Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 25748-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada en los términos del considerando V de la presente. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada, quien ha resultado sustancialmente vencida (art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.).
83684/2016; ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS
SA.TF 25748-I c/ AFIP- DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 11 de junio de 2019.-
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que a fs. 85/90, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió confirmar la Resolución (DE PRLA) Nº 3302/08 -suscripta por el Jefe (Int.) del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros-, recaída en la Actuación Nº 12039- 698-2007, y, en consecuencia, declaró que los tributos adeudados por la firma aseguradora ascendían -al 25/5/2016- a la suma de $176.182,56, sin perjuicio de un nuevo ajuste aplicando el Coeficiente de Estabilización de Referencia (en adelante C.E.R.), y los intereses que correspondan a la fecha del efectivo pago.
Para asi decidir, comenzó por realizar una reseña de las actuaciones administrativas instruidas en los términos del art. 970 del Código Aduanero -que incrimina al que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria-, con relación a la mercadería importada temporariamente por la firma Cityplast SRL mediante el DIT Nº 3504-7/97, oficializado ante la Aduana de Buenos Aires con fecha 5 de mayo de 1997, y cuyo vencimiento para reexportar operó el 3 de mayo de 1998.
Paso siguiente, en cuanto aquí interesa, el a quo se avocó a analizar la determinación de la deuda tributaria, y señaló que, si bien era cierto que ese organismo jurisdiccional se pronunció en reiterados fallos a favor de introducir de oficio el análisis del derecho adicional liquidado a la actora a la luz de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA” -que remitió a la causa “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ A.N.A.”-, en la causa de autos no se presentó ningún cuestionamiento ni agravio respecto del derecho adicional en el plazo previsto para apelar ante ese Tribunal, por lo que al no haber sido puesto Alta en sistema: 18/06/2019 en crisis en su oportunidad, el mismo pasó en autoridad de cosa juzgada. Citó jurisprudencia.
A continuación, en lo referente a la responsabilidad imputable a la compañía aseguradora, a partir de la extensión de un seguro de caución (Nº 502.974, y obrante a fs. 66/67 de estos autos) a favor del servicio aduanero, entendió que correspondía considerar a la firma Aseguradora de Créditos y Garantías SA como un fiador (garante) en los términos de los artículos 453, inc. c), y 455, inc. d), del CA, y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (asegurado) en el contexto de la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación, de necesaria aplicación supletaria pues en el Código Aduanero no se halla regulada la situación del garante frente al servicio aduanero.
Advirtió que, al haber sido emitida la póliza Nº 502.974 con fecha 2 de mayo de 1997, nos encontramos ante una obligación contraída en dólares con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Nº 214/02, por lo que, para determinar el tope máximo de responsabilidad de la aseguradora -que es el límite hasta donde ésta podría resultar obligada-, el importe de u$s43.000 fijado en la referida póliza debe convertirse a pesos en los términos de los artículos 4 y 8 del citado decreto, es decir, a la relación u$s1 = $1 con más la aplicación del C.E.R. correspondiente a la fecha del día anterior al pago. Agregó que el importe nominal por el que debe responder la importadora, esto es, $39.322,66.-, queda comprendido dentro de los u$s43.000 -con el C.E.R.- dados en garantía por la actora; importe al que se le deben adicionar los correspondientes accesorios. Citó el artículo 255 del CA, y apuntó que los tributos garantizados son los vigentes al momento del vencimiento de la exportación temporal, con apicación de los artículos 274, 638 y 639 del CA.
Por su parte, respecto de los intereses, indicó que es ya pacífica jurisprudencia que, como principio general, el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal, es Alta en sistema: 18/06/2019 83684/2016; ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA.TF 25748-I c/ AFIP- DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO decir, la importadora, por aplicación del art. 1580 del CCyCN. Puntualizó que el importador fue declarado en rebeldía, y que la aseguradora fue citada con fecha 5 de marzo de 2008, por lo que los intereses corren en el caso desde el 20 de marzo de 2008, de conformidad con lo establecido por el art. 794 del CA. Precisó que, respecto del pago de accesorios, no rige limitación o tope alguna para el garante en cuanto a su responsabilidad, según obra a fs. 66/67. Finalmente, en cuanto a si resultaba de aplicación el C.E.R. a los tributos cuyo pago se intimó, explicó que la obligación tributaria relativa al DIT Nº 3504-7/97 se originó con fecha 3/5/1998, en dólares estadounidenses, por aplicación del art. 20 de la Ley Nº 23.905, y subsistió como tal a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 25.561, vigente desde el 6/1/2002, y fue intimada con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Nº 214/02, que determinó su pesificación, y que resulta inescindible de la aplicación del C.E.R., según el criterio sentado por la CSJN in re “Sociedad Anónima Cinematográfica”, del 17/4/2007.
Ello así, practicó la reliquidación de la deuda tributaria, con más el C.E.R. y los intereses correspondientes.
II. Que contra esa sentencia, la parte actora interpone recurso de apelación a fs. 91, y expresa agravios a fs. 97/101vta., cuyo traslado fue replicado por la parte demandada a fs. 105/108.
En primer término, la Aseguradora de Créditos y Garantías SA se agravia por cuanto el a quo no reparó en que no existía título que sustentare el reclamo en su contra, habida cuenta que la póliza de caución por ella emitida se encontraba liberada. En ese sentido, manifiesta que en el escrito de alegato se invocó expresamente lo informado por la Dirección General de Aduanas al momento de remitir la póliza de caución, en cuanto a que “la mencionada garantía ha sido liberada el 9/11/09”, conforme luce a fs. 68. Señala que, en dicha fecha, la materia sub examine se hallaba regulada por la RG Alta en sistema: 18/06/2019 (AFIP) Nº 2435/08, vigente por ese entonces, de la cual reprodujo su artículo 11 y el punto 4 del Anexo II. Esgrime que si la póliza fue liberada, más allá que la empresa no habría solicitado su devolución, y cualquiera hubieran sido las razones para ello, ha quedado liberada de su obligación de garantía, por lo que el cargo que le fuera impuesto debe ser revocado.
En segundo lugar, y en subsidio, rechaza la inclusión del Derecho Adicional en la liquidación recurrida, y objeta el fundamento utilizado por el sentenciante en cuanto a que el punto no fue objeto de cuestionamiento en el escrito de inicio, por lo que pasó en autoridad de cosa juzgada. Observa que la sentencia dictada en autos no se ajusta a lo decidido por la CSJN en los precedentes “IEF Latinoamericana SA” y “Frisher SRL”. Apunta que el propio servicio aduanero, a través del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, deja sin efecto dicha exigencia desde el dictado de los citados precedentes. Destaca que, tal y como surge del formulario F.4 presentado con el recurso de apelación, cuestionó todo el monto reclamado en la resolución recurrida, no habiendo consentido en consecuencia ningún aspecto de la liquidación de lo que le fuera reclamado. Precisa que el recurso de apelación por ante el organismo jurisdiccional fue intepruesto con fecha 10 de marzo de 2009, mientras que los fallos dictados por el Máximo Tribunal datan de agosto de 2013. Añade que, en oportunidad de presentar el escrito de alegato, es decir, con anterioridad al dictado de la sentencia cuestionada, hizo expresa mención y fundó la improcedencia del derecho adicional, con cita de los precedentes del Alto Tribunal. Refuerza su postura, aduciendo que el Tribunal Fiscal de la Nación debe -en todos los casos- ajustar sus sentencias a los precedentes de la CSJN, máxime si los mismos fueron dictados con posterioridad al recurso de apelación, e invocados por la interesada. Cita jurisprudencia en apoyo de su tesitura. En subsidio, manifiesta que, aun si se admitiera que el derecho adicinal estuviese Alta en sistema: 18/06/2019 83684/2016; ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA.TF 25748-I c/ AFIP- DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO consentido, resulta evidente -a su entender- que el reclamo está prescripto.
III. Que, previo a ingresar al análisis de los agravios esgrimidos por la parte actora, corresponde dejar sentado que los suscriptos han tenido oportunidad de explicar su posición respecto del alcance económico del seguro de caución asumido en este tipo de casos, en el precedente “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ EN-DGA-Resol. 1353/09 (Expte. 1017/08) s/ DGA”, causa Nº 33.529/09, del 19/11/2013.
En dicho prececente, hemos estimado imprescindible especificar que, la garantía expedida a los fines de posibilitar el libramiento de la mercadería sometida al régimen de importación temporaria, requiere la cobertura de los eventuales tributos que gravaren la importación para consumo de los efectos de que se trate (art. 453, inc. d, del Código Aduanero).
Asimismo, hemos observado que, si bien —como principio general— en las importaciones temporarias consideradas definitivas por ausencia de reexportación de la mercadería, los tributos pertinentes son aquellos regidos por la Sección IX, Título I del citado código, lo cierto es que la individualización de los gravámenes cubiertos por la aseguradora se concreta en cada caso en la póliza emitida en favor del importador.
Lo anterior, nos llevó a la convicción de que los términos de ese instrumento contractual son determinantes para evaluar el alcance de la cobertura asumida por la compañía de seguros, y no puede adoptarse una decisión en abstracto, que la condene o libere prescindiendo de esos términos.
IV. Que, sentado lo anterior, resulta oportuno dejar constancia que no es materia de agravios, en estos autos, que la firma Cityplast SRL se sometió al régimen de importación temporaria al que se hizo referencia en el considerando anterior, y realizó la importación temporaria de la mercadería -alambre de hierro o Alta en sistema: 18/06/2019 acero sin alear- mediante el DIT Nº 3504-7/97, que fuera oficializado ante la Aduana de Buenos Aires con fecha 5 de mayo de 1997, y cuyo vencimiento del plazo de permanencia y para reexportar operó con fecha 3 de mayo de 1998.
Tampoco se cuestiona ante esta Alzada que la firma importadora otorgó una garantía a favor de la Aduana, tendiente a asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el aludido régimen impone, extendida mediante póliza de seguro Nº 502.974 emitida por la firma Aseguradora de Créditos y Garantías SA con fecha 2 de mayo de 1997, por la suma de u$s 43.000; ni que, una vez que la firma Cityplast SRL fue declarada en rebeldía, la compañía de seguros fue citada con fecha 5 de marzo de 2008.
Menos aun se discute que, según surge de las condiciones generales de la póliza –que luce agregada a fs. 66/67 de estos autos-, “por aplicación de las disposiciones legales y/o reglamentarias vigentes en materia aduanera e impositiva (…) se garantizan exclusivamente los tributos correspondientes a la importación temporaria…” (el subrayado nos pertenece).
V. Que, sin embargo, y con relación al primer agravio expuesto por la parte actora -en cuanto a la falta de título que sustentare el reclamo en su contra-, cabe puntualizar que, como resultado del requerimiento efectuado por el Tribunal a quo al servicio aduanero -en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 1143 del Código Aduanero- a efectos de que remitiese la póliza de caución Nº 502.974, emitida por la firma actora con relación al DIT en cuestión; la Aduana, además de remitirla, agregó la Nota Nº 1567/09 (SSE COREG), suscripta por la Jefa Interina de la Sección Control de Recaudación y Garantías con fecha 9 de noviembre de 2009, en la que informó y aclaró que “…la mencionada garantía ha sido liberada el 9/11/2009.” (v., fs. 68 de estos autos; el destacado y subrayado nos pertenece), es decir, en igual fecha en que se emitió la nota.
Alta en sistema: 18/06/2019 83684/2016; ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA.TF 25748-I c/ AFIP- DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En este punto, resulta oportuno apuntar que, la RG (AFIP) Nº 2435/08, que adecuó el régimen general aplicable en materia de garantías aduaneras e impositivas, y vigente al momento en que la aseguradora fuera citada por el organismo fiscal con fecha 5 de marzo de 2008, estableció en su artículo 11º, lo siguiente: “4. LIBERACION DE GARANTIAS. La liberación de la garantía será efectuada por el Sistema Informático MARIA (SIM) como consecuencia de la presentación y registración ante el área operativa habilitada, cuando el documentante haya cumplimentado los motivos que originaron la presentación de la garantía, pagado los derechos, tributos u otro concepto que corresponda, o bien cuando la autoridad competente determine la extinción de la causa asociada a la garantía.”. Al respecto, cuadra señalar que el servicio aduanero pudo informar al sistema informático la liberación de la garantía, tanto por un cabal cumplimiento -improbable en el caso- de la reexportación, o regularización de la mercadería, como por el pago de lo debido en concepto de tributos, como también por un eventual error de cualquiera índole, en cuyo supuesto el servicio aduanero tuvo la facultad de revisión respecto de la totalidad de la documentación cumplimentada. Sin perjuicio de ello, lo cierto es que la póliza fue “liberada”, hecho que no es posible controvertir ante la contundencia del referido informe del servicio aduanero, cualesquiera hubieran sido las razones para ello.
En consecuencia, este Tribunal concluye que la actora ha quedado liberada de su obligación de garantía, no pudiéndosele oponer la póliza emitida ni, por ende, exigírsele el cumplimiento de la obligación de garantía respecto de la importadora del DIT en cuestión.
Por lo expuesto, corresponde revocar la resolución apelada, en cuanto ha sido objeto del recurso en tratamiento, dejándose sin efecto la exigencia tributaria que le fuera impuesta a la compañía actora.
Alta en sistema: 18/06/2019 Con base en los desarrollos que anteceden, deviene inoficioso el tratamiento del restante agravio planteado por la parte actora.
VI. Que, por último, en lo referente a las costas del juicio -de ambas instancias-, en atención al modo en que se decide, y toda vez que no se advierten motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota sentado por el artículo 68 del CPCCN, corresponde que ellas sean impuestas a la demandada, en tanto ha resultado sustancialmente vencida.
En virtud de lo expuesto, SE RESUELVE: hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada en los términos del considerando V de la presente. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada, quien ha resultado sustancialmente vencida (art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JORGE ESTEBAN ARGENTO CARLOS MANUEL GRECCO SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ
Alta en sistema: 18/06/2019
Fin de la sentencia