Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 95140003-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso y confirmar la decisión apelada en cuanto fue materia de agravio; con costas.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 38387/2025 “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA (TF 951140003-A)
c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2025.
VISTA:
La elevación electrónica del expediente TF 951140003-A (v. DEOX del 15/10/25) a fin de considerar “el recurso de apelación interpuesto por el fisco nacional el 19/05/2025 (v. IF-2025-52591641-APN-DTD#JGM) concedido el 19/05/2025 (v. PV-2025-52972214- APN- VOCXVIII#TFN) contra la sentencia dictada el 11/03/2025, en cuanto declara que el monto máximo que se le podrá exigir a la actora es el de $158.000 - garantizado con la póliza 1081707 - o el importe de los tributos, si este último resultare menor, ello sin perjuicio de los intereses devengados (v. IF-2025- 25259340-APN-VOCXVIII#TFN)” (v. pág. 340 del expediente citado, donde también consta que se expresaron agravios en plazo, y fueron contestados); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación:
(i) Confirmó la resolución RESOL-2022-6048-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas 12197-8110-2011, respecto de la actora, en cuanto le exige el pago de los tributos emergentes del DIT 10 001 IT14 004075W, los que ascienden a USD 13.015,83 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, más los intereses del art. 794 del C.A, a computarse desde el 17/8/21 hasta la fecha del total y efectivo pago.
(ii) Impuso las costas a la actora.
(iii) Declaró que el monto máximo que se le podrá exigir es el de $158.000 garantizado con la póliza 1081707; o el importe de los tributos, si este último resultare inferior una vez convertido a pesos al tipo de cambio vendedor del día anterior al de pago. Ello sin perjuicio de los intereses devengados.
Para resolver como lo hizo en el punto (iii) –única cuestión que suscita agravios ante esta Cámara– hizo consideraciones sobre la naturaleza del seguro de caución aduanero y las condiciones generales de la póliza 1081707, de donde surge que la Aduana, en su carácter de asegurado frente al incumplimiento de la obligación por parte del tomador del seguro, tiene acción directa contra el asegurador; como así también, que Aseguradora de Créditos y Garantías SA es responsable de la obligación tributaria relativa a la mercadería no regularizada hasta la suma de $158.000, que es el límite de la responsabilidad establecida por dicha póliza, más intereses.
2. Que, disconforme, el Fisco cuestionó la validez del límite máximo de cobertura previsto en la póliza de seguro de caución aduanero, considerado en términos nominales, por entender que resultaba incompatible con el régimen legal aduanero y con los principios constitucionales que regían la relación jurídica entre el importador y el Estado. En particular, invocó el artículo 453, inciso c, del Código Aduanero, que imponía que la garantía cubriera los eventuales tributos que gravaran la importación para consumo, configurando una norma de orden público fiscal. En consecuencia, cualquier cláusula contractual que limitara irrazonablemente dicha cobertura vulneraba directamente esa disposición legal imperativa. Afirmó que el seguro de caución aduanero garantizaba una obligación futura e incierta, cuya liquidación se hacía en los términos del artículo 20 de la ley 23.905, que imponía que las determinaciones tributarias se mantuvieran a valores actuales. En ese contexto, consideró que el límite máximo pactado en términos nominales resultaba insuficiente, especialmente en escenarios inflacionarios como el argentino, desvirtuando la finalidad pública de la garantía. Por otra parte, argumentó que resultaba analógicamente aplicable la normativa que definía los contratos de larga duración (art. 1011 del CCyC) y que el contrato de seguro de caución debía consustanciarse con condiciones que no desvirtuaran irremediablemente la causa final del contrato.
Denunció también el incumplimiento del régimen de seguros, señalando que el proceso inflacionario obligaba a revisar el paradigma del límite previsto en el artículo 118 de la ley 17.418.
Insistió en que la cláusula contractual debía interpretarse dentro del régimen legal indisponible que le daba origen y que, por lo tanto, el límite máximo debía actualizarse por índices como el IPC, sin que ello implicara la actualización de la deuda, lo que sí estaba prohibido por los artículos 7 y 10 de la ley 23.928.
Citó, además, la protección constitucional del crédito fiscal, destacando que el principio de reserva legal tributaria exigía que el régimen de garantías respondiera a criterios legales objetivos. Advirtió que convalidar cláusulas que limitaran la responsabilidad a valores históricos afectaba la seguridad jurídica y la función recaudatoria del Estado. Citó jurisprudencia y recordó que la ARCA (ex AFIP) aceptaba la garantía bajo el entendimiento de que se establecía con una razonable actualización, y no como una barrera infranqueable para el cobro efectivo de los tributos determinados.
Añadió que mantener la cobertura a valores históricos implicaba un enriquecimiento sin causa por parte de la aseguradora, que percibía primas actualizadas mientras congelaba la obligación a su cargo.
Invocó también el principio de buena fe contractual y subrayó que la aseguradora, en su rol profesional, debía prever que la garantía cubriera íntegramente los tributos a valores actuales.
Finalmente, apeló al control judicial de las cláusulas predispuestas del contrato de seguro, conforme los lineamientos del Código Civil y Comercial de la Nación, y advirtió que CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 38387/2025 “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA (TF 951140003-A)
c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
cualquier pacto que persiguiera un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa debía considerarse otorgado en fraude a la ley. Reiteró que las compañías aseguradoras contaban con los elementos técnicos necesarios para determinar correctamente la suma asegurada, y que recaía sobre ellas la carga de acreditar lo contrario.
3. Que se anticipa que no pueden prosperar los cuestionamientos a la validez del límite máximo estipulado en la póliza de seguro de caución aduanero.
Ante todo, corresponde señalar que este planteo es extemporáneo, al no habérselo deducido al contestar el recurso en la instancia anterior (v. pp. 80-99 del expte. cit. y art. 1146 del CA). Pero, fundamentalmente, resulta incompatible con los propios actos de la Aduana, que previamente aceptó la constitución de esa garantía.
Las condiciones de los seguros de caución aduanera son determinadas por las entidades aseguradoras, quienes evalúan los riesgos y establecen los términos específicos de la póliza y su costo para el tomador. No obstante, dicha facultad debe ejercerse conforme a la normativa dictada por la propia demandada, que establece los modelos de pólizas y los requisitos que deben cumplir las compañías aseguradoras, y por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que autoriza a las aseguradoras a operar en el mercado y habilita la aplicación de determinadas condiciones contractuales (véase, sin ir más lejos, la referencia a su aprobación en la póliza del caso, en la pág. 31 de los antecedentes).
En particular, el artículo 453, inciso 1°, del Código Aduanero establece que el régimen de garantía previsto en ese Título debe utilizarse “cuando se pretendiere obtener: …c) el libramiento de mercadería sometida al régimen de importación temporaria. La garantía debe asegurar el importe de los eventuales tributos que gravaren la importación para consumo de la mercadería de que se tratare…”. El artículo 454 añade que, para utilizar dicho régimen, el interesado debe formalizar su petición por escrito ante el servicio aduanero, pudiendo referirse a una o a varias operaciones aduaneras, de conformidad con lo que determinare la reglamentación. Por su parte, el artículo 455 dispone: “Siempre que el importe y la solvencia de la garantía fueren considerados satisfactorios por el servicio aduanero, los interesados podrán optar por alguna de las formas siguientes: La constitución, ampliación, modificación, sustitución y cancelación de la garantía podrá efectivizarse …en las formas, requisitos y condiciones que a tal efecto establezca la reglamentación …d) seguro de garantía…” (el destacado es propio). Finalmente, el artículo 459 fija el plazo en que la Administración debe resolver la autorización o denegación del uso del régimen de garantía. A su turno, la resolución general AFIP 3885/16 y sus modificatorias, que reglamentan el régimen de garantías otorgadas en seguridad de obligaciones fiscales, establece, en su artículo 3°: “Al exigir o aceptar la constitución, sustitución o ampliación de garantías, los funcionarios competentes deberán ponderar estrictamente las mismas, verificando que el importe garantizado se ajuste a la normativa aplicable” (el destacado es propio). Por último, el artículo 24 aclara que las pólizas se otorgarán conforme a los modelos que constan en los apartados y anexos de la resolución.
Queda en evidencia, entonces, que la postura asumida por la parte demandada en la apelación, al intentar desconocer la suficiencia de la garantía, resulta contradictoria con su conducta anterior –jurídicamente relevante y vinculante–, consistente en haber aceptado su constitución sin objeciones, y no haber promovido en tiempo y forma su ampliación, conforme lo habilita la normativa vigente. Tal comportamiento vulnera los principios de buena fe y coherencia procesal, y desatiende las exigencias reglamentarias que obligan a ponderar la adecuación del importe garantizado al momento de su aceptación.
Por otra parte, la argumentación de la apelación contradice los términos de la propia resolución aduanera apelada, donde quedó admitido que la garante debía responder “con los alcances de dicho contrato y con los límites numéricos afianzados” (v. p. 28, expte. cit.). Para más, en la póliza aquí involucrada quedó especialmente convenido que “la suma máxima asegurada no comprenderá a los intereses previstos en los artículos 794 y 797 del referido Código Aduanero, y artículos 37 y 52 de la ley nro 11.683 (t.o. en 1998 y sus Modificaciones) según corresponda, los cuales deberán abonarse aún en el caso que excedieran la misma” (p. 31, expte. cit.).
En definitiva, en ningún punto se especificó la actualización del monto máximo garantizado; circunstancia que deja sin respaldo a la asunción del Fisco en torno a los alcances de la garantía.
Por todo lo expuesto, se desestima el recurso y se confirma la decisión apelada en cuanto fue materia de agravio; con costas, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: Rechazar el recurso y confirmar la decisión apelada en cuanto fue materia de agravio; con costas.
Regístrese, notifíquese y siga la causa con el DEOX enviado el 28/10/25.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia