Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 30.406-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 3° la Resolución (DE PRLA) Nº 5963/2011, en cuanto exige el pago de tributos con relación al DIT N° 01 001 IT14 001778 G, los que ascienden a $ 218.840,46.- con más los intereses del art. 794 del C.A., revocándola en cuanto al derecho adicional y a las percepciones de IVA adicional y Ganancias.
2Declarar que el monto que se le puede exigir a la actora es el de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), con más el CER aplicable a la fecha en que se efectúe el pago – monto asegurado mediante la póliza – o el importe de los tributos ($ 218.840,46.-), con más los intereses, si este último resultare inferior.
3Imponer las costas a la actora por los importes que se confirman, y costas al Fisco en cuanto al derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y Ganancias, que se revocan.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-65003105-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 28 de Junio de 2022 COMPAÑÍA DE SEGUROS c/ DGA s/ recurso de apelación”
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez, Juan Manuel Soria y Dra. Cora M. Musso, con la presidencia de la Sra. Vocal nombrada en último término, a fin de resolver en los autos caratulados: “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS c/ DGA s/ recurso de apelación”, Expediente Nº 30.406-A.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que a fs. 13/22 la firma Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros, por apoderada, interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 5963/2011, recaída en la Actuación N° 12034-752-2008, por la cual se le formula cargo y se la intima al pago de la suma de $ 788.517,64.- en concepto de tributos, con más los intereses del art. 794 del C.A. en su carácter de garante de la obligación tributaria de la importadora CIMET S.A., por infracción al art. 970 del C.A. Indica que a la firma CIMET S.A. se le instruyó sumario por la presunta comisión de la infracción al art. 970 del C.A. con relación a la mercadería importada temporalmente mediante el DIT 01 001 IT14 001778 G, cuyo vencimiento operó el 27/03/03. Señala que fue citada como garante por las pólizas 503814 (emitida el 5/4/01 y liberada el 06/06/01) 503815 (emitida el 05/04/01 y liberada el 06/06/01) y la póliza N° 503816 (emitida el 05/04/01) que fuera constituida por la suma de $ 200.000.-. Explica que las tres pólizas fueron emitidas en garantía de la importación temporal de 109.068 kg de alambres de cobre. Indica que solicitó en sede aduanera la incorporación de los originales de las pólizas, lo que no fue efectuado por el sumariante a cargo, desestimando sin razón alguna dicha prueba. Manifiesta que la importadora se presentó en el sumario y contestó vista agregando los PE relacionados al DIT a fin de acreditar el cumplimiento del régimen. Indica que la DGA consideró que ni con los PE aportados ni con la DDJJ se hubiera podido acreditar la descarga de la temporal, resolviendo formular cargo por la suma de $ 788.517,64.- en concepto de tributos y condenando a la firma CIMET S.A. al pago de una multa, la que no es objeto de la presente causa por no encontrarse garantizado ese concepto.
Se agravia, en primer lugar, por la falta de legitimación activa de la DGA, al no haberse agregado los originales de las pólizas solicitadas por su parte, con lo cual no se puede demostrar cuales fueron los límites y rubros afianzados. Considera que el sumariante omite deliberadamente fallar cual es el límite y que rubros o conceptos abarca la garantía. Explica que el límite de responsabilidad de la Aseguradora por la póliza N° 503.816 es de $ 200.000., considerando que fue emitida durante la vigencia de la Ley de Convertibilidad N° 23.928. Se opone a la aplicación del CER, considerando que el tipo de cambio que se debe utilizar es de U$S 1 = $ 1 para garantizar las operaciones aduaneras, en el entendimiento que la Ley 25.561 y el Dto 214/02 no son aplicables a las obligaciones tributarias.
Se agravia, en tercer lugar, por la aplicación del IVA, IVA adicional y el anticipo de impuesto a las ganancias. Particularmente, por la liquidación en dólares del IVA adicional y el impuesto a las ganancias a una paridad distinta de U$S 1 = $ 1, citando jurisprudencia de la CSJN.
Se agravia, en cuarto lugar, de la aplicación del derecho adicional, y plantea la inconstitucionalidad de normas que implican la creación de tributos por el PEN. Impugna la inclusión del derecho adicional que establece el art. 23 del Dto 1439/96 en la liquidación del DIT e incidencia sobre otros conceptos.
Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar a la apelación interpuesta, con costas.
II. Que a fs. 32/45 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no fueren objeto de su especial reconocimiento. En primer lugar, manifiesta que la importadora no habría regularizado dentro del plazo otorgado, la situación de la mercadería introducida temporariamente mediante el DIT 01 001 IT14 001778 G, cuya permanencia estaba permitida hasta el 27/03/03.
En relación a las defensas de fondo, sostiene que las mismas se hayan desvirtuadas por el contrato de seguro suscripto por la actora. Se explaya acerca de la naturaleza y finalidad del seguro de caución. Insiste que de las constancias del expediente administrativo surge que el importador no habría cumplido con las obligaciones asumidas, como consecuencia del beneficio del régimen de importación temporal, habiéndose configurado el hecho que la autoriza a reclamar a la aseguradora el pago pertinente.
Agrega que la aduana en su carácter de asegurada frente al incumplimiento del tomador del seguro no se encuentra obligada a cumplir con otros requisitos más que la determinación de dicho incumplimiento. Puntualiza que la aseguradora en virtud de la póliza afectada, mediante la cual se aseguró el cumplimiento como garante ante la aduana, se encuentra obligada a pagar como consecuencia de la importación temporaria una vez vencido el plazo y sin requerirse previa intimación.
Añade que la aseguradora debe responder con los mismos alcances y la misma medida que la obligación tributaria del tomador del seguro, considerando que la misma conocía el régimen que estaba garantizado. Cita el art. 255 del C.A. sobre los agravios vertidos por la actora en cuanto a la legitimación activa. Manifiesta que la carga de la prueba recae sobre la importadora, que la misma es responsable solidaria y que no pudo demostrar el cumplimiento del régimen del Dto 1439/96 en relación a la mercadería importada temporalmente.
Manifiesta que la aseguradora debe hacerse cargo de su actuar como garante, y responder tanto por los tributos garantizados, con mas sus intereses, CER, derecho adicional y ganancias. Con respecto al CER, considera que la deuda pactada en dólares estadounidenses debe ser pesificada con mas su aplicación. Cita el art. 453 del C.A. y su régimen de garantías. Cita jurisprudencia. Solicita que se confirme la resolución apelada.
III. Que a fs. 72 se abre la causa a prueba, haciéndose lugar a la informativa, la que es producida a fs. 75/81. A fs. 91 se elevan los autos a esta Sala E y se llaman autos a sentencia.
IV. Que de la compulsa del expte 12034-752-2008 surge que el mismo se inicia con el acta de denuncia N° 462/03 formulada contra la importadora CIMET S.A. por presunta infracción de los arts. 970 y 972 del C.A. respecto del DIT 01 001 IT14 001778 G (originales ensobrados a fs. 4). A fs. 5 obra informe SEPRETE 7551/03 de la División Verificación Sección Ramo D, donde se indica que el DIT fue documentado bajo el régimen establecido por el DTO 1439/96, debiendo aplicarse el derecho adicional conforme art. 23 del citado DTO. A fs. 10 se dispone la instrucción del sumario. A fs. 11 obra liquidación de tributos y multa. A fs. 12/14 obran consultas de impresión de pantalla del SIM de las garantías 503.814, 503.815 y 503.816. A fs. 15 se corre vista a la importadora y se cita a la aseguradora como garante, la cual es notificada a fs. 52. A fs. 19/41 contesta vista la importadora, quien fuera notificada el día 12/02/08 (conf. Cedula obrante a fs 42). A fs 43/51 contesta vista la aseguradora, quien fuera notificada el 7/05/08 (conf. Cedula de notificación obrante a fs. 52). A fs. 55 obra consulta a la Sección de Procedimientos Técnicos para que informe a través de la documentación agregada si se había regularizado en tiempo y forma la temporal denunciada. A fs. 56 dicha Sección informa que la documentación presentada a fs. 26/41 no corresponde a la DIT 01 001 IT14 001778 G, por lo tanto, no se puede determinar su cancelación. A fs. 59/92 lucen planillas de consultas de declaración detallada. A fs. 94/96 vta. obran impresiones de pantalla del registro gral de infractores. A fs. 97/99 se dicta la Resolución DE DPRLA N° 5963/11. A fs. 102 obra cedula de notificación dirigida a la importadora, que se ha notificado el 2/12/11. A fs. 103 obra cedula de notificación dirigida a la aseguradora, notificada el 5/12/11. A fs, 104/109 y vta. obra demanda contenciosa interpuesta por la importadora.
V. Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 5963/11, dictada en la Actuación N° 12034-752-2008, en cuanto le exige a la actora, el pago de la suma de $ 788.517,64.- en concepto de tributos, con más los intereses establecidos en el art. 794 del C.A., en su carácter de garante de la importadora CIMET S.A., a quien se le endilgó la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero en relación al DIT N° 01 001 IT14 001778 G.
Que no resulta controvertido en autos que el citado DIT fue registrado el 1/04/01 ante la aduana de bs as, operando su vencimiento el 27/03/03.
Que del DIT obrante a fs. 4 de las actuaciones administrativas surge que la importadora garantizo los eventuales tributos de la operación en trato (derechos de importación, derecho adicional, tasa de estadística, IVA adicional, impuesto a las ganancias) mediante las polizas n° 503.814 emitida el 5/04/01 y liberada el 6/06/01, la N° 503.815 (emitida el 5/04/01 y liberada el 6/6/01) y la N° 503.816 (emitida el 5/4/01) la cual se encuentra afectada y fuera constituida en dólares por la suma nominal de u$s 200.000.-
Que la falta de acreditación de la cancelación total o parcial de la operación temporaria en trato, motivó que la aduana tramitara el sumario contencioso, durante el cual no se probó ni se agregó constancia alguna, que demostrara el cumplimiento de la obligación asumida al acogerse, voluntariamente, al régimen de importación temporaria. Cabe destacar en este punto que el importador se presentó en el sumario, acompañando documentación que no correspondía a la DIT en trato.
Que la actora plantea la lesión a su derecho de defensa, en cuanto sostiene que se le denegó la producción de prueba en sede aduanera (al no haberse incorporado los originales de las pólizas) provocándole una indefensión que viola los derechos contenidos en el art. 18 de la CN.
Que, se ha dicho que: “La valoración que en sede administrativa se haya hecho de la prueba, no amerita declarar la nulidad del procedimiento, en tanto existiendo esta instancia jurisdiccional de revisión, su declaración implicaría retrotraer el proceso sin utilidad alguna. Resulta relevante si el vicio contenido en el procedimiento origina realmente a la parte una falta de defensa y, sobre todo, si hubiera podido variar el fallo condenatorio en caso de haberse realizado el acto omitido, y ello así, en atención al criterio restrictivo que debe primar en la anulación de un acto, que obliga a evaluar si retrotraer las actuaciones al momento en que se cometió el vicio, y subsanado el mismo, es de prever lógicamente que se produciría el mismo acto que se anula” (conf. “LIQUI MOLY ARGENTINA SA”, expte. 15.570-A, 31.3.05).
Que la doctrina de la C.S.J.N. sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros Fallos: 205-549 y 267-393, “RECKITT BENCKISER S.A.”, expte. N° 22.419-A, 13.08.07). Que, en tal sentido, corresponde destacar, que no se constata en el sumario, error o vicio alguno, que causaren a la agraviada indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia, por lo cual, atento a la posibilidad de la actora ante este Tribunal de ofrecer y producir prueba con toda amplitud y exponer todos los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
Que, en consecuencia, atento a la falta de acreditación del cumplimiento de la obligación a cargo del importador temporario, ha quedado configurado el siniestro del que surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante, de los tributos adeudados como consecuencia de la importación para consumo de la mercadería importada temporariamente -arts. 274 y 638, inc. e), del CA.
VI. Que en relación a los agravios formulados por la actora y en primer término, respecto del derecho adicional, corresponde mencionar y compartir los fundamentos expuestos por el Dr. Ricardo Xavier Basaldúa en la causa “FYSA SA c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación, expediente n° 18.721-A y acumulado”, mediante sentencia del 17 de octubre de 2013 de la Sala “F”, en la cual expresó:
“...Que en primer lugar corresponde precisar que la norma aplicable es el Decreto 1439/96, atento a que el DIT involucrado en autos se registró al amparo del mismo.
Que el artículo 23 establece que "Cuando se autorice la importación para consumo de una mercadería ingresada bajo el presente régimen, deberá abonarse, además de los tributos correspondientes a esta destinación vigentes a la fecha de registro de la misma, una suma adicional del dos por ciento (2%) mensual calculada sobre el valor en aduana de la mercadería a esa fecha. Dicha suma se calculará a partir del primer mes desde el momento de la importación temporaria, cubriendo el período que transcurra hasta tanto se autorice la destinación definitiva de importación, y en ningún caso podrá ser inferior al doce por ciento (12%) del mencionado valor en aduana, salvo que dicho valor resultara inferior al que se hubiese determinado para la mercadería a los efectos de su importación temporaria, en cuyo caso se tomará en cuenta este último valor”.
Que con lo dispuesto en la norma transcripta el legislador pretendió desalentar que las mercaderías importadas temporariamente para su perfeccionamiento activo no fueran objeto de reexportación y permanecieran en el país, estableciendo así una consecuencia de naturaleza tributaria, plasmada a través del derecho adicional en trato.
Que no concuerdo con la interpretación dada a la norma en trato por la Corte Suprema in re "IEF LATINOAMERICANA SA (TF 16.912-A)", fallado el 14/8/13, atento a que el hecho generador de la obligación de pago del derecho adicional es la importación para consumo, conforme lo prevé el art. 635 del CA, el cual no distingue si la importación definitiva es regular o irregular.
Que no se ha impuesto el adicional como consecuencia de la violación de un deber o una prohibición jurídicos, sino más bien como desestímulo a la importación para consumo (que es una de las finalidades posibles de los derechos de importación) y su naturaleza tributaria es independiente de si la importación para consumo se produjo como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del régimen o debidamente autorizada por el servicio aduanero en virtud de una solicitud formal del importador (conf. TFN, Sala "G", in re "HUGHES TOOL COMPANY SA", sent. del 10/10/95; CNACAF, Sala 5, in re "SUBPGA SA", sent. del 30/8/95, entre otras). Que, más aún, si bien el decreto 1439/96 establece en su art. 23 una suma adicional del 2 % mensual calculado sobre el valor en aduana de la mercadería, para el supuesto de autorizarse su importación para consumo, es decir, aquellas importaciones consideradas “regulares”, sin hacerse referencia al supuesto de importación para consumo “irregular”, previsto por el art. 274 del C.A., que es el caso que nos ocupa, debe entenderse que dicha suma adicional también se aplica a este último, atento a lo previsto por los arts. 274, 277, 635, 636 y 638, inc. e), del CA. Por otra parte, resulta claro que, en este sistema jurídico, de ningún modo el infractor y/o responsable/garante de la obligación tributaria que es su consecuencia, podría quedar en mejor situación que aquél que cumplió regularmente sus obligaciones...".
Que sin perjuicio de compartir la opinión expuesta por el Dr. Basaldúa, por razones de economía procesal y seguridad jurídica conforme se señala en el voto que antecede, corresponde revocar el derecho adicional que exige la aduana, por aplicación al caso de autos del fallo recaído in re “IEF LATINOAMERICANA SA (TF 16.912-A) c/DGA”, del 14/8/13, en el que aplica y remite en lo pertinente a las consideraciones y criterio establecido en la causa “FRISHER SRL (TF 16.236-A) c/DGA”, también del 14/8/13, en la que revocó la exigencia del derecho adicional previsto en el art. 15 de la Resolución ME 72/92, limitando el pago a los casos en que se solicita la importación para consumo regular de las mercaderías importadas temporariamente. Que en el aspecto que se analiza considero que resulta procedente la imposición de costas en el orden causado, en virtud de que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es de fecha posterior al dictado de la resolución objeto de apelación, como así también, a la fecha de interposición del presente recurso.
VII. Que, asimismo la actora se considera agraviada, y cuestiona los rubros IVA, IVA ADICIONAL y GANANCIAS contenidos en la liquidación en concepto de tributos que debe abonar en su carácter de garante de la operación temporaria que nos ocupa.
Que en primer lugar corresponde señalar en relación a la procedencia del IVA, que el art. 453 inc. c) del CA, prevé que el seguro debe cubrir los “eventuales” tributos que correspondieren a la importación para consumo. Que, asimismo el art. 255 del Código Aduanero indica que la garantía debe otorgarse a los fines de “asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone”, las que consisten en el aspecto tributario, precisamente en el pago de los gravámenes aplicables al vencimiento del plazo de la importación temporaria. Tal entendimiento surge también del cuerpo mismo de la póliza otorgada por la actora obrante a fs. 79 de los presentes autos.
Que resulta evidente que la interpretación adecuada a dichas normas consiste en considerar que la suma máxima por la que se otorga la póliza asegura la responsabilidad del importador temporario y, en el ámbito tributario, ésta no es otra que la de abonar los tributos que correspondan al momento en que el hecho imponible se configura, es decir, al momento del vencimiento del plazo para reexportar, tal como surge del inc. e) del art. 638 y del art. 274 del CA. Asimismo, la determinación de la base imponible, tipo de cambio, régimen tributario y alícuotas deben ser los correspondientes a esa fecha. Los tributos garantizados son, entonces, los vigentes al momento del vencimiento de la importación temporaria, con aplicación de los arts. 274, 638 y 639 del CA, desde que ello no sólo surge de la ley, sino que también es lo que cumple de manera más acabada con la finalidad del régimen de garantía, asegurando a la Aduana el cobro de los tributos vigentes, en el caso de que no se cumpliere con la obligación de reexportación en el plazo otorgado a tales efectos. Siendo el IVA, uno de los tributos garantizados corresponde a la aseguradora el pago del importe pertinente por dicho concepto Que en cambio en relación al IVA Adicional y Ganancias, por razones de economía procesal y seguridad jurídica y por aplicación de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia in re “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A)”, fallado el 26/11/19, en donde dispuso “…que cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”, corresponde revocar dichas percepciones, con costas por su orden en virtud de que dicho pronunciamiento es de fecha posterior al dictado de la resolución objeto de apelación, como así también, a la fecha de interposición del presente recurso.
VIII. Que mediante copia certificada de la póliza de seguro de caución N° 503.816, acompañada por la DGA a fs. 79 de autos, la aquí apelante aseguró a la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas hasta la suma máxima de DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS MIL (U$D 200.000.-), con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 de C.A., que resulte obligado a efectuarle la importadora CIMET S.A. como consecuencia de la operación de importación temporaria efectuada mediante el DIT N° 01 001 IT14 001778 G.
Que cabe recordar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
Que cabe destacar que en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Que, asimismo, surge de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado, que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). Tampoco el asegurador goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
Que, en definitiva, la Aduana ha determinado e intimado al pago de los tributos adeudados como consecuencia de que, al vencimiento del plazo de la destinación suspensiva de importación temporaria (27/03/03), no se probó la regularización de las mercaderías involucradas. La responsabilidad de la aseguradora por el pago de los tributos adeudados es consecuencia inmediata del incumplimiento del tomador del seguro y la falta de pago por parte del mismo, tal como ha sido expresamente asumido a través de la garantía o seguro de caución oportunamente otorgado.
Que, cabe agregar que, tratándose el seguro de caución de un contrato consensual, y en atención a la calidad profesional del asegurador, que lo obliga a un obrar diligente en la evaluación del riesgo o medida del daño que está garantizando, los argumentos expuestos en su defensa, que pretenden desconocer las consecuencias de las obligaciones libremente asumidas al otorgar la garantía, resultan contrarios a la doctrina de los actos propios. Resulta adecuado recordar que uno de los supuestos típicos de aplicabilidad de esta doctrina, y quizás el más frecuente, lo constituye la pretensión dirigida a obtener la ineficacia de los actos jurídicos previamente respetados o convalidados.
Que los fundamentos antes expuestos permiten concretamente rebatir lo sostenido por la apelante en cuanto a su responsabilidad y los alcances de la misma.
IX. Que, como consecuencia de lo expuesto, cabe reliquidar los tributos exigibles, modificando la exigencia tributaria surgida de la liquidación realizada por el servicio aduanero a fs. 11 de las actuaciones administrativas, conforme se detalla a continuación:
DIT N° 01 001 IT14 001768 G:
VALOR EN ADUANA: $ 621.755,59.-
DERECHOS DE IMPORTACIÓN (11,5%) $ 71.501,89.-
T.E. (0,5%) $ 1.450,00 DERECHO ADICIONAL (0%) $ 0,00 BASE DE I.V.A.: $ 694.707,48.-
I.V.A. (21%) $ 145.888,57.-
I.V.A. ADICIONAL (0%) 0 GANANCIAS (0%) 0 TRIBUTOS $ 218.840,46.-
X. Que, respecto de la aplicación de los artículos 4° y 8° del Decreto 214/02 correspondiente al CER, cuestionado por la actora corresponde señalar que el mismo no ha sido incluido a la exigencia tributaria, por lo que no cabe más que desestimar dicho agravio.
XI. Que, como ya se dijo, la aquí recurrente aseguró a la DGA hasta la suma máxima de U$D 200.000 dólares (póliza N° 503.816 - DIT N° 01 001 IT14 001778 G) con más los intereses y accesorios, mientras que el importe reliquidado de los tributos adeudados asciende a la suma de $ 218.840,46.- en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA.
Que por haber sido constituida en dólares la garantía aludida, con anterioridad a la sanción de la ley 25.561 de Emergencia Pública y reforma al Régimen Cambiario y lo dispuesto por el art. 4° de la resolución nro. 1528/03, la misma resulta alcanzada por las prescripciones de dicha ley, por lo que el monto de la póliza expresado en dólares estadounidenses quedó convertido a pesos en relación de $1 = u$s1, con la más aplicación del coeficiente de estabilización de referencia (C.E.R.), establecido en la ley 25.713, aplicable a la fecha en que se efectúe el pago.
XII. Que cabe señalar que la obligación de la aseguradora comprende también los intereses que adeude el importador desde que comenzaron a devengarse. Ello en virtud de lo prescripto en el art. 1580 del Código Civil y Comercial, que en su parte pertinente, establece que “Excepto pacto en contrario, la fianza comprende los accesorios de la obligación principal”.
Que conforme lo dispuesto por el art. 794 del C.A., procede que se devenguen los intereses a partir del plazo de diez días de la notificación de la corrida de vista del sumario sobre el monto que se confirma en concepto de tributos.
Que surge de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas que la aseguradora se notificó de la corrida de vista del sumario, el 7 de mayo de 2008, por lo tanto, los intereses adeudados son los devengados a partir del vencimiento del plazo de diez días contado desde aquella fecha.
Por ello, VOTO POR:
1.-Confirmar parcialmente el art. 3° la Resolución (DE PRLA) Nº 5963/2011, en cuanto exige el pago de tributos con relación al DIT N° 01 001 IT14 001778 G, los que ascienden a $ 218.840,46.- con más los intereses del art. 794 del C.A., revocándola en cuanto al derecho adicional y a las percepciones de IVA adicional y Ganancias.
2. Declarar que el monto que se le puede exigir a la actora es el de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), con más el CER aplicable a la fecha en que se efectúe el pago – monto asegurado mediante la póliza – o el importe de los tributos ($ 218.840,46.-), con más los intereses, si este último resultare inferior.
3. Imponer las costas a la actora por los importes que se confirman, y con costas por su orden en cuanto al derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y Ganancias, que se revocan.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero al voto precedente, salvo al punto 3 en cuanto impone costas por su orden, las que respecto del derecho adicional y las percepciones de IVA y ganancias deben imponerse a la demandada (arts. 1174 del C.A. y 73 segundo párrafo del CPCCN).
La. Dra. Cora M. Musso dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente el art. 3° la Resolución (DE PRLA) Nº 5963/2011, en cuanto exige el pago de tributos con relación al DIT N° 01 001 IT14 001778 G, los que ascienden a $ 218.840,46.- con más los intereses del art. 794 del C.A., revocándola en cuanto al derecho adicional y a las percepciones de IVA adicional y Ganancias.
2. Declarar que el monto que se le puede exigir a la actora es el de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), con más el CER aplicable a la fecha en que se efectúe el pago – monto asegurado mediante la póliza – o el importe de los tributos ($ 218.840,46.-), con más los intereses, si este último resultare inferior.
3. Imponer las costas a la actora por los importes que se confirman, y costas al Fisco en cuanto al derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y Ganancias, que se revocan.
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse los antecedentes administrativos a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Date: 2022.06.28 14:02:28 -03:00 Date: 2022.06.28 14:09:03 -03:00 Juan Manuel Soria Cora Marcela Musso Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.06.28 14:21:20 -03:00 Hector Hugo Juarez Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.06.28 14:21:21 -03:00
Fin de la sentencia