Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 27475-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Modificar la resolución de fs. 39/41vta. y, en consecuencia, confirmar parcialmente la resolución DE PRLA 8306/09 en cuanto exige a la aseguradora el pago de tributos con más los intereses del artículo 794 del Código Aduanero, y revocarla con respecto a la procedencia del derecho adicional; debiéndose respetar la limitación que surge del considerando XII de la presente.
2Imponer las costas de ambas instancias en proporción a los vencimientos (arg. arts. 1163 y 1174 CA, y arts. 71 y 279 CPCCN).
3Dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 43.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
22590/2013 ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA (TF 27475-
A) c/ DGA Buenos Aires, 25 de marzo de 2014.
I. Que, a fs. 39/41vta., el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución DE PRLA 8306/09 en cuanto exige a Aseguradora de Créditos y Garantías SA, en calidad de garante de la obligación tributaria, el pago de la suma de $101.772,79 con más los intereses del artículo 794 del Código Aduanero. Impuso las costas a la actora.
Para resolver como lo hizo, recordó que las actuaciones se iniciaron por la denuncia de infracción al artículo 970 del Código Aduanero con respecto al DIT 00 001 IT15 2252R, y que la actora había garantizado mediante la póliza de seguro de caución 681.093 los tributos correspondientes al vencimiento del plazo de esa importación temporal (arg. arts. 255, 274, 453, inciso c, 638 y 639, CA).
Sobre la base de las constancias obrantes en la causa, concluyó en que se había configurado la infracción con respecto a la totalidad de la mercadería y tuvo por producido el hecho generador de la obligación tributaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del mismo cuerpo legal. Destacó que la suma máxima garantizada (U$S 21.000) era ligeramente superior a la liquidación contenida en el DIT (U$S 20.892,51), que incluyó expresamente importes discriminados del IVA adicional, impuesto a las ganancias y derecho adicional, con expresa mención de sus alícuotas (10%, 11% y 24%, respectivamente), que eran las previstas por la normativa vigente; por lo que la actora no podía ahora alegar la improcedencia de su pago, o cuestionar la alícuota aplicada.
Desestimó el planteo de incompetencia de la DGA para determinar cuestiones vinculadas a las percepciones del IVA y del impuesto a las ganancias, con sustento en lo dispuesto en las resoluciones generales DGI 3431/91 y 3543/92, y sus modificaciones.
Aclaró que la obligación tributaria reclamada había nacido al vencimiento del plazo de permanencia acordado (13/10/02), es decir, con posterioridad a la sanción de la ley 25.561, razón por la cual los tributos debían liquidarse convirtiendo la suma arrojada al tipo de cambio del dólar libre correspondiente a la fecha del efectivo pago.
No obstante, aclaró que la extensión de la responsabilidad de la aseguradora se encontraba limitada por el monto económico de la póliza emitida el 12/10/00 que, en virtud del dictado de la aludida ley 25.561, el decreto 214/02 y la resolución AFIP 1528/03, quedó convertido a pesos en relación $ 1 = U$S 1, con más la aplicación del CER correspondiente a la fecha en que se efectúe el pago.
Por último, aclaró que el en caso la actora debía los intereses calculados desde la fecha de vencimiento del plazo de diez días contado desde la notificación de la corrida de vista a la importadora (es decir, desde el 16/10/09), porque su propia mora no era anterior.
II. Que, contra dicha resolución, a fs. 49 dedujo apelación Aseguradora de Créditos y Garantías SA (concedida a fs. 57), y a fs. 58/64vta. expresó agravios; los que fueron replicados a fs. 66/71vta.
Por un lado, cuestiona la inclusión en el reclamo tributario de rubros no alcanzados por la cobertura de la póliza, porque no se originan en la importación regular a consumo (como es el caso del derecho adicional), o bien, porque se vinculan a futuros hechos imponibles que se configuran en el mercado interno y no con motivo de la importación (como es el caso de las percepciones del IVA y del impuesto a las ganancias). En este sentido, manifiesta que presta garantía con antelación a la oficialización del DIT y que, por ello, su suscripción no implica aceptación de la liquidación contenida en aquél.
En otro orden de ideas, sostiene que para el cálculo del impuesto a las ganancias se tomó una alícuota del 11%, mientras que era aplicable la del 3% por tratarse de un bien de cambio. Además, reitera el planteo de incompetencia de la DGA para determinar la asignación de alícuotas según se trate de bienes de cambio, de uso, o de uso particular. Cita jurisprudencia en sustento de su postura. En tercer lugar, considera improcedente pedir anticipos del IVA y del impuesto a las ganancias cuando el presunto hecho imponible tuvo lugar en 2002, la liquidación se efectuó en 2006, y la resolución se dictó en 2009, de forma tal que no podría existir ningún anticipo tributario al haber cerrado ya el período fiscal.
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Finalmente, cuestiona la aplicación del CER sobre la suma garantizada en la póliza, porque la demandada nunca pretendió en la causa la aplicación de dicho coeficiente, y porque además se trata de una garantía y no de una obligación de dar suma de dinero.
III. Que, por otra parte, a fs. 43 se regularon los honorarios profesionales de la representación fiscal en la suma de $5.900; los que fueron apelados por bajos a fs. 45/46 y por altos a fs. 47 (ambos recursos se concedieron a fs. 48).
IV. Que, ante todo, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que el seguro de caución aparece como un verdadero contrato de garantía bajo la forma y modalidades del contrato de seguro, cuyo objeto principal es garantizar a favor de un tercero –el beneficiario- las consecuencias de los posibles incumplimientos del tomador (Fallos: 315:1406); y ello de manera expeditiva, habida cuenta del origen de esta figura, que aparece como sustituto de una caución real en poder del comitente (Fallos: 321:3334). En el presente caso, el riesgo asegurado fue el incumplimiento por parte del tomador de una prestación asumida ante la Aduana de reexportar la mercadería introducida temporariamente mediante el DIT 00 001 IT15 2252R; hecho cuyo acaecimiento se encuentra firme.
En esos términos, resulta de aplicación lo pactado por las partes contratantes en el sentido que el asegurador debe responder “con los mismos alcances y en la misma medida en que, de acuerdo con las leyes o reglamentaciones aduaneras vigentes, causa eficiente del presente seguro, corresponda afectar total o parcialmente las garantías exigidas por las mismas” (ver condiciones particulares de la póliza 681.093, cuya copia obra a fs.35/vta.).
V. Que, puntualmente, en lo que respecta a la cobertura del derecho adicional, cabe estar a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas F. 195.XLII “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ DGA” y I.49.XLII “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA”, falladas el 14 de agosto de 2013, dado el valor moral que indiscutiblemente tienen sus pronunciamientos. En aquellos precedentes el Alto Tribunal interpretó que, tanto el artículo 23 del decreto 1439/96 –que es la norma cuya aplicación se discute en el sub examine- como el artículo 15 de la resolución ministerial 72/92, condicionan expresamente el derecho adicional al registro de una solicitud de destinación para consumo y a su autorización por el servicio aduanero; no encontrándose previsto el recargo para aquellos casos en que la importación a consumo se produce sin que medie un pedido del interesado, por el mero transcurso del plazo de la temporal y el incumplimiento de la obligación de reexportar.
Sobre esa base, la Corte Federal concluyó en que sostener su aplicación en casos como el presente, implicaría extender los alcances de una norma tributaria a supuestos no previstos en ella, acudiendo al método de la analogía, lo cual es inaceptable según reiterada y pacífica jurisprudencia de ese tribunal.
Además, aclaró que interpretar las normas en trato con los alcances que surgen de su texto no conduce a una situación irrazonable, colocando al infractor en mejor situación que la de quien cumple regularmente con sus obligaciones fiscales, pues, con respecto a aquél, el Código Aduanero ya prevé la aplicación de la sanción prevista en su artículo 970; de forma tal que la autoridad que dictó el decreto 1439/96 y la referida resolución 72/92 pudo perfectamente interpretar que dicha sanción resultaba suficiente, limitando la aplicación del adicional a aquellos supuestos en que se decide dejar la mercadería en el país en lugar de reexportarla.
Por las consideraciones expuestas, debe hacerse lugar a este agravio y revocar la decisión apelada en cuanto incluye el derecho adicional en el reclamo tributario.
VI. Que, en lo relativo al reclamo del IVA adicional y del impuesto a las ganancias, cabe recordar que Aseguradora de Créditos y Garantías SA aseguró a la AFIP-DGA el pago en efectivo de la suma máxima de U$S 21.000 con respecto a la operación registrada bajo el DIT 00 001 IT15 002252R –con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del artículo 1122 del Código Aduanero-, que resulte obligado a efectuarle Oscar Carlos Rapp e Hijos SRL “por aplicación de las disposiciones legales y/o reglamentarias vigentes en materia aduanera e impositiva” como consecuencia de la importación en trato (v. condiciones particulares de la póliza 681.093, cuya copia obra a fs. 35/vta.); lo que impide admitir el planteo de falta de cobertura por tratarse de tributos no vinculados directamente con el incumplimiento de la importación temporal, toda vez que el haz de obligaciones garantizado, sin lugar a dudas, comprendió las deudas de índole impositiva que corresponda pagar en razón de las reglamentaciones vigentes, como es el caso de las resoluciones generales DGI 3431/91 y 3543/92, que establecieron los regímenes de percepción que aquí se cuestionan y que se aplican a las importaciones definitivas de cosas muebles (v. art. 1º de las normas citadas).
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VII. Que, a todo evento, se aclara que el servicio aduanero es “agente de percepción” del IVA y del Impuesto a las Ganancias en virtud de lo dispuesto por el artículo 22 de la ley 11.683, los artículos 27 y 51 de la ley del IVA, el decreto 2394/91, el artículo 39 de la ley del Impuesto a las Ganancias, el decreto 1076/92, y las RG DGI 3431/91 y 3543/92, con sus modificaciones. De ese modo, los mencionados rubros deben hacerse efectivos (cuando no se diere algún supuesto de importación exceptuada por la citada normativa), tanto al momento de una importación definitiva a consumo (e independientemente de cómo esta se realice –vg. en forma irregular-) como con posterioridad (esto último como consecuencia de las facultades legales del servicio aduanero para revisar la documentación y efectuar determinaciones suplementarias) y en tanto la percepción hubiera debido hacerse efectiva al momento de aquel trámite de destinación. En definitiva, la percepción no pierde el carácter de tal por la circunstancia de no haberse hecho efectiva en el trámite de la solicitud de destinación.
Además, al tratarse de percepciones y no de anticipos del impuesto, deben practicarse al momento en que se perfecciona el hecho imponible; de modo tal que, tratándose de destinaciones definitivas de importación a consumo, ello lógicamente tiene lugar al proceder al despacho a plaza de los bienes, junto con la liquidación y pago de los derechos de importación (vg. art. 27, ley del IVA), mientras que en las importaciones a consumo irregulares -por incumplimiento de las obligaciones inherentes a una importación temporaria- ello ocurre con el cumplimiento de la condición suspensiva y consecuente nacimiento del hecho imponible.
VIII. Que, por lo demás, en virtud de las normas antes mencionadas, resulta competencia de la Aduana en el caso concretar la exigencia tributaria que apela la actora, puesto que los planteos oportunamente formulados hacen a cuestiones usuales a ser resueltas por el órgano de percepción del impuesto.
En ese sentido, cabe aclarar que el agravio vinculado con la alícuota correspondiente al impuesto a las ganancias por tratarse de un bien de cambio es fruto de una reflexión tardía, porque no se contestó vista en las actuaciones administrativas ni se introdujo oportunamente la cuestión (v. fs.17/25), de modo tal que la propia conducta de la recurrente determinó a la demandada a proseguir el trámite del modo en que lo hizo.
IX. Que, con respecto a la aplicación del CER sobre los rubros tributarios que se confirman, cabe aclarar que el decreto 214/02 (B.O. 04/02/2002) dispuso que a partir de su sanción “…quedan transformadas a PESOS todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen –judiciales o extrajudiciales- expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la ley 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESOS” (art. 1º). Por su parte, en el artículo 4º del mencionado decreto se estableció “A los depósitos y a las deudas referidos, respectivamente, en los artículos 2º, 3º, 8º y 11º del presente Decreto, se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el Banco Central de la República Argentina. Además se aplicará una tasa de interés mínima para los depósitos y máxima para los préstamos. El coeficiente antes referido se aplicará a partir de la fecha del dictado del presente decreto”. El artículo 8º dispuso “Las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero expresadas en DÓLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculados al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón de UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($1)” (confr. asimismo las disposiciones contenidas en las leyes 25.642 y 25.713).
En estos autos, se trata de una obligación contraída con posterioridad a la sanción de la ley 25.561 (el 13/10/02) y, por ende, no alcanzada por la conversión a pesos dispuesta en el decreto 214/02; lo que, por otra parte, así se dispuso en la resolución DE PRLA 8306/09, que confirmó la liquidación practicada por el servicio aduanero en pesos, aplicando el tipo de cambio vigente a la fecha en que debió ser satisfecha la obligación (es decir, sin CER).
XII. Que, una cuestión distinta es la relativa al límite económico de la póliza y su eventual conversión a pesos.
A tal efecto, corresponde aplicar las disposiciones del decreto 214/02 y de la resolución general AFIP 1528/03, toda vez que las obligaciones derivadas de la póliza otorgada por la actora el 12/10/00 se encontraban vigentes al momento de sanción de la ley 25.561 y expresadas en dólares; ello en la medida en que el seguro se mantiene vigente hasta tanto el deudor haya sido liberado de su responsabilidad, lo que hasta la fecha no ha ocurrido (en igual sentido, confr. esta Sala in re “Agro Aceitunera SA (TF 21019-A) c/ DGA”, expte. nº 12.965/09, sentencia del 30/03/10, “La Economía Comercial SA de Seguros Grales. (TF 17911-A) c/ DGA”, expte. nº 12.887/09, sentencia del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 16/03/10, “Aseguradores de Cauciones SA Cía. de Seguros (TF 23074-A) c/ DGA”, expte. nº 32.000/10, sentencia del 24/02/11).
En ese entendimiento, cabe confirmar la resolución apelada en cuanto dispone convertir el importe expresado en la póliza a la paridad $1 = U$S 1, con más el CER correspondiente a la fecha del efectivo pago, a efectos de determinar el monto máximo que le será exigible a la actora; suma que, por lo demás, no incluye los intereses que deban adicionarse en los términos del artículo 794 del Código Aduanero pues, en virtud de la póliza suscripta, la recurrente se obligó a hacer efectivo el pago de esa suma máxima “con más los accesorios que resulten corresponder” (v. fs. 35/vta., esp. art. 4º de las condiciones generales), Es decir que, en la especie, la actora debe responder por el importe de los tributos resultante de la reliquidación que deberá practicarse de conformidad con lo establecido en los considerandos V y XI de la presente, o bien, por el importe resultante de convertir los U$S 21.000 a la paridad U$S 1 = $ 1, con más el CER correspondiente a la fecha del efectivo pago; el que resulte inferior; y, en cualquiera de los dos casos, con más los intereses del artículo 794 del Código Aduanero.
XIII. Que, por las consideraciones precedentes, corresponde modificar la resolución de fs. 39/41vta. y, en consecuencia, confirmar parcialmente la resolución DE PRLA 8306/09 en cuanto exige a la aseguradora el pago de tributos con más los intereses del artículo 794 del Código Aduanero, y revocarla con respecto a la procedencia del derecho adicional; debiéndose respetar la limitación que surge del considerando XII de la presente. Las costas de ambas instancias se imponen en proporción a los vencimientos, al no existir una parte íntegramente vencida en el juicio (arg. arts. 1163 y 1174 CA, y arts. 71 y 279 CPCCN).
XIII. Que, en atención al modo en que se decide, corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 43; y deviene inoficioso tratar las apelaciones deducidas contra aquélla.
Por lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Modificar la resolución de fs. 39/41vta. y, en consecuencia, confirmar parcialmente la resolución DE PRLA 8306/09 en cuanto exige a la aseguradora el pago de tributos con más los intereses del artículo 794 del Código Aduanero, y revocarla con respecto a la procedencia del derecho adicional; debiéndose respetar la limitación que surge del considerando XII de la presente.
2. Imponer las costas de ambas instancias en proporción a los vencimientos (arg. arts. 1163 y 1174 CA, y arts. 71 y 279 CPCCN).
3. Dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 43.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORAN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia