Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 24572-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución de fs. 77/80; con costas (art. 68, primer párr., CPCCN).
2Modificar los honorarios regulados a fs. 118/vta. y fijar los de esta instancia del modo que surge del considerando 8º.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 43721/2023 ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA (TF 24572-A) C/ DGA
Buenos Aires, febrero de 2024.
1. Que, a fs. 77/80, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución DE PRLA 9384/07, en cuanto había declarado extemporánea la impugnación interpuesta por Aseguradora de Créditos y Garantías SA contra el cargo 889/05, formulado con relación al despacho de importación 97 001 IC04 131565B.
Impuso las costas a la actora vencida.
Para decidir como lo hizo, ante todo, aclaró que el referido cargo se labró como consecuencia de la decisión adoptada el 29/09/03 en la causa “Alpargatas Calzados c/ DGA s/ recursos de apelación” (expte. TF 17370-A), mediante la cual se ordenó modificar la liquidación tributaria que había sido intimada a la firma importadora por la misma destinación (v. fs. 90/96 y 110, act. adm. SIGEA 12043-1459-2005).
A continuación, desestimó el principal planteo de la aseguradora y sostuvo que la notificación del cargo 889/05 debía considerarse válida, de acuerdo con las constancias de fs. 111 y 112 de los antecedentes.
Recordó que la recurrente había fundado su planteo de nulidad en las siguientes circunstancias: el aviso de entrega de la pieza postal no individualizaba el acto administrativo a notificar; no surgía claramente la fecha del envío postal; y el servicio aduanero pudo haber evitado el inconveniente si notificaba el acto mediante cédula, con intervención de un oficial notificador.
Frente a esto, el tribunal remitió a los términos de los artículos 1012 y 1013 del Código Aduanero para argumentar que era posible notificar la reliquidación de los tributos adeudados por cualquiera de los medios allí enumerados, entre los cuales estaba previsto “otro medio postal que permitiere acreditar la recepción de la comunicación del acto de que se tratare…” (v. esp. art. 1013, inc. f, CA).
También señaló que el aviso de recibo de fs. 112 de las actuaciones consignaba exactamente que el destinatario de la comunicación era Aseguradora de Créditos y Garantías SA, el domicilio por ella constituido y la fecha de recepción: 1/9/06 a las 11:50 h.
Agregó que la cédula de notificación de fs. 111 contenía datos que permitían identificar la liquidación practicada, toda vez que individualizaba el número del cargo, el del despacho de importación y la garantía involucrada. A su vez, remarcó que ese documento expresaba en forma clara y directa que el monto liquidado debía abonarse “…dentro de los diez días hábiles a partir de la fecha de recepción de esta notificación”, como así también que el administrado tenía derecho a interponer contra aquel acto un recurso de impugnación en el término de diez días, conforme el artículo 1053 del código de la materia.
Sobre dicha base, consideró que la recurrente había quedado debidamente notificada el 1/9/06 y que el plazo legal para interponer la impugnación vencía en las dos primeras horas del 18/9/06. De tal manera, declaró que el escrito presentado en sede aduanera el 19/9/06 a las 11:15 h (conforme el sello de recepción obrante a fs. 117 de las actuaciones), había sido correctamente desestimado por extemporáneo.
2. Que, disconforme con la decisión, la actora interpuso recurso de apelación a fs. 86, que se fundó a fs. 89/95vta., se concedió a fs. 97 y fue replicado a fs. 103/111vta.
En sustancia, reiteró el planteo de nulidad de la notificación del cargo, con sustento en lo siguiente: a) en el aviso de entrega en sí no se individualiza el acto administrativo a notificar, ni se cita el plazo y los medios para recurrir la medida; b) resulta ilegible el sello puesto por el prestador postal, por lo que no es posible determinar la fecha de presentación de la notificación ante la oficina de correos; c) el domicilio constituido por la aseguradora ante la autoridad aduanera era en Av. Corrientes 415 de esta ciudad, por lo que no se justifica la remisión de una notificación vía postal, cuando el servicio aduanero contaba con la notificación por cédula que establece el mismo artículo 1013 del Código Aduanero (v. esp. fs. 89vta./90vta.).
En otro orden de ideas, invocó el principio de informalismo en favor del administrado y planteó que la Aduana debió tratar sus defensas contra el cargo como denuncia de ilegitimidad. En especial, cuestionó que no se hubiesen examinado sus planteos de prescripción de la acción del Fisco y de afectación de la garantía a obtener un pronunciamiento dentro de un plazo razonable, por tratarse de cuestiones de orden público (v. fs. 90vta./92vta.).
Finalmente, reiteró otros planteos que había introducido en el escrito de impugnación (v. fs. 113/117, act. adm), tales como la improcedencia del reclamo CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV del derecho adicional y de las percepciones de tributos interiores con arreglo a la jurisprudencia del Máximo Tribunal; la improcedencia del CER; y el límite máximo garantizado en la póliza (v. fs. 92vta./95).
3. Que a fs. 118/vta. se regularon los honorarios de la representación fiscal; los que fueron apelados por altos a fs. 126/127 y por bajos a fs. 129. Ambos recursos se concedieron a fs. 130, y el Fisco contestó el traslado conferido a fs. 134/vta.
4. Que el recurso de la parte actora no puede prosperar porque la informalidad administrativa no exime del cumplimiento de ciertos requisitos – tanto por la administración como por los particulares sujetos a un procedimiento–, a fin de obtener en tiempo razonable solución a los conflictos. Entre esos requisitos, el Código Aduanero establece pautas procedimentales que han de ser respetadas; en especial, las contenidas en los artículos 1050 a 1052, que exigen que la nulidad de un acto de procedimiento sea tramitado por medio del incidente reglado en los artículos 1043 a 1049 del mismo texto legal (doctr. esta Sala, causa “Chubb de Fianzas y Gtias. SA Cía Seguros (TF 15615-A) c/DGA”, sent. del 20/10/05; cfr. también Sala III, causa “Soldimar SA”, sent. del 20/8/91). En el caso, Aseguradora de Créditos y Garantías SA no desconoció la validez de la notificación efectuada en los términos del artículo 1013, inciso f, del Código Aduanero al momento de tomar conocimiento de su existencia y mediante el correspondiente incidente de nulidad. Ni siquiera planteó la nulidad al deducir la impugnación prevista en el artículo 1053 del Código Aduanero (v. fs. 113/117, act. adm.), sino que introdujo la cuestión en el recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, como producto de una reflexión tadía (v. fs. 10/12 de este expediente).
5. Que, sin perjuicio de que lo expuesto basta para desestimar la apelación, tampoco puede obviarse que la carga probatoria de la nulidad del acto de notificación recae en quien la afirma y, en el caso, la recurrente no rebatió puntualmente la valoración hecha de las constancias de fs. 111 y 112 de la actuación administrativa, que autorizan a presumir que la comunicación quedó accesible para el interesado.
Nótese que los cuestionamientos de la actora se dirigen, por un lado, contra la elección hecha entre los medios de notificación disponibles. Sin embargo, no especificó de qué manera la cédula prevista en el inciso c, del artículo 1013 del Código Aduanero hubiese sido más eficaz que la notificación postal cursada.
Tampoco desconoció que el envío postal se hizo a su domicilio constituido en Av. Corrientes 415 (el mismo que menciona en el memorial), ni que en el aviso de recepción consta con toda claridad que el destinatario lo firmó el 1/9/06 a las 11:50 h (v. fs. 112, act. adm.), ya que otra de sus objeciones recae en la supuesta imposibilidad de determinar la fecha de recepción de la comunicación en la oficina de correo.
A este último respecto, debe señalarse que el inciso f, del artículo 1013 del Código Aduanero únicamente exige que el medio empleado permita acreditar la recepción de la comunicación del acto que se quiere notificar. En cambio, no resulta exigible desde el punto de vista normativo poder determinar la fecha de recepción de la comunicación en la oficina postal.
Si bien esto torna inconducente el argumento de la actora, tampoco es en vano aclarar que todas las fechas de los sellos insertos en la constancia de fs. 112 de los antecedentes (“30 AGO 2006”, “1 SET 2006”) resultan legibles. Por lo demás, cabe reparar en que el propio escrito de impugnación demuestra que el administrado pudo conocer el alcance de la intimación de pago cursada con relación a la destinación de importación 97 001 IC06 131565B; es decir, el contenido del cargo 889/05 (v. fs. 113/117, act. adm.). De tal manera, tampoco podría prosperar el planteo de nulidad, al quedar demostrado que el acto de notificación logró la finalidad a que estaba destinado (arg. art. 1050, CA).
6. Que finalmente debe rechazarse el agravio vinculado con la supuesta omisión de la administración de reencauzar la impugnación en una denuncia de ilegitimidad, pues el artículo 1º, inciso e, apartado 6º, de la ley 19.549 sólo consagra una facultad discrecional para la administración, y lo resuelto en esos términos ni siquiera es revisable judicialmente, en tanto no puede importar el restablecimiento de plazos fenecidos (doctr. Fallos: 322:73).
7. Que, por las consideraciones precedentes, se desestima la apelación de la aseguradora, se confirma la decisión apelada y, por ende, la resolución DE PRLA 9384/07, en cuanto declaró extemporánea la impugnación del cargo 889/05.
Esto torna insustancial examinar los planteos de fondo respecto de los cuales se insiste en esta instancia.
Las costas de alzada se imponen a la vencida al no advertirse motivos para la dispensa (art. 68, primer párr., CPCCN).
8. Que resta tratar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios de fs. 118/vta.
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En atención a los planteos formulados por las partes, previo a todo, debe contemplarse que, en el supuesto de labores profesionales efectuadas bajo la vigencia de la ley 27.423, corresponder incluir en la base regulatoria los intereses que se hubieren devengado durante el transcurso del pleito porque así se encuentra expresamente previsto en el artículo 24 de la norma (cfr. esta Sala, causa 32765/99 “ENTEL (EL) c/ Telefónica de Argentina SA s/ contrato administrativo”, resol. del 22/3/22).
Teniendo en cuenta, entonces, la naturaleza del proceso, el monto del juicio (v. fs. 110, act. adm.), el resultado obtenido y la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por la representación fiscal (Dra. Aida Mariana Oliva Fajreldines) durante las primeras dos etapas del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde REDUCIR los emolumentos fijados a su favor a la suma de $14.650 (arts. 6º, 7º, 8º, 9º, 33, 37, 38, 39 y ccds. de la ley 21.839, modif. por ley 24.432).
Por otro lado, para la tercera etapa del pleito, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión en debate, el resultado obtenido y el monto del asunto calculado en base a las pautas ya señaladas; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por la representación fiscal (Dra. Mariela Laura Ferreira), corresponde ELEVAR los honorarios regulados a su favor a la suma de $116.898,8 –equivalentes a la cantidad de 3,4 UMAS– (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423, y res. CSJN SGA 12/24). Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley 27.423, corresponde REGULAR en la suma de $37.820,2 –equivalentes a la cantidad de 1,1 UMA– los honorarios de la representación fiscal (Dra. María Josefina Silva Risso) por su actuación en esta instancia (cfr. contestación de agravios de fs. 103/111vta.).
Se deja constancia que las regulaciones practicadas en los términos de la ley 27.423 deberán cancelarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la norma, y que en ningún caso las sumas incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales intervinientes frente al citado tributo.
Por lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución de fs. 77/80; con costas (art. 68, primer párr., CPCCN).
2. Modificar los honorarios regulados a fs. 118/vta. y fijar los de esta instancia del modo que surge del considerando 8º.
Regístrese, notifíquese y pasen las actuaciones al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación y el pago de la tasa de justicia efectuados por la recurrente (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia