Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 51772979-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la apelación deducida por el Fisco Nacional y revocar el pronunciamiento del 26/09/2024 dictado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto declaró la nulidad de la resolución DE PRLA n° 569/2019, correspondiendo el reenvío de estos actuados a la instancia anterior a efectos que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un pronunciamiento respecto de las restantes cuestiones propuestas por la aseguradora, pendientes de tratamiento y
2Imponer las costas de Alta en sistema: 25/03/2026 ambas instancia a la actora vencida (arts. 68, primera parte y 279 C.P.C.C.N.).
29.953/2025 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 51772979-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”
Buenos Aires, 19 de marzo de 2026.
VISTOS y CONSIDERANDO:
I. Que a fin de clarificar la cuestión suscitada, cuadra referir que las actuaciones administrativas 12197-3350-2013, se iniciaron a raíz del acta denuncia 1959/2013, por medio de la cual personal de la Aduana, de acuerdo al control de oficio efectuado, denunció a Cadbury Stani Adams Argentina SA, por presunta infracción al régimen de importación temporario al que se habría acogido la mercadería involucrada en el DIT “08001IT14007415H”, resultando ello pasible de configurar la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero (fs. 3).
En este contexto, por nota 2969/2013 (SE PRTE), la Sección Procedimientos Técnicos dispuso el giro de las actuaciones a la División Verificación Sección Ramo B al fin que indicara el valor en aduana de la mercadería involucrada, la clasificación arancelaria, derechos y demás tributos que gravaren la importación; mandas que fueron materializadas el 3/06/2013 (fs.4/5).
A fs. 6 obra agregada la liquidación de tributos realizada por el sector Sección Liquidaciones.
A continuación, por resolución del 26/09/2014, se dispuso la apertura de sumario contra Cadbury Stani Adams Argentina SA, por presunta infracción al artículo 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado la situación de la mercadería amparada por el DIT “08001IT14007415H”, cuyo vencimiento habría operado el 21/09/2009 (fs. 7).
Asimismo, remitió al Sector Contable a efectos que practicara la respectiva liquidación; lo que fue cumplido a fs. 8, sin indicarse fecha.
Alta en sistema: 25/03/2026 En este contexto, fue dictada la resolución DE PRLA 569/2019 (fs.11), por medio de la cual el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros:
-dispuso el archivo de la actuación sumarial, en los términos de la instrucción general DGA 9/2017 (artículo 1°); y -formuló cargo contra Cadbury Stani Adams Argentina SA por los tributos adeudados que ascendían a un total de U$$ 5601,09 por derechos de importación, estadística e IVA y $ 21.004,95 en concepto de IVA adicional y percepciones a cuenta del Impuesto a las Ganancias, e intimó a su pago a la importadora y a su garante, Aseguradora de Créditos y Garantías SA, bajo apercibimiento de ejecución (conf. su artículo 2°).
Para así decidir, la autoridad aduanera, destacó que de la planilla determinativa glosada en autos surgía que podría corresponder una multa cuyo monto resultaría de $29.857,79, suma que se encontraba dentro de los estándares entre los que, conforme la instrucción general DGA 9/2017, se encontraba facultado el funcionario decisor a disponer el archivo de las actuaciones (hasta $30.000 en concepto de multa, con más el hecho que el presunto infractor no registrara antecedentes de casos archivados por el tipo infraccional que, en su conjunto, superaran el monto aludido).
-Dicha resolución fue notificada a la importadora el 9/03/2023 y a la aseguradora el 18/04/2023, en los siguientes términos: “se hace saber que la presente resolución definitiva, dictada en un procedimiento para las infracciones puede ser objeto de apelación el Tribunal Fiscal de la Nación o ante la Cámara Contenciosos Administrativa (…)” (fs. 14).
II. Que disconforme con lo resuelto, Aseguradora de Créditos y Garantías solicitó su revisión por parte del Tribunal Fiscal de la Nación.
Al fin de invalidar lo actuado administrativamente, la aseguradora, en sustancial síntesis, planteó:
-la nulidad del auto de apertura de sumario, por no cumplir con los estándares previstos al efecto en el artículo 1094 del Código Aduanero;
Alta en sistema: 25/03/2026 -la indebida prolongación del procedimiento sumarial seguido en su contra, cercenando así su derecho de defensa.
Al respecto, ponderó que el procedimiento cuestionado había excedido todo parámetro de razonabilidad de duración de un proceso aduaneros y generado un irremediable perjuicio a su derecho de defensa, toda vez que debía esgrimir en esa instancia (la primera para hacerlo) defensas absolutamente imposibles de acreditar. Al punto, hizo alusión al hecho de haber vencido el período de custodia de la documentación aduanera en función de la cual correspondía que se defendiera (once años desde la realización o en su caso vencimiento de la operación); todo lo cual la colocaba en un claro estado de indefensión. -plantea excepción de nulidad y prescripción de los derechos y tributos reclamados como de previo y especial pronunciamiento ello atento a que, al tiempo en que fue notificada de la resolución aduanera, había fenecido el plazo quinquenal rector en la materia (conf. artículo 805, literal a), del Código Aduanero). Se opuso a tener por suspendido o interrumpido el curso de la prescripción con el dictado del auto de apertura de sumario, por no haber sido realizados con inmediatez los actos procedimentales posteriores; sumado a la omisión de notificarlo de lo así decidido.
Asimismo, siempre en este aspecto, alegó que al devenir irrelevante la necesidad de la sustanciación del procedimiento sumarial, la apertura del sumario dispuesta en las actuaciones carecía del efecto suspensivo previsto en el artículo 805, literal a), del Código Aduanero.
-subsidiariamente, la prescripción del reclamo del pago de percepciones a cuenta del Impuesto a las Ganancias e IVA;
-nuevamente a título subsidiario, la inadecuada liquidación tributaria practicada por el servicio aduanero por incluir el derecho adicional, IVA adicional y la percepción a cuentas del Impuesto a las Ganancias fuera del período fiscal en el que se habría verificado el hecho imponible, la competencia de la AFIP - DGA para expedirse sobre tal concepto; sumado a que su responsabilidad se encontraba acotada a los conceptos y montos garantizados mediante la póliza emitida a favor de la importadora, mal pudiendo responder por derechos adicionales que Alta en sistema: 25/03/2026 pudieran corresponder, ni por las multas que pudieran aplicar a su asegurada; y -a todo evento, el incorrecto porcentual aplicado para liquidar la percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias; así como la reducción de la tasa de interés a aplicar sobre dichos ítems.
III. Que mediante el pronunciamiento de fecha 26/09/2024, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, declaró la nulidad del art. 3 de la resolución DE PRLA 569 (SIGEA 12197- 3350-2013), en cuanto intimó al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana (ver fs. 196/200 del DEO).
Para así decidir, sostuvo que, en primer lugar, correspondía pronunciarse sobre los planteos referidos a la ineficacia del acto administrativo, a fin de constatar la validez de la actuación de la Aduana.
Ponderó que, del examen de las actuaciones administrativas surgía que labrada el acta denuncia 1959/2013 de fecha 16/05/13 (v. fs. 3 act. adm.) y realizados diferentes pases, con fecha 26/09/14 se dispuso la instrucción del sumario (v. fs. 7 act. adm.). No había constancias de que se haya corrido vista, ni que se haya notificado de ello, ni de ningún otro acto que se haya generado en los actuados, a la recurrente. Tampoco obraban constancias de que se hayan efectuado las diligencias necesarias a los fines de verificar la existencia de comisión de la infracción que prima facie habría sido verificada.
Precisó que, el Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgaran conforme el procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV, por cual cuando la Aduana tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes le acuerden (Conf. Arts. 1080 y 1081 del CA). El artículo 1101 del CA dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la Alta en sistema: 25/03/2026 prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
En tales condiciones, consideró que, surgía evidente de las actuaciones administrativas que el servicio aduanero omitió correr vista de lo actuado a los presuntos responsables de la infracción prima facie verificada, limitándose a dictar la resolución que aquí se apela, disponiendo el archivo del sumario de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General (DGA) 9/17 y la formulación de cargo a la recurrente en concepto de derechos de exportación.
Advirtió que, conforme surgía de los antecedentes, la resolución apelada de fecha 07/02/19, fue notificada cuatro (4) años después de su dictado (18/04/23). De lo relatado surgía manifiesto que la recurrente había sido privada de ejercer su derecho a un debido proceso adjetivo, corolario del derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución.
Indicó que, la recurrente recién tomó conocimiento del sumario en trato al notificarse de la resolución apelada, por la cual se generó un cargo.
Por lo expuesto, debía señalarse que el servicio aduanero se apartó del trámite reglado por el CA para los procedimientos infracciónales, situación que no podía ser subsanada ante esa instancia. Le asistía razón al recurrente al sostener que la resolución administrativa vulneraba groseramente la garantía del derecho de defensa, como así también el principio de tutela judicial efectiva que ampara al imputado, afectando sus derechos subjetivos e intereses legítimos al privarlo de una defensa oportuna.
Alegó que, resultaba claro que no se dio intervención al presunto imputado y responsable del incumplimiento que se endilgaba, por el que se exigía además el pago de tributos. Tampoco fue dictada la resolución en los términos de lo establecido en el artículo 1112 del CA. Ello es así dado que el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, si hubiese seguido el procedimiento reglado en tiempo hábil, debería haber condenado o absuelto al imputado (conf. el inc. a) del art. 1112 del CA) y no ordenar el archivo, sin más trámite, de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General N° 9/17 (DGA).
Alta en sistema: 25/03/2026 En consecuencia, consideró que, correspondía declarar la nulidad del art. 3 de la resolución DE PRLA 569 apelada, haciendo lugar al planteo formulado por la firma Aseguradora de Créditos y Garantías SA, en su carácter de garante, con costas a la Aduana. Finalmente, apuntó que, por la forma en que se resolvía el planteo de nulidad, devenía inoficioso expedirse acerca de la prescripción de las acciones de la Aduana para exigir tributos.
IV. Que disconforme con lo resuelto, la AFIP - DGA interpuso recurso de apelación y expresó agravios el 14/02/20245 los que no fueron replicados por la contraria (fs. 214/219 del DEO)
En ajustada síntesis, la recurrente, manifiesta que, en autos no se discute una infracción sino un cargo y que el cargo tiene su génesis en la importación definitiva a consumo de la mercadería objeto del DIT (Despacho de Importación Temporaria), no en la infracción propiamente dicho (no hay accesoriedad de ningún tipo).
Aduce que, de las constancias acompañadas surge que la Aduana “ordenó la corrida de la vista” pero “nunca notificó dicha corrida de vista para que el administrado pueda defenderse de la imputación (el reproche de naturaleza penal)”, circunstancia que habría motivado la nulidad resuelta.
Al respecto, destaca que, el tribunal a quo no repara en que sí nada se imputa ¿qué corrida de vista podría corresponder? En el procedimiento aduanero (art. 1101 del CA), los cargos se notifican y se corre vista de lo actuado a los presuntos responsables (presuntos responsables de una infracción). En consecuencia, si no hay una imputación penal concreta (por infracción) va de suyo que no se corre vista, solamente se formula un cargo y contra el cargo el ordenamiento prevé dos alternativas (1°) la impugnación del art. 1053 del CA o (2°) el pago extintivo de la obligación y, eventualmente, y de encuadrar en determinados supuestos puntuales, la posibilidad de repetir lo pagado en demasía, obviamente de conformidad al procedimiento del art. 1069 del CA.
Postula que, ninguna corrida de vista corresponde efectuar en el caso sub examine debido a que el acto administrativo debe tener siempre una finalidad (art. 7 inc. f) de la ley 19.549). Y sí no hay pretensión punitiva, no tiene finalidad notificar una corrida de vista, toda Alta en sistema: 25/03/2026 vez que no hay nada de lo que deba defenderse (entonces no se le notifica el inicio de un procedimiento para las infracciones, sino su archivo y la formulación de un cargo por tributos).
Apunta que, la administración al no notificar la corrida de vista y disponer el archivo más la formulación de un cargo, lo que hace es, voluntariamente, optar por quitarle eficacia al acto administrativo (de la apertura y corrida de vista) con el convencimiento (implícito) que solo una vez que se notifica al interesado el acto administrado adquiere eficacia (art. 11 de la ley 19.549).
Esgrime que, la administración al no notificar la corrida de vista y disponer el archivo más la formulación de un cargo, lo que hace es, voluntariamente, optar por quitarle eficacia al acto administrativo (de la apertura y corrida de vista) con el convencimiento (implícito) que solo una vez que se notifica al interesado el acto administrado adquiere eficacia (art. 11 de la ley 19.549). Así las cosas, debe considerarse que el procedimiento para las infracciones es inexistente para el administrado, en la medida que la Administración nunca tuvo la voluntad de inmiscuirlo en él y ha resuelto, en lo que a él le atañe, únicamente respecto de un cargo (determinación por tributos por haberse considerado nacionalizada la mercadería únicamente).
V. Que evaluado lo actuado administrativamente, oportunamente reseñado en el Considerando I de la presente, a entender del Tribunal, conforme lo que a continuación se explicará, no se advierte irregularidad de tenor suficiente que justifique una decisión como la adoptada por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación.
Es que, tal como destacara el Fisco Nacional en su apelación, si bien la actuación administrativa AFIP “12197-3350-2013”, fue iniciada a efectos de investigar la posible comisión de la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero por parte de Cadbury Stani Adams Argentina SA, por resolución DE PRLA 569/2019, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros decidió limitar la pretensión fiscal en lo que respecta al DIT “08001IT14007415H” al reclamo tributario, disponiendo el archivo de la faceta infraccional. Estas circunstancias explican la razón por la cual no habría sido corrida la vista pertinente, según lo dispuesto en el artículo Alta en sistema: 25/03/2026 1101 del Código Aduanero, a los fines que la importadora y la aseguradora ejercieran su derecho de defensa.
Es decir, por aplicación de la instrucción general DGA 9/2017, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros dispuso el archivo de la investigación de la conducta infraccional (en la que si bien se había ordenado la apertura de sumario, aún no se había ordenado citar a la importadora y su aseguradora), y, con asiento en el control de oficio llevado a cabo por el servicio aduanero la documentación colectada hasta ese entonces, los informes de la Sección Liquidaciones respecto del valor en aduana de la mercadería involucrada, su tributación al tiempo de los hechos investigados y la posibilidad de resultar de importación prohibida, sumado a la liquidación tributaria del caso; entre otros documentos), consideró incumplido el régimen de excepción, teniendo a los bienes como importados para consumo, e intimó al pago de los tributos adeudados.
Así las cosas, habiendo la garante de la operatoria fiscalizada presentado su apelación por ante el Tribunal Fiscal de Nación, no se advierte irregularidad alguna en lo actuado que justifique la declaración de nulidad de la resolución aduanera DE PRLA n° 569/2019. En este entendimiento, cuadra hacer hincapié en el inapropiado enfoque con el cual fue examinado lo actuado. En la especie, según se explicara anteriormente, el Fisco Nacional, por aplicación de la instrucción general DGA 9/2017, dejó de lado el ejercicio de la potestad punitiva, limitando su pretensión al reclamo de tributos.
Este suceso, quita entidad al razonamiento expuesto en el pronunciamiento recurrido en orden al apartamiento de lo normado en el título II, capítulo III, del Código Aduanero, que regula el procedimiento para infracciones, mas no lo relativo al reclamo tributario, como el seguido por la resolución aduanera impugnada.
En definitiva, producto del archivo de la actuación a los fines de ejercer la potestad sancionatoria, la resolución aduanera impugnada, por la que se tuvo por incumplido el régimen de importación temporaria al que fuera acogida la mercadería en trato y se reclamó el pago de los tributos debidos por su importación para consumo, no luce nula en los términos planteados por la aseguradora y admitidos por el Tribunal Fiscal de la Nación; debiendo entenderse a lo actuado como la Alta en sistema: 25/03/2026 puesta en práctica de las potestades de la AFIP - DGA a los fines de perseguir el cobro de los impuestos debidos por la nacionalización de los bienes ingresados al territorio aduanero bajo un régimen de excepción cuya condición, a los fines de evitar su pago (su reexportación antes del vencimiento del término acordado al efecto) no se encontraría acreditada en la base de datos de la autoridad aduanera, determinando ello la intimación para regularizar la situación, bajo apercibimiento de iniciar ejecución fiscal (conf. artículo 1122 del Código Aduanero).
VI. Que en igual sentido se ha pronunciado esta Sala, en autos 8079/2024 “Aseguradora de Caución SA Cía de Seguros - TF 120201516-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, de fecha 27/8/2024 y en autos 5146/2023 “Aseguradora de Caución SA Cía de Seguros - TF 40.113-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 9/6/2023).
VII. Que lo expuesto basta para concluir que el procedimiento seguido por ante el servicio aduanero no resultaría nulo en los términos resultantes del pronunciamiento apelado; debiendo -por tanto- revocarse la decisión recurrida en este sentido, y ordenar el reenvío del expediente al Tribunal Fiscal de la Nación a efectos que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un pronunciamiento respecto de las restantes cuestiones propuestas por la aseguradora, pendientes de tratamiento.
VIII. Que de conformidad con lo decidido, corresponde imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida, de conformidad con el principio objetivo de la derrota del que no existen motivos que justifiquen apartarse (conf. artículos 68, primera parte y 279 del C.P.C.C.N.).
En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: 1°) admitir la apelación deducida por el Fisco Nacional y revocar el pronunciamiento del 26/09/2024 dictado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto declaró la nulidad de la resolución DE PRLA n° 569/2019, correspondiendo el reenvío de estos actuados a la instancia anterior a efectos que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un pronunciamiento respecto de las restantes cuestiones propuestas por la aseguradora, pendientes de tratamiento y 2°) imponer las costas de Alta en sistema: 25/03/2026 ambas instancia a la actora vencida (arts. 68, primera parte y 279 C.P.C.C.N.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese a la instancia de origen.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Alta en sistema: 25/03/2026
Fin de la sentencia