Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 36225-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios, sin costas en atención a la inexistencia de actividad procesal de la parte contraria (artículo 68, 2° párrafo, CPCCN);
2Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco respecto de los honorarios regulados a fs. 156/vta., los que se confirman por resultar ajustados a derecho.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA (TF 36225-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de febrero de 2026.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, el 04/02/2025, esta Sala V declaró la nulidad de la resolución dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación, obrante a fs. 94/97vta, con base en que ese organismo “…no hizo referencia alguna a la virtualidad que tuvo o pudo haber tenido la notificación de la corrida de vista que contuvo la liquidación tributaria, a los efectos del cómputo del plazo de prescripción de la acción para percibir tributos” y que aquello constituía un vicio de procedimiento. En tales condiciones, dispuso el reenvío de la causa al tribunal de origen a fin de que dictara un nuevo pronunciamiento.
II. Que, en cumplimiento de lo ordenado por este Tribunal, el mencionado organismo dictó resolución el 10 de junio de 2025 (cfr. fs. 138/141) por la cual hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte actora y revocó parcialmente la Resolución n° 3627/2009. Mediante ese acto administrativo, el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros había condenado a la firma importadora y a la compañía aseguradora, en los términos del artículo 970 del Código Aduanero, al pago de $29.091,07 en concepto de tributos (derecho de importación, tasa de estadística, derecho adicional, IVA, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias) más el ajuste resultante por la aplicación del CER, y los intereses previstos por el artículo 794 del Código Aduanero. Asimismo, por ese acto se le había aplicado una multa a la firma importadora de $18.234,16, equivalentes a una vez y media el importe de los tributos adeudados. El a quo impuso las costas en un 41% a cargo de la parte actora y en un 59% a cargo del Fisco.
Indicó que en el caso no se hallaba controvertida la configuración de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero, respecto de la mercadería que había ingresado mediante el despacho de importación temporal nº 99 001 IT14 001583 R, dado que no se habían agregado en sede administrativa ni ante esa Alta en sistema: 27/02/2026 instancia copias de los permisos de embarque ni de los despachos de importación a consumo que hubieran permitido acreditar la regularización del régimen al que se sometió la importadora.
Sin embargo, en lo relativo al importe de tributos adeudados señaló que de conformidad con la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente I.49.XLII, “IEF Latinoamericana S.A. (TF 19.912-A) c/DGA”, del 14 de agosto de 2013 y en la causa F.195.XLII “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/DGA”, del 14 de agosto de 2013, no correspondía el pago del derecho adicional previsto en el artículo 23 del Decreto n° 1439/96 toda vez que no se había configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación ya que en el caso se trataba de una importación a consumo irregular. Además, declaró extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar la percepción del Impuesto a las Ganancias y el IVA adicional contenida en la liquidación tributaria. Ello, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CAF 22930/2009/CA1-051 “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, del 26 de noviembre de 2019.
Asimismo, con relación a la procedencia del CER, y teniendo en cuenta que la obligación había nacido expresada en dólares estadounidenses, por aplicación del artículo 20 de la ley 23.905, afirmó que aquél resultaba aplicable. Indicó que el hecho de que aquella suma hubiese sido expresada en pesos al momento de corrérsele vista a las partes en sede administrativa, no implicaba renuncia alguna por parte del Fisco en cuanto a la aplicación de lo establecido en el decreto n° 214/02. Ello, atento a que la conversión de la deuda a razón de $1 más CER correspondiente a la fecha de pago, por cada dólar estadounidense, estaba impuesta legalmente.
En tales condiciones, reliquidó los tributos adeudados (derechos de importación, tasa de estadística e IVA), en la suma de $12.156, los que debían ser ajustados con el CER y a la que se deberían adicionar intereses de conformidad con lo establecido en el artículo 794 del Código Aduanero.
Con relación a la responsabilidad de la compañía aseguradora expresó que aquella debía limitarse a la suma máxima garantizada mediante la póliza n° 612363. Es decir, dispuso que deberá responder por la suma de $23.000 más CER, “y a ese importe […] se le deben adicionar los correspondientes accesorios”, contados a partir de los diez días de la notificación de la corrida de vista (es decir, desde el 02/10/2007).
Alta en sistema: 27/02/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Asimismo, el 2° de septiembre de 2025, fueron regulados los honorarios de la representación fiscal en la suma de $227.367, los que se fijaron en un 41% a cargo de la parte actora, de conformidad con la manera en que fueron impuestas las costas (cfr. fs. 156 y vta).
III. Que, el Fisco apeló y expresó agravios a fs. 161/172vta, los que no fueron replicados por la parte actora. Asimismo, a fs. 178 y vta, el Fisco apeló los honorarios regulados a su favor por considerarlos bajos.
Cuestiona que se haya dispuesto la conversión a pesos de la suma adeudada en concepto de tributos, con la respectiva adición del ajuste por el CER. Además, y en lo relativo a la definición de la suma máxima garantizada, como límite de la responsabilidad de la compañía aseguradora, afirma que a contrario de lo decidido por el Tribunal Fiscal, aquella debe ser calculada tomando en consideración el valor en dólares contenido en la póliza (u$s23.000) expresado en pesos al tipo de cambio vigente el día anterior al del efectivo pago. En diferente orden de ideas, expresa que las obligaciones asumidas por el importador y por las aseguradoras no son las mismas. En tal sentido, afirma que lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Cladd” lo fue respecto de la exigibilidad de la obligación tributaria respecto de la firma importadora “…y no así a la empresa aseguradora”.
Sostiene que la relación que tiene la aseguradora con el Fisco no es de índole tributario y consiste en “…afianza[r] las obligaciones del importador temporario; es decir, aquellas obligaciones que hubiese correspondido cancelar ‘antes’ (como condición sine qua non para importar) pero que quedaron en ‘suspenso’ y se garantizaron mediante un contrato”. Por ello, considera que debe pagarle al Fisco en las condiciones establecidas en el contrato de seguro, los tributos garantizados que se mantuvieron en “suspenso” para el caso de producirse el siniestro.
Considera que el importador adeuda las percepciones como consecuencia de una obligación que resulta del derecho público tributario y que, por ende, cerrado el plazo para la presentación de las declaraciones juradas de tales tributos, se extingue la facultad de la DGA para requerir su pago; mientras que, en el caso del asegurador, “…lo único que debe ponderarse es la existencia de un contrato (póliza) y que el hecho generador de la obligación, efectivamente, se haya producido (la importación definitiva a consumo)”.
Alta en sistema: 27/02/2026 IV.- Que, de manera preliminar corresponde abordar los planteos del Fisco relacionados con que, a su entender, no es dable eximir del pago de las percepciones de IVA y del Impuesto a las Ganancias a las compañías aseguradoras para luego, y una vez dilucidada esa cuestión, examinar si la suma adeudada en concepto de tributos debe ser ajustada con el CER y si, en tal sentido, la suma máxima garantizada debe ser establecida teniendo en consideración el aludido coeficiente.
IV.1. Primeramente, cabe recordar que en el caso no se encuentra controvertida la responsabilidad de la compañía aseguradora como garante de los tributos que resultaran adeudados por la importadora ante la falta de cumplimiento del régimen de importación temporal comprometido en la DIT n° 99 001 IT14 001583 R, cuyo objeto consiste en asegurar su pago en cualquier supuesto de incumplimiento, circunstancia que por sí sola configura el siniestro, aún en caso de concurso o quiebra del importador (cfr. Fallos 207:322; 315:1408). Es en virtud de ese contrato que la compañía aseguradora se obligó al pago de la suma estipulada por el mero hecho del incumplimiento del deudor. Verificado ese incumplimiento, se convirtió en un nuevo obligado que añade su responsabilidad a la del importador, por el pago de los tributos adeudados. En tanto el objeto de ese contrato consiste en la eliminación del riesgo de la mora del deudor (Cam. Nac. en lo Com., Sala A, “Indesa S.A. c/ Apolo Cía de Seguros”, La Ley 1982-B-416; Sala B, 23/10/1990, E.D. 142-479; Sala D, 17/6/1988, L. L. 1988-E-460; ídem, Cam. Nac. de Ap. en lo Civil, Sala F, “Sarros, Nicolás c/Transporte Met. Gral. San Martín s/art. 250 del CPCC/ Incidente Civil Seguro de Caución”, del 2/4/03) no cabe entender que, producido el siniestro, la aseguradora debe pagar en subsidio del tomador pues, en tal caso, la esencia misma de la garantía perdería su razón y dejaría de cumplir con su función específica.
Ahora bien, esa circunstancia no puede llevar válidamente a sostener que, como pretende el Fisco, sea posible exigir a la compañía aseguradora un importe diverso y mayor que el que le corresponde pagar al importador temporal. Al respecto, en el caso se concluyó que una vez vencido el plazo para presentar las declaraciones juradas, se extingue la facultad del organismo aduanero para requerir las percepciones de IVA y del Impuesto a las Ganancias (cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CAF 22930/2009/CA1-051 Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas, del 26 de noviembre de 2019). Por lo Alta en sistema: 27/02/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V tanto, carece de sentido afirmar que dicha extinción únicamente beneficie a la firma importadora ya que la compañía aseguradora se comprometió al pago de los tributos que resultaren adeudados por aquella como consecuencia del incumplimiento del régimen, pero sólo en la medida en que tales tributos fuesen exigibles.
Por lo demás, es dable destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no formula distinciones en orden a la exigibilidad de las percepciones en función de si se trata del importador o de la compañía aseguradora. Al respecto, cabe tener en consideración que en el precedente CAF 18074/2016/CS1-CA1 Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo, del 26 de noviembre de 2019, hizo lugar al recurso extraordinario interpuesto por la compañía aseguradora y revocó la sentencia apelada al considerar que la cuestión debatida encuentra “[…]adecuada respuesta en la doctrina que emana de la causa CAF 22930/2009/CA1-CS1 "Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas", sentencia de la fecha, a cuyos fundamentos corresponde remitirse, en lo pertinente, por razones de brevedad”. Lo expresado hasta aquí resulta concordante con lo decidido por esta Sala en la causa nº 26.224/25, caratulada “Paraná S.A. de Seguros (TF35.088-A) c/DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 18 de septiembre de 2025 y en la causa n° 37.326/25, caratulada “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF 23612 -A) c/DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 28 de octubre de 2025.
IV.2. En lo relativo a la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia sobre el monto adeudado en concepto de tributos, cabe señalar que de las constancias de la causa resulta que la infracción tuvo lugar el 24 de marzo de 2000, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley n° 25.561 y del Decreto n° 214/02. La deuda en concepto de tributos fue liquidada por primera vez, en pesos, el 12 de septiembre de 2007, en ocasión de ser corrida la vista establecida en el artículo 1101 del Código Aduanero, y el 16 de junio de 2009 el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros dictó la Resolución Nº 3627/2009, en la que condenó a la firma importadora al pago de la multa y la intimó, juntamente con la compañía aseguradora, al pago de los tributos adeudados (cfr. fs. 59/60 de las actuaciones administrativas). Tanto al tiempo de correrse la vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero, como en la resolución Alta en sistema: 27/02/2026 condenatoria, el importe adeudado fue expresado en pesos, indicándose expresamente que correspondía el ajuste por aplicación del CER, previsto en el artículo 4º del Decreto n° 214/02.
En tales condiciones, la actual pretensión del Fisco de que la determinación de la suma adeudada en concepto de tributos así como la definición de la suma máxima garantizada sean calculadas teniendo en consideración el tipo de cambio correspondiente a la fecha de efectivo pago, resulta contraria a los términos en los que oportunamente corrió vista a las partes y formuló posteriormente el cargo en la Resolución n° 3627/2009, que se halla debatida en autos, de manera tal que debe ser descartada.
A mayor abundamiento, y sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, es dable destacar que en el caso resulta procedente la aplicación del CER. En efecto, tanto el acto mediante el cual se liquidaron los tributos (cfr. corrida de vista obrante a fs. 29 y vta. de las actuaciones administrativas) como la Resolución Nº 3627/09 dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros (mediante la cual la firma importadora fue condenada al pago de la multa y se determinó el importe de la deuda en concepto de tributos a cargo de dicha parte y de la compañía aseguradora en su carácter de garante), fueron dictadas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto n° 214/02. Por lo tanto, no resulta aplicable lo expresado en el precedente de Fallos E. 222. XLII “Editorial Perfil S.A. (TF 13456- A) c/ D.G.A.”, del 12 de agosto de 2008, pues se refiere a un supuesto en que la resolución condenatoria dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto 214/02 (en ese caso particular, el 18 de noviembre de 1999) la deuda en concepto de tributos ya había sido expresada en pesos".
Por otra parte, es preciso señalar que la actualización de la suma reclamada mediante la aplicación del coeficiente en cuestión, constituye un modo de mantener constante, o en una relación de equivalencia aproximada, el valor de la deuda, y, en principio, su aplicación no altera sino que preserva la autoridad de la cosa juzgada. Más aún si se tiene en cuenta que el ajuste fue dispuesto en forma expresa por normas de orden público, aplicables de oficio por la autoridad que corresponda. De lo contrario, es decir, si el monto de la deuda por tal concepto no fuera actualizado mediante la aplicación del C.E.R. se estaría alterando la relación de necesaria equivalencia entre el monto originalmente adeudado a la Aduana y la cuantía del exigido en último término (Fallos: 301:1002; 311:2152; 317:377; 319:2300; 325:1454; 327:508, entre otros).
Alta en sistema: 27/02/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V En tales condiciones, la aplicación del CER a la deuda por tributos efectuada por la aduana y confirmada por el Tribunal Fiscal, resulta ajustada a derecho y, en consecuencia, debe ser confirmada.
V. Que, teniendo en consideración el monto de la cuestión debatida, el resultado obtenido y la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por la dirección letrada y representación legal del Fisco, en la única etapa del proceso, corresponde confirmar la regulación de honorarios efectuada el 2° de septiembre de 2025, ya que resulta ajustada a derecho.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios, sin costas en atención a la inexistencia de actividad procesal de la parte contraria (artículo 68, 2° párrafo, CPCCN); 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco respecto de los honorarios regulados a fs. 156/vta., los que se confirman por resultar ajustados a derecho.
Se deja constancia de que la Vocalía n° 15 de esta Sala se encuentra vacante (artículo 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y; oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 27/02/2026
Fin de la sentencia