Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2022-124085706-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de prescripción interpuesto por la actora, sin costas.
2Declarar la nulidad de la Resolución DE PRLA N° 9247/2017, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289-8305-2007, respecto de la actora “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A.”.
3Costas al Fisco vencido.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-91289666-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 18 de Septiembre de 2026 GRANTÍAS S.A. c/ DGA s/ Apelación".-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, los Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y Juan M. Soria, a fin de resolver en los autos caratulados “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A.”, Expediente N° EX-2022-
124085706- -APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
I.— Que, mediante RE-2022-124085342-APN-SGASAD#TFN, se presenta la firma "ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A." e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 9247/2017, de fecha 24/11/2017, recaída en el expediente administrativo SIGEA N° 13289-8305- 2007, por la cual se dispuso archivar sin más trámite las actuaciones en los términos de la Instrucción General N° 09/17 (D.G.A.), respecto de la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero atribuida al importador "MERISANT ARGENTINA S.R.L." en relación con la Destinación de Importación Temporal N° 05001IT14000671B, y se formuló cargo por los tributos adeudados —dentro de los límites y por los rubros afianzados en la póliza N° 838561— por la suma de U$S 2.758,20 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A., y por la suma de $5.099,87 en concepto de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias. Se refiere a los hechos de la causa. Plantea la nulidad del acto de apertura del sumario por incumplir los recaudos del art. 1094 del C.A.. Alega la irrazonabilidad del plazo transcurrido entre el vencimiento de la destinación temporal y la notificación de la resolución apelada, con afectación al derecho de defensa y al principio del plazo razonable. Plantea, como cuestión de previo y especial pronunciamiento, la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos aduaneros, cuestionando el efecto suspensivo de la apertura del sumario en los términos del art. 805, inc. a) del C.A. En subsidio, plantea la prescripción de los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado por regirse por la Ley N° 11.683 y no por el Código Aduanero. Subsidiariamente, cuestiona la determinación tributaria practicada, la alícuota aplicada en concepto de Impuesto a las Ganancias, la inconstitucionalidad de las percepciones creadas por resolución general y el alcance de su responsabilidad como garante, limitada al monto asegurado y a los rubros efectivamente afianzados en la póliza. Plantea la improcedencia del reclamo por percepciones y cuestiona la tasa de interés aplicada sobre la deuda en moneda extranjera. Cita jurisprudencia y doctrina. Hace reserva del caso federal, ofrece prueba y solicita se deje sin efecto el cargo formulado respecto de su representada, con expresa imposición de costas a la contraria.
II.— Que, mediante IF-2023-127273410-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal y contesta el traslado conferido. Formula una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por la contraria. Relata los hechos de la causa. Rechaza el planteo de nulidad, por considerar que no se advierte vicio alguno en los actos administrativos y que la actora pudo ejercer su derecho de defensa tanto en sede administrativa como ante este Tribunal. Rechaza el planteo de afectación al plazo razonable, por entender que dicha garantía es propia de la materia penal, no resulta extensible a las personas jurídicas y que, en el caso, el plazo transcurrido no resulta irrazonable. Rechaza el planteo de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos aduaneros, por considerar que la apertura del sumario suspendió el curso del plazo antes de su vencimiento, en los términos del art. 805, inc. a) del C.A. Rechaza asimismo el planteo de prescripción de los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado, por entender que dichos tributos, en tanto gravan las operaciones de importación, se rigen por la legislación aduanera. Defiende la alícuota del 11% aplicada en concepto de Impuesto a las Ganancias, ante la falta de declaración del destino del bien por parte del importador. Sostiene que la aseguradora garantizó la totalidad de la carga tributaria, invocando la doctrina de los actos propios y precedentes de esta Sala en los que se especificaron los mismos rubros afianzados. Defiende la tasa de interés aplicada. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme el fallo aduanero, con expresa imposición de costas a la contraria.
III.— Que, mediante la IF-2026-78660476-APN-VOCXVII#TFN se elevaron los autos a conocimiento de la Sala “F”, quedando los mismos en estado de dictar sentencia.
IV.— Que, mediante IF-2023-127273723-APN-DTD%JGM, la representación fiscal acompañó el sustento documental de la litis, las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289-8305-2007, en soporte digital, en las cuales obra la resolución apelada por ante esta instancia jurisdiccional.
VI.— Que, corresponde en primer lugar resolver el planteo de nulidad del acto de apertura del sumario administrativo, esgrimido por la recurrente "ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A." en su recurso de apelación.
Que, conforme surge de la lectura de las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289-8305-2007, la Dirección General de Aduanas formuló denuncia contra la firma importadora "MERISANT ARGENTINA S.R.L." por la presunta infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero, en razón de no haber regularizado en el plazo concedido la situación de la mercadería ingresada mediante la Destinación de Importación Temporal N° 05001IT14000671B, cuyo vencimiento operaba el 25/01/2007.
Que, a fs. 94 de las citadas actuaciones, con fecha 11/12/2012, se instruyó el sumario respectivo, en los términos del art. 1090, inc. "c)" del Código Aduanero.
Que, la recurrente sostiene que dicho acto de apertura resulta nulo por no satisfacer los recaudos exigidos por el art. 1094 del C.A., el cual dispone que la resolución que ordena la instrucción del sumario debe: a) determinar los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción; b) disponer la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y su clasificación arancelaria y valoración; c) disponer la recepción de la declaración de los presuntos responsables; y d) practicar la liquidación de los tributos que pudieren corresponder.
En tal sentido, cabe recordar que el artículo 1101 del Código Aduanero dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
De las actuaciones acompañadas se desprende que la Aduana omitió notificar la corrida vista de lo actuado, al/los presunto/s responsables de la infracción prima facie verificada y, concretamente, de las obligaciones tributarias emergentes de la destinación involucrada en la especie, limitándose a dictar la resolución que se apela en la causa, disponiendo el archivo del sumario en los términos de la Instrucción General 9/17 (DGA) y la formulación de cargo a la aquí recurrente y a la empresa garante, por los tributos adeudados por el presunto incumplimiento del DIT 05001IT14000671B.
En este sentido, la Aduana omitió notificar la corrida vista de lo actuado, al/los presunto/s responsables de la infracción prima facie verificada y, concretamente, de las obligaciones tributarias emergentes de la destinación involucrada en la especie, limitándose a dictar la resolución que se apela en la causa, disponiendo el archivo del sumario en los términos de la Instrucción General 9/17 (DGA) y la formulación de cargo a la empresa garante, por los tributos adeudados por el presunto incumplimiento del DIT 05001IT14000671B.
La Aduana se apartó del procedimiento reglado por el Código Aduanero para las infracciones, habida cuenta que, luego del dictado de la instrucción de sumario, no se dio intervención a la aquí recurrente, siendo que los actos procesales cumplidos posteriormente, en su totalidad, fueron realizados por el servicio aduanero. Es decir, no existió la oportunidad de acompañar o, en su defecto, solicitar el agregado de la documentación que pudiera acreditar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporaria.
Por lo demás, tampoco debe perderse de vista que la apelante recién pudo tomar conocimiento fehaciente de la existencia del sumario en trato al notificarse del dictado de la resolución apelada en autos, recién con fecha 26/10/2022, donde se le reclama el pago de los tributos que corresponderían por el incumplimiento del DIT en cuestión.
VII. La falta de notificación en cuanto a la corrida de vista, pone en crisis el procedimiento, violenta el derecho de defensa consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Causándole un perjuicio que no es susceptible de ser subsanado en esta instancia, vulnerándose así elementales principios de jerarquía constitucional, el derecho a ser oído y derecho al debido proceso, en cuanto se exige el pago de tributos por la supuesta comisión de la infracción prevista en el artículo 970 de la ley 22.415 sin haberse verificado ni constatado la misma, cabe concluir en que no procede exigencia tributaria alguna en relación a la aquí recurrente, en tanto la DGA no ajustó la tramitación del procedimiento a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del CÓDIGO Aduanero, por lo que resulta ajustado a derecho declarar la nulidad del artículo 3° de la Resolución (DE PRLA) Nro. 9247/2017.
VIII.— Que, sentado lo que antecede, corresponde a este Tribunal expedirse sobre el planteo de prescripción de la acción del Fisco Nacional para percibir los tributos aduaneros, articulado por la recurrente ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. en su recurso de apelación (Segundo y Tercer Agravio).
Que, a los fines de resolver la cuestión, cabe recordar que el art. 803 del Código Aduanero establece que la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera prescribe por el transcurso de cinco (5) años, plazo que —conforme el art. 804, primera parte— comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado.
Que, en el caso de autos, el vencimiento de la Destinación de Importación Temporal N° 05001IT14000671B operó el día 25/01/2007, por ende, el término prescriptivo comenzó a correr el 1° de enero de 2008, feneciendo —de no mediar causal suspensiva— el 1° de enero de 2013. Ahora bien, con anterioridad al cumplimiento de dicho plazo, a fs. 94 de las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289- 8305-2007, con fecha 11/12/2012, se dispuso la instrucción del sumario en los términos del art. 1090, inc. “c” del C.A., por la presunta infracción al art. 970 del citado cuerpo legal. Que dicha circunstancia importa la configuración de la causal de suspensión prevista en el art. 805, inc. “a” del C.A., el cual dispone que el curso de la prescripción se suspende “desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”.
Por lo expuesto corresponde rechazar el planteo incoado por la recurrente respecto de la excepción de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, sin costas.
IX. Sin perjuicio de la solución arribada en los presentes actuados, cabe mencionar y destacar que la solución propiciada guarda congruencia con la adoptada respecto de la suerte la importadora en relación a la operación involucrada en autos.
Entiéndase la respuesta jurisdiccional frente a la apelación incoada por la firma MERISANT ARGENTINA S.A., respecto de la Resolución DE PRLA N° 9247/2017, fue declarada la nulidad de la Resolucion por la falta de corrida de vista – Sentencia de fecha 02/10/2025, voto mayoritario, EX2022-
122795545- -APN-SGASAD#TFN-.
En este orden, el criterio adoptado por el suscripto, mejor dicho la fundamentación que conduce a el, tanto en los presentes actuados y otros antecedentes de esta Sala F como así también a la apelación interpuesta por la importadora, comparte la lógica con la solución adoptada por la Alzada respecto al tema traido a conocimiento de esta juricatura en los expedientes “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GRANTÍAS S.A. (TF 39633-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO” causa N° 25218/2023, Sala V CCAF de fecha 02/07/2025 y “3M ARGENTINA SACIFIA (TF 73896940-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO causa N° 8613/2024 Sala IV CCAF.
X. Que, por la forma en que se resuelve el presente caso, y las circunstancias particulares del mismo, no corresponde tratar los demás agravios vertidos por la actora.
En relación a las costas, resulta ajustado a derecho que las mismas sean soportadas por la demandada, conf. art. 1163 C.A.
Por ello, VOTO por:
1. Rechazar el planteo de prescripción interpuesto por la actora, sin costas.
2. Declarar la nulidad de la Resolución DE PRLA N° 9247/2017, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289-8305-2007, respecto de la actora “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A.”.
3. Costas al Fisco vencido.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que me remito al relato de los hechos efectuado en el voto que antecede.
II. Que, bajo tales premisas, corresponde -en primer lugar- tratar la nulidad de la resolución apelada opuesta por la firma actora, con fundamento en que el servicio aduanero dispuso sin más el archivo del sumario y la intimó al pago de tributos, sin posibilidad alguna de defensa al respecto, al no haberle notificado la corrida la vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero, lo que vulnera la garantía constitucional de la defensa en juicio y del debido proceso legal.
En tal sentido, cabe recordar que la referida norma dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
III. Que de la plataforma fáctica de la litis se desprende que la Aduana omitió notificar la corrida vista de lo actuado, al/los presunto/s responsables de la infracción prima facie verificada y, concretamente, de las obligaciones tributarias emergentes de la destinación involucrada en la especie, limitándose a dictar la resolución que se apela en la causa, disponiendo el archivo del sumario en los términos de la Instrucción General 9/17 (DGA) y la formulación de cargo por tributos a Merisant Argentina S.A. y a la empresa garante -aquí recurrente-, en virtud del contenido de la Póliza Nro. 838561.
Por ende, cabe colegir que, en el caso, la Aduana se apartó del procedimiento reglado por el Código Aduanero para las infracciones, habida cuenta que, luego del dictado de la instrucción de sumario, ninguna intervención se le otorgó a la firma recurrente, siendo que los actos procesales cumplidos posteriormente, en su totalidad, fueron realizados por el servicio aduanero. Es decir, no existió la oportunidad de acompañar o, en su defecto, solicitar el agregado de la documentación que pudiera acreditar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporaria.
Por lo demás, tampoco debe perderse de vista que la apelante recién pudo tomar conocimiento fehaciente de la existencia del sumario en trato al notificarse del dictado de la resolución apelada en autos, recién con fecha 26/10/2022..
IV. Que la existencia del procedimiento administrativo tiene por finalidad constituir el marco en el cual la recurrente va a poder discutir la legalidad y procedencia del reclamo tributario que pretende percibir la Administración y es en el marco del mismo, donde se debe garantizar al contribuyente el ejercicio de su derecho de defensa, consagrado primordialmente en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Asimismo, es dable señalar que el procedimiento para las infracciones resulta ser la etapa procesal oportuna para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la beneficiaria del régimen, por lo que no cabe duda que la omisión de notificar la corrida de vista de los presentes actuados, desnaturaliza el procedimiento bajo análisis y no puede considerarse cumplida con la notificación de la resolución apelada en autos.
En consecuencia, y toda vez que la omisión de notificar la corrida de vista a la compañía aseguradora, le impidió ejercer debidamente su derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, causándole un perjuicio que no es susceptible de ser subsanado en esta instancia, vulnerándose así elementales principios de jerarquía constitucional, el derecho a ser oído y derecho al debido proceso, en cuanto se exige el pago de tributos por la supuesta comisión de la infracción prevista en el artículo 970 de la ley 22.415 sin haberse verificado ni constatado la misma, cabe concluir en que no procede exigencia tributaria alguna en las presentes actuaciones, en tanto la DGA no ajustó la tramitación del procedimiento a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero, por lo que resulta ajustado a derecho declarar la nulidad del artículo 3° de la Resolución (DE PRLA) Nro. 9247/2017.
V. Que, sentado ello, corresponde entender en el planteo impetrado por la firma recurrente respecto de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para exigir tributos. Que la resolución apelada en la litis fue dictada el 24 de noviembre de 2017 y notificada recién el 26 de octubre del año 2022, por lo que los agravios de la parte actora introducidos en materia prescriptiva en la presente causa encuentra adecuada respuesta en los fundamentos de los votos emitidos por el suscripto in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-
APN-VOCXVIII#TFN y “EX-2022-71387564- -APN-SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
En efecto, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de cinco años que prescribe el artículo 803 del Código Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2008, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el vencimiento de la operación en trato operó el 25 de enero del año 2007), debiendo haber fenecido el 1/1/2013, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas.
Por otra parte, desde el instante en que se dispuso la apertura del sumario en fecha 11 de diciembre de 2012, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).
VI. Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento aduanero, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del Código Aduanero -norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del suscripto-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
Que, en tal orden de ideas, cabe colegir que si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario (11/12/2012) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 24 de noviembre de 2017- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del Código Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó el dia 26 de octubre de 2022, es decir, cuatro años, once meses y dos dias después de su dictado -constituyendo un extremo fáctico de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la litis, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar-, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 de la ley 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
VII. Que, en tales condiciones, y toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415 -más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante-.
Que, por su parte, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –vigente al momento de los hechos analizados- dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
VIII. Que, por ello, cabe colegir que la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en la referida normativa no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del Código Aduanero, en la litis sólo operaba hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
IX. Que, por lo demás, y sin perjuicio del modo en que se decide el agravio bajo análisis, este Tribunal no puede dejar de señalar la honda preocupación que implica la extensa duración del sumario aduanero de marras, en el cual la DIT en trato ha vencido en fecha 25 de enero de 2007 y la resolución apelada ha sido notificada el 26 de octubre de 2002, demorando -a tal efecto- casi 5 (cinco) años, cuadra repetir, después de haber sido dictada.
Por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada incluso aun si se tuvieran en consideración las causales de suspensión establecidas en el art. 17 de las leyes 26.860 y 27562, como así también en disposiciones administrativas, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas (en el mismo sentido, esta Sala in re “3M ARGENTINA SACIFIA”, del 3 de febrero de 2023); siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX- 2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN, voto del Dr. Pablo Garbarino), y sin respetar la mencionada garantía del plazo razonable de tramitación de procesos aduaneros, de raíz tanto consitucional como convencional, vinculada estrechamente con el derecho al debido proceso adjetivo, cuyo irrestricto respeto corresponde a este Tribunal siempre salvaguardar.
X. Que, en definitiva, entiendo que la forma en que se resuelve la cuestión tributaria es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.). Por las razones expuestas en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
1. Declarar la nulidad del artículo 3° de la Resolución (DE PRLA) Nro. 9247/2017, dictada en el marco de las Actuaciones SIGEA nro. 13289-8305-2007 en fecha 24 de noviembre de 2017 y notificada a la recurrente en fecha 26 de octubre de 2022.
2. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. en las presentes actuaciones;
3. Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
ASÍ LO VOTO.-
El Dr. Soria dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo. Así lo voto.— Que, en virtud de los votos que anteceden, SE RESUELVE:
1. Rechazar el planteo de prescripción interpuesto por la actora, sin costas.
2. Declarar la nulidad de la Resolución DE PRLA N° 9247/2017, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289-8305-2007, respecto de la actora “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A.”.
3. Costas al Fisco vencido.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo (Vocal Títular de la Vocalía de la 17ª Nominación), Pablo A. Garbarino (Vocal Titular de la Vocalía de la 16ª Nominación) y Juan M. Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª Nominación).
Date: 2026.09.17 12:57:03 ART Date: 2026.09.18 12:10:59 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.18 14:44:41 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.18 14:45:56 -03:00
Fin de la sentencia