674-A) c/ DGA”, sentencia del 27/04/2011.
Finalmente, desestimó el planteo de inconstitucionalidad del decreto 214/02 –consistente en que, por tratarse de un decreto de necesidad y urgencia, no podía regular sobre la materia tributaria (art. 99, inc. 3º, C.N.)- alegando que la transformación a pesos y la aplicación del coeficiente indicado también fue dispuesta por el Congreso Nacional con el dictado de la ley 25.830. En función de lo expuesto precedentemente, se concluye en que en el caso se trata de una deuda expresada en dólares y contraída con anterioridad al dictado de la ley 25.561, lo que hace aplicable lo dispuesto en el artículo 8º del decreto 214/02 y conlleva a la desestimación del agravio.
XI. Que, una cuestión distinta es la relativa al límite económico de la póliza y su eventual conversión a pesos.
A tal efecto, correspondería aplicar las disposiciones del decreto 214/02 y de la Resolución General AFIP 1528/03, toda vez que las obligaciones derivadas de la póliza otorgada por la actora el 15/09/98 se encontraban vigentes a la fecha de sanción de la ley 25.561 y expresadas en dólares; ello en la medida en que el seguro se mantiene vigente hasta tanto el deudor haya sido liberado de su responsabilidad, lo que hasta la fecha no ha ocurrido (en igual sentido, confr. esta Sala in re “Agro Aceitunera SA (TF 21019-A) c/ DGA”, expte. nº 12.965/09, sentencia del 30/03/10, “La Economía Comercial SA de Seguros Grales. (TF 17911-A) c/ DGA”, expte. nº 12.887/09, sentencia del 16/03/10, “Aseguradores de Cauciones SA Cía. de Seguros (TF 23074-A) c/ DGA”, expte. nº 32.000/10, sentencia del 24/02/11).
No obstante, corresponde aclarar que mediante la póliza 585842 la actora se obligó a pagar en efectivo la suma máxima de U$S 22.000 “ con más los accesorios que resulten corresponder” (v. fs. 97/vta., esp. art. 4º de las condiciones generales), por lo que resulta innecesario determinar la equivalencia en pesos a efectos del cálculo del monto que le es exigible a la actora (nótese que a la suma determinada por el TFN a fs. 118/123 ahora debe detraérsele también el importe correspondiente al derecho adicional, para calcular el importe efectivamente exigible a Aseguradora de Créditos y Garantías SA).
En ese entendimiento entonces, cabe confirmar la resolución apelada en cuanto establece que el importe máximo garantizado no incluye los intereses y tampoco opera en la especie, toda vez que el importe de los tributos reliquidados se encuentre dentro del límite de responsabilidad contractual.
XII. Que, por las consideraciones precedentes, corresponde modificar la resolución de fs. 118/123 y, en consecuencia, confirmar parcialmente la resolución 2681/07 en cuanto exige a la aseguradora el pago de tributos con más el CER y los intereses del artículo 794 del Código Aduanero –desde el 01/03/06 y hasta la fecha de efectivo pago-, y revocarla con respecto a la procedencia del derecho adicional y la aplicación del CER sobre las percepciones de IVA y ganancias.
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Las costas de ambas instancias se imponen en proporción a los vencimientos, al no existir una parte íntegramente vencida en el juicio (arg. arts. 1163 y 1174 CA, y arts. 71 y 279 CPCCN).
XIII. Que, en atención al modo en que se decide, corresponde dejar sin efecto las regulaciones de honorarios de fs. 132/133vta. y 156/vta.; y deviene inoficioso tratar las apelaciones deducidas contra aquéllas.
Por lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Modificar la resolución de fs. 118/123 y, en consecuencia, confirmar parcialmente la resolución 2681/07 en cuanto exige a la aseguradora el pago de tributos con más el CER y los intereses del artículo 794 del Código Aduanero –desde el 01/03/06 y hasta la fecha de efectivo pago-, y revocarla con respecto a la procedencia del derecho adicional y la aplicación del CER sobre las percepciones de IVA y ganancias.
2. Imponer las costas de ambas instancias en proporción a los vencimientos (arg. arts. 1163 y 1174 CA, y arts. 71 y 279 CPCCN).
3. Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios de fs. 132/133vta. y 156/vta.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORAN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia