Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 35010-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada en tanto declaró prescripta la acción tributaria, por los fundamentos expresados en el considerando V, con costas (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
2Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco respecto de los honorarios regulados a fs. 281 y vta. y; en consecuencia, fijarlos de conformidad con lo dispuesto en el considerando VI.
3Regular los honorarios del Dr. Horacio Félix Alais por las actuaciones cumplidas en esta instancia de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del considerando VI.
4Diferir la regulación de los honorarios del Dr. John Ryan Lussich, por su actuación en esta instancia, en el carácter de letrado apoderado y patrocinante de la firma Alba Compañía Argentina de Seguros S.A., hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA (TF 35010-A) Y
OTROS c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de febrero de 2026.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, el 23/12/2024, esta Sala V declaró la nulidad parcial de la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación, obrante a fs. 202/204vta, con base en que ese organismo “…no hizo referencia alguna a la virtualidad que tuvo o pudo haber tenido la notificación de la corrida de vista que contuvo la liquidación tributaria, a los efectos del cómputo del plazo de prescripción de la acción para percibir tributos” y que aquello constituía un vicio de procedimiento. En tales condiciones, dispuso el reenvío de la causa al tribunal de origen a fin de que dictara un nuevo pronunciamiento.
II. Que, en cumplimiento de lo ordenado por este Tribunal, a fs. 260/263vta, el mencionado organismo, por mayoría, declaró prescripta la acción del Fisco para exigir el pago de tributos por la infracción al artículo 970 del Código Aduanero, relativa a la operación de importación temporal n° 01 001 IT14 001178 A.
Puso de manifiesto que de conformidad con lo establecido en los artículos 803 y 805 del Código Aduanero, el plazo quinquenal de prescripción de la acción tributaria había comenzado a correr el 1° de enero de 2004, en atención a que el vencimiento de la importación temporal había ocurrido el 20 de febrero de 2003. En tales condiciones, expresó que, de no constatarse causales interruptivas o suspensivas, su vencimiento hubiera operado el 31 de diciembre de 2008. Señaló que, de conformidad con lo establecido en el artículo 805, inciso a) del mencionado código, aquél se había suspendido el 18 de diciembre de 2008, al haberse dispuesto la apertura del sumario por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero. Agregó que dicha suspensión, de conformidad con lo establecido en el mencionado artículo, se extendía “…hasta que recayere la decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”. Indicó que a partir del dictado de la Resolución DE PRLA n° 9286/2013 se reanudó el cómputo del aludido plazo y que, al adicionarse los 13 días que se hallaban pendientes, se cumplió el Alta en sistema: 06/02/2026 26/12/2013. Aclaró que el único acto que hubiera tenido virtualidad interruptiva hubiera podido ser la notificación de la aludida resolución, pues ello hubiese implicado la notificación de la “liquidación tributaria aduanera” a la que hace referencia el artículo 806, inciso a) del Código Aduanero.
Agregó que no podía asignarse efecto interruptivo a la notificación de la corrida de vista prevista en el artículo 1.101 del Código Aduanero. “Esto último porque la suspensión de la acción tributaria (prevista en el inc. a) art. 805 del C.A.) forzosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del C.A., que se produce inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva” (el destacado es del original).
Señaló que si bien no se halla previsto en el Código Aduanero ningún plazo dentro del cual deban ser cumplidas las notificaciones, en virtud de lo establecido en el artículo 1.017 de aquél, resulta aplicable supletoriamente lo previsto en la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Concretamente, indicó que en el artículo 40 del Decreto reglamentario se halla previsto que las notificaciones de los actos deben ser cumplidas dentro de los cinco días posteriores a su dictado. Por ende, afirmó que la notificación debe ser inmediata. Reseñó que en el caso habían transcurrido más de siete meses entre el dictado de la resolución aduanera (12/12/2013) hasta la notificación a las coactoras (05/08/2014 y 07/08/2014) “…lo que devela una inactividad por parte de la administración que perjudica e incide negativamente sobre los derechos del administrado y retrasa la posibilidad de que ejerza sus defensas debidamente”.
Por tales razones, concluyó que se hallaba prescripta la acción del Fisco para exigir el pago de tributos.
Asimismo, a fs. 281/282, reguló los honorarios del Dr. Horacio Félix Alais, por las actuaciones cumplidas como letrado patrocinante de la coactora Gamapol S.R.L. en $321.304.
III. Que, el Fisco apeló y expresó agravios a fs. 284/290vta, los que fueron replicados a fs. 304/308vta. por la coactora Gamapol S.R.L. y; a fs. 310/327vta., por la coactora Alba Compañía Argentina de Seguros S.A.
Asimismo, a fs. 300/301, el Fisco apeló los honorarios regulados en favor del Dr. Alais, por considerarlos altos.
En lo relativo al fondo de la cuestión, afirma que el Tribunal Fiscal de la Nación efectuó una indebida interpretación de las Alta en sistema: 06/02/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V causales de suspensión y de interrupción del curso de la prescripción de la acción tributaria contenidas en los artículos 805, inciso a) y 806, inciso a) del Código Aduanero.
En tal sentido, expresa que la suspensión a la que se hace referencia en el mencionado artículo 805 inciso a) del Código Aduanero lo es hasta que “recayere la decisión que habilitare el ejercicio de la acción”. Al respecto, afirma que con independencia de que el Tribunal Fiscal haya interpretado que resulta imprescindible que la resolución condenatoria sea notificada dentro de los cinco días de su dictado, lo cierto es que aun en ese caso, aquella nunca podría representar la decisión que habilita el ejercicio de la acción ya que el Fisco Nacional no está facultado para reclamarlos hasta tanto aquel acto administrativo no se halle firme y pasado en autoridad de cosa juzgada. Manifiesta que en el caso, por el contrario, ese acto fue recurrido ante el referido Tribunal Fiscal, en los términos del artículo 1132, punto 1), inciso a) del Código Aduanero el que tiene, además, efecto suspensivo (artículo 1134 del Código Aduanero).
Considera que la interpretación propiciada por el Tribunal Fiscal desnaturaliza la causal de suspensión contenida en el artículo 805, inciso a) del Código Aduanero.
En diferente orden de ideas, insiste en que, con posterioridad a que se produjera la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se produjo la interrupción del referido plazo. En tal sentido, expresa que de conformidad con lo establecido en el artículo 806, inciso a) del Código Aduanero “La prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos regidos por la legislación aduanera se interrumpe por: a) la notificación de la liquidación tributaria aduanera…”, y refiere que de conformidad con lo expresado en el artículo 1.103 del Código Aduanero “…la vista contemplada en el artículo 1101 del Código Aduanero tendrá los efectos de la notificación de la liquidación a que alude el artículo 1094, inciso d)”.
Finalmente, cuestiona lo expresado en el voto del Dr. Garbarino en punto a la pretendida aplicación de la doctrina del plazo razonable de duración del proceso.
IV. Que, en el caso, la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero fue cometida el 20 de febrero de 2003, de manera que el cómputo del plazo de prescripción de la acción para percibir tributos comenzó el 1° de enero de 2004, y el vencimiento de aquél se hubiese cumplido el 31 de diciembre de 2008 (cfr. artículo 804 del Código Aduanero).
Alta en sistema: 06/02/2026 Ese plazo quinquenal quedó suspendido con el dictado del auto de apertura de sumario, del 18 de diciembre de 2008 (es decir, 13 días antes de que operara el vencimiento del plazo de prescripción) “hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (cfr. art. 805 del Código Aduanero). Además, y en la medida en que el 17 de abril de 2013 se corrió vista (notificada a la importadora el 03/07/2013, a la compañía Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. el 17/06/2013 y a la firma Alba Compañía Argentina de Seguros S.a. el 18/06/2013 –ver fs. 54, 28 y 29 de las actuaciones administrativas) que incluyó la liquidación tributaria a la que hace referencia el artículo 806 del Código Aduanero, el plazo se interrumpió.
En tales condiciones, y a contrario de lo expresado por el Tribunal Fiscal, al tiempo del dictado de la Resolución n° 9285/2013 por parte del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros (el 12 de diciembre de 2013) no había vencido el plazo de prescripción relativo a la acción para percibir tributos cuyo cómputo, como se señaló precedentemente, había reiniciado a partir de la notificación de la liquidación tributaria contenida en la corrida de vista. Al respecto, es dable destacar que de conformidad con lo establecido en el artículo 1.103 del Código Aduanero “…la vista contemplada en el art. 1101 tendrá los efectos de la notificación de la liquidación a que alude el art. 1094, inc. d)”. Por ende, no se advierten razones por las cuales correspondería quitarle el efecto interruptivo a esa notificación de la liquidación, de conformidad con lo establecido en el artículo 806, inciso a) del Código Aduanero (cfr. en sentido concordante esta Sala V en la causa n° 3.344/24, caratulada “Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A. (TF 35.052-A) c/DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 21/08/2025 y n° 4.723/25 “Abbott Laboratories Argentina S.A. (TF 37.928 -A) c/DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 21/08/2025. En consecuencia, le asiste la razón al Fisco en orden a que su acción para exigir el pago de tributos no se hallaba prescripta en esa oportunidad.
V. Que, sin perjuicio de lo expuesto, corresponde examinar las constancias de autos a la luz del estándar fijado por la Corte Suprema en el precedente de Fallos: 335:1126 (“Losicer”), en la inteligencia de que la garantía de un plazo razonable –prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos– también resulta de aplicación al ámbito tributario (esta Sala, in re nº Alta en sistema: 06/02/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V 55643/17 “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A c/ DGA”, sentencia del 27/06/2017; entre otros). Ello, teniendo especial consideración del planteo oportunamente efectuado por la coactora Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. al recurrir ante el Tribunal Fiscal (cfr. fs. 39 ref.).
Al respecto, el Alto Tribunal, a fin de evaluar si la tramitación del sumario administrativo se ha excedido del plazo razonable (directriz que emerge del art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, integrante de bloque de constitucionalidad federal, art. 75 inc. 22 CN), ha seguido un test tomado de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez ha seguido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dicho test abarca los siguientes aspectos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y d) el análisis global del procedimiento. Tales pautas tienen como fin dar un contenido concreto a la garantía de obtener un pronunciamiento sin demoras indebidas, que se vincula con el derecho de defensa en juicio y el debido proceso (art. 18 CN). El Alto Tribunal ha aclarado que la vigencia de esta garantía no podía traducirse en un número fijo de días, meses o años (Fallos 330:3640, citado en “Losicer”).
V.1. Ahora bien, en el caso de autos el hecho que dio origen al procedimiento tuvo lugar en el año 2003 (ver fecha de vencimiento del DIT 01 001 IT14 001178 A agregado a fs. 4 de las actuaciones administrativas) y la apertura del sumario se dispuso el 18/12/2008 (cfr. fs. 11 de las actuaciones administrativas).
Posteriormente, fue citada la firma importadora y las compañías aseguradoras, el 17/04/2013 (v. fs. 18 y vta. de las actuaciones administrativas) habiendo presentado sus descargos el 04/07/2013, el 03/07/2013 y el 11/07/2013 (cfr. fs. 30/40, 45/50 y 55 de las actuaciones administrativas). Luego, el 03/09/2013 se proveyó la prueba ofrecida por las partes (cfr. fs. 86 y vta de las actuaciones administrativas). Finalmente, el 12/12/2013, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros dictó la Resolución nº 9285/13 mediante la cual fue impuesta una multa a la firma importadora y fueron determinados los tributos adeudados por dicha empresa y por las compañías aseguradoras (cfr. fs. 84/88 de las actuaciones administrativas). Aquella fue notificada a la firma importadora el 20/08/2014 (v. fs. 103 de las actuaciones administrativas), a la firma Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. el 07/08/2014 y a la compañía Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. el 05/08/2014 (cfr. fs. 103/105 de las actuaciones administrativas). Alta en sistema: 06/02/2026 Las coactoras recurrieron ante el Tribunal Fiscal de la Nación el 28/08/2014 y el 01/09/2014 (cfr. fs.12/19vta., 37/51ref. y 101/105ref.). El Fisco contestó los recursos el 04/05/2015, 15/09/2015 y el 08/10/2015 (v. fs. 60/68, 119/127 y 136/139vta.). Asimismo, el 13/10/2015 se abrieron a prueba las actuaciones (v. fs. 140); y el período probatorio se dio por clausurado el 02/06/2023 (v. fs. 173). La siguiente actuación impulsoria data del 05/06/2023, cuando el a quo puso la causa para alegar (v. fs. 174).
Finalmente, el Tribunal Fiscal de la Nación dictó sentencia el 16/08/2023 (cfr. fs. 202/204vta) que fue declarada parcialmente nula por este Tribunal el 23/12/2024 (cfr. fs. 252/253), habiendo dictado sentencia nuevamente el 30/05/2025 (cfr. fs. 260/263vta) que fue apelada por el Fisco y se halla sometida a decisión ante esta instancia.
V.2. En tales condiciones, se verifica en autos una demora irrazonable en el procedimiento administrativo. Tal situación infringe garantías constitucionales expresas, como las que derivan del derecho de defensa en juicio (art. 18 CN) y de duración razonable en los procesos (art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos). En efecto, se observa que entre la configuración de los hechos que motivaron el inicio de las actuaciones administrativas y el primer decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación transcurrieron un poco más de veinte años y, algo más de veintidós, si se tiene en consideración la segunda de sus sentencias, lo cual constituye un plazo excesivo de duración del procedimiento. En este sentido el Alto Tribunal sentó en el precedente “Bonder Aaron (Emperador Compañía Financiera SA) y otros c/ BCRA s/ Resol. 178/93” (sentencia del 19/11/2013) la regla según la cual el “análisis global del procedimiento” en este tipo de casos, debe necesariamente comprender tanto el sumario como la instancia revisora. Según puede advertirse, las demoras no se deben a la complejidad que pudiera presentar el asunto ni a la actividad procesal de la sumariada, sino al hecho de que la actuación procesal estatal ha sido poco diligente, teniendo en cuenta la nula actividad verificada en determinados períodos en sede aduanera, que han alcanzado lapsos superiores al año.
A la luz de estos extremos de hecho, y de conformidad con el precedente “Losicer” del Alto Tribunal, se estima que se ha vulnerado la garantía prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto al “plazo razonable” en la duración de los procesos, sin que ello implique ingresar a considerar si los hechos imputados en su oportunidad tenían sustento fáctico o jurídico Alta en sistema: 06/02/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V (esta Sala, causas nº 55643/17 “Alba”, ya citada; y nº 30452/2018 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” Buenos Aires, del 2/05/2019; entre otras).
V.3. Que, además de lo expuesto, cabe destacar que la Ley 27.742 a través de su artículo 25 incorporó en el artículo 1º bis, inciso a), apartado (iv) de la Ley 19.549 -aplicable supletoriamente en la especie- el “Derecho a un plazo razonable”, comprendido dentro del principio de “Tutela administrativa efectiva” en el sentido de: “…que los procedimientos administrativos tramiten y concluyan en un plazo razonable, por decisión escrita y expresa. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera sea su forma de iniciación” (cfr. esta Sala V en la causa n° 2.001/24, caratulada “HTI Cono Sur (TF 20538084-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 21 de agosto de 2025 y causa n° 10.775/2024 “HTI Cono Sur (TF 62161222-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 3 de julio de 2025 y causa n° 20.899/2024 “Compañía de Seguros La Mercantil SA (TF 121517942-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 22 de abril de 2025, entre otras).
VI. Que, con relación al recurso de apelación interpuesto por el Fisco, respecto de los honorarios regulados en favor del Dr. Horacio Félix Alais, en su carácter de letrado patrocinante de la coactora Gamapol S.R.L., corresponde hacer lugar al recurso y; por ende, reducir los honorarios del mencionado letrado a $214.000 (cfr. artículos 7, 8, 9, 37 y 38 de la ley 21.839), los que se encuentran a cargo del Fisco.
Por otra parte, y con relación a las tareas cumplidas en esta instancia, corresponde regular los honorarios del Dr. Horacio Félix Alais (por la coactora Gamapol S.R.L.), en su doble carácter de letrado apoderado y patrocinante de la parte actora en la cantidad de 1 UMA equivalentes al día de la fecha a $84.963 (cfr. artículos 16, 19, 21 y 30 de la Ley Nº 27.423 y Resolución SGA Nº 3160/25 de la CSJN). Cabe aclarar que en los importes establecidos precedentemente no se encuentra incluida suma alguna en concepto de IVA, por lo que -frente a la acreditación de la condición de responsable inscripto en dicho tributo que oportunamente realice el interesado, la obligada al pago deberá depositar el importe correspondiente a dicho tributo, juntamente con los respectivos honorarios.
Finalmente, corresponde diferir la regulación de los honorarios correspondientes al Dr. John Ryan Lussich por su actuación Alta en sistema: 06/02/2026 en esta instancia, en el carácter de letrado apoderado y patrocinante de la firma Alba Compañía Argentina de Seguros S.A., hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada en tanto declaró prescripta la acción tributaria, por los fundamentos expresados en el considerando V, con costas (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 2) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco respecto de los honorarios regulados a fs. 281 y vta. y; en consecuencia, fijarlos de conformidad con lo dispuesto en el considerando VI. 3) Regular los honorarios del Dr. Horacio Félix Alais por las actuaciones cumplidas en esta instancia de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del considerando VI. 4) Diferir la regulación de los honorarios del Dr. John Ryan Lussich, por su actuación en esta instancia, en el carácter de letrado apoderado y patrocinante de la firma Alba Compañía Argentina de Seguros S.A., hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Se deja constancia de que la Vocalía n° 15 de esta Sala se encuentra vacante (artículo 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y; oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 06/02/2026
Fin de la sentencia