Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 89306694-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir las críticas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA), y revocar el pronunciamiento apelado;
2Admitir el planteo formulado por la firma actora y declarar que los cargos tributarios son inexigibles; y 3. Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa n° 16.669/2025 "Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 89306694 -A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo"
En Buenos Aires, a los 23 días del mes de octubre del año 2025, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos "Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 89306694-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo", El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. El Tribunal Fiscal de la Nación resolvió admitir la defensa de prescripción formulada por la firma actora, como de previo y especial pronunciamiento, y declaró prescripta la acción del Fisco Nacional para perseguir el cobro de los tributos vinculados al sumario tramitado mediante la Actuación n° 12210-4024-2008, instruido por la presunta infracción del artículo 970 del Código Aduanero, en relación con la mercadería ingresada mediante el despacho de importación temporaria n° 04 073 IT14 002816 M. Impuso las costas a cargo de la demandada.
Para así decidir (páginas 287/92), sostuvo los siguientes argumentos:
i. "[N]o existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 22/09/2005 [...] y, por ende, el cómputo del plazo quinquenal de la prescripción de la que se trata ha comenzado a correr el 01/01/2006 y que el mismo vencía el 31/12/2010".
ii. "[D]e la compulsa del auto de apertura del sumario se advierte que cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye. En efecto, del cotejo de las actuaciones administrativas surge que se determinó en forma previa -al auto de apertura- la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería, y se formuló la liquidación de los tributos".
iii. "[N]o obstante ello, [...] la instrucción del sumario se dictó en fecha 16/12/2010 [...], hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 11 meses y 12 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que de dicho plazorestaban cumplirse 19 días, los que debían computarse una vez que cese la aludida suspensión".
iv. "[A]tento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 16/12/2010) '... hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión:...' [...] si bien el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la resolución dictada, cabe recordar que el art. 1017 del C.A. establece que '1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero'".
v. "[E]n ese sentido, respecto de las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Decreto N° 894/2017) expresa que '(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas'".
vi. "[S]i bien desde la fecha en la que se dispuso la apertura del sumario (16/12/2010) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 14/12/2015- el plazo de prescripción se encontraba suspendido en los términos del mencionado artículo 805, inciso a) del C.A., no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó a la apelante el día 17/09/2019 [...], cuando el curso de la prescripción había operado. En efecto, el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución -en los términos del artículo 40 del Reglamento de la Ley N° 19.549- después de su dictado".
II. Disconforme, la parte demandada apeló y expresó agravios que fueron contestados por la firma actora (páginas 295/307 y 327/9).
III. La críticas de la parte demandada pueden sintetizarse de la siguiente forma:
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i. Por aplicación del artículo 803 del Código Aduanero "resulta que el plazo de prescripción de las acciones del servicio aduanero para percibir tributos comenzó a correr a partir del 01/01/2006. Con el dictado del auto de instrucción del sumario administrativo, el día 16/12/2010, y siendo este plenamente eficaz (por cumplir con todos los requisitos del art 1094 CA, conforme lo dispone el mismo pronunciamiento) y encontrándose dentro del plazo quinquenal -conforme lo dispuesto por el artículo 805, inciso a) del C.A.- sin lugar a dudas quedo suspendido el curso de la prescripción 'hasta que RECAYERE DECISIÓN QUE HABILITARE EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PARA PERCIBIR EL TRIBUTO cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a dicha decisión'".
ii. "[E]l TFN entiende que el plazo se reanuda a la fecha misma de dictado de la Resolución Aduanera (es decir, el día 14/12/2015), sin embargo, [...] considerar que el plazo suspendido se reanuda con el sólo dictado de la Resolución es un error [...] el artículo 805 inciso a) del C.A. [...] refiere [...] a una 'decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo (...)'. Así, a los fines de analizar lo establecido en la norma en trato, cabe preguntarse entonces cuándo es que estamos ante esta circunstancia".
iii. "Para que mi mandante tenga habilitada la vía ejecutiva para el cobro de los tributos requerimos de una Resolución Condenatoria FIRME, o bien de una sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación que confirme dicha Resolución".
iv. "[E]n autos no se da ninguno de los dos supuestos detallados anteriormente en los que podría decirse que existe un 'pronunciamiento que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo', encontrándose aún hoy suspendido el curso de la prescripción [...]. Esto quiere decir [...] que aún hoy el plazo de prescripción para el cobro de los tributos se haya suspendido, aun al día de la fecha, lo que solicito así se declare, con costas".
v. "[E]l Tribunal decide quitarle los efectos interruptivos del plazo de prescripción que posee la notificación de la liquidación tributaria mediante la corrida de vista del artículo 1101 del C.A., (conforme lo establece el artículo 1103 del C.A.).
vi. "El plazo de prescripción de la acción de mi mandante para el cobro de los tributos se suspendió en la fecha en que se dictó el auto de apertura de sumario -cuya validez fuera confirmada por el TFN-. Sobre ello no hay discusión alguna [...]. Asimismo, dicho plazo prescriptivo, suspendido desde la apertura del sumario contencioso, ha sido interrumpido por la notificación de la corrida de vista, conforme artículos 806, inciso a) y 1103 del C.A., debiendo computarse nuevamente -desde cero- el plazo quinquenal desde el cese de la suspensión [...]. En consecuencia, [...] no ha acaecido la prescripción de la acción de mi mandante para el cobro de los tributos".
IV. La firma aseguradora, al replicar los agravios, además de oponerse a las defensas vinculadas con los parámetros temporales para el cómputo de la prescripción de la acción de la parte demandada destinada a percibir los tributos, reiteró su planteo de afectación a su derecho de defensa, al sostener que las causales de interrupción y/o suspensión “deben interpretarse a la luz de la doctrina del plazo razonable de tramitación de los procesos, fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente 'Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA', del 26 de junio de 2012” (página 328).
En el recurso interpuesto ante el Tribunal Fiscal de la Nación, la firma aseguradora planteó, en cuanto ahora importa: (i) la prescripción de la acción, y (ii) la "irrazonabilidad de los plazos del procedimiento - privación de todo derecho de defensa", al sostener que “el transcurso de más de catorce años desde el vencimiento de la temporal hasta la notificación del fallo administrativo condenatorio resulta incompatible con el derecho al debido proceso”, pues “no puede admitirse que el instituto de la prescripción se vea desvirtuado al convalidarse la duración indefinida de un sumario aduanero”. Agregó que, teniendo en cuenta "la trascendental importancia de la notificación de los actos administrativos en garantía de los derechos de los particulares”, las causales de suspensión previstas en el artículo 805, inciso a), del Código Aduanero “deben interpretarse a la luz de la doctrina del plazo razonable de tramitación de los procesos, fijada por la Corte Suprema a partir del precedente 'Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA' (26 de junio de 2012)”. Afirmó que el procedimiento CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 16.669/2025 "Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 89306694 -A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo"
“ha excedido todo parámetro de razonabilidad de duración de un proceso aduanero, con franca violación del derecho constitucional a obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas [...]", entendiendo que la garantía del plazo razonable “no se circunscribe a los procesos penales, sino que se extiende a los de carácter fiscal o aduanero”. Finalmente, indicó que si bien el artículo 805, inciso a), del Código Aduanero no resulta incompatible en sí mismo con la Constitución Nacional ni con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “la aplicación que en la especie efectuó la DGA deviene inconvencional —y, por ende, inconstitucional—” (páginas 6/8).
V. De las actuaciones administrativas (n°12210-4024-2008) surge las siguientes circunstancias relevantes:
—El 23 de junio de 2008 se realizó el acta de denuncia contra la firma importadora KIP FITNESS - HEALTH S.R.L. en los siguientes términos: "denuncia del DIT 04 073 IT14 002816 M por infracción al régimen de destinación suspensiva del C.A. y penado por el art. 970 del C.A. con vencimiento 22/09/2005 (página 151). En la nota n° 6740/08 se especificó que la presunta infracción recaía "con relación a la totalidad de la mercadería amparada por la DIT de referencia" (página 155) y se agregó la carpeta contenedora de la destinación de importación temporaria (páginas 157/70).
—El 27 de junio de 2008 el asesor de la sección de procedimientos técnicos informó a la división de verificación que "Visto lo actuado [...] se remite para que previo a todo trámite tenga a bien indicar el Valor en Aduana para la aplicación de multas, alícuotas que gravan la importación a consumo y si se trata de mercadería de importación prohibida, teniendo en cuenta para ello la fecha de infracción (22-09-2005).- Se deja constancia que para el presente caso el D.I.A. resulta ser del VEINTICUATRO (24%) POR CIENTO por aplicación de lo previsto en la citada Circular Telex N° 768/97.- Hecho, pase a la Sección Liquidaciones a sus efectos. Cumplido, vuelva para la prosecución del trámite" ( página 172).
—El 1° de julio de 2008 la sección ramo B productos químicos informó que "a la fecha de la infracción a la mercadería documentada por la destinación 04 073 IT14 002816 M le correspondía: ITEM 1: PA 3926.90.22..000Z, DI: 18%, TE: 0,5%, DIA: 24%, IVA: 21%, IVA AD: 10%, IG: 11%, VA: u$s 5151,11 (30%: u$s 1545,33). Se deja constancia que a la fecha de la infracción la mercadería no era de importación prohibida" (págin 174) y se agregó la liquidación de tributos (página 176).
—El 14 de julio de 2008 la jefa de la sección de liquidaciones remitió las actuaciones a la sección de procedimientos técnicos (página 178). El 25 de julio de 2008 se confeccionó la liquidación 08 073 LMAN 064120 E ( página 180) y se ordenó el pase a la oficina de despacho (página 182). —En fecha ilegible, pero anterior al 4 de agosto de 2008, se propició "aperturar el correspondiente sumario contencioso por presunta infracción al régimen de destinación suspensiva de admisión temporaria, prevista por el [a]rt. 970 y subsiguientes del Código Aduanero. Sin perjuicio de lo expuesto y a efectos de mejor proveer se adjunta informe producido por la División Verificación [...] y por la Sección de Liquidaciones [...] y la confección del LMAN N° 064120 E/08 Motivo TRDS [...]" (página 184).
—El 16 de diciembre de 2010 el jefe del departamento de procedimientos legales aduaneros dictó el auto de apertura del sumario: "VISTO los hechos denunciados por los que se da cuenta que la firma KIP FITNESS - HEALTH S.R.L. [...] ha incumplido las obligaciones asumidas como consecuencia del Régimen de Importación Temporaria documentada bajo: N° 04 073 IT14 002816 M, respecto del total de la mercadería declarada lo cual constituye "prima facie" la infracción tipificada en el [a]rt. 970 del Código Aduanero, DISPONESE LA INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO en los términos del art. 1090 [i]nc. "C" del citado texto legal.- Pasen los actuados al Contador del Departamento Procedimientos legales Aduaneros a sus efectos.-" (página 186).
—El 5 de febrero de 2014 se ordenó el giro “para su tramitación al DR/A G. J. Castillo” (página 187), y se agregó la determinación de la base de tributos y multas (página 188), y la consulta —con fecha ilegible— al sistema Malvinas, de la que surge la garantía afectada a la obligación tributaria (página 190).
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—El 26 de agosto de 2015 el servicio aduanero ordenó correr la vista del artículo 1101 del Código Aduanero y la citación a la firma aseguradora en los términos de los artículos 2020 a 2023 del Código Civil (páginas 192/3). —El 26 de agosto de 2015 se notificó la vista a la firma aseguradora (pág. 198), quien la contestó el 7 de septiembre de 2015 (páginas 212/225). —El 14 de diciembre de 2015 el jefe del departamento de procedimientos legales aduaneros dictó la resolución por la que se formuló cargos tributarios a la firma aseguradora (páginas 247/52). Dicha resolución fue notificada a la firma aseguradora el 17 de septiembre de 2019 (página 253).
VI. Por razones de orden lógico, debe examinarse en primer término los agravios de la parte recurrente sobre la prescripción de la acción de la parte demandada para percibir los tributos, y luego abordar, eventualmente, el tratamiento de las demás pretensiones sustanciales que resulten dirimentes para la resolución del juicio.
VII. Esta sala ha dicho que la acción de la administración fiscal para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se interrumpe con la notificación de la liquidación tributaria (causas n° 1906/2024 “Baker Hughes Argentina SRL (TF 39609-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 6 de agosto de 2024 y n° 22.522/2025 "Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales SA (TF 39701-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo", pronunciamiento del 25 de septiembre de 2025, entre otras). Por tanto, el plazo de prescripción de cinco (5) años que comenzó a computarse el 1° de enero de 2006 (artículo 804, inciso b, del Código Aduanero) se suspendió con el dictado del auto de apertura del sumario el 16 de diciembre de 2010 (artículo 805, inciso a, del Código Aduanero). Posteriormente, con la citación a la firma aseguradora —a la que se acompañó la liquidación tributaria—, se produjo la interrupción del plazo de prescripción el 26 de agosto de 2015 (artículo 806, inciso a, del Código Aduanero).
Si se tiene en cuenta que la resolución condenatoria fue dictada el 14 de diciembre de 2015 (artículo 805, inciso a, citado), puede apreciarse que no se había cumplido el plazo quinquenal de prescripción.
VIII. Debe, pues, admitirse las críticas de la parte demandada y revocarse el pronunciamiento apelado.
IX. Corresponde, entonces, examinar el planteo de afectación al derecho de defensa formulado por la firma actora —ante el Tribunal Fiscal de la Nación y en esta instancia—, vinculado con la alegada vulneración de su garantía constitucional de defensa, en razón del extenso tiempo insumido en la tramitación del procedimiento administrativo.
X. A la reseña efectuada (considerando V) debe añadirse el trámite producido ante el Tribunal Fiscal de la Nación:
—El 1° de octubre de 2019 se incorporó por el sistema GEDO el recurso interpuesto por la firma aseguradora (página 24) contra la resolución dictada el 14 de diciembre de 2015 por el jefe del departamento de procedimientos legales aduaneros, que había sido notificada a la firma aseguradora el 17 de septiembre de 2019.
—El 4 de octubre de 2019 el Tribunal Fiscal de la Nación ordenó correr vista del expediente a la División Coordinación de Impuestos de Sellos y Varios de la Dirección General Impositiva (página 46), que fue contestada el 15 de octubre de 2019 (página 51).
—El 13 de diciembre de 2019 el Tribunal Fiscal de la Nación ordenó correr traslado del recurso de apelación interpuesto por la firma aseguradora, a la Dirección General de Aduanas (página 56). El 30 de diciembre de 2019 se notificó a la parte demandada (página 59).
—El 16 de marzo de 2020 la parte demandada presentó su contestación (páginas 78/107).
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—El 28 de abril de 2020 el Tribunal Fiscal de la Nación ordenó intimar a la parte demandada para que acompañe las actuaciones administrativas correspondientes a la presente causa (página 124). El 13 de agosto de 2020 se notificó a la parte demandada (página 126).
—El 26 de agosto de 2020 la parte demandada solicitó que se le conceda prórroga (páginas 128/31 y 140/3), el 28 de agosto de 2020 el Tribunal Fiscal de la Nación concedió una prórroga por el término de diez (10) días (página 144).
—El 8 de octubre de 2020 se agregó la "actuación administrativa digitalizada - Parte 1 - Ex-2019-89306694" (páginas 148/205) y la "actuación administrativa digitalizada - Parte 2 - Ex-2019-89306694" (páginas 206/70). —El 14 de octubre de 2020 el Tribunal Fiscal de la Nación ordenó correr traslado de las actuaciones administrativas a la firma actora recurrente ( página 271). El 15 de octubre de 2020 se notificó a la firma aseguradora (página 273).
—El 10 de junio de 2024 el Tribunal Fiscal de la Nación declaró "de previo y especial pronunciamiento la excepción de prescripción opuesta por la actora" (página 274). Esa decisión fue notificada a las partes el 14 de junio de 2024 (página 275).
—El 30 de julio de 2024 el Tribunal Fiscal de la Nación dictó sentencia (páginas 287/92). El 1° de agosto de 2024 notificó la sentencia a las partes (página 294). El 12 de septiembre de 2024 se incorporó por el sistema GEDO la apelación y expresión de agravios de la parte demandada (página 308). —El 12 de septiembre de 2024 el Tribunal Fiscal de la Nación concedió el recurso de apelación y ordenó correr traslado a la firma aseguradora ( página 324). El 17 de septiembre de 2024 se notificó a la firma aseguradora ( página 326).
—El 3 de octubre de 2024 la firma aseguradora contestó los agravios formulados por la parte demandada (páginas 327/9).
—El 6 de mayo de 2025 el Tribunal Fiscal de la Nación ordenó elevar las actuaciones a la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (página 334).
XI. Esta sala ha examinado el planteo formulado por la firma aseguradora en las causas n°44.731/2022 "Arcángel Maggio SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo", pronunciamiento del 15 de abril de 2025, y n°17.518/2025 "Cosena Seguros SA (TF 27939-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo", pronunciamiento del 23 de septiembre de 2025, entre otras, a las que debe remitirse, en cuanto resulta pertinente, por razones de brevedad. Con apoyo en las pautas jurisprudenciales elaboradas por el Máximo Tribunal, a partir del precedente “Losicer” (Fallos: 335:1126), debe evaluarse las siguientes pautas interpretativas: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) el análisis global del procedimiento” (Fallos: 336:2184) dado que “[n]o puede establecerse de antemano con precisión matemática cuál es el plazo razonable de duración de un proceso” (Fallos: 346:697).
XII. En el contexto fáctico que exhibe esta causa se halla configurada, nítidamente, una vulneración a la garantía que tiene la firma actora de ser juzgada en un plazo razonable.
En efecto:
—Desde el hecho que originó el sumario —22 de septiembre de 2005, fecha de vencimiento del despacho de importación temporaria n° 04 073 IT14 002816 M que tramitó en sede administrativa— hasta el dictado de la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación —30 de julio de 2024— transcurrió un plazo de 18 años y 10 meses.
—No se advierte que los hechos y el derecho debatido presenten una especial complejidad, ni que la firma aseguradora haya desplegado conductas orientadas a obstaculizar el proceso, ni que en la causa hayan intervenido múltiples sujetos procesales que justificara la dilación.
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XIII. Por esas razones, debe admitirse el planteo formulado por la firma actora y declarar inexigible el cargo tributario formulado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General de Aduanas.
XIV. Las costas de ambas instancias deben ser distribuidas en el orden causado en atención a las particularidades que presenta esta causa (artículos 68, segundo párrafo y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). En mérito de las razones expuestas, voto en el sentido de: 1. Admitir las críticas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA), y revocar el pronunciamiento apelado; 2. Admitir el planteo formulado por la firma actora y declarar que los cargos tributarios son inexigibles; y 3. Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado. La jueza María Liliana Heiland adhiere al voto precedente.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: 1. Admitir las críticas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA), y revocar el pronunciamiento apelado; 2. Admitir el planteo formulado por la firma actora y declarar que los cargos tributarios son inexigibles; y 3. Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Se hace constar que suscriben la presente decisión dos integrantes de la sala por hallarse vacante el tercer cargo (art. 109 del R.J.N.).
Fin de la sentencia