Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124091
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
SUCHETTI WALTER NELSON ARIEL C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. Y OTRO/A S/ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL.
La Plata, 11 de marzo de 2020.
Los señores Jueces doctores Soria y Pettigiani, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Lanús, en lo que aquí interesa destacar, hizo lugar a la demanda instaurada por Walter Nelson Ariel Suchetti, y, en consecuencia, condenó a Provincia ART S.A. a abonarle la suma que indicó en concepto de prestaciones dinerarias de la ley 24.557, y a la Provincia de Buenos Aires a abonarle una reparación integral por daño material y moral (v. fs. 1.465/1.489).
Para así decidir, valorando el material probatorio de la causa, especialmente, la pericia médica y las pruebas documentales adunadas al proceso, juzgó acreditado que como consecuencia del accidente sufrido con fecha 24 de abril de 2008, el actor padece una incapacidad del 61,3% del índice de la total obrera, en relación causal con aquél.
Asimismo, concluyó reunidos los presupuestos de la acción por responsabilidad objetiva atribuidos a la empleadora demandada, en los términos del art. 1.113 del entonces vigente Código Civil.
II. Frente a lo así resuelto, el apoderado de Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.513/1.520 vta.), el que fue concedido a fs. 1.576/1.580.
En su presentación denuncia absurdo, citando las normas y doctrina legal que considera violadas. Su crítica al fallo reposa sobre dos agravios:
En primer lugar, objeta la determinación del quantum indemnizatorio, alegando que el juzgador no explicita el método utilizado para llegar a la suma por la que la condena.
Por otro lado, cuestiona el porcentaje de incapacidad fijado, impugnando especialmente la valoración de la pericia médica, pues entiende que el a quo omitió considerar datos médicos objetivos incorporados a la causa mediante prueba documental, así como también el método de la incapacidad restante que impone el decreto 659/96.
III. El recurso intentado ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
III.1. De modo liminar, se impone señalar que el recurso ha sido bien concedido, pues esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resol. de 3-XII-2014, resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma introducida en el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, que consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau", resols. de 26-III-2015; L. 118.403, "Bruch" y L. 118.193, "Liporace", resols. de 1-IV-2015; entre otras, sin que se adviertan aportadas razones que justifiquen -en la especie- apartarse de la doctrina allí establecida por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5.827,y modif.).
III.2. Ahora bien, pasando a analizar los agravios traídos, e invirtiendo su orden por cuestiones metodológicas, resulta insuficiente el embate dirigido a controvertir el porcentaje de incapacidad fijado en el pronunciamiento de origen.
III.2.a. Al respecto, esta Corte ha señalado que determinar el grado de incapacidad que afecta al trabajador, y en general el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y exentas de censura en casación, salvo absurdo (causas L. 117.984, "Vilche", resol. de 27-VIII-2014; L. 118.788, "Jaime", resol. de 2-IX-2015; L. 119.785, "Ortigoza", resol. de 29-VI-2016; L. 121.187, "Ponce", resol. de 30-V-2018 y L. 122.597, "Vargas", resol. de 19-VI-2019).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014 y L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014).
III.2.b. El señalado vicio no es demostrado por la recurrente, habida cuenta de que las objeciones que formula en torno al modo en que considera que el sentenciante debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, basadas en meras apreciaciones personales y poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento, resultan ineficaces para conmover la decisión respecto del grado de minusvalía que en forma privativa el juzgador estableció en el fallo (causas L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 117.831, "Andrada", resol. de 12-XI-2015). (causas L. 101.295, "Zakowicz", sent. de 1-IX-2010 y L. 119.978, "Manzanares", resol. de 5-X-2016).
III.2.c. Asimismo, se impone recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causa L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013 y L. 119.974, "Cuevas", resol. de 7-IX-2016), vicio que, como se anticipó, no logra ser acreditado.
III.3. Igualmente improcedente es el cuestionamiento relativo al monto indemnizatorio.
III.3.a. Tiene dicho esta Corte que la determinación del quantum resarcitorio en los supuestos en los que se reclama por vía del derecho común constituye, por regla, una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria y, como tal, ajena al ámbito de conocimiento de esta Corte, salvo absurdo (causas L. 107.730 "Medina", sent. de 30-X-2013; L. 117.226 "Guajardo", sent. de 25-II-2015 y L. 121.725, "Oviedo", resol. de 7-III-2019).
También es facultad de dichos magistrados la elección de las pautas que consideran adecuadas cuando se trata de establecer el referido monto, y en tal supuesto la configuración del absurdo debe apreciarse estrictamente (causas L. 103.345, "Pérez", sent. de 18-V-2011; L. 114.082, "Borda", resol. de 21-IX-2011 y L. 121.122, "Domínguez", sent. de 27-XI-2019).
III.3.b. En ese contexto, la interesada, además de no lograr evidenciar la configuración del mentado vicio, no logra rebatir la conclusión que impugna, ya que las alegaciones que formula no exteriorizan más que su discrepante opinión en orden a las conclusiones arribadas por el sentenciante respecto al modo en que considera que aquél debió definir la determinación económica de la reparación de la minusvalía padecida, criterio que, indudablemente, no puede sustituir al de los jueces de mérito (causas L. 116.157, "Rosso", sent. de 25-IX-2013; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014 y L. 111.610, "Gómez", sent. de 29-X-2014).
En ese sentido, basta con señalar que de la lectura del pronunciamiento puesto en crisis se observa que el juzgador tuvo en cuenta, a la hora de cuantificar dicho rubro, la edad de la accionante a la fecha de consolidación del daño, los años faltantes hasta cumplir los 60, así como el porcentaje de incapacidad parcial y permanente que presenta Suchetti (61,30% del índice de la total obrera).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Registrada bajo el n°116
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Fin de la sentencia