Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 120201516-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la apelación deducida por el Fisco Nacional.
En consecuencia:
I) se revoca, en parte, la resolución del 7/9/2023 dictada por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto declaró la nulidad de lo actuado a continuación del print de pantalla de fs. 18 de las actuaciones administrativas AFIP “12210-7542-2007”, correspondiendo el reenvío de estos actuados a la instancia anterior a efectos que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un pronunciamiento respecto de las restantes cuestiones propuestas por la aseguradora, pendientes de tratamiento (Considerandos V y VII);
Ii) se modifica la distribución de costas relativa a la actuación desplegada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en lo concerniente a las cuestiones allí debatidas y resueltas por el pronunciamiento del 7/9/2023, las que quedan a cargo de Aseguradora de Créditos y Garantías SA (conf. Considerandos VII y VIII).
2Imponer las costas relativas a esta instancia judicial, vinculadas a las cuestiones aquí decididas, a cargo de Aseguradora de Créditos y Garantías SA (Considerando IX).
Buenos Aires, 27 de agosto de 2024.-
VISTOS estos autos 8079/2024 caratulados “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 120201516-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y CONSIDERANDO:
I. Al fin de clarificar la cuestión suscitada, cuadra referir que las actuaciones administrativas AFIP “12210-7542-2007” (conf. esp. fs. 74/165 del hipervínculo incluido en este párrafo), se iniciaron a raíz del acta denuncia 1/2008, por medio de la cual personal de la Aduana de Ezeiza (Provincia de Buenos Aires) denunció a Igualar SA por presunta infracción al régimen de importación temporario al que habría acogido la mercadería involucrada en el DIT “07 073 IT04 001351 H”, resultando ello pasible de configurar la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero (fs. 1/3).
A continuación, fue incorporado el sobre contenedor correspondiente a la operatoria fiscalizada (fs. 4).
En este contexto, por nota SE PTEZ, del 27/12/2007, la Sección Procedimientos Técnicos de la Aduana de Ezeiza dispuso el giro de las actuaciones a la División Verificación al fin que indicara el valor en aduana de la mercadería involucrada en el DIT fiscalizado para la aplicación de las multas que pudieran corresponder, las alícuotas que gravaran la exportación a consumo y si se trataba de mercadería de importación prohibida, para luego remitir los actuados a la Sección Liquidaciones, a sus efectos (fs. 5); mandas que fueron materializadas a continuación (fs. 6 y 7/8).
Por nota 827/2008, del 8/2/2008, la titular de la Dirección Aduana de Ezeiza ordenó al Departamento Procedimientos Legales Aduaneros que dispusiera la apertura de sumario por presunta infracción al artículo 970 del Código Aduanero (fs. 12).
A continuación, por resolución del 3/12/2012, la División Secretaría de Actuación DE PRLA 1, dispuso la apertura de sumario contra Igualar SA, por presunta infracción al artículo 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado la situación de la mercadería amparada por el DIT “07 073 IT04 001351 H”, cuyo vencimiento habría operado el 3/11/2007 (fs. 14).
Asimismo, solicitó a la Sección Administrativa de la Aduana de Ezeiza copia certificada de la póliza que amparó el DIT fiscalizado; para luego dar intervención al Sector Contable a efectos que calculara la multa y tributos correspondientes; lo que fue cumplido el 3/11/2017 (fs. 15) y 17/3/2017 (fs. 18).
En este contexto, fue dictada la resolución DE PRLA 2031/2017 (fs.19/20), por medio de la cual el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros:
-dispuso el archivo de la actuación sumarial AFIP “12210-7542-2007”, en los términos de la instrucción general DGA 11/2016 (conf. su artículo 1°); y -formuló cargo contra Igualar SA por los tributos adeudados con relación a la destinación de importación temporal “07 073 IT04 001351 H”, que ascendían a un total de U$$2821,05 por derechos de importación, estadística e IVA y $6418,84 en concepto de IVA adicional y percepciones a cuenta del Impuesto a las Ganancias, e intimó a su pago a la importadora y a su garante, Aseguradora de Créditos y Garantías SA, bajo apercibimiento de ejecución (conf. su artículo 3°). Para así decidir, la autoridad aduanera, destacó que de la planilla determinativa glosada en autos surgía que podría corresponder una multa cuyo monto resultaría de $11.543,12, suma que se encontraba dentro de los estándares entre los que, conforme la instrucción general DGA 11/2016, se encontraba facultado el funcionario decisor a disponer el archivo de las actuaciones (hasta $15.000 en concepto de multa, con más el hecho que el presunto infractor no registrara antecedentes de casos archivados por el tipo infraccional que, en su conjunto, superaran el monto aludido).
II. Disconforme con lo resuelto, Aseguradora de Créditos y Garantías solicitó su revisión por parte del Tribunal Fiscal de la Nación (conf. esp. fs. 5/25 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Al fin de invalidar lo actuado administrativamente, la aseguradora, en sustancial síntesis, planteó:
-la nulidad del auto de apertura de sumario, por no cumplir con los estándares previstos al efecto en el artículo 1094 del Código Aduanero;
-la indebida prolongación del procedimiento sumarial seguido en su contra, cercenando así su derecho de defensa; solicitando al efecto que se aplicara la doctrina resultante de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Losicer”.
Al punto, hizo alusión al hecho de haber vencido el período de custodia de la documentación aduanera en función de la cual correspondía que se defendiera (diez años desde la realización o en su caso vencimiento de la operación); todo lo cual la colocaba en un claro estado de indefensión.
-la prescripción de la acción del Fisco Nacional para perseguir el cobro de tributos, ello atento a que, al tiempo en que fue notificada de la resolución aduanera, había fenecido el plazo quinquenal rector en la materia (conf. artículo 805, literal a), del Código Aduanero). Al respecto, se opuso a tener por suspendido o interrumpido el curso de la prescripción con el dictado del auto de apertura de sumario, por no haber sido realizados con inmediatez los actos procedimentales posteriores; sumado a la omisión de notificarlo de lo así decidido.
Asimismo, siempre en este aspecto, alegó que al devenir irrelevante la necesidad de la sustanciación del procedimiento sumarial, la apertura del sumario dispuesta en las actuaciones carecía del efecto suspensivo previsto en el artículo 805, literal a), del Código Aduanero.
A ello, añadió que, en caso de considerarse válido y con aptitud suspensiva del curso de prescripción al auto de apertura de sumario, en el caso, igualmente se encontraría operado el término liberatorio, que habría comenzado a correr el 1/1/2008, suspendido el 3/12/2012, ello hasta el 28/3/2017, fecha en que fue dictada la resolución condenatoria, de modo que se reanudó su cómputo, cumpliéndose acabadamente el término sin verificarse la realización de algún otro acto con aptitud interruptiva o suspensiva.
-subsidiariamente, la prescripción del reclamo del pago de percepciones a cuenta del Impuesto a las Ganancias e IVA;
-nuevamente a título subsidiario, la inadecuada liquidación tributaria practicada por el servicio aduanero por incluir el derecho adicional, IVA adicional y la percepción a cuentas del Impuesto a las Ganancias fuera del período fiscal en el que se habría verificado el hecho imponible, la competencia de la AFIP - DGA para expedirse sobre tal concepto; sumado a que su responsabilidad se encontraba acotada a los conceptos y montos garantizados mediante la póliza emitida a favor de la importadora, mal pudiendo responder por derechos adicionales que pudieran corresponder, ni por las multas que pudieran aplicar a su asegurada; y -a todo evento, el incorrecto porcentual aplicado para liquidar la percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias; así como la reducción de la tasa de interés a aplicar sobre dichos ítems.
III. Por resolución del 7/9/2023, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación (conf. esp. fs. 187/201 del hipervínculo incluido en el presente párrafo), por mayoría:
-declaró la nulidad de lo actuado respecto de Aseguradora de Créditos y Garantías SA a continuación del print de pantalla de consulta de garantía global o unitaria de fs. 18 de las actuaciones administrativas AFIP “12210-7542-2007”, comprendiendo, a la resolución DE PRLA 2031/2017, con costas al Fisco Nacional; y -desestimó el planteo de prescripción articulado por Aseguradora de Créditos y Garantías SA respecto de la acción del Fisco Nacional para perseguir el cobro de tributos respecto de la operatoria involucrada en autos, sin costas.
Para así decidir, la posición mayoritaria del organismo administrativo con facultades jurisdiccionales, conformada por la doctora Sarquís y el doctor González Palazzo, entendió que la AFIP - DGA no habría dado cumplimiento a los recaudos exigidos por la normativa aduanera que regulan el procedimiento para las infracciones (conf. artículos 1080 a 1117 del Código Aduanero), omitiendo dar vista a la importadora con relación a la infracción al artículo 970 del Código Aduanero y citando a la aseguradora por resultar, en su caso, garante de la obligación tributaria, a fin de que aportaran la documentación que creyeran idónea; resultando dicho trámite la etapa procesal oportuna para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
Al efecto, la posición mayoritaria de la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación resaltó:
-que la resolución cuestionada en autos, resultó condenatoria para la importadora y su aseguradora, por haber formulado cargo por los tributos que se consideraron adeudados, e implícitamente se tuvo por configurado el incumplimiento al régimen de importación temporal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código Aduanero; sumado a que el servicio aduanero habría omitido correr vista de lo actuado a los presuntos responsables de la infracción y de las obligaciones tributarias emergentes del DIT en cuestión, limitándose a dictar el acto recurrido, disponiendo el archivo del sumario en los términos de la instrucción general DGA 11/2016 y la formulación de cargo por los tributos adeudados;
-que luego del dictado del auto de instrucción de sumario de fs. 14 de las actuaciones administrativas, ninguna intervención se le otorgó a la firma importadora ni a la aseguradora garante, ya que los actos procesales cumplidos posteriormente, en su totalidad, fueron realizados por el servicio aduanero; es decir, no habría habido oportunidad de acompañar, o en su caso solicitar, el agregado de la documentación que acreditara el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporal;
-que la aseguradora recién habría tomado conocimiento del sumario administrativo al notificarse del dictado de la resolución DE PRLA 2031/2017, apelada en autos, sin que con anterioridad se la citara a tomar vista de los actuados a fin de poder esgrimir las defensas de que pudieran valerse; todo ello, en abierta violación de lo establecido en el artículo 1101 del Código Aduanero; -que la existencia del procedimiento administrativo tenía por finalidad constituir el marco en el cual la recurrente va a poder discutir la legalidad y procedencia de los cargos que pretende realizar la Administración, y es en el marco del mismo donde se pretende garantizar al contribuyente el ejercicio de su derecho de defensa; y -que la ley 19.549, de aplicación supletoria a los procedimientos que se cumplen ante el servicio aduanero, establece en el artículo 7°, literal d), que antes de la emisión del acto administrativo han de cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resultaran implícitos del ordenamiento jurídico; y cuyo incumplimiento viciaría el acto, ello conforme lo normado por el artículo 14 de la citada ley 19.549.
Así las cosas, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, entendió que la omisión de correr vista de los actuados, desnaturalizó el procedimiento aduanero, mal pudiendo considerarse cumplida tal instancia con la notificación de la resolución apelada; por lo que correspondía declarar nulos todos los actos procesales al print de pantalla de consulta de garantías global o unitaria de fs. 18, inclusive la resolución DE PRLA 2031/2017, en tanto carecería de sustento legal y fáctico, al pretender fundamentarse en un siniestro que se tuvo por configurado ante la falta de elementos de prueba que acreditaran el cumplimiento de la obligación, sin que hubiera existido la posibilidad para el particular de demostrar lo contrario.
A lo dicho, siempre en lo que al punto respecta, agregó que previo a disponer el archivo de la multa, hubiera correspondido que el servicio aduanero determinara en forma fehaciente si se habría configurado la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, que se le imputaba a la importadora, que daba lugar a la aplicación de la pretendida multa, así como al reclamo de los tributos.
Por lo expuesto, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, concluyó que no procedía exigencia tributaria alguna respecto del DIT fiscalizado por falta de constatación del incumplimiento normado por el artículo 970 del Código Aduanero; ello dada la irregular tramitación del procedimiento, apartándose de las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero.
Luego, en punto al rechazo del acuse de prescripción de acción del Fisco Nacional para perseguir el cobro de tributos con relación al DIT involucrado en autos, por mayoría, sostuvo que el término quinquenal liberatorio comenzó a correr el 1/1/2008, siendo suspendido con el dictado de apertura de sumario del 3/12/2012 (conf. artículo 805, literal a), del Código Aduanero), hasta tanto recayera la decisión que habilitara el ejercicio de la acción para percibir el tributo. Por último, el voto mayoritario de la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación indicó que lo resuelto tornaba innecesario abordar los restantes agravios traídos a juicio por Aseguradora de Créditos y Garantías SA.
IV. Disconforme con lo resuelto, la AFIP - DGA apeló, fundando oportunamente su pretensión recursiva (conf. esp. fs. 211 y 215/220 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Advirtió que la aseguradora habría planteado la nulidad del auto de instrucción de sumario sin explicar los perjuicios que dicha actuación le habría ocasionado, procurando la nulidad por la nulidad misma.
Tildó de incongruente al pronunciamiento apelado, al declarar la nulidad de lo actuado por no haber corrido vista del cargo infraccional, siendo que se dispuso el archivo del sumario en los términos de la instrucción general DGA 11/2016.
Al respecto, explicó que la vista exigida resultaba innecesaria en el marco de un procedimiento infraccional archivado, limitándose su pretensión al reclamo tributario.
Buscó diferenciar los conceptos “hecho imponible” y “hecho punible”.
Postuló que los cargos reclamados por la resolución cuestionada en autos lucían incuestionables y legítimos, en tanto la importadora no reexportó la mercadería en plazo, configurándose así el hecho imponible y, por consiguiente, la obligación tributaria perseguida. Así las cosas, concluyó en lo que al punto refiere, manifestó que el servicio aduanero no habría omitido correr vista de lo actuado, sino que decidió dejar sin efecto las actuaciones sumariales antes de llegar a ese estadio del proceso, procediendo exclusivamente a reclamar los tributos debidos por haber vencido el plazo para reexportar la mercadería; todo lo cual, en su entendimiento, echaba por tierra la nulidad decretada por el Tribunal Fiscal de la Nación.
Consideró abstracta la nulidad decidida, en tanto las obligaciones tributarias reclamadas se habrían devengado al verificarse el supuesto previsto en el artículo 274 del Código Aduanero.
Agregó que, en el caso, no se habría verificado perjuicio alguno a la aseguradora, dado que cualquier eventual nulidad planteada respecto de lo ocurrido en sede administrativa habría sido purgada por el conocimiento de las actuaciones por parte del Tribunal Fiscal de la Nación; instancia ante la cual la garante se presentó, impugnó el cargo tributario, fundó su escrito y ofreció prueba; no resultando al efecto aplicables los principios del derecho penal, en particular los que refieren a que no corresponde al imputado demostrar su inocencia, por no encontrarse bajo debate la configuración de una infracción.
Alegó que el particular tenía a su cargo demostrar el cumplimiento del régimen al que se hubiera acogido la operatoria para no caer en el hecho imponible tipificado por ley. Finalmente, cuestionó la distribución de costas dispuesta en lo que respecta al rechazo del planteo de prescripción de su acción para perseguir el cobro de tributos respecto de la operatoria fiscalizada, apartándose sin razones valederas del principio general de la derrota previsto en el artículo 68 del CPCCN y el artículo 1163 del Código Aduanero.
Por lo expuesto, la AFIP - DGA solicitó que se revocara el pronunciamiento dictado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, con costas.
Dicha presentación no mereció réplica de su contraria.
V. Evaluado lo actuado administrativamente, oportunamente reseñado en el Considerando I de la presente, a entender del Tribunal, conforme lo que a continuación se explicará, no se advierte irregularidad de tenor suficiente que justifique una decisión como la adoptada por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación.
Es que, tal como destacara el Fisco Nacional en su apelación, si bien la actuación administrativa AFIP “12210-7542-2007”, fue iniciada a efectos de investigar la posible comisión de la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero por parte de Igualar SA, por resolución DE PRLA 2031/2017, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros decidió limitar la pretensión fiscal en lo que respecta al DIT “07 073 IT04 001351 H” al reclamo tributario, disponiendo el archivo de la faceta infraccional.
Estas circunstancias explican la razón por la cual no habría sido corrida la vista pertinente, según lo dispuesto en el artículo 1101 del Código Aduanero, a los fines que la importadora y la aseguradora ejercieran su derecho de defensa.
Es decir, por aplicación de la instrucción general DGA 11/2016, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros dispuso el archivo de la investigación de la conducta infraccional (en la que si bien se había ordenado la apertura de sumario, aún no se había ordenado citar a la importadora y su aseguradora), y, con asiento en la documentación colectada hasta ese entonces (el sobre contenedor de la operatoria fiscalizada, los informes de la División Verificación y de la Sección Liquidaciones respecto del valor en aduana de la mercadería involucrada, su tributación al tiempo de los hechos investigados y la posibilidad de resultar de importación prohibida, sumado a la liquidación tributaria del caso; entre otros documentos), consideró incumplido el régimen de excepción, teniendo a los bienes como importados para consumo, e intimó al pago de los tributos adeudados.
Así las cosas, habiendo la garante de la operatoria fiscalizada presentado su apelación por ante el Tribunal Fiscal de Nación, no se advierte irregularidad alguna en lo actuado que justifique la declaración de nulidad de lo actuado a partir del print de pantalla de fs. 18 de las actuaciones administrativas AFIP “12210-7542-2007”.
En este entendimiento, cuadra hacer hincapié en el inapropiado enfoque con el cual fue examinado lo actuado. En la especie, según se explicara anteriormente, el Fisco Nacional, por aplicación de la instrucción general DGA 11/2016, dejó de lado el ejercicio de la potestad punitiva, limitando su pretensión al reclamo de tributos.
Este suceso, quita entidad al razonamiento expuesto en el pronunciamiento recurrido en orden al apartamiento de lo normado en el título II, capítulo III, del Código Aduanero, que regula el procedimiento para infracciones, mas no lo relativo al reclamo tributario, como el seguido por la resolución aduanera impugnada.
En definitiva, producto del archivo de la actuación a los fines de ejercer la potestad sancionatoria, la resolución aduanera impugnada, por la que se tuvo por incumplido el régimen de importación temporaria al que fuera acogida la mercadería en trato y se reclamó el pago de los tributos debidos por su importación para consumo, no luce nula en los términos planteados por la aseguradora y admitidos por el Tribunal Fiscal de la Nación; debiendo entenderse a lo actuado como la puesta en práctica de las potestades de la AFIP - DGA a los fines de perseguir el cobro de los impuestos debidos por la nacionalización de los bienes ingresados al territorio aduanero bajo un régimen de excepción cuya condición, a los fines de evitar su pago (su reexportación antes del vencimiento del término acordado al efecto) no se encontraría acreditada en la base de datos de la autoridad aduanera, determinando ello la intimación para regularizar la situación, bajo apercibimiento de iniciar ejecución fiscal (conf. artículo 1122 del Código Aduanero).
VI. En igual sentido se ha pronunciado esta Sala, en autos 5146/2023 “Aseguradora de Caución SA Cía de Seguros - TF 40.113-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 9/6/2023.
VII. Lo expuesto basta para concluir que el procedimiento seguido por ante el servicio aduanero no resultaría nulo en los términos resultantes del pronunciamiento apelado; debiendo -por tanto- revocarse la decisión recurrida en este sentido, y ordenar el reenvío del expediente al Tribunal Fiscal de la Nación a efectos que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un pronunciamiento respecto de las restantes cuestiones propuestas por la aseguradora, pendientes de tratamiento.
En atención al modo en que se resuelve y al no advertirse motivos valederos para apartarse del principio general de la derrota, las costas relativas a la actuación desplegada ante el Tribunal Fiscal de la Nación en lo concerniente a la nulidad debatida y decidida, han de ser soportadas por Aseguradora de Créditos y Garantías SA, vencida (conf. artículo 1163 del Código Aduanero y artículo 279 del CPCCN).
VIII. Resta expedirse en punto al cuestionamiento de la distribución de costas dispuesta por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación en lo concerniente al rechazo de la defensa de prescripción opuesta por la aseguradora respecto de la acción del Fisco Nacional para perseguir el cobro de tributos respecto de la operatoria fiscalizada. Cabe destacar que la decisión de rechazar tal planteo liberatorio, fue consentida por Aseguradora de Créditos y Garantías SA. Al respecto, se advierte que, tal como planteara el Fisco Nacional, la decisión de rechazar la prescripción opuesta “sin costas”, no solo no resulta conteste con el resultado alcanzado, contrario a los intereses de la aseguradora, quien formulara dicha defensa, sino que, además, no fue justificado el apartamiento del principio general rector en la materia para la actuación celebrada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación (conf. artículo 1163 del Código Aduanero).
Así las cosas, atento al resultado de la defensa opuesta por la aseguradora y al no advertir motivos valederos para apartarse del principio objetivo de la derrota, rector en la materia, corresponde admitir el planteo del Fisco Nacional y, en consecuencia, disponer que las costas relativas a la actuación seguida ante el Tribunal Fiscal de la Nación, vinculadas al rechazo de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos por la operatoria fiscalizada en el marco de las actuaciones AFIP “12210-7542-2007”, queden a cargo de Aseguradora de Créditos y Garantías SA, vencida en lo que al punto refiere (conf. artículo 1163 del Código Aduanero).
IX. En atención a lo hasta aquí decidido, no advirtiendo motivos valederos para apartarse del principio objetivo de la derrota, corresponde que las costas relativas a esta instancia judicial, vinculadas a las cuestiones decididas, sean soportadas por Aseguradora de Créditos y Garantías SA, vencida (conf. artículo 68, primera parte, y 69, ambos del CPCCN).
En consecuencia, el Tribunal RESUELVE:
1. admitir la apelación deducida por el Fisco Nacional.
En consecuencia:
i) se revoca, en parte, la resolución del 7/9/2023 dictada por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto declaró la nulidad de lo actuado a continuación del print de pantalla de fs. 18 de las actuaciones administrativas AFIP “12210-7542-2007”, correspondiendo el reenvío de estos actuados a la instancia anterior a efectos que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un pronunciamiento respecto de las restantes cuestiones propuestas por la aseguradora, pendientes de tratamiento (Considerandos V y VII);
ii) se modifica la distribución de costas relativa a la actuación desplegada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en lo concerniente a las cuestiones allí debatidas y resueltas por el pronunciamiento del 7/9/2023, las que quedan a cargo de Aseguradora de Créditos y Garantías SA (conf. Considerandos VII y VIII).
2. imponer las costas relativas a esta instancia judicial, vinculadas a las cuestiones aquí decididas, a cargo de Aseguradora de Créditos y Garantías SA (Considerando IX).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese a la instancia de origen.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia