Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2022-58347603-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 06 001IT000147 A, por la firma VILMAX S.A.C.I.F.I, en la Actuación 12197-17315-2008, en los términos de los arts. 803 y stes., del C.A., con costas a la D.G.A.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-58266283-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 30 de Mayo de 2025 SEGUROS Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura (Vocal subrogante de la Vocalía de la 18 Nominación) Pablo Adrián Garbarino y Christian Marcelo González Palazzo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “ASEGURADORES DE CAUCIONES S A COMPAÑIA DE SEGUROS c/ DGA s/ recurso de apelación”; EX-2022-58347603- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 9913/2018, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en fecha 18/12/2018, en la Actuación Nº 12197-17315-2008, en cuanto formula cargo a la aquí actora ASEGURADORES DE CAUCIONES SA COMPAÑÍA DE SEGUROS en su carácter de garante de la firma VILMAX S.A.C.I.F.I, en concepto de tributos adeudados por la suma de U$S 7.995,02, referido a derechos de importación, tasa de estadística e IVA con más los intereses correspondientes al art. 794 del C.A., por encontrarla responsable de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., en relación con la mercadería introducida temporalmente mediante la destinación 06 001IT000147 A, con vencimiento el 10/01/2008.
II. Fundamentos del recurso: mediante RE-2022-58346076-APN-DTD#JGM se presenta la firma ASEGURADORES DE CAUCIONES SA CIA DE SEGUROS, en su carácter de garante de la operación e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. Hace un resumen de los hechos. Manifiesta que la póliza por la que se involucra su mandante es la Nro. 591.367 que no se encontraba agregada en las actuaciones sino que fue acompañada por ella al contestar la vista. Plantea la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos conforme a los arts. 803 y 805 inc. a del C.A. Cita jurisprudencia. Señala el límte de la garantía y alega que el servicio aduanero debió agregar la póliza en la instancia sumarial. Solicita que este Tribunal establezca concretamente el monto de la responsabilidad de su representada en la suma de $84.000. Se agravia en cuanto a que la resolución ordena labrar cargo a la Aseguradora por las mismas sumas que la importadora, aun cuando se refiere a los límites garantizados. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia revocando la resolución apelada con costas a cargo de la demandada.
III. Contestación del traslado: Mediante IF-2022-99227357-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora y acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la actora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Considera que en virtud de que el auto de apertura de sumario habría sido notificado posteriormente al plazo vencimiento del plazo de prescripción, debe destacarse que la cuestión ya se encuentra saldada por la Exma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos WONDERLAND SRL C/ ADUANA ROSARIO Y OTRO S/ DEMANDA CONTENCIOSA. Sostiene que al surgir la interrupción de la prescripción de la literalidad del texto del art. 937 del C.A., no corresponde apartarse del mismo, entendiendo en consecuencia que la prescripción de la acción del fisco para perseguir los tributos y la multa comenzó a correr el 01/01/2009 y se interrumpió con el dictado del auto de apertura de sumario con fecha 23/12/2013 (suspendiéndose asimismo los tributos conforme art. 805 inc a) del C.A.).
Señala que el plazo de duración ha sido por demás razonable y ajustado a derecho y que en autos se está frente a una imputación infraccional efectuada a una persona jurídica, la que no puede de ninguna manera considerarse comprendida en la tutela de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos efectúa sobre las personas físicas. Infiere que la finalidad del seguro de caución es la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal, sin que sea necesario demostrar la insolvencia del Tomador. Alega que basta el mero vencimiento de la deuda salvo que se haya pactado beneficio de exclusión, circunstancia que no ha acontecido en el caso de marras. Manifiesta que según surge de las constancias del expediente, el importador no cumplió con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria, habiéndose configurado el siniestro que autoriza a su representada a reclamar el pago del cargo tributario pertinente por parte de la aseguradora.
Sostiene que en relación al alcance de la garantía extendida, la aseguradora responde con los alcances que, de acuerdo con las leyes y reglamentaciones aduaneras vigentes corresponde total o parcialmente con las garantías exigidas por las mismas. Alega que el elemento que permite la vinculación entre el servicio aduanero y la compañía es la Póliza. Señala que la Aseguradora se obligó ante el asegurado por una suma que surge como consecuencia de una liquidación tributaria, vinculada inexorablemente con una operación aduanera formalizada a través de la destinación de importación. Sostiene que la actora, como profesional de la actividad de seguros, siempre supo que se garantiza habitualmente a la Aduana y nunca dejó asentada excepción alguna.
Resalta la teoría de los actos propios y el principio de la buena fe. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme la Resolución con expresa imposición de costas a cargo de la parte actora.
IV. Que, en lo que aquí interesa, la actuación administrativa SIGEA N° 12197-17315-2008, se inicia a fs. 1, con el acta de denuncia 577/08. A fs. 4 obra sobre contenedor. A fs. 6/9 obra el aforo de la mercadería. A fs. 10/12 luce agregada la liquidación de tributos. A fs. 13/14 se agrega determinación de multa y tributos. A fs. 15, con fecha 23/12/2013 se dispone la instrucción de sumario y se corre vista de lo actuado. A fs. 16 se agrega print de pantalla de garantía global. A fs. 17/22 luce agregado determinación de multa y tributos. A fs. 23, con fecha 14/05/2018 se rectifica el auto de corrida de vista de fecha 23/12/2013 y conforme a lo dispuesto por la RG AFIP 3271/12 y la doctrina de la Corte en FRISHER se le hace saber el monto de los tributos adeudados. A fs. 25 se agrega copia de SICNEA a la aseguradora, referida a la corrida de vista y su rectificación con la leyenda “ENVIADO” en fecha 16/05/2018. A fs. 24 se agrega SICNEA a la importadora referida a la corrida de vista y su rectificación, notificada de la misma con fecha 18/5/2018 conforme constancia obrante a fs. 24 vuelta. A fs. 27/38 contesta vista la firma aseguradora, acompaña la póliza 591367. A fs. 39 se decreta la rebeldía de la firma importadora. A fs. 43/45 luce agregada la Resolución DEPRLA N° 9913/18 dictada el 18/12/18 aquí apelada. A fs. 46, con fecha 16/5/22 se notifica a la aseguradora de dicha resolución.
V. Que, mediante PV-2022-102836250-APN-VOCXVIII#TFN, se tiene por contestada la demanda y por acompañadas las actuaciones; mediante PV-2022-112114599-APN-VOCXVIII#TFN se abre la causa a prueba. En PV-2023-50382359-APN-VOCXVIII#TFN, se da por decaído el derecho a producir la prueba a la actora y no se hace lugar a la prueba supeditada en el apartado 3 de PV-2022-112114599-APN-VOCXVIII#TFN. Se certifica la prueba. Posteriormente se elevan los autos a la Sala “F” y pasan a sentencia.
VI. Que, en primer lugar, corresponde tratar el planteo de prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos alegado por la actora.
Que, en lo que aquí interesa, el art. 803 del C.A establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...” Que el vencimiento del despacho de importación temporaria 06 001IT000147 A, operó el 10/1/2008; por lo que el cómputo de la prescripción tributaria se inició el 1-1-09 y operaba, de no mediar causales suspensivas de su curso el 31-12-13.
Que, habiéndose dictado el auto de apertura de sumario el 23-12-13 -ver fs. 15 de las actuaciones administrativas- , se suspende el cómputo.
Que, en lo que aquí interesa, hasta dicha fecha transcurrieron 4 años, 11 meses y 22 días; restando para que opere la prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos 9 días.
Que, la Resolución DE PRLA N° 9913/2018, se dictó el 18-12-2018.
Que, atento lo establecido en el ya referido art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario -en el caso 23/12/2013 “... hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión:...”. Que si bien el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la Resolución dictada, el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.”
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN- SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.” -el resaltado me pertenece-.
Que, en consecuencia, el cómputo de la prescripción se reinicia el 26-12-18 -léase: 5 días hábiles administrativos posteriores al dictado de la Resolución-; por lo que si restaban para que opere la prescripción 9 días, la misma operaría el 3-1-19.
Que, ello así, dicho plazo (el aludido de 9 días) se cumplió el 3/1/2019 sin que se hubiera producido en el transcurso del mismo, ningún otro acto suspensivo o interruptivo (siempre con relación a la prescripción de la acción tributaria). El único acto que hubiera tenido tal virtualidad (en el caso “interruptiva”) habría podido ser el de la notificación (a la aquí actora) de la resolución apelada en autos, pues esa notificación habría sido la de “... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A.
Que, no obstante, la aludida notificación se efectuó recién en fecha 16/5/2022, conforme luce constancia de SICNEA a fs. 46 de las actuaciones administrtivas, es decir cuando ya había vencido ampliamente el plazo prescriptivo, por lo que no pudo tener el efecto interruptivo previsto por la norma En efecto, en este punto resulta oportuno señalar que “la notificación de la liquidación tributaria aduanera”, a la que se refiere el art. 806 inc. a) como causal de interrupción en materia tributaria, comprende tanto la notificación de un cargo suplementario (es decir, sin denuncia infraccional que motivara la apertura de sumario en la que estuvieran en juego ambas acciones fiscales) como la notificación de la liquidación contenida en la resolución definitiva de un sumario aduanero (tal como la resolución apelada en el caso de autos) pero no así la notificación que se realiza con la notificación de la vista del art. 1101 del C.A. y/o con la citación –al mismo efecto sólo en orden de la acción tributaria- al garante de los tributos (ello en armonía con lo dispuesto en el art. 1103 del C.A. y de conformidad con lo sostenido jurisprudencialmente por el suscripto). Esto último porque la suspensión de la prescripción de la acción tributaria (prevista en el inc. a) del art. 805 del C.A.) forzosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del C.A., que se produce inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva.
Que, si bien es claro que no surge -como ya se ha mencionado- plazo alguno en el en el CA que imponga al Fisco el deber de notificar los actos dictados en cierto plazo, es importante considerar que dicha notificación debe ser inmediata. Lejos de eso, como se advierte del simple cómputo de plazos, transcurrieron más de tres años desde el dictado de la resolución apelada (18/12/2018) hasta su notificación a la actora (16/5/2022, conforme constancias de fs. 46 de las act.), eso devela una inactividad por parte de la administración que perjudica e incide negativamente sobre los derechos del administrado y retrasa la posibilidad de que ejerza sus defensas debidamente.
Que el derecho no se trata de compartimentos estancos y el derecho administrativo nutre al CA de principios propios que imponen -desde ya- el deber de que el procedimiento aduanero se desarrolle en debida forma, partiendo de la juridicidad, la tutela administrativa efectiva, la buena fe y la confianza legítima, entre muchos otros.
Que procede tener presente, como explica Perrino con cita de Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández: “El procedimiento administrativo no ha sido ciertamente concebido por el legislador como una carrera de obstáculos cuya superación sea requisito necesario para la adopción de la resolución final, sino como un cauce ordenado capaz de garantizar la legalidad y el acierto de aquélla dentro del más absoluto respeto de los derechos de los particulares”. (Perrino, Pablo E., La garantía constitucional de la defensa en el procedimiento administrativo, R LALEY AR/DOC/8399/2012).
Que no resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido “sine die”, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados.
Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos.
VII. Que por el modo en que se resuelve, entiendo que se torna inoficioso el tratamiento de las demás cuestiones planteadas en autos.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 06 001IT000147 A, en la Actuación 12197-17315-2008, en los términos de los arts. 803 y stes., del C.A., con costas a la D.G.A.
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
En primer lugar, por razones de economía procesal y celeridad práctica, hago propio el detalle de los hechos realizado por el Dr. Segura así como también del relato de los elementos acollarados al expediente. En segundo -y neurálgicamente- adelanto que no comparto lo que desarrolla a lo largo de su propuesta -para fundar lo que propone como solución al entuerto- en razón –basalmente- de lo resuelto por la Alzada en el plenario “Hughes Tool C/ DGA” y –centralmente- lo sentenciado por nuestro tribunal Cimero en Wonderland (Fallos: 332:1109), pues entiendo que no se dan los presupuestos establecidos en el código de fondo para adoptar un temperamento extintivo como el propuesto por el Vocal preopinante al que se adhiere -aunque “en lo sustancial”- el Dr. Garbarino.
No acompaño la interpretación de la literalidad de lo dispuesto en el art. 805 inc. a) del C.A. y en el 937 inc.d) del C.A. que realizan mis colegas para resolver la suerte de la pretensión tributaria e infraccional del Fisco, en tanto la norma es clara en determinar como límite temporal del efecto suspensivo que dota la apertura del sumario al dictado de la “decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” o –en lo que a la imposición de la pena se refiere- a la resolución –sin devenir firme- que la impone.
Lo dicho, evidencia que el criterio sostenido por el colega de grado va de bruces con la literalidad de la norma, pues - y es prístino para quien suscribe-, una decisión –o acto administrativo- recién habilita el ejercicio de la acción para su ejecución cuando ésta adquiere la firmeza que solamente puede darse una vez transcurrido el plazo previsto en la norma para su cuestionamiento, que comienza a transcurrir desde su notificación al pretenso obligado.
Entiéndase, esa decisión administrativa -revestida de ropaje de sentencia- no puede ser ejecutada mientras no sea notificada ni tempestivamente recurrida por aquél de quien se pretende un comportamiento compulsivo, ergo, la suspensión prevista en la norma se encuentra en pleno vigor y por ello debe rechazarse el planteo prescriptivo incorporado al debate.
Nótese que el razonamiento que aquí se plasma fue receptado por el legislador al punto de reformar mediante el DNU 70/2023 (Decreto del ejecutivo con intervención posterior del Poder Legislativo) el art. 1037 del C.A. (actos de notificación obligatoria) incorporando como incisos m) y n) los siguientes: el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; n) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera. (Ver artículo 151 del DNU).
En síntesis: la imprevisión del legislador que presumen mis colegas en su particular interpretación de la norma ha quedado desvirtuada con la aludida reforma que hecha luz a la cuestión y conmueve asertivamente el criterio del suscripto, al que cabe remitirse.
Claro está que esta Sala no ha sido pasiva ni desconoce la multiplicidad de casos en los que la aduana notifica mucho los actos administrativos como el aquí recurrido con muchísima demora. Para dar solución al caso optó por recurrir como fundamento de una decisión justa y sentada en derecho, al bloque de garantías convencionales. En este caso sometido a estudio, no advierto que la inactividad estatal pueda contemplársela como lesiva del debido proceso por exceso del plazo razonable en grado tal que evidencie una afectación al derecho del administrado a obtener un pronunciamiento sin indebidas dilaciones (art.8.1 CADDHH) que me conmine a considerar la inaplicación de la norma en este caso, máxime, si se considera la ausencia de proactividad útil de quien, en definitiva, debiera ser un interesado central en perseguir con celo el proceso sumarial aduanero que enmarca una discusión tributaria (de hecho fue declarado rebelde).
Analizar los efectos derivados del efecto suspensivo previsto en el art.805 inc. a) del Código Aduanero obliga al operador a dimensionar el contexto fáctico y probatorio del casus en su totalidad, lo que incluye -claro está- la actividad desplegada por las partes en el proceso y así, ponderando los derechos en conflicto, evaluar sus consecuencias antes de adoptar un temperamento que pudiere derivar en un extremo extintivo como el aquí propuesto por mis colegas.
Adviértase que la actora es una empresa aseguradora, conoce la existencia de la presente desde la corrida de vista, su giro comercial no es extraño al comercio exterior ni a la burocracia estatal y –no menos importante- es oneroso al punto de percibir una prima mientras el contrato de seguro se mantenga vigente.
Su inactividad no puede ser receptada como aceptable desde la doctrina cimera en “Losicer” como parámetro para la eventual procedencia del instituto del plazo razonable. (L.216. XLV. Losicer, Jorge Alberto otros c/ BCRA Resol. 169/05 (expte. 105666/86 SUM FIN 7081)
Y es por ello que, visto sendas posiciones sustancialmente coincidentes y la latente posibilidad que el superior no acompañe el temperamento prescriptivo propuesto por el Vocal instructor (extremo que ha de verificarse en no pocos casos) he de limitarme a votar por el RECHAZO a la prescripción de sendas acciones del fisco en el marco de la operación de importación identificada como 06001IT000147A.
Así lo voto.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE
Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 06 001IT000147 A, por la firma VILMAX S.A.C.I.F.I, en la Actuación 12197-17315-2008, en los términos de los arts. 803 y stes., del C.A., con costas a la D.G.A.
Suscriben la presente los Dres. Horacio Joaquín Segura (Vocal subrogante de la vocalía 18a Nominación), Pablo Adrián Garbarino y Christian Marcelo González Palazzo.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, archívese mediante su remisión a guarda temporal. Date: 2025.05.28 10:49:02 -03:00 Date: 2025.05.30 15:13:44 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.05.30 15:26:59 -03:00 Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.30 15:27:00 -03:00
Fin de la sentencia