Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 30398-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, modificar la sentencia apelada y revocar la resolución n° 5060/2010 y su aprobatoria n° 923/2010, en lo relativo al Impuesto al Valor Agregado y a la percepción del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con lo expuesto en el considerando VI.-.
2Imponer las costas de ambas instancia a cargo de la demandada en la medida en que resultó sustancialmente vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
3Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada a favor de los letrados de la representación fiscal, y remitir las actuaciones a la anterior instancia a sus efectos.
4Diferir las regulaciones de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
41264/2023 ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA (TF 30398-A Y
ACUM) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de junio de 2024.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante la sentencia de 153/158vta, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó parcialmente la Resolución nº 5060 /10 dictada por el Jefe de Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros de la Aduana de Buenos Aires. Concluyó que se hallaban en infracción 120.296 unidades de mermas con valor comercial correspondientes al DIT n° 99 004 IT14 001362 M que habían sido nacionalizadas de manera extemporánea por la firma importadora mediante la destinación n° 02 001 IC82 000732 H, de modo que se verificaba el incumplimiento del régimen establecido en el artículo 970 del Código Aduanero.
Para así resolver, y de manera preliminar, rechazó el planteo de prescripción formulado por la compañía aseguradora, con costas.
En relación con la liquidación tributaria, sostuvo que era inexigible el derecho adicional, por aplicación de los precedentes “IEF Latinoamericana S.A” y “Frisher S.R.L” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Consideró que en el caso tampoco podía ser exigida la percepción del Impuesto a las Ganancias ya que en el momento imponible la firma importadora contaba con una “Autorización provisoria de no retención del impuesto a las ganancias”. Por el contrario, expresó que el IVA adicional sí podía serle requerido en la medida en que, a ese momento, se hallaba vencido el certificado de no retención relativo a ese impuesto.
En consecuencia, reliquidó los tributos adeudados en 5.154,18 pesos y fijó la multa (dos veces el valor de los tributos adeudados) en 8.062,22 pesos.
Agregó que el importe de aquellos tributos debía ser ajustado por aplicación del CER, toda vez que la obligación había sido contraída en dólares y, de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la ley 23.095, era pagadera en esa divisa y, además, resultaba exigible y aún se hallaba pendiente de pago al momento del dictado del Decreto 214/02. En consecuencia, señaló que la obligación de la Alta en sistema: 14/06/2024 importadora había quedado convertida a pesos el 3 de febrero de 2002 por imperio de lo dispuesto en los artículos 1º, 4º y 8º del Decreto 214/02. Aclaró que ese ajuste únicamente sería aplicado respecto de los derechos de importación, la tasa de estadística y el IVA, no correspondiendo su aplicación respecto de la percepción del IVA adicional, de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente CSJ 312/2009 (45-V) / CS1 “Volkswagen Argentina S.A.(TF 22.179-A) c/DGA”, del 23 de agosto de 2011. Señaló que la compañía aseguradora, debía responder como obligada principal, por el cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato de seguro de caución.
Por otra parte, y con relación al cómputo de los intereses, concluyó que “…el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal, es decir, la importadora (conf. arts. 1578 y 1580 del Código Civil de la Nación, ley 26.994), lo que así corresponde cuando la mora de dicho deudor principal es anterior a la propia mora del garante”.
Finalmente, expresó que a los fines de la cancelación de las sumas adeudadas debía tenerse en consideración el pago de la multa mínima efectuado por la firma actora el 29 de noviembre de 2005, de 911,37 pesos. Además, también debía detraerse de la suma adeudada en concepto de tributos lo oportunamente ingresado por la firma importadora al documentar la nacionalización de las mermas con valor comercial (mediante el despacho de importación n° 02 001 IC82 000732 H), por la suma de 3.130,81 y el pago de 7.023,97 pesos, en concepto de tributos, CER e intereses, acreditado en las actuaciones administrativas.
II. Que, contra la referida sentencia, apeló la compañía aseguradora y expresó agravios a fs. 177/183, los que no fueron replicados por la parte contraria.
En primer término, plantea que se halla prescripta la acción del Fisco para exigir el pago de la percepción del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CAF 22930/2009/CA1-051 “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, sentencia del 26 de noviembre de 2019. Asimismo, expresó que también debe declararse prescripta la acción del Fisco respecto de Impuesto al Valor Agregado, en la medida en que, al tratarse de un “tributo no aduanero” le resultan aplicables los plazos de prescripción previstos en la Ley n° 11.683. Cita Alta en sistema: 14/06/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V precedentes de las diversas Salas de esta Cámara para fundar su postura.
III. Que, con posterioridad, a fs. 199/200vta. el Tribunal Fiscal de la Nación aprobó la liquidación practicada por la firma importadora y determinó que la multa definitivamente adeudada por dicha coactora, de conformidad con las pautas establecidas en la sentencia precedentemente aludida, era de 7.150,85 pesos. Asimismo, aprobó la liquidación practicada por la representación fiscal en lo relativo a la materia tributaria y declaró que ambas coactoras adeudaban 681,92 pesos en concepto de tributos –derecho de importación, tasa de estadística e IVA- al 6 de febrero de 2012, “…sin perjuicio del ajuste por CER que corresponda con posterioridad a esa fecha” y; además, 353,56 pesos en concepto de IVA adicional. Todo ello, con más los intereses devengados en los términos del artículo 794 del Código Aduanero, a partir del 7 de febrero de 2012.
IV. Que, a fs. 207, la firma importadora hizo saber que “…visto el importe finalmente determinado, mi mandante me instruyó consentir la sentencia dictada en autos”. En consecuencia, expresó haberse presentado en sede administrativa para ofrecer el pago de ambos conceptos, de conformidad con lo previsto en la Nota Externa n° 7 /07.
V. Que, a fs. 218 y vta. fueron regulados los honorarios de la representación fiscal en 16.800 pesos Dicha regulación fue apelada por la firma importadora a fs. 224 y por la compañía aseguradora a fs. 228.
VI. Que, los agravios de la compañía aseguradora se hallan circunscriptos a afirmar que se halla prescripta la acción del Fisco para percibir los denominados “Tributos no Aduaneros” (IVA e IVA adicional), sobre la base de considerar aplicable el régimen de prescripción establecido en la Ley 11.683. Al respecto, esa parte afirma que toda vez que las leyes que crearon a los mencionados impuestos establecen expresamente que se rigen por esas disposiciones; su aplicación, no es susceptible de ser reemplazada por el régimen establecido en el Código Aduanero debido a la mera circunstancia de que, por razones de eficacia administrativa, se haya encomendado a la Aduana actuar como agente de percepción de los mismos.
Alta en sistema: 14/06/2024 Al respecto, considero que corresponde atenerse a las conclusiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CAF 22930/2009/CA1-051 “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, sentencia del 26 de noviembre de 2019. (Fallos 212:51, considerandos 4° a 6°; 307:1094, considerando 2°, 315: 2386, considerando 7°, 325:2723, 332:1488, considerando 3° del dictamen del procurador al que se remitió la Corte en su totalidad, 334:582, entre otros; Bianchi, Alberto: “De la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema [Una reflexión sobre la aplicación del stare decisis]”, Revista El Derecho Constitucional, El Derecho, Buenos Aires, 2000-2001, pág. 340). En el mencionado precedente, cuyas circunstancias resultan análogas a las que se presentan en esta causa, se concluyó que la Aduana carece de facultades para exigir el pago de las percepciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias, conforme lo establecido en las Resoluciones Generales DGI n° 3431/91 y 3543/92, “luego de vencidos los plazos correspondientes a las declaraciones juradas en las que resulten computables esos tributos”. Asimismo, se puso de manifiesto que, de conformidad con lo dictaminado en la causa CSJ 312/2009 (45-V) / CS1 “Volkswagen Argentina S.A.(TF 22.179-A) c/DGA”, y al que se remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 23 de agosto de 2011, las percepciones referidas “…al impuesto a las ganancias de la ley 20.628 constituye una forma de anticipar la futura –y eventual- gabela que pudiera nacer en cabeza del contribuyente por todas sus rentas obtenidas y sujetas a dicho gravamen. Y, por el otro, que la percepción de la resolución general 3431/91 (y sus normas modificatorias) está relacionada con un adelanto de IVA que deberá tributar oportunamente el importador de bienes muebles, pero por mercaderías que luego sean objeto de comercialización en el mercado interno”.
En tales condiciones, se destacó que a partir del momento en que venció el plazo para presentar las declaraciones juradas, la Aduana perdió la facultad para exigir el pago de las percepciones de ambos impuestos, en razón, precisamente, de que cesó la función que ellas cumplen en el sistema tributario ya que en esa oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal.
Por ende, cabe concluir que al momento del dictado de la Resolución n° 5060/2010 (8 de julio de 2010) y su aprobatoria n° 923/2010 (18 de agosto de 2010) se hallaban vencidos los plazos para la Alta en sistema: 14/06/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V presentación de las declaraciones juradas correspondientes, en cuanto aquí interesa, al Impuesto al Valor Agregado, respecto del cual, además, correspondía practicar las percepciones, dado que la operación de importación temporaria involucrada en la presente causa se convirtió en definitiva al vencer el plazo de permanencia de los bienes importados en el país el 11 de marzo de 2000, de modo tal que la Aduana carecía de facultades para requerir el pago de los referidos conceptos. Cabe señalar que si bien el mecanismo y cómputo del plazo de prescripción del Impuesto al Valor Agregado y de las percepciones de IVA y de Ganancias no se adapta adecuadamente al régimen de importación temporal, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CAF 22930/2009 /CA1-051 “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, ya referida, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y revocar la sentencia apelada en lo que a este aspecto respecta.
Sin perjuicio de ello, es dable destacar que la lógica de las percepciones de IVA y de Ganancias en operaciones aduaneras como modo de adelantar un impuesto luego exigible con motivo de la renta que pudiera nacer en cabeza del contribuyente o bien en razón de la comercialización de la mercadería en el mercado interno no guarda relación con el esquema de importación temporal devenido en definitivo de manera irregular por vencimiento del plazo de admisión temporal sin la debida acreditación de la reexportación –o nacionalización- de la mercadería comprometida. Ello, toda vez que tales importaciones temporarias, por definición, no están sujetas a la imposición de tributos (artículo 256 del Código Aduanero), los cuales son garantizados al momento de registro de la operación. Por ende, en supuestos como el de autos, en los que el hecho imponible ocurre con el vencimiento del plazo de admisión temporal, no resulta claro, en los términos del precedente de Corte citado supra, al vencimiento de qué plazo alude para la presentación de las declaraciones juradas de IVA y de Ganancias relativas a tales operaciones atento a que, como se expresó, no son operaciones que se hallen gravadas. De modo que el contribuyente no las incluirá en sus declaraciones y, la exigibilidad de tales impuestos es precisamente lo que se debate en el marco de estas causas sobre la base de corroborar si efectivamente se incumplió el régimen o no.
VII. Que, en atención al modo en que se decide, se torna inoficioso el tratamiento de los recursos de apelación interpuesto Alta en sistema: 14/06/2024 por ambas coactoras respecto de los honorarios regulados en favor de la representación fiscal. Por ello, corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada a fs. 218 y vta. y diferir las regulaciones de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente, de conformidad con el presente pronunciamiento.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, modificar la sentencia apelada y revocar la resolución n° 5060/2010 y su aprobatoria n° 923/2010, en lo relativo al Impuesto al Valor Agregado y a la percepción del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con lo expuesto en el considerando VI.-. 2) Imponer las costas de ambas instancia a cargo de la demandada en la medida en que resultó sustancialmente vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 3) Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada a favor de los letrados de la representación fiscal, y remitir las actuaciones a la anterior instancia a sus efectos. 4) Diferir las regulaciones de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente. Se deja constancia de que el Dr. Guillermo F. Treacy no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.
Jorge F. Alemany Pablo Gallegos Fedriani Alta en sistema: 14/06/2024
Fin de la sentencia