Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 36.336-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 635/2015, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 19/02/2015, en la actuación SIGEA Nº12210-6402-2008 la cual condena a la coactora importadora MAGALCUER S.A. al pago de una multa, la que se reduce al monto equivalente a PESOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 94/100 ($ 34.373,94) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido parte de la mercadería ingresada temporariamente mediante la DIT N° 06073IT15000158M, con vencimiento el 11/09/2008. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 33 % a cargo de la coactora importadora y en un 67% a cargo del Fisco.
2Confirmar parcialmente el art. 5° de la Resolución DE PRLA N° 635/2015, declarando que las coactoras adeudan la suma de DÓLARES ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 15/100 CVOS. (U$S 11.182,15), que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Con respecto a la coactora aseguradora, deberá responder hasta el límite consignado en la póliza N° 619360. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 27 % a cargo de las coactoras y en un 73 % a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-20805198-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 26 de Febrero de 2025 A;ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS y otro Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS C/DGA s/ Recurso de Apelación”, Expediente N° 36.336-A y su acumulado Expediente N° 36.338-A “MAGALCUER S.A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 635/2015, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 19/02/2015, en la actuación SIGEA Nº12210-6402-2008, en cuanto dispone condenar a MAGALCUER S.A. al pago de una multa equivalente a $ 103.121,82 y formularle cargo, conjuntamente a las aseguradoras ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS (coactora en la causa) y BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS S.A., en concepto de tributos adeudados, por la suma de U$S 34.373,94 (Derechos de Importación, Tasa de Estadística, Derecho Adicional e IVA) y $ 19.716,39 (IVA adicional e Impuesto a las Ganancias) con más los intereses correspondientes al art. 794 del C.A., por encontrarla responsable de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., en relación a parte de la mercadería importada por la destinación N° 06073IT15000158M, con vencimiento el 11/09/2008. Asimismo, resolvió absolverla en proporción a la mercadería que consideró parcialmente reexportada.
II. Fundamentos de las apelaciones:
*Coactora aseguradora: A fs. 17/20 se presenta por apoderado ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS e interpone recurso de apelación contra la resolución aduanera. En primer lugar, relata los hechos del caso. A continuación, desarrolla sus agravios. Argumenta que la temporal fue cumplida en su totalidad. Recuerda que la limitación de su responsabilidad debe circunscribirse al límite de la póliza. Opone la improcedencia de la liquidación en dólares, toda vez que el servicio aduanero habría incumplido con lo previsto en la Resolución 3271/2012 (AFIP). Cuestiona la liquidación tributaria, en cuanto a la inclusión de las percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
*Coactora importadora: A fs. 307/309 se presenta por apoderado MAGALCUER S.A. e interpone recurso de apelación. Asevera que dio cumplimiento a las obligaciones impuestas por el régimen legal, ya que reexportó la totalidad de la mercadería importada por la DIT en trato. Manifiesta que esta circunstancia resulta acreditada con la documental acompañada (CTC y permisos de embarque). Como consecuencia de ello, asevera que la infracción endilgada no se configuró. Para concluir, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se revoque la resolución apelada.
III. Contestación de los traslados:
A fs. 30/42 la representación fiscal contesta el traslado del recurso y, posteriormente, acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Reseña la normativa aplicable al régimen de importación temporal y concluye que no se comprobó que se haya reexportado la mercadería importada temporalmente, configurándose el siniestro que da lugar a la obligación en cabeza de la aseguradora. Cita jurisprudencia. Asevera que el seguro de caución excluye defensas fundadas en circunstancias personales del tomador. Describe los alcances del seguro de caución regido por la legislación aduanera. Agrega que la aseguradora debe responder en la misma medida que la obligación tributaria del tomador. Defiende la legalidad de la liquidación tributaria. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con costas. A fs. 267/269 la representación fiscal contesta el traslado del recurso. Relata los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Enumera y explica los artículos del C.A. que rigen la destinación suspensiva. Resalta la especial trascendencia del aspecto temporal, a los fines de evaluar el cumplimiento del régimen. Considera que, toda vez que la mercadería no fue debidamente reexportada, se configuró la infracción del art. 970 del C.A. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-6402-2008 se inician a fs. 1/3 con el acta de denuncia N° 581/08. A fs. 4 se agrega el sobre contenedor de la DIT. A fs. 5 y 7 se efectuaron el aforo de la mercadería y la liquidación tributaria. A fs. 25/27 se encuentran las pólizas Nros. 639360 y 44142. A fs. 32/33, en fecha 15/06/2010, se dispone instruir sumario y correr vista de lo actuado, notificada a la coactora aseguradora en fecha 23/05/2011. A fs. 40/74, en fecha 07/06/2011 la coactora importadora formula descargo y adjunta documental. A fs. 115 luce la Nota N° 3116/2012 (SE PTEZ). A fs. 127/128 se formula nueva liquidación de multa y tributos. A fs. 132/135 se incluyen constancias del Registro de Infractores. A fs. 137/139 se dicta la resolución aduanera, aprobada a fs. 158/160. A fs. 162/162 obran las cédulas de notificación. A fs. 163/164 la coactora importadora da cuenta del recurso interpuesto ante este Tribunal y adjunta formulario F4.
V. Que a fs. 271, en fecha 14/05/2018, se proveyó la prueba ofrecida.
VI. Que por PV-2024-123533679-APN-VOCXXI#TFN se certificó la prueba producida, por PV-2024- 123632711-APN-VOCXXI#TFN se declaró cerrado el período probatorio y se elevaron los autos a la Sala “G”. En fecha 12/11/2024 por IF-2024-124395699-APN-VOCXXI#TFN se pusieron para alegar.
Finalmente, en fecha 27/12/2024 pasaron a sentencia (IF-2024-142067667-APN-VOCXXI#TFN).
VII. Que la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación antes referida.
VIII. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. Que, previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria. Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 a cuyo amparo se autorizó la operación en trato establece en su artículo 14 que “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero.”
Que, en correlación, el siguiente artículo dispone que “(…) La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitará las declaraciones juradas de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por los beneficiarios del régimen y emitirá el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. Dicho certificado mantendrá su validez mientras no cambie la relación insumo-producto declarada. A los efectos enunciados en el párrafo anterior, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS SERVICIOS PUBLICOS queda facultada para solicitar a los organismos oficiales correspondientes, atento su especialización y competencia en la materia, la realización de los estudios técnicos necesarios a fin de emitir el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS emitirá el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en la medida en que la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes cumpla con los requisitos técnico-administrativos que se estipulen. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS enviará copia de los Certificados de Tipificación y Clasificación emitidos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la que a su vez los comunicará a las Aduanas de todo el país.(…)”
Que el C.T.C. es el documento que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
X. Que mediante la DIT en estudio, oficializada en fecha 12/09/2006 en la Aduana de Ezeiza, MAGALCUER S.A. importó temporalmente-al amparo del régimen del Decreto N° 1439/96-301.400 unidades de mercadería bajo la P.A. 3926.90.90.
Que analizada la documental pertinente, puntualmente copias de los permisos de embarque y CTC aplicables (a fs. 61/294 y 295/298 del expediente principal), se concluye que-tal como señaló el área técnica en la Nota N° 3116/2012 (SE PTEZ)- la mercadería se encuentra parcialmente reexportada, conforme el cuadro que, por su extensión, se adjunta como archivo embebido y que forma parte integrante de la presente.
Que ello es así, toda vez que un número significativo de permisos de embarque cuyas copias se tuvieron a la vista, carecen de la hoja de descarga, lo que impide vincularlos con la DIT en trato y con el CTC aplicable, así como advertir la cantidad que descargaría cada uno.
Que la prueba pericial producida a fs. 347 vta. del expediente principal no logra desvirtuar las consideraciones antes formuladas.
Que, contrariamente a lo alegado por la actora en el escrito inicial, esto no se trata de una infracción meramente formal, sino que-como ya se explicó en los considerandos precedentes-la falta de agregación de las hojas respectivas imposibilita la realización de descarga alguna.
XI. Que finalmente, corresponde referirme a la multa impuesta, que según se desprende de la resolución apelada, a los fines de determinar el quantum, se tuvieron en cuenta las impresiones de pantalla del Registro General de Infractores obrantes a fs. 132/135 de las actuaciones administrativas, de la que resultarían antecedentes infraccionales (razón, por la cual se graduó la pena en 3 veces). Que al respecto cabe destacar que las referidas constancias no pueden ser tenidas en cuenta a los efectos de su consideración para evaluar de la situación de reincidencia a que alude el art. 927 del Código Aduanero, ya que adquirieron firmeza en el año 2010, con posterioridad al vencimiento de la destinación en trato. Que, aunque el art. 915 del Código Aduanero, solo requiere tener en cuenta entre otros aspectos a los antecedentes del imputado, sin mencionar de manera específica a la “reincidencia” como concepto técnico, estimo que las situaciones expresadas en el párrafo anterior pueden ser tenidas también cuenta como un mero antecedente, aunque sin poder equipararse en su evaluación, que no reviste la misma importancia, al supuesto de “reincidencia”.
Que, al respecto, debe recordarse que la Corte Suprema ha dicho que "son aplicables a las infracciones aduaneras las disposiciones generales del Código Penal, conforme a las cuales sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos 290:202, 5 considerando y sus citas)" ("SAFRAR Sociedad Anónima Franco Argentina de Automotores", del 27/12/88, Fallos, 311:2779).
Que, entonces, la graduación de la sanción debe ser ponderada en consonancia con el conjunto de circunstancias que, en la convicción del intérprete juez administrativo, permitan encontrarla configurada y en los antecedentes computables que puedan endilgársele al infractor.
Que, así las cosas, la multa debe reducirse al mínimo legal, conforme se detalla a continuación:
AL TC DE FS. 128 (3.074) SON PESOS 34.373,94.
Que por esas razones, es que corresponde confirmar parcialmente la resolución apelada en este aspecto.
XII. Que en cuanto a la responsabilidad de la aseguradora, destaco, tal como lo ha sostenido esta Sala en numerosos precedentes, que en razón de tratarse en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre ese organismo y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los arts. 453 inc. a) del C.A., y no regulándose, tampoco, en dicho Código, específicamente la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor (salvo dos disposiciones relativas a la ejecución de la garantía, arts. 461 y 462 del C.A.), corresponde considerar a la mentada aseguradora como un “fiador” (garante), y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (la aduana asegurada) en el contexto de la regulación de la fianza en el Código Civil y Comercial, de necesaria aplicación supletoria. En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor.
Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal. (conforme art. 1587 del Cód. Civil y Comercial de la Nación).
Queda claro, por lo tanto, que la mentada “responsabilidad” de la coactora (fiadora-aseguradora) la colocan en cuanto a su obligación tributaria a la par de la importadora, respondiendo lisa y llanamente, en el caso, por la diferencia de tributos, cesando dicha responsabilidad frente a la aduana asegurada, si la importadora (deudor principal) pagara el total de lo debido (conf.: arts. 1580, 1590, 1591 del C.Civil y Comercial).
Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de la póliza el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa. Que, resulta claro que la DGA no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de la póliza (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor.
Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente los derechos de defensa que han sido referidos más arriba.
XIII. Que, previo a efectuar la liquidación de lo adeudado en concepto de tributos por la mercadería en infracción, debe señalarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343- A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias. Que en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria de fs. 128 de las act. adm., sin incluir las percepciones de IVA y ganancias (conf., a la doctrina reseñada por la CSJN), conforme se detalla a continuación:
TOTAL TRIBUTOS ADEUDADOS POR EL ITEM 1 DE LA DIT 06073IT15000158M SON U$S
11.182,15.
Que, así las cosas, corresponderá confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios, y delimitar la obligación tributaria respecto de la coactora aseguradora al monto consignado en la póliza N° 619360 por un monto de $ 101.000.
Que corresponde decidir de esa forma, ya que-además de la exclusión de los rubros aludidos- se advierte una falta de correspondencia entre los montos incluidos liquidación tributaria (fs. 127/128 de las act. adm.) y lo reflejado en la resolución aduanera, en la que el monto de tributos en dólares reclamado es U$S 34.373,94, que-en rigor-responde a la multa mínima.
XIV. Que respecto de los intereses, es ya pacífica jurisprudencia que, como principio general, el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal, es decir la importadora (básicamente, por aplicación del art. 1580 del C. Civil y Comercial), lo que así corresponde cuando –obviamente- la mora de dicho deudor principal es anterior a la propia mora del garante, y que, también como principio general, el garante responde por los intereses de su propia mora cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal (es decir que en tal supuesto los intereses debidos por el garante se calculan desde antes de los intereses que individualmente debe el deudor principal).
Por lo tanto los intereses corren, en el caso, para las coactoras desde el 07/06/2011 (cfr. constancias de notificación de la coactora aseguradora de fs. 38 vta. de las act. adm.-23/05/2011- y presentación del escrito de contestación de vista de la coactora importadora, recibido en fecha 07/06/2011), ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A.
Que respecto del pago de los accesorios no rige limitación o tope alguno para el garante en cuanto a su responsabilidad.
Por todo lo expuesto, voto por:
1).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 635/2015, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 19/02/2015, en la actuación SIGEA Nº12210-6402-2008 la cual condena a la coactora importadora MAGALCUER S.A. al pago de una multa, la que se reduce al monto equivalente a PESOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 94/100 ($ 34.373,94) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido parte de la mercadería ingresada temporariamente mediante la DIT N° 06073IT15000158M, con vencimiento el 11/09/2008. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 33 % a cargo de la coactora importadora y en un 67% a cargo del Fisco.
2).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 5° de la Resolución DE PRLA N° 635/2015, declarando que las coactoras adeudan la suma de DÓLARES ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 15/100 CVOS. (U$S 11.182,15), que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Con respecto a la coactora aseguradora, deberá responder hasta el límite consignado en la póliza N° 619360. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 27 % a cargo de las coactoras y en un 73 % a cargo del Fisco.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 635/2015, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 19/02/2015, en la actuación SIGEA Nº12210-6402-2008 la cual condena a la coactora importadora MAGALCUER S.A. al pago de una multa, la que se reduce al monto equivalente a PESOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 94/100 ($ 34.373,94) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido parte de la mercadería ingresada temporariamente mediante la DIT N° 06073IT15000158M, con vencimiento el 11/09/2008. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 33 % a cargo de la coactora importadora y en un 67% a cargo del Fisco.
2).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 5° de la Resolución DE PRLA N° 635/2015, declarando que las coactoras adeudan la suma de DÓLARES ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 15/100 CVOS. (U$S 11.182,15), que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Con respecto a la coactora aseguradora, deberá responder hasta el límite consignado en la póliza N° 619360. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 27 % a cargo de las coactoras y en un 73 % a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel Nathan Licht (Art. 1162 del C.A.).
Date: 2025.02.26 12:38:05 ART Date: 2025.02.26 12:52:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.26 12:53:03 -03:00
Fin de la sentencia