Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 39657-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos de apelación interpuestos por el Fisco Nacional y la actora y confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal de fecha 30/09/2019, en todos sus términos, con costas por su orden (art. 68, 2° párrafo del C.P.C.C.N.).
“Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 39657-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y Buenos Aires,29 de agosto de 2023.
VISTOS y
I. Que mediante el pronunciamiento del 30/09/2019 el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad de lo actuado respecto de ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. en el sumario que había tramitado como expediente n° 12197-1039-2013, cuyos efectos se producen a partir del auto por el cual se declaró la apertura de dicho trámiteo, comprendiendo todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia, incluyendo la Resolución DE PRLA N° 3122/2018 aquí apelada. Declaró la extinción de la acción del fisco para imponer penas por haber operado la prescripción prevista en el arts. 934 y ss. del C.A. Ordenó a la D.G.A. que proceda a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A. a la actora. Impuso las costas al fisco.
Para así decidir, en primer lugar, precisó que la resolución aduanera apelada, al tiempo que disponía el archivo del reproche infraccional, haciendo aplicación de la Instrucción General n° 9/17 (D.G.A.) ordenaba formular cargo por los tributos que consideraba adeudados.
Observó que las actuaciones administrativas se iniciaron con la denuncia por presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., como consecuencia de considerar el organismo aduanero que al vencimiento del plazo acordado para la permanencia de la mercadería, cuyo ingreso se documentó mediante la destinación suspensiva de importación temporaria n° 007 001 IT 16 000455 F, no habría sido regularizada su situación, incurriendo así la importadora, a criterio del servicio aduanero, en un incumplimiento de las obligaciones asumidas como condición al otorgamiento del régimen. Indicó que, por la Instrucción General 9/17, se establecieron las pautas procedimentales para que los jueces administrativos a cargo de las distintas áreas, dispongan el archivo de las actuaciones que signifiquen aplicación de sanciones "cuyos bajos montos tornen antieconómico instrumentar o continuar las medidas implementadas tendientes a lograr su cobro”.
Refirió que, a tal efecto se ordenó el archivo de las actuaciones cuando el importe de la multa mínima no alcanzara la suma de $ 30.000 siempre que el presunto infractor no tuviere registrado antecedentes de casos archivados por el art. 970 del C.A. dentro de los últimos 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de la presunta infracción, que en conjunto superen el monto aludido.
Alegó que, con dicho fundamento el servicio aduanero dispuso en la resolución aquí apelada el archivo de la denuncia por infracción, en virtud de que la liquidación practicada a fs. 10 de las actuaciones administrativas arrojó un monto de $13.211.24, en concepto de multa mínima y que la firma no poseía antecedentes que la inhibieran de dicho tratamiento.
En tales condiciones, consideró que podía presumirse que dicha resolución resultó condenatoria para la importadora y por consiguiente a la aseguradora, si se tenía en cuenta que se ordenó formular cargo por los tributos que se consideraron adeudados implícitamente considerando el incumplimiento al régimen de importación temporaria según lo previsto en el art. 274 del C.A. Añadió que, también convenía aclarar que, conforme surgía de lo dispuesto en el punto H) de la referida Instrucción, el archivo de la denuncia revestía carácter provisional hasta que transcurra el plazo de doce meses, vencido el cual, de no mediar otras sanciones que en su conjunto superen el monto fijado, el archivo devenía definitivo.
Con respecto al planteo de invalidez formulado por la actora, ponderó que, el art. 1101 del C.A. disponía que: "Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el art. 1094 el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder (...)". Con relación a ello, señaló que de la lectura de las actuaciones administrativas surgía que luego del dictado de la apertura de sumario de fs. 11 ninguna intervención se le dio al importador ya que los actos procesales cumplidos posteriormente, fueron en su totalidad llevados a cabo por el servicio aduanero. Es decir, que no existió para la aseguradora oportunidad alguna de acompañar -o en su caso- solicitar la agregación de la documentación que acreditara el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporaria. Aludió que, en efecto, las únicas notificaciones que se cursaron a la importadora se realizaron a efectos de hacerles saber el dictado de la resolución DE PRLA n° 3122/2018 apelada en autos, sin que con anterioridad se la citara a tomar participación en los actuados a fin de esgrimir las defensas que pudiera valerse. Ello, en franca violación a lo dispuesto en el art. 1101 del C.A.
Entendió que indudablemente la demandada no había dado cumplimiento a los recaudos exigidos en la normativa aduanera que regulaban el procedimiento para las infracciones (arts. 1080 a 1117 del C.A.) dando vista a las partes, a fin de que aporten la documentación que creyeran idónea, siendo dicho procedimiento, la etapa procesal oportuna para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
En dicho contexto, entendió que, el proceder del servicio aduanero afectaba no solo el derecho de defensa, sino también los más elementales principios del derecho procesal y del debido proceso.
Alegó que, en consecuencia, no cabía duda que la omisión incurrida desnaturalizaba el procedimiento, y no podía considerarse cumplida con la notificación de la resolución apelada. Concluyó que la omisión de la notificación de la vista del art. 1101 del C.A. en el sumario que diera origen a esta causa, tornaba nulos todos los actos procesales posteriores a la misma, inclusive la resolución DE PRLA N° 3122/18, en tanto carecía de sustento legal y fáctico, al pretender fundamentarse en un evento que se tenía por configurado sin que haya existido la posibilidad para el administrado de demostrar lo contrario.
Aclaró que, no resultaba óbice a lo expuesto que en la resolución aduanera apelada se ordenara el archivo de la denuncia, en los términos de la Instrucción General n° 9/17 (D.G.A.), por cuanto tratándose de la investigación de un ilícito, previo a disponer su archivo con fundamento en el monto por el que hubiera prosperado la sanción, correspondía que el servicio aduanero determine en forma fehaciente si se había configurado la infracción que se le imputaba a la importadora, que daba lugar a la aplicación de la pretendida multa, y los tributos que ahora se pretendían exigir a la aseguradora.
Adujo que lo expuesto implicaba que el deber o facultad de disponer el archivo de la denuncia por parte de la Aduana recién nacería cuando la infracción había quedado acreditada y en consecuencia, el monto de la sanción también determinado. Señaló que no se trataba únicamente de verificar el monto por el que procedería la multa, sino además y fundamentalmente, de la necesidad de determinar mediante el procedimiento correspondiente la existencia misma de la infracción que diera lugar a la aplicación de una multa por la infracción endilgada.
En definitiva, puntualizó que no procedía exigencia tributaria alguna en cuanto la misma solo nacía como consecuencia de un presunto incumplimiento al art. 970 del C.A. que no fue constatado en las actuaciones administrativas, en cuanto no se ajustó la tramitación del procedimiento a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero.
Consideró que, en virtud de lo expuesto, correspondía declarar la nulidad absoluta respecto de todo lo actuado en el expte. n° 12197-1039-2013, en relación a la aseguradora recurrente, a continuación del auto por el cual se declaraba la apertura del sumario y la corrida de vista, comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia. Precisó que la misma declaración de nulidad alcanzaba a la resolución DE PRLA n° 3122/2018, en cuanto tenía implícitamente por configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. Por lo tanto, la D.G.A. debería proceder a notificar la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la actora, a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa.
Añadió que restaba indicar que, al ser nulo todo lo actuado en el sumario que había tramitado como expte. n° 12197-1039- 2013, luego del dictado del auto de apertura de sumario y, no habiendo ningún acto que interrumpa o suspenda la prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, en los términos de los arts. 936 y 937. inc. a) y d) del C.A., la acción del fisco para imponer penas se encontraba prescripta.
En este orden, respecto del planteo de prescripción de la pretensión tributaria opuesto por la actora, indicó que no se encontraba discutido en autos que el vencimiento del DIT operó el 24/04/2008. Asimismo, conforme lo dispuesto en los arts. 803 y siguientes, el curso de la prescripción tributaria comenzó a correr el 1/1/2009. Dicho plazo se encontraba suspendido desde el dictado de apertura de sumario de fecha 05/11/2013, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión, conforme lo dispuesto en el art. 805. inc. a) del C.A.
En tales condiciones, entendió que correspondía rechazar el planteo de prescripción tributaria opuesto por la actora. Por último, señaló que por la forma en que se resolvía no correspondía considerar las demás cuestiones planteadas por la actora.
II. Que contra dicha resolución, con fecha 2/12/2019 interpuso recurso de apelación la actora, expresando agravios con fecha 26/12/2019, los que fueron contestados por la contraria el 2/03/2020.
Asimismo, con fecha 5/12/2019 interpuso recurso de apelación el Fisco Nacional, expresando agravios con fecha 16/12/2019, los que fueron contestados por la contraria el 26/02/2020.
III. Apelación de la demandada:
Sostiene la recurrente que a contrario de lo resuelto en esta oportunidad, el Excmo. Tribunal Fiscal de la Nación se ha expedido respecto de la nulidad planteada reiteradamente, en el entendimiento de que si el recurrente tuvo oportunidad suficiente de ofrecer y producir las pruebas de las que se habría visto privado en sede administrativa y formular las defensas relativas a su descargo, invalidar lo actuado carece de finalidad práctica y trascendencia, e importaría declarar la nulidad por la nulidad misma, solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal (Fallos 320:1611; 325:1649; 324:1564; 322:507, entre otros).
Cita jurisprudencia del Tribunal a quo, favorable a su postura.
Destaca que, en este caso la parte actora, no describe “como” se vería lesionado su derecho de defensa, atento que tampoco en esa instancia acreditó pruebas que permitieran deslindar su responsabilidad.
En segundo lugar, se refiere al contenido de la Instrucción Gral. 09/2017, en el cual se establece un archivo provisorio de la denuncia, formulando cargo por los tributos adeudados. En este sentido apunta que, no debería perderse de vista, la finalidad de la referida instrucción y el carácter de provisorio de la resolución apelada. La misma no reviste carácter de definitiva, siendo que, para el cuestionamiento del cargo formulado por tributos, existen procedimientos reglados en el Código Aduanero.
Ello así, y atento lo expuesto, entiende que, corresponde confirmar la resolución aduanera venida en apelación, con costas a la actora vencida.
IV. Apelación de la actora:
Sostiene la recurrente que, sintéticamente, la base de sus quejas, pueden resumirse de la siguiente manera:
Primer agravio: lo constituye la conclusión a que arriba el a quo en el párrafo 6° del considerando V cuando sostiene - para avalar, mediante implícita argumentación a contrario, el efecto suspensivo que luego le atribuye a la apertura sumarial para rechazar la prescripción tributaria- que “...puede presumirse que dicha resolución [DE PRLA 3122] resultó condenatoria para la importadora y por consiguiente a la aseguradora, si se tiene en cuenta que ordenó formular cargo por los tributos que se consideraron adeudados - implícitamente- considerando el incumplimiento al régimen de importación temporaria, según lo previsto en el art. 274 del C.A. ’’ y a párrafo seguido admite -explícitamente- que se trata de un archivo provisional, lo cual implica la posibilidad de desarchivo para proseguir el sumario ejerciendo la acción persecutoria por comisión de infracción sin no se transformó el archivo provisorio en definitivo por el transcurso de doce meses sin que mediaran sanciones que en su conjunto con la mínima estimada de haber seguido las actuaciones no superen el importe previsto en la Instrucción General 9/17.
Segundo agravio: lo constituye el rechazo del planteo de prescripción de los tributos aduaneros, en los términos del art. 803 y concordantes del Código Aduanero e interpretar los alcances de la suspensión prevista en el art. 805 inc. a) de modo tal que haría prácticamente imprescriptible la acción fiscal aduanera al considerar que permanece suspendido el curso de la prescripción aunque haya prescripto la acción punitiva. La interpretación que hace la sentencia de las normas involucradas admite que puedan transcurrir 20, 30 o 50 años y permanezca suspendido el curso de la prescripción tributaria porque al admitir que se operó la prescripción de la acción penal pero subsiste la acción fiscal esta gozaría por tiempo indefinido del efecto suspensivo que se le reconoce a la apertura sumarial.
Tercer agravio: lo constituye el rechazo de la prescripción de los Impuestos (I.V.A. y percepciones de I.V.A. Adicional y de Impuesto a las Ganancias) de acuerdo a lo prescripto en la Ley 11.683. Extiende los alcances del efecto suspensivo de la apertura del sumario a los impuestos, pese a no tener ese efecto en la ley 1 1.683 t.o. 1998 y modificatorias.
Cuarto agravio: Lo constituye el no tratamiento de los planteos respecto de las percepciones, pese haber rechazado la prescripción.
Sentado ello, destaca la improcedencia de la presunción de condena. Al respecto, manifiesta que no puede caber duda alguna que nuestro sistema legal -propio de un estado de derecho- no admite la presunción de responsabilidad penal, sea esta por delito o infracción, sin proceso previo donde pueda ejercerse el derecho de defensa. Además, la culpabilidad en nuestro sistema constitucional no puede presumirse porque rige en él la presunción de inocencia (arg. art. 1 8 de la CN, art. 3 del CPPF). No hay norma legal alguna que admita que pueda presumirse condena en la resolución que dispone el archivo de la actuación sumarial en los términos de la Instrucción General DGA n° 9/17. No cabe dudas de que la Instrucción General 9/17 trata de evitar el desgate y costo que demanda el procedimiento sumarial para aplicar una condena por infracción de ahí que no pueda presumirse condena.
Agrega que, tampoco es válido legalmente deducir, que se reclaman los tributos porque se presume el incumplimiento que configura la infracción. No es ajustado a derecho sostener que la exigencia tributaria deviene como consecuencia del incumplimiento (presunto) de las obligaciones descriptas en la figura infraccional que tipifica el art. 970 del C.A. El presupuesto de hecho de los tributos que gravan la importación nunca está conformado por los hechos que describe la figura del tipo penal, ya sea delito o infracción. Pone de relieve que, el hecho imponible tributario lo constituye la importación definitiva a consumo y ella solo se opera cuando ocurre una importación de mercadería al territorio general aduanero que va a permanecer en él por tiempo indeterminado (confrontar juego armónico de los arts. 9, 10, 233 y 635 del C.A.). La permanencia por tiempo indeterminado en el territorio aduanero general de la mercadería importada es el hecho que dispara la consecuencia tributaria. Esta independencia del presupuesto de hecho tributario respecto de la figura del tipo penal permite predicar que la regla es que la apertura sumarial solo suspende el curso de la prescripción, si y solo si la decisión sobre la existencia del ilícito habilitare el ejercicio de la acción para percibir (conf. art. 805, inc. a) del CA).
Pondera que, en la resol. DE PLRA n° 3122 la DGA ordenó el archivo de las actuaciones sumariales y ordenó formular cargo. Estas dos decisiones simultáneas permiten concluir que consideró que no era necesario expedirse sobre la existencia o no de infracción al art. 970 del CA para tener por probado (presuntivamente) el hecho imponible de la importación a consumo.
A su entender, al haber tomado la DGA esta decisión de reclamo le hace imposible legalmente predicar efecto suspensivo a la apertura sumarial porque el reclamo tributario no está condicionado a lo que se resuelva en el sumario para las infracciones (ya no va haber resolución en el). El presupuesto de hecho: permanencia de la mercadería por tiempo indefinido en el territorio aduanero general, se produce como consecuencia de otro hecho: vencimiento del plazo de permanencia en importación temporaria otorgado a dicha mercadería (art. 274 inc. a) del CA), sin que ella haya sido reexportada. Argumenta que, en síntesis, en el caso por reconocimiento de la propia DGA en el acto administrativo, no puede predicarse que era necesario la resolución del sumario para ejercer la exigencia tributaria y en consecuencia la apertura sumarial no goza de efecto suspensivo según lo dispone el inc. a) del art. 805 del CA. Insiste en que, en todo caso debe prosperar la prescripción, en los términos del art. 803 y concordantes del Código Aduanero. Ello así, atento que la instrucción de sumario no posee el efecto suspensivo que le atribuye la sentencia porque la DGA optó por emitir una resolución directa que le permitía exigir los tributos sin necesidad de resolver sobre la comisión de la infracción.
Apunta que, la sentencia reconoce que el plazo de vencimiento de la DIT operó el 24/4/2008 y en consecuencia la prescripción tributaria comenzó a correr el 1/1/2009, y no fue suspendida por la apertura sumarial del 5/11/2013, por lo cual operó la extinción de la acción tributaria el 1/1/2014. En consecuencia, cuando se dictó la resolución recurrida la DGA carecía de acción para reclamar los tributos aduaneros.
Indica que, la decisión de declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas por el transcurso de 5 años desde la apertura del sumario y el rechazo de la prescripción tributaria por el argumento que el auto de la apertura del sumario conlleva automáticamente a la suspensión del curso de la prescripción tributaria conlleva a una situación de interpretación de las normas que es legalmente insostenible en nuestro sistema jurídico porque implicaría prácticamente la imprescriptibilidad de la acción tributaria. Esgrime que, en la sentencia se ordena a la DGA cumplir con la corrida de vista del art. 1101 del CA cuando no hay acción penal persecutoria y se encuentra suspendido el curso de la fiscal. La DGA podría demorar un tiempo indefinido para cumplir con esa manda sin correr ningún riesgo el ejercicio de su acción. La única acción posible del administrado en el caso sería plantear un amparo por mora, pero es legal exigirle tal conducta de impulso de la acción fiscal que va en contra de sus intereses. Parecería que no es justo exigir tal conducta. En consecuencia, habría una indefinida incertidumbre sobre los derechos que desnaturalizan el instituto de la prescripción que prevé la norma. Receptar la interpretación normativa de la sentencia haría que la disposición del inc. a) del art. 805 del CA deviniera inconstitucional a además de inconvencional porque admitiría una duración indefinida del proceso. Considera que, tal indefinición sobre el derecho del Fisco y del administrado es insostenible para el sistema jurídico, desnaturaliza sus principios básicos. Mas podemos afirmar que con el criterio interpretativo que se desprende de la sentencia recurrida (prescripción de la acción penal y no prescripción de la acción fiscal) compaginada con cierta jurisprudencia sobre la no necesidad de notificación de la apertura sumarial para que opere el efecto suspensivo de la acción fiscal por dicha apertura, lleva en los hechos a que la DGA permanezca in eternum con una acción fiscal vigente.
Entiende que las condiciones que plantea el caso amerita una diferente interpretación de la normativa legal en juego teniendo como principio rector la armonización de las normas en juego. En consecuencia, sostiene que: (i) la apertura sumarial de por si no suspende el curso de la prescripción fiscal pues solo lo suspende si, y solo si, el ejercicio de la acción para percibir se encuentra subordinado a la resolución que debe dictarse sobre el ilícito investigado en el sumario; (ii) cuando a la apertura sumarial se le otorga efecto suspensivo de la acción fiscal porque es necesaria la decisión sobre la existencia del ilícito investigado para poder ejercer la acción fiscal, esta última se toma inejecutable al prescribir la acción para imponer penas pues la administración ya no puede expedirse sobre la infracción porque carece de acción y consecuentemente por carecer de tal resolución sobre el punto la administración nunca va a quedar habilitada para ejecutar el tributo; y (iii) por la obligación que imponen el conjunto normativo y la obligación que pesa sobre del juzgador de evitar que se transforme en letra muerta lo dicho por la norma y se desnaturalice su función como sucede con el plazo de prescripción de 5 años establecido en el art. 803 del CA, el que la DGA en los hechos del expediente prácticamente lo transforma en 10 años o por tiempo indefinido si se sigue la interpretación de la sentencia en crisis, generando indefensiones del administrados sin consecuencia alguna para el fisco, cabe concluir que el auto de apertura sumario debe notificarse a los afectados (imputado y garante) para que surta el efecto suspensivo de la acción fiscal prevista en el inc a) del art. 805 del CA.
En particular, destaca que en cualquier caso no pueden quedar dudas que se ha operado la prescripción del reclamo referido a la percepción del Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado, lo que fue expresamente planteado por su parte en el punto III.3.del escrito de apelación. El I.V.A., su percepción y el Impuesto a las Ganancias no tienen como destino una afectación especial, ingresan a Rentas Generales por lo cual no les es aplicable supletoriamente, si no estuviese regulado en la normativa propia, la normativa aduanera. Siendo la ley específica la que en principio establece y regula el impuesto, la que explícitamente dispone que dichos tributos se rigen por la Ley 11.683, no hay argumento legal para que la sentencia trate la prescripción de dichos impuestos bajo la órbita de los arts. 803 y siguientes del Código Aduanero.
Expone que, en este sentido, la claridad meridiana del art. 103 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y el art. 51 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado no admiten el apartamiento de las previsiones de la ley 11.683 por más que quien deba resolver la cuestión sea un funcionario que es parte de la Dirección General de Aduanas y el Impuesto al Valor Agregado, y las percepciones se exijan al haberse operado una importación a consumo. Sobre la base de la normativa que le es propia cabe señalar que en las actuaciones tampoco se da cuenta que haya existido una acción, acto o hecho jurídico de la demandada que interrumpiese o suspendiese el curso de la prescripción impositiva reglada en la Ley 11.683 t.o. 1998 y modif. (arts. 57, 65 y 67). Por esta normativa el acto administrativo que dispone la instrucción del sumario no suspende su curso como argumenta la sentencia para desestimar la prescripción. Por lo tanto, prescribió la acción para reclamar el I.V.A., su percepción y el anticipo percepción del Impuesto a las Ganancias. Afirma que, el I.V.A., I.V.A. adicional e Impuesto a las Ganancias no constituyen obligaciones tributarias aduaneras ni se rigen por su legislación, siendo de aplicación en materia de prescripción las normas correspondientes a la Ley 11.683. En consecuencia, destacamos que en cualquier caso no pueden quedar dudas que se ha operado la prescripción del reclamo referido a dichos rubros impositivos.
En consecuencia, en los términos del art. 56 y siguientes de la ley 11.683, corresponde declarar la prescripción del reclamo de los impuestos porque, entre la fecha de vencimiento del DIT (24/04/2008) -en consecuencia el plazo de prescripción comenzó a correr a la 0 hs del 1/01/2009 (art. 57 de la ley 11.683 t.o. 1998) pues el ingreso del gravamen debió efectuarse al momento de ocurrir la importación a consumo- y el vencimiento del plazo de 5 años previsto en el art. 56 inc. a) de la mencionada norma (se cumplió a las 0 hs del 1/01/2014, no consta en las actuaciones administrativas que hubiese ocurrido ninguno de los hechos que en los términos de los arts. 65 y 67 de la citada ley, se le atribuyen efectos suspensivos o interruptivos, respectivamente.
A todo evento, señala que, de conformidad con las normas citadas, la instrucción del sumario no tiene ningún efecto suspensivo o interruptivo del curso de la prescripción, así como tampoco lo tiene la corrida de vista prevista en el art. 1101 del C.A., que de todos modos en el caso nunca se notificó.
Plantea, con carácter complementario que no se advierte fundamento para no haber tratado la improcedencia formulada respecto de las percepciones. Señala que la interpretación propuesta por su parte admite y reconoce que la DGA podría exigir las percepciones siempre que realice el reclamo dentro del periodo en que deba realizarse la DDJJ, en el IVA dentro del mes y para el Impuesto a las Ganancias dentro del ano fiscal en que ocurrió la importación a consumo. Es decir, que la igualdad en el tratamiento fiscal se encuentra sujeta a la agilidad del actuar del ente recaudador y no de los alcances dados a la normativa.
Menciona que no son idénticas las condiciones fácticas (desde el punto de vista de la manifestación de riqueza gravable) que se presumen a los efectos tributarios cuando ocurre una importación regular o cuando acontece de modo irregular por imperio legal (art. 274 del Código Aduanero). En el primer caso existe una manifestación de riqueza dada por la importación a consumo del bien (capacidad de pago del bien, manifestación de capacidad de inversión para su transformación, futura venta, etc.), en el otro caso dicha importación a consumo no manifiesta riqueza alguna sino que da cuenta de la existencia de una operación fracasada -sea cual fuere su causa- no se reexportó la mercadería con la transformación prevista. Afirma que, las mencionadas percepciones constituyen, desde la óptica normativa citada, un anticipo del impuesto que se generará, (ese hecho para la normativa lo considera de inminente ocurrencia por eso solo lo exige para bienes de cambio o para consumo personal y no la reclama en bienes de uso que no generan en principio un incremental de valor ni ganancia inmediata) en el caso del IVA cuando las mercaderías sean objeto de comercialización en el mercado interno y en el caso del IG, cuando en cabeza del contribuyente se genere, al cierre del periodo anual del gravamen, una renta que resulte alcanzada por dicho gravamen en consecuencia las resoluciones referidas establecen que dicho pago a cuenta se podrá tomar como impuesto ingresado para el período fiscal en que se generó la obligación. Esta argumentación e interpretación de la normativa federal en cuestión no fue rebatida, con sustento legal, por la sentencia y actualmente se encuentra expresamente validado dicho criterio de no exigencia de la percepción por la Excma. CSJN en autos “Cladd ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ EN- DGA Resol. 2590/06 (expte. 604.155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, expte. CAF 22930/2009).
Subsidiariamente, en relación al cuestionamiento de la alícuota de la percepción del impuesto a las Ganancias que se desestima con el argumento que no se presentó la declaración de destino que le correspondía al bien por lo cual le cabe la alícuota máxima del 11%, corresponde formular las siguientes criticas legales que descalifican tal fundamentación: (i) la primera se produce porque la exigencia de tal declaración en una importación que se opera ipso iure (arg. art. 274 inc. a) del CA) es una exigencia de cumplimiento imposible; en este caso no hay declaración aduanera de importación a consumo por lo cual tal declaración nunca puede existir y sobre un hecho de imposible realización no hay obligación que se sustente como legal; (ii) la calidad de bien de cambio o de uso que reviste la mercadería ingresada en importación temporaria siempre resulta declarado en la D.I.T. por dos motivos se declara el régimen por el que se importa y este establece necesariamente la función que a los efectos de la ley del Impuesto a las Ganancias reviste el bien, cuando hay una destinación de transformación como es la del presente caso necesariamente (desde la óptica legal del régimen) se está frente a un bien de cambio para el importador porque vio va a utilizar como materia prima a transformar que luego la va a reexportar transformada (la norma aduanera lo obliga) y en consecuencia no puede tener otro carácter y (iii) los bienes de cambio en esa época tenían fijada una percepción del 3% y no del 11% que se le exigía para los bienes de uso particular y/o para las situaciones en que el agente de percepción no podía conocer la calidad que revestían ante el impuesto del importador: ninguna de estas condiciones se dan en el caso pues, por un lado, no es un bien de uso particular porque no existe tal categoría de bien para una sociedad de carácter comercial como resulta ser la importadora y, por el otro, la aduana sabía perfectamente que se trataba de un bien de cambio porque en caso contrario debió rechazar la importación temporaria porque no podía ser introducida la mercadería bajo el régimen declarado de transformación.
V. Que en primer lugar corresponde tratar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional, el que desde ya, se adelante, no podrá prosperar.
En efecto, el art. 265 del C.P.C.C.N. establece, en lo pertinente, que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
Sobre este punto, se ha dicho que la expresión de agravios es un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal y su forma le impone claridad expositiva, para facilitar su estudio (conf., Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, T.1, Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 834/836).
Al efecto, corresponde recordar que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
VI. Que en el sub examine, mientras el núcleo de la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la nulidad de lo actuado en el sumario a continuación del auto de apertura del sumario, comprendiendo todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia, incluyendo la resolución DE PRLA N° 3122/2018, se sustentó en la falta de notificación de la corrida de vista tanto a la importadora como a la aseguradora, quienes no tuvieron oportunidad alguna de participar en el expediente administrativo, a fin de esgrimir las defensas de que pudieren valerse, cercenándose por completo sus derecho de defensa; la recurrente se limita a manifestar su disconformidad con lo resuelto apelando a argumentos meramente dogmáticos sin demostrar su aplicación al caso en estudio (nulidad por la nulidad misma) y sin controvertir el fundamento central del organismo jurisdiccional administrativo sustentado en principios de jerarquía constitucional, como el derecho de defensa, de debido proceso y los más elementales principios de derecho procesal.
En consecuencia, corresponde rechazar el recurso intentado en cuanto es materia de agravio.
VII. Que sentado ello y respecto del recurso de apelación incoado por la actora, a título preliminar, debe recordarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros).
VIII. Que, con relación al primer agravio de la actora, vinculado a la conclusión (supuestamente incongruente) a la que arriba el a quo en el párrafo 6° considerando V de su sentencia donde, por un lado, refiere a que “…puede presumirse que dicha resolución (DE PRLA 3122) resultó condenatoria para la importadora y por consiguiente para la aseguradora, si se tiene en cuenta que ordenó formular cargo por los tributos que se consideraron adeudados - implícitamente- (…)” y por el otro, admite explícitamente, que se trata de un archivo provisional, lo cual implica la posibilidad de desarchivo para proseguir el sumario ejerciendo la acción persecutoria por comisión de la infracción; cabe precisar que, el pronunciamiento apelado, expresamente declaró la nulidad de la resolución aduanera n° 3122/2018, es decir que aquélla fue declarada inválida y quedó sin efecto, lo que implica que al día de la fecha no hay exigencia tributaria alguna que pueda reclamarse a la aseguradora, habiéndose retrotraído el sumario administrativo al momento de la corrida de vista, prevista en el art. 1101 del C.A.
En tales condiciones, no se advierte que la conclusión a la que alude la recurrente le genere, actualmente, agravio alguno a su parte, por lo que corresponde rechazar la defensa intentada.
IX. Que, con relación al rechazo del planteo de prescripción de los tributos aduaneros, en los términos del art. 803 y concordantes del C.A., corresponde señalar que, la acción del Fisco Nacional tanto para reclamar el pago de tributos como para imponer penas prescribe por el transcurso de cinco años (conf. artículos 803 del Código Aduanero).
Dicho término comienza a correr, a partir del primero de enero del año siguiente a la fecha en que se hubiera producido el hecho gravado (conf. artículo 804 del Código Aduanero) y, se suspende su cómputo con la apertura del sumario en la causa que se investigara la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayera decisión que habilitara el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviera subordinado a aquella decisión (conf. artículo 805, inciso a), del Código Aduanero). Para que el auto de apertura del sumario tenga aptitud para suspender y/o interrumpir el cómputo de la prescripción, debe tratarse de un acto válido, es decir ha de reunir los requisitos formales y materiales que determina al efecto la normativa vigente.
En este sentido, el artículo 1094 del Código Aduanero identifica los enunciados obligatorios con que debe contar dicha resolución, disponiendo que la Administración determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y, asimismo, dispondrá:
a) las medidas cautelares que correspondieran en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario;
b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado, así como su clasificación arancelaria y su valoración;
c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieran tener conocimiento de lo acontecido, cuando lo considerare necesario;
d) la liquidación de los tributos que pudieran corresponder; y e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.
De ello se sigue que para considerar al auto de apertura de sumario como un acto válido resulta necesario que se haya dado cumplimiento a los recaudos que se acaban de referir; incluyendo una clara identificación de los hechos constitutivos de la infracción para luego correr vista de lo actuado y posibilitar al intimado al pago ejercer correctamente su derecho de defensa. La falta de alguno de los elementos referidos deriva indefectiblemente en la nulidad del acto (conf. esta Sala, en autos 40.306/2013 “Agencia Marítima TAGSA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 18/3/2014). Así las cosas, se advierte que el auto de apertura del sumario obrante a fs. 9 de las actuaciones administrativas, cumplió con los extremos legales exigidos por el artículo 1094 del Código Aduanero, para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye al acto de inicio de la facultad investigativa. En efecto, en dicho acto se hace expresa referencia a la mercadería amparada por el DIT n° 07001IT16000455F, con vencimiento el 24/04/2008, indicándose el monto de la multa y del cargo por tributos.
X. Que, a la luz de la descripción de la normativa aplicable al caso, corresponde tener presente lo siguiente: el vencimiento del DIT operó el 24/04/2008. Asimismo, conforme lo dispuesto en los arts. 803 y siguientes, el curso de la prescripción tributaria comenzó a correr el 1/1/2009. La instrucción del sumario – 5/11/2013– suspendió el curso de la prescripción para exigir los tributos aduaneros. A su vez, al encontrarse recurrida la sentencia del Tribunal Fiscal y por no existir aún un “pronunciamiento que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo” (cfme. art. 805 del CA) el plazo de la prescripción de la acción tributaria se encuentra todavía suspendido.
XI. Que respecto de lo alegado en punto a que el auto de apertura resulta eficaz recién a partir de su notificación, cuadra señalar que el legislador previó específicamente como causales de suspensión y/o de interrupción del plazo de prescripción de las acciones del Fisco Nacional el simple dictado del acto de apertura del sumario y de la resolución que le pone fin (conf. Sala IV del Fuero, en autos 39.480/2015 “Lito Diesel SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 10/11/2015 y 87.451/2017 “Chubb Argentina de Seguros SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 6/11/2018; entre otros). Por tanto, conforme lo normado por el Código Aduanero, tanto el auto de apertura del sumario como la resolución condenatoria del Fisco Nacional, tienen la virtualidad de interrumpir y/o suspender el curso de la prescripción, según el caso, independientemente, en principio, de que lleguen a conocimiento del afectado.
Al punto, cuadra reflexionar que la referencia al “dictado” del acto no puede considerarse superflua, pues si la intención del legislador hubiera sido que dichas causales operasen a partir de la notificación del acto, hubiese hecho una referencia precisa en tal sentido, como la que efectuara en el artículo 806, literal a), del Código Aduanero. Al punto, recuérdese que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (conf. CSJN, Fallos, 323:620; 339:1514; entre otros); por manera que cabe asignar pleno efecto a la voluntad del legislador, cuya fuente inicial es la letra de la ley y, en tanto su inconsecuencia no se presume, la interpretación debe evitar asignar a la ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el criterio que las concilie y suponga la integral armonización de sus preceptos (conf.
CSJN, Fallos, 313:1149; 327:769; 339:323; entre otros). Esta solución es la que mejor se ajusta a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Wonderland SRL c/Aduana Rosario", del 12/05/2009, registrado en Fallos: 332:1109, en el cual explicitó -si bien con referencia al artículo 937, literal a), del Código Aduanero-, que dicho precepto estipula que el curso de la prescripción se interrumpe por el dictado del acto, sin determinar que dicho acto para tener virtualidad interruptiva requiera que se haya puesto en conocimiento del sumariado.
Por el contrario, surge claramente de la letra de la norma que la interrupción se produce por la sola circunstancia del "dictado" del acto respectivo (ver esp. su Considerando 5°) (ver esta Sala, in re, expte. 3406/2022 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 39.835-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 20/09/2022, entre otros).
En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos de la actora relativos a la falta de efecto suspensivo del acto de instrucción de sumario de fecha 5/11/2013 y sus consideraciones sobre la interpretación del art. 805 del C.A., debiendo estarse a lo allí dispuesto y, confirmar, en todos sus términos, la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación.
XII. Que, habiéndose declarado la nulidad de la resolución aduanera n° 3122/2018, no existiendo a la fecha cargo tributario alguno contra la aseguradora, resulta insustancial tratar los agravios vinculados a la procedencia, alícuota de las percepciones y prescripción del IVA, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, por tratarse de quejas meramente abstractas.
XIII. Que, en atención a las particulares circunstancias del caso, corresponde distribuir las costas de esta instancia en el orden causado (art. 68, 2° párrafo del C.P.C.C.N.). En consecuencia, el Tribunal
rechazar los recursos de apelación interpuestos por el Fisco Nacional y la actora y confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal de fecha 30/09/2019, en todos sus términos, con costas por su orden (art. 68, 2° párrafo del C.P.C.C.N.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese a la instancia de origen.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia