Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 35726-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia(i) revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, ordenar la devolución de las actuaciones a la instancia de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento; (ii) dejar sin efecto la regulación de honorarios del 19/2/2025; y (iii) imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (artículos 68, segundo párrafo, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes mencionados en el sitio web de la Corte Suprema.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAUSA Nº 33434/2025 “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS
SA (TF 35726-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de octubre de 2025.- NAI Y VISTOS;
I. Sumario de los hechos del caso La firma Curtiduría A. Gaita SRL realizó la importación de mercadería. La Dirección General de Aduanas al detectar presuntas irregularidades ordenó la instrucción de un sumario administrativo que finalizó con el dictado de la resolución por medio de la cual se le impuso a la empresa Curtiduría A. Gaita SRL una multa conforme el artículo 970 del Código Aduanero y formuló los cargos en concepto de tributos adeudados a la aquí actora Aseguradora de Créditos y Garantías SA. Ante dicha situación, la empresa Aseguradora de Créditos y Garantías SA interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el que declaró la nulidad del auto de apertura del sumario así como la prescripción de las potestades tributarias del fisco.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia del 22/11/2024 –obrante a fs. 150/153–, resolvió: (i) hacer lugar a la excepción de pago relacionado con los tributos adeudados en virtud de lo dispuesto mediante la Resolución DE PRLA Nº 2214/2011 vinculada a la operación Nº 00001IT04675W; (ii) declarar la nulidad del auto de apertura de sumario; (iii) declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos por la comisión de la infracción al artículo 970 del Código Aduanero, respecto de la operación Nº 00001IT0400619U; y (iv) imponer las costas al fisco.
Para así decidir, en primer lugar, el Tribunal Fiscal señaló que en las actuaciones SIGEA Nº 12197-5526-2005 se habían denunciado dos destinaciones 00001IT04675W y 00001IT0400619U (Acta Nº 64/03, del 30/4/2003), y que para la DIT Nº 00001IT04675W se había afectado la garantía Nº 1048576 N, que se correspondía a la póliza Nº 691233.
Así las cosas, expresó que la parte actora respecto de la DIT Nº 00001IT04675W había opuesto excepción de pago y había aludido que las sumas debidas habían sido abonadas en su totalidad, y que dicho pago había sido tenido presente por el servicio aduanero en la actuación SIGEA Nº 12197-9561-2005. En este orden de ideas, luego de efectuar un análisis de las actuaciones administrativas, concluyó que nada podía reclamar la parte actora en lo que hace a la deuda tributaria derivada de la infracción asociada a la DIT Nº 00001IT04675W.
A continuación, respecto de la destinación Nº 00001IT0400619U manifestó que de la compulsa de las actuaciones administrativas surgía que no procedía la acción intentada por el fisco para perseguir el cobro de los tributos, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero, por encontrarse prescripta, atento a la nulidad del auto de instrucción de sumario.
Ello así, expresó que si bien la nulidad no formaba parte de los agravios esgrimidos por la firma Aseguradora de Créditos y Garantías SA, correspondía su tratamiento de oficio debido a que se trata de una cuestión de orden público que se produce de pleno derecho.
En este sentido, puntualizó que si bien en el auto de apertura de sumario del 24/11/2005 se había hecho referencia a la presunta infracción imputada a la parte actora, el mismo no había cumplido con los extremos legales exigidos por el artículo 1094 del Código Aduanero para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye a dicho acto.
Así, indicó que en el caso bajo estudio surgía que tanto el aforo de la mercadería como la liquidación de los tributos se habían efectuado recién el 17/6/2010 y las liquidaciones habían sido agregadas a continuación del proveído del 29/6/2010, por lo que podía inferirse que dichos actos habían sido realizados con posterioridad a esa fecha.
En esta línea, consideró que debido a que el auto de apertura de sumario del 24/11/2005 carecía de requisitos esenciales, el mismo resultaba nulo, de nulidad absoluta.
En concordancia, manifestó que debido a que el vencimiento de la temporal en trato había operado el 19/12/2003, que el plazo de prescripción es de 5 años para perseguir el cobro de tributos por parte del fisco, y que dicho plazo había comenzado a correr a partir del 1/1/2004, en los términos del artículo 804 del Código Aduanero y no mediando causales suspensivas e interruptivas de la prescripción, la misma había operado el 31/12/2008, careciendo de efectos el acto de apertura de sumario del 24/11/2005.
Seguidamente, destacó que la vista conferida no pudo subsanar las irregularidades del auto de apertura sumarial debido a que ella se dispuso el 5/7/2010, una vez operada la prescripción.
Por lo tanto, concluyó que correspondía declarar la nulidad del auto de instrucción de sumario, y en consecuencia, la prescripción de la acción del fisco CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAUSA Nº 33434/2025 “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA (TF 35726-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
para perseguir el cobro de tributos por la comisión de la infracción al artículo 970 del Código Aduanero, respecto de la operación Nº 00001IT0400619U.
Finalmente, expresó que devenía abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones invocadas.
III. Regulación de honorarios Por otro lado, mediante sentencia del 19/2/2025 –confr. fs. 167–, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, reguló los honorarios del Dr. Cancellieri por su actuación ante el tribunal en el doble carácter de letrado apoderado y patrocinante de la parte actora, por las dos primeras etapas del proceso, en la suma de pesos trescientos noventa y ocho mil seiscientos dieciséis ($398.616.-). A su vez, en relación a la tercera etapa fijó sus honorarios en 4,20 UMA.
IV. Agravios de la parte demandada Contra dicha sentencia, el fisco interpuso recurso de apelación el 12/2/2025 –confr. fs. 165–, y expresó agravios el 7/3/2025 –confr. fs. 185/192–, los cuales fueron contestados por la parte actora el 16/4/2025 –confr. fs. 196/201–. En primer lugar señala que la apelación de la causa bajo estudio involucra exclusivamente a la destinación Nº 00001IT0400619U.
Así las cosas, alega que la nulidad del auto de apertura de sumario y la prescripción de las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago de tributos no puede ser declarada de oficio.
Al respecto, aduce que en el recurso de apelación interpuesto por la firma Aseguradora de Créditos y Garantías SA ante el Tribunal Fiscal no se planteó ni la nulidad del auto de apertura de sumario, ni la prescripción de las acciones y poderes del fisco para exigir el cobro de tributos.
A continuación, sostiene que la sentencia recurrida altera el principio de congruencia, en tanto excede su pronunciamiento mas allá de lo requerido por la parte del proceso y declara de oficio la nulidad del auto de apertura de sumario y la prescripción de los cargos tributarios exigidos por el Servicio Aduanero.
Por otro lado, respecto a la nulidad del auto de apertura de sumario, manifiesta que los requisitos con los que debía cumplir el mismo obraban en las actuaciones administrativas con anterioridad a la corrida de vista que refiere el artículo 1101 del Código Aduanero. Así, considera que en el caso se dictó la nulidad sin respaldo legal alguno.
En esta línea, plantea que se trata de un caso de declaración de nulidad por la nulidad misma.
Al respecto, expresa que el Tribunal Fiscal no logró explicar de que prueba no pudo valerse la empresa Aseguradora de Créditos y Garantías SA, o como concretamente se vio afectado su derecho de defensa al no integrar el auto de apertura de sumario algunos de los elementos establecidos en la norma.
Así las cosas, alega que las facultades y poderes del fisco en el caso bajo estudio no se encuentran prescriptas.
Por último, el 27/2/2025 –confr. fs. 175– interpuso recurso de apelación contra la regulación de honorarios del 19/2/2025 –obrante a fs. 167– por considerarlos elevados.
V. Agravios de la parte actora Por su parte, contra la la regulación de honorarios del 19/2/2025 – obrante a fs. 167– la firma Aseguradora de Créditos y Garantías SA interpuso recurso de apelación el 28/2/2025 –confr. fs. 178/179– por considerarlos bajos.
VI. Alcances del pronunciamiento De manera preliminar, es necesario advertir que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/2020; “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/2022, “LDC Argentina SA (TF 138542079-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 17645/2024, del 10/4/2025, entre otros).
VII. Delimitación de la cuestión a resolver y circunstancias de hecho relevantes para la resolución del caso De manera preliminar, corresponde señalar que, la materia sobre la cual debe expedirse esta alzada –según la lectura de las piezas que conforman esta litis– se circunscribe a: (i) la nulidad del auto de apertura de sumario y la consecuente prescripción declarada por el Tribunal Fiscal respecto de las acciones del fisco para deter- CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAUSA Nº 33434/2025 “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA (TF 35726-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
minar y exigir el pago de tributos respecto de la destinación Nº 00001IT0400619U; y (ii) la regulación de los honorarios.
A tal fin, y con el propósito de lograr una mejor comprensión de la problemática involucrada en autos, me parece conveniente reseñar las circunstancias fácticas del caso según surge de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12197-5526- 2005:
(i) Mediante acta de denuncia del 30/4/2003 se iniciaron las actuaciones administrativas, por la presunta comisión de la infracción tipificada en los artículos 972 y 994 del Código Aduanero, respecto de los DIT Nº 00001IT04000675W y 00001IT04000619U (confr. fs 1).
(ii) El 24/11/2005 el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros dispuso la instrucción del sumario en los términos del artículo 1090 inciso c) del Código Aduanero por la presunta configuración de la infracción tipificada en el artículo 972 del mencionado Código. Asimismo, intimó a la firma Curtiduría A. Gaita SRL para que en el plazo de 5 días acompañe original o copia debidamente certificada de los DIT Nº 00001IT04000675W y 00001IT04000619U (confr. fs. 16). (iii) Posteriormente, se efectuó la determinación de tributos y multa (confr. fs. 29/30).
(iv) El 5/7/2010 la Secretaría de Actuación Nº 1 de la Dirección General de Aduanas corrió vista a la firma Curtiduría A. Gaita SRL para que en el plazo de 10 días de notificado esté a derecho, evacue su defensa y ofrezca todas las pruebas de que intente valerse respecto de la infracción tipificada en el artículo 972 de Código Aduanero en relación a los DIT Nº 00001IT04000675W y 00001IT04000619U (confr. fs. 37).
(v) El 11/8/2010 la Secretaría de Actuación Nº 1 de la Dirección General de Aduanas amplió la corrida de vista ordenada el 5/7/2010 a la firma Curtiduría A. Gaita SRL para que en el plazo de 10 días de notificado esté a derecho, evacue su defensa y ofrezca todas las pruebas de que intente valerse respecto de la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero en relación a los DIT Nº 00001IT04000675W y 00001IT04000619U. También, citó por el plazo de 10 días, a la firma Aseguradora de Créditos y Garantías SA en su carácter de garante de la obligación tributaria surgida con motivo de los despachos de importación individualizados, a fin de que se presentara a tomar parte en el sumario e interpusiera las defensas correspondientes (confr. fs. 45).
(vi) El 2/9/2010 la empresa Aseguradora de Créditos y Garantías SA presentó el descargo, en el cual –entre otras cuestiones–, expresó que solo debía responder en forma subsidiaria y en el supuesto en que el importador temporal resultara responsable de la infracción imputada, con cargo firme como título ejecutivo, y siempre y cuando el importador no afrontara la obligación tributaria. Asimismo, hizo saber la limitación monetaria fijada en el respectivo contrato (confr. fs. 51/61). (vii) El 14/9/2010 la Secretaría de Actuación Nº 1 de la Dirección General de Aduanas declaró la rebeldía de Curtiduría A. Gaita SRL (confr. fs. 62). (viii) El 6/10/2010 se dictó la Resolución DE PRLA Nº 7297 en la cual el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros resolvió condenar a la firma Curtiduría A. Gaita SRL al pago de una multa cuyo monto ascendía a la suma de $436.196,92.- conforme los artículos 970 y 1112 del código Aduanero. También, condenó a la mencionada firma al pago de una multa que ascendía a la suma de $21.809,85 conforme los artículos 972 y 1112 del Código Aduanero. Asimismo, formuló cargo a Curtiduría A. Gaita SRL y a la aquí actora Aseguradora de Créditos y Garantías SA por los tributos adeudados, cuyo monto ascendía a la suma de $800.857,52 (confr. fs. 69/72).
Con posterioridad, el 27/4/2015 la firma Aseguradora de Créditos y Garantías SA interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (confr. fs. 78/81).
VIII. Afectación al principio de congruencia En primer lugar, es preciso señalar que, si bien el artículo 1143 del Código Aduanero le otorga al Tribunal Fiscal de la Nación “amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes”, el ejercicio de esas atribuciones tiene como límite infranqueable la existencia del recurso, los hechos que se hayan probado en la causa y el respeto al principio de la reformatio in peius. Por ello, si la decisión del Tribunal Fiscal involucra cuestiones que no habían sido materia de agravio ante esa sede, aquélla incurre en una evidente afectación al principio de congruencia, con mengua del derecho de defensa en perjuicio de la recurrente, lo que la hace pasible de la tacha de arbitrariedad (confr. esta Sala, in rebus: “Metalúrgica Bonano S.A. TF 22593-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 39.768/2019, del 12/8/2020 y sus citas; “Arimex Importadora S.A. (TF 90248306-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 52.675/2022, del 10/2/2023; “C Y A S.R.L. – TF 28517-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 44.401/2023, del 25/4/2024; “Colgate Palmolive Argentina S.A. (TF 36188-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 317/2024, del 13/9/2024, entre muchos otros).
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Sobre el punto, vale recordar que, de acuerdo con la Corte Suprema, el principio de congruencia exige la existencia de conformidad entre la sentencia y las pretensiones y defensas deducidas por las partes en juicio; en otras palabras, debe mediar correspondencia entre, por un lado, el contenido de las pretensiones y oposiciones de las partes, y la respuesta que surge del órgano jurisdiccional en su pronunciamiento, por el otro (Fallos: 336:2429). Tal es la trascendencia de este principio que la Corte federal le ha reconocido carácter constitucional (CSJN, Fallos: 229:953; 230:478; 248:549; 302:263; 313:528, 983; 319:2933; 325:603; 330:4015; 341:1091; 342:1580; 343:1657; 344:1857), como expresión de los derechos de defensa en juicio y de propiedad, integrando el sistema de garantías constitucionales del proceso que se encuentra orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos (CSJN, Fallos: 315:106; 317:1333; 321:469; 329:5903; 338:552).
Desde esa perspectiva, procede destacar que, en el marco de las actuaciones administrativas, una vez notificada su citación y emplazamiento, la firma actora presentó su descargo sin efectuar consideración alguna a la prescripción de la acción tributaria y punitiva de la Aduana ni a la nulidad del auto de apertura del sumario (confr. fs. 51/61).
Así, pues, cabe señalar que el artículo 1104 del Código Aduanero establece que, dentro del plazo previsto en el artículo 1101 del citado Código para contestar la vista y presentar sus defensas, “los supuestos responsables podrán impugnar las actuaciones sumariales cumplidas, con fundamento en los defectos de forma de que adolecieren, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo” (énfasis añadido). De tal modo, si no se invoca la existencia de vicios de esa índole en dicha oportunidad, se consentirá lo actuado y luego no podrá discutirse en el futuro por aplicación del principio de preclusión (Alsina, Mario Á. et. al., Código Aduanero Comentado, T. III, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2011, p. 628-629; esta Sala, in rebus: “Pirelli Neumáticos SAIC (TF 20099759-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 42.746/2023, del 12/3/2024, y “Odjell Argentina SA – TF 31740-A c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 7871/2024, del 14/11/2024). Por lo demás, adviértase que, tras el dictado de la Resolución DE PRLA Nº 7291, del 6/10/20104, la firma Aseguradora de Créditos y Garantías SA interpuso su recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación sobre la base de hechos y defensas distintos a la prescripción de las potestades del fisco y a la nulidad del auto de apertura del sumario por no cumplirse los recaudos del artículo 1094 del Código Aduanero. Ciertamente, en esa oportunidad, la actora puso de resalto que, conforme la jurisprudencia, no resultaba ajustada a derecho la pretensión aduanera que pretendía incluir derechos adicionales en el reclamo aduanero. Asimismo manifestó que en caso que debiera afrontar el pago de los tributos, el mismo debería hacerse con la limitación monetaria establecida en el contrato (confr. fs. 78/81).
Pese al contenido de los agravios y planteos de la recurrente en sede administrativa, lo cierto es que el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la prescripción de la acción de la Aduana para perseguir el cobro de tributos, así como la nulidad del auto de apertura del sumario por cuanto “el mismo no cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A.”, lo que no había sido oportunamente introducido por la actora y, por lo tanto, en exceso del thema decidendum sometido a su consideración. En consecuencia, en la medida en que la actora en ninguna de sus presentaciones realizadas en sede administrativa propuso —siquiera de manera tangencial— el reproche de nulidad del acto de apertura del sumario ni la posibilidad que se encontrara prescripta la acción del fisco, puede concluirse que el Tribunal Fiscal se expidió más allá de lo peticionado por las partes, vulnerando el principio de congruencia —establecido en los artículos 34, inciso 4º, y 163, inciso 6º, del CPCCN—, puesto que, para arribar a la decisión recurrida, el tribunal a quo se apartó de los términos en que la cuestión había quedado delimitada, definida por la propia empresa actora (arg. esta Sala, in rebus: “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.
(TF 21603- A) c/ DGA”, Causa Nº 7854/2008, del 24/10/2008; “Blufstein, Oscar Ángel c/ TF-DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 63.715/2014, del 30/6/2016; “Gibaut Hnos Manufacturas de Cuero S.A. TF 25387 y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 6172/2016, del 2/3/2017; “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. – TF 31744-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 6064/2022, del 1/9/2022; “Federal Express Corporation (TF 30587-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 22.937/2023, del 5/9/2023; “C Y A S.R.L. – TF 28517-A”, ya citado; y “Silkestone Internacional SA (TF 36084-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 22.383/2025, del 7/10/2025 ).
En conclusión, el Tribunal Fiscal abordó pretensiones que no habían sido propuestas en oportunidad de formular el descargo ni al momento de interponer el recurso de apelación en los términos del artículo 1133 del Código Aduanero. Por tal motivo, corresponde revocar la sentencia apelada y devolver las presentes actuaciones al Tribunal Fiscal de la Nación para que, previo sorteo de otra Sala por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento acerca de las cuestiones efectivamente sometidas a su conocimiento.
IX. Costas y honorarios CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAUSA Nº 33434/2025 “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA (TF 35726-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Por último, teniendo en cuenta el modo en que se decide y las particularidades de la presente causa, corresponde distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado (confr. artículos 68, segundo párrafo, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por consiguiente, cabe dejar sin efecto la regulación de honorarios efectuada el 19/2/2025 –confr. fs. 167/168– en favor del Dr. Hernán Leonardo Cancellieri.
Por ello, SE
(i) revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, ordenar la devolución de las actuaciones a la instancia de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento; (ii) dejar sin efecto la regulación de honorarios del 19/2/2025; y (iii) imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (artículos 68, segundo párrafo, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes mencionados en el sitio web de la Corte Suprema.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia