Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 29.177-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de prescripción opuesto por la actora, con costas.
2Confirmar parcialmente el art. 3° de la Resolución DE PRLA Nº 4570/2010 modificada por la Resolución DE PRLA N° 343/11, en cuanto exige el pago de tributos con relación a los DIT N° 99 001 IT14 006344 R, 99 001 IT14 000274 N, 99 001 IT15 002398 A, 99 001 IT14 001792 T y 99 001 IT14 000370 K, los que ascienden a la suma $ 26.003,20.- con más los intereses del art. 794 del C.A. los que deben calcularse desde el 03/03/10 hasta la fecha de efectivo pago; revocándola en cuanto al derecho adicional y a las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3Declarar que el monto que se le puede exigir a la actora es el de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 65.000.-), con más el CER aplicable a la fecha en que se efectúe el pago –monto asegurado mediante las pólizas– o el importe de los tributos ($ 26.003,20.-) con más los intereses, si este último resultare inferior.
4Imponer las costas a la actora por los importes que se confirman, y al Fisco Nacional en cuanto al derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y Ganancias que se revocan.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-125090120-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 18 de Noviembre de 2022 COMPAÑÍA DE SEGUROS c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez, Juan Manuel Soria y Cora M. Musso, con la presidencia de la Vocal nombrada en último término, a fin de resolver en los autos caratulados: “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expediente Nº 29.177-A.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que a fs. 17/24 la firma ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por apoderada, interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 4570/10 y su modificatoria N° 343/11, dictadas por el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en las actuaciones administrativas N° 12039-283-2008 (ex ADGA 603.864/2004), mediante las cuales se le formula cargo y se la intima al pago de la suma de $ 82.663,57.- en concepto de tributos con más los intereses del art. 794 del Código Aduanero en su carácter de garante de la firma importadora PLASTICA BERNABO S.A.I.C a quien se le imputa la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. con relación a las Destinaciones de Importación Temporaria N° 99 001 IT14 006344 R, 99 001 IT14 000274 N, 99 001 IT15 002398 A, 99 001 IT14 001792 T y 99 001 IT14 000370 K.
Invoca, en primer lugar, la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos. Indica que al momento de la notificación de la corrida de vista se había producido la prescripción, en los términos del art. 803 del C.A. Explica que la prescripción comenzó a correr el 1° de enero de 2001, que la instrucción del sumario se efectuó en el año 2004 y que la notificación de la apertura se efectuó el 15/02/10. Considera, asimismo, que a dicha fecha la acción del Fisco para imponer penas al importador estaba prescripta. Como segundo agravio, señala que en las pólizas de seguro de caución se limita la responsabilidad hasta determinado tope indemnizatorio, siendo posible que de la liquidación del siniestro surja una suma menor, pero nunca superior a la máxima asegurada, y que esas condiciones fueron aceptadas por la Aduana.
Manifiesta que no cuenta con las copias originales de las pólizas debido a que al momento de la notificación del sumario ya se había vencido el plazo de conservación de las mismas, teniendo en cuenta la prescripción quinquenal. Sostiene que las cinco pólizas 482352, 464539, 483403, 469004 y 464538 totalizan la suma aseguradora de $ 65.000.-, las cuales deberán imputarse a cada DIT según la póliza que lo garantice, estableciendo el límite de cada uno. Afirma que las pólizas están emitidas en pesos, por lo que el servicio aduanero debió probar que lo estaban en dólares agregando los instrumentos al sumario. Entiende que a la fecha de emisión de las pólizas regía la Ley de Convertibilidad N° 23.928 por lo que la suma asegurada era equivalente a $ 65.000.- sin importar la moneda en que hubiera sido emitida.
Arguye que el art. 20 de la Ley N° 20.905 se encontraba derogado y que la Nota Externa N° 2/04 de la Dirección General de Aduanas es inconstitucional porque excede las facultades normativas de la AFIP, no pudiendo derogar una ley del Congreso. Por tales motivos, considera no aplicable el ajuste del CER que pretende la Aduana. Respecto de los intereses, cita el art. 794 del C.A. expresando que corren a partir de la notificación de la corrida de vista. En tercer lugar, considera que surge de las actuaciones una autorización expresa o tácita de prórroga del plazo de exportación de la mercadería, lo que implicó la extensión del vencimiento original del DIT, oponiendo por ello la extinción de la garantía toda vez que dicha situación habría implicado una novación de la obligación original en los términos del art. 2046 del Código Civil, por que lo que se debería haber solicitado su consentimiento.
Explica que, al emitirse una garantía, el fiador garante tiene en cuenta el plazo por el cual va a estar expuesto al riesgo de cumplimiento de la obligación, por lo que cualquier modificación a los términos de la obligación originaria extingue las obligaciones del fiador. En cuarto lugar, se agravia al considerar que la notificación al importador no cumple con los requisitos que establece el Código Aduanero para ser válida, en virtud de que el memorándum agregado y el aviso de recibo carecen de vinculación. Expresa que, al no ser el obligado al cumplimiento de la obligación principal, no cuenta con otro medio que la información y documentación que el importador pueda proporcionar en el sumario para acreditar el cumplimiento del DIT, y exonerarse de abonar el importe que le corresponda por el siniestro de la póliza.
Entiende que, de no hacerse lugar a la nulidad de la resolución por vicio en la notificación de la corrida de vista, la única forma de subsanarse el mismo, es mediante oficio al importador y al despachante de aduanas, a fin de poder hacer valer las defensas del propio importador, las que considera tiene derecho a oponer en virtud de lo dispuesto en el art. 2020 del Código Civil. Ofrece prueba. Formula reserva del Caso Federal y solicita se haga lugar a la apelación, con costas.
II. Que a fs. 33/45 la Representación Fiscal, previo emplazamiento, contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Efectúa un breve relato de las actuaciones administrativas. Niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocado por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento o surjan de las actuaciones administrativas. En primer lugar, sostiene que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora, es ella (o su responsable solidaria) quien debe demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido total y acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado.
Indica que de las actuaciones administrativas surge que ni la importadora ni la aseguradora, se presentaron en sede aduanera -aun estando debidamente notificadas- a aportar la prueba necesaria que demostrara el cumplimiento del régimen. Señala que, al no haber cumplido el importador con las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio del régimen de importación temporaria, se ha configurado el siniestro que autoriza a la Aduana a reclamar el pago a la aseguradora. Destaca que producido el siniestro la aseguradora debe afrontar el pago de los tributos correspondientes a la importación para consumo, debiendo responder con los mismos alcances y en la misma medida que la obligación tributaria del tomador-importador, debiendo hacerse cargo de su actuar como garante.
Se explaya sobre las reglas del seguro de caución y los alcances con respecto a la aseguradora. Manifiesta que conforme a lo dispuesto por el art. 1101 del Código Aduanero, la vista se le corre no solo al deudor principal sino también al garante para que oponga todas las excepciones propias y aun las del deudor principal, incluso contra la voluntad de este último. Insiste en que, al estar equiparados en el sumario contencioso, la condena alcanza a ambos de manera independiente, pudiendo la Aduana reclamar directamente a la aseguradora, con tan solo verificar el incumplimiento del régimen. En cuanto a la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, considera que no le asiste razón a la actora.
Cita los arts. 803 al 806 del Código Aduanero. Afirma que la apertura del sumario se produjo el 25/08/05, operando su prescripción el 25/08/10 al no existir ningún acto interruptivo o suspensivo de la misma, y que con fecha 15/02/10 fue notificada de la corrida de vista. A ello agrega, que la Resolución DPRLA N° 4570/10 por la cual fue condenada la actora, se dictó el día 29/06/10, es decir, todo dentro de los plazos establecidos por el Código Aduanero, no pudiendo existir reproche alguno relacionado al tema. En cuanto al segundo agravio de la actora, señala que en los sobres contenedores obrantes a fs. 3/7 de las actuaciones administrativas consta que el monto a garantizar incluye toda la carga tributaria y que la moneda consignada fue dólares en concordancia con las pólizas.
Manifiesta que la normativa prevé la obligación del importador temporal de constituir garantía por el monto de los tributos que gravan la importación para consumo, la tasa de estadística y el derecho adicional, y que siendo la actora una profesional de la actividad de seguros tenía conocimiento pleno de que tributos estaba garantizando ante la Aduana, por lo que no es pasible de desconocimiento posterior. Alude a la teoría de los actos propios y cita jurisprudencia al respecto. Con respecto al CER, manifiesta que se le dio a la aseguradora la posibilidad de defenderse respecto de ese coeficiente, previo al dictado de la resolución aduanera, conforme surge de las actuaciones administrativas. Señala que los despachos de importación fueron oficializados en el año 1999, encontrándose vigentes las leyes 23.905 y 23.928, motivo por el cual la aseguradora debe a la Aduana sumas de dinero contraídas en dólares, a las que al momento del pago le corresponden las disposiciones de la Ley 25.561 y del Decreto N° 214/02.
En cuanto a lo alegado por la actora con respecto a los intereses, considera que no le asiste razón, pues su obligación (a diferencia de la importadora) nace exclusivamente de un contrato, y en consecuencia, es una obligación de derecho privado. Explica que lo garantizado es el cumplimiento de una obligación de hacer por parte de un tercero, razón por la cual es responsable del pago que le hubiere correspondido hacer a aquel en el momento oportuno. Destaca que la aseguradora es responsable solidaria de las obligaciones de la tomadora-importadora y cita el art. 786 del Código Aduanero, remarcando que la actora debe responder por el pago de los tributos adeudados más los intereses que se hayan generado por la falta de ingreso en termino de los mismos.
Ello, desde que se notifique el acto por el cual se hubiesen liquidado los tributos. En cuanto al planteo de la actora con respecto a la eximición de responsabilidad por las prórrogas concedidas por la Aduana a las destinaciones de importación temporaria, indica que las mismas pólizas prevén que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirá cuando prescriban las acciones de la Aduana contra el tomador, no pudiendo en esta instancia desconocer los términos de las pólizas y deslindar la responsabilidad asumida. Por último, explica que no le asiste razón a la actora en cuanto al planteo de nulidad de la notificación al importador, atento a que la misma fue realizada mediante uno de los medios previstos en el art. 1013 inc. d) del C.A., conforme surge de fs. 48 de las act. adm.
A ello agrega que, a pesar de estar debidamente notificada, y ante su incomparecencia a derecho, le fue decretada la rebeldía en los términos del art. 1105 del C.A., siendo notificado dicho acto el 12/04/10, conforme lo dispone el art. 1013 inc g) del C.A. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Formula reserva del Caso Federal. Solicita se dicte sentencia, confirmando la resolución aduanera apelada, con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 46 se abre la causa a prueba, haciéndose lugar a la prueba informativa ofrecida por la actora, la que es producida a fs. 49/51, 69/76, 78/81, 82/83, 87/88, 89/105, 109, 126/140. Asimismo, se ordena tratar la excepción de prescripción interpuesta por la actora con el fondo de la causa. A fs. 156 se tiene por decaído el derecho a producir la prueba informativa ordenada en el punto 3) de fs. 46, previas intimaciones de fs. 125, 146, 150, 154. A fs. 162 se certifica la prueba producida en autos. A fs. 163 se declara cerrado el período probatorio y se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 167 se ponen los autos para alegar. A fs. 171/174 obra el alegato de la demandada, no haciendo uso de su derecho la actora, conforme constancia de fs. 175. A fs. 176 se dicta el llamado de autos a sentencia.
IV. Que de la compulsa del expte. N° 12039-283-2008 (ADGA N° 603.864/04 surge que el mismo se inicia a fs. 1 con el Acta de Denuncia Nº 1019/04, de fecha 27/07/04, formulada contra la firma PLASTICA BERNABO SAIC por presunta infracción de los arts. 970/972 del C.A. respecto de las Destinaciones de Importación Temporaria N° 99 001 IT14 006344 R, 99 001 IT14 000274 N, 99 001 IT15 002398 A, 99 001 IT14 001792 T y 99 001 IT14 000370 K. A fs. 3/7 obran las carpetas contenedoras de los citados DITs. A fs. 9, con fecha 25/08/05, se dispone la instrucción del sumario y se ordena la interdicción sin derecho a uso de las mercaderías. A fs. 12/24 mediante Actuación N° 12039-757-2007 se procede a dar cumplimiento a la medida precautoria dispuesta, no pudiendo determinarse en ese momento si las destinaciones denunciadas fueron canceladas en tanto no se encontraba apoderado alguno que pudiera brindar esa información, ni pudiendo realizarse la interdicción sin derecho a uso.
A fs. 26/27 obra el informe de la División Verificación mediante el cual informa el valor en aduana, derechos y demás gravámenes correspondientes a las mercaderías ingresadas temporalmente mediante los DITs denunciados, e informa que se trata de mercadería permitida por el Régimen General. A fs. 28/33 se determinan los tributos y la multa. A fs. 37/41 obran impresiones de consultas de garantía global de las pólizas N° 482352, 464539, 483403, 469004 y 464538, todas en estado “afectada” correspondientes a los DITs 99 001 IT14 006344 R, 99 001 IT14 000274 N, 99 001 IT15 002398 A, 99 001 IT14 001792 T y 99 001 IT14 000370 K. A fs. 42 y vta., con fecha 08/02/10, se corre vista a la importadora Plástica Bernabo S.A.I.C y se cita a la aseguradora Aseguradores de Cauciones S.A. en su carácter de garante de la obligación tributaria surgida de los DITs indicados precedentemente.
A fs. 48/49 obra memorando y acuse de recibo del correo argentino de la notificación de la corrida de vista efectuada a la importadora con fecha 13/02/10. A fs. 50 se agrega la cédula de notificación dirigida a la aseguradora Aseguradores de Cauciones S.A. mediante la cual se notifica de la corrida de vista el día 15/02/10. A fs. 51, ante la incomparecencia de la importadora, se declara la rebeldía de Plástica Bernabo S.A.I.C en los términos del art. 1105 del C.A., teniéndose por constituido el domicilio procesal en los estrados de la oficina aduanera. Asimismo, ante la falta de presentación de la aseguradora y habiéndose vencido el plazo para contestar vista, se da por decaído el derecho que le asiste.
A fs. 53/60 se incorporan impresiones del Registro General de Infractores de antecedentes infraccionales de la importadora. A fs. 61/63, con fecha 29/06/10, se dicta la Resolución DE PRLA N° 4570/2010. A fs. 74, con fecha 07/02/11, se dicta la Resolución DE PRLA N° 343/2011 modificatoria del art. 3 de la Resolución N° 4570/2010, las cuales se apelan ante este Tribunal Fiscal de la Nación. A fs. 75 se ponen las actuaciones en casillero a disposición de la importadora en los términos del art. 1013 inc g) del C.A. a los fines de su notificación. A fs. 77 obra la cédula de notificación a la aseguradora mediante la cual se notifica el día 15/02/11 de las Resoluciones DE PRLA N° 4570/2010 y 343/2011.
V. Que en primer término corresponde analizar el planteo de prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos opuesto por la recurrente.
Que conforme con lo establecido por el art. 803 del Código Aduanero, la acción del Fisco para percibir tributos prescribe por el transcurso del plazo de 5 años, comenzando a correr el 1° de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho gravado o se hubiere cometido o constatado la infracción, de conformidad con lo dispuesto por el art. 804.
Que respecto de la suspensión del plazo de prescripción el art. 805 inc. a) del C.A. establece que: “La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) Desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”.
Que de los Despachos de Importación Temporaria N° 99 001 IT14 006344 R, 99 001 IT14 000274 N, 99 001 IT15 002398 A, 99 001 IT14 001792 T y 99 001 IT14 000370 K obrantes a fs. 3/7 de las actuaciones administrativas, surge que sus vencimientos operaron el 26/11/00, 11/01/01, 17/12/00, 10/04/01 y 18/01/01, respectivamente.
Que el plazo de la prescripción comenzó a correr el 01/01/01 para los DITs 99 001 IT14 006344 R (con vencimiento el 26/11/00) y 99 001 IT15 002398 A (con vencimiento el 17/12/00), siendo suspendido por el auto de instrucción de sumario de fecha 25/08/05 hasta el dictado de las resoluciones apeladas (29/06/10 y 07/02/11). Que con respecto a los DITs 99 001 IT14 000274 N (con vencimiento incluida la prórroga el 11/01/01), 99 001 IT14 001792 T (con vencimiento incluida la prórroga el 10/04/01) y 99 001 IT14 000370 K (con vencimiento incluida la prórroga el 18/01/01) el plazo de la prescripción comenzó a correr el 01/01/02, siendo también suspendido por el auto de instrucción de sumario de fecha 25/08/05 hasta el dictado de las resoluciones apeladas (29/06/10 y 07/02/11).
Que siendo el auto de instrucción de sumario causal de suspensión de la prescripción conforme a lo dispuesto por el art. 805 in. a) del C.A., la acción del Fisco para exigir el pago de tributos no se encontraba prescripta a la fecha de la notificación de la corrida de vista, como así tampoco al momento del dictado de las resoluciones apeladas, por lo que corresponde rechazar el planteo de la recurrente efectuado en relación a esta cuestión, con costas.
VI. Que sentado lo que antecede, en cuanto al fondo del asunto, corresponde resolver si se ajusta a derecho la Resolución DE PRLA N° 4570/2010 y su modificatoria Resolución DE PRLA N° 343/2011, dictadas con fecha 29/06/10 y 07/02/11, respectivamente, en la Actuación N° 12039-283-2008, en cuanto le exigen a la actora, el pago de la suma de $ 82.663,57.- en concepto de tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería ingresada temporalmente mediante los DITs 99 001 IT14 006344 R, 99 001 IT14 000274 N, 99 001 IT15 002398 A, 99 001 IT14 001792 T y 99 001 IT14 000370 K, con más los intereses establecidos en el art. 794 del C.A., en su carácter de garante de la importadora PLASTICA BERNABO S.A.I.C, a quien se le endilgó la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero.
Que en primer lugar, cabe señalar que el art. 970 del Código Aduanero sanciona el incumplimiento de las obligaciones asumidas con motivo del otorgamiento del régimen de importación temporaria. La obligación asumida por la importadora era la de reexportar la mercadería y/o importarla para consumo al vencimiento del plazo otorgado por la aduana en los términos del art. 250 del C.A. y la obligación del pago de los tributos por la mercadería en infracción está contenida en la norma del art. 274 del C.A. que establece: “La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar” y el apartado 2 dispone “….quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondieren”. Que sentado lo dicho, no resulta controvertido en autos que los Despachos de Importación Temporaria N° 99 001 IT14 006344 R, 99 001 IT14 000274 N, 99 001 IT15 002398 A, 99 001 IT14 001792 T y 99 001 IT14 000370 K, fueron registrados ante la Aduana de Buenos Aires, operando sus vencimientos con fecha 26/11/00, 11/01/01, 17/12/00, 10/04/01 y 18/01/01.
Que de la carpeta contenedora del DIT N° 99 001 IT14 006344 R obrante a fs. 3 de las actuaciones administrativas surge que la importadora garantizó los eventuales tributos de la operación en trato (derecho adicional, IVA, IVA adicional e impuesto a las ganancias) mediante póliza N° 482.352 emitida el 01/12/99, la cual se encuentra afectada y fuera constituida en dólares estadounidenses por la suma de u$s 11.000.-. Que de la carpeta contenedora del DIT N° 99 001 IT14 000274 N obrante a fs. 4 de las actuaciones administrativas surge que la importadora garantizó los eventuales tributos de la operación en trato (derechos de importación, tasa de estadística, derecho adicional, IVA, IVA adicional e impuesto a las ganancias) mediante póliza N° 464.539 emitida el 13/01/99, la cual se encuentra afectada y fuera constituida en dólares estadounidenses por la suma de u$s 13.000.-.
Que de la carpeta contenedora del DIT N° 99 001 IT15 002398 A obrante a fs. 5 de las actuaciones administrativas surge que la importadora garantizó los eventuales tributos de la operación en trato (derecho adicional, IVA, IVA adicional e impuesto a las ganancias) mediante póliza N° 483.403 emitida el 21/12/99, la cual se encuentra afectada y fuera constituida en dólares estadounidenses por la suma de u$s 11.000.-. Que de la carpeta contenedora del DIT N° 99 001 IT15 001792 T obrante a fs. 6 de las actuaciones administrativas surge que la importadora garantizó los eventuales tributos de la operación en trato (derechos de importación, tasa de estadística, derecho adicional, IVA, IVA adicional e impuesto a las ganancias) mediante póliza N° 469.004 emitida el 07/04/99, la cual se encuentra afectada y fuera constituida en dólares estadounidenses por la suma de u$s 17.000.-.
Que de la carpeta contenedora del DIT N° 99 001 IT15 000370 K obrante a fs. 7 de las actuaciones administrativas surge que la importadora garantizó los eventuales tributos de la operación en trato (derechos de importación, tasa de estadística, derecho adicional, IVA, IVA adicional e impuesto a las ganancias) mediante póliza N° 464.538 emitida el 13/01/99, la cual se encuentra afectada y fuera constituida en dólares estadounidenses por la suma de u$s 13.000.-.
Que la falta de acreditación de la cancelación total o parcial de las operaciones temporarias en trato, motivó que la Aduana tramitara el sumario contencioso, durante el cual no se probó ni se agregó constancia alguna, que demostrara el cumplimiento de la obligación asumida al acogerse, voluntariamente, al régimen de importación temporaria. Cabe destacar en este punto que el importador no se presentó en el sumario, pese a haber sido debidamente notificado (conf. fs. 48/49 act. adm.), lo que motivó la declaración de rebeldía, conforme surge de fs. 51 de las act. adm. Tampoco lo hizo la aseguradora, aquí recurrente, la cual notificada de la corrida de vista a fs. 50 no se presentó en el sumario a fin de impetrar las defensas que le correspondieren en el término de ley, dándole la Aduana, ante su incomparecencia, por decaído su derecho a fs. 51.
Que, en consecuencia, atento a la falta de acreditación del cumplimiento de la obligación a cargo del importador temporario, ha quedado configurado el siniestro del que surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante, de los tributos adeudados como consecuencia de la importación para consumo de la mercadería importada temporariamente -arts. 274 y 638 inc. e) del C.A.-.
VII. Que en cuanto al segundo agravio de la actora, cabe señalar que el art. 453 inc. c) del C.A. prevé que el seguro debe cubrir los “eventuales” tributos que correspondieren a la importación para consumo. Por su parte, el art. 255 del Código Aduanero indica que la garantía debe otorgarse a los fines de “asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone”, las que consisten en el aspecto tributario, precisamente en el pago de los gravámenes aplicables al vencimiento del plazo de la importación temporaria.
Tal entendimiento surge también del cuerpo mismo de las pólizas otorgadas por la actora obrantes a fs. 129/138 de autos.
Que resulta evidente que la interpretación adecuada de dichas normas consiste en considerar que la suma máxima por la que se otorga la póliza asegura la responsabilidad del importador temporario, y en el ámbito tributario, ésta no es otra que la de abonar los tributos que correspondan al momento en que el hecho imponible se configura, es decir, al momento del vencimiento del plazo de los DITs, tal como surge del inc. e) del art. 638 y del art. 274 del CA.
Que, asimismo, la determinación de la base imponible, tipo de cambio, régimen tributario y alícuotas deben ser los correspondientes a esa fecha. Los tributos garantizados son, entonces, los vigentes al momento del vencimiento de la importación temporaria, con aplicación de los arts. 274, 638 y 639 del CA, desde que ello no sólo surge de la ley, sino que también es lo que cumple de manera más acabada con la finalidad del régimen de garantía, asegurando a la Aduana el cobro de los tributos vigentes, en el caso de que no se cumpliere con la obligación de reexportación en el plazo otorgado a tales efectos.
VIII. Que mediante las copias certificadas de las pólizas de seguro de caución N° 482352, 464539, 483403, 469004, 464538 acompañadas por la DGA a fs. 129/138 de autos, la aquí apelante aseguró a la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas (como ha quedado manifestado en el Considerando anterior) hasta la suma máxima total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA Y CINCO MIL (U$D 65.000.-), con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 de C.A., que resulte obligado a efectuarle la importadora PLASTICA BERNABO S.A.I.C. como consecuencia de las operaciones de importación temporaria efectuadas mediante los Despachos de Importación Temporaria involucrados en autos.
Que cabe recordar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
Que cabe destacar que, en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Que, asimismo, surge de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado, que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). Tampoco el asegurador goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
Que, en definitiva, la Aduana ha determinado e intimado al pago de los tributos adeudados como consecuencia de que al vencimiento del plazo de las destinaciones suspensivas de importación temporaria, no se probó la regularización de las mercaderías involucradas. La responsabilidad de la aseguradora por el pago de los tributos adeudados es consecuencia inmediata del incumplimiento del tomador del seguro y la falta de pago por parte del mismo, tal como ha sido expresamente asumido a través de la garantía o seguro de caución oportunamente otorgado.
Que, cabe agregar que, tratándose el seguro de caución de un contrato consensual, y en atención a la calidad profesional del asegurador, que lo obliga a un obrar diligente en la evaluación del riesgo o medida del daño que está garantizando, los argumentos expuestos en su defensa, que pretenden desconocer las consecuencias de las obligaciones libremente asumidas al otorgar la garantía, resultan contrarios a la doctrina de los actos propios. Resulta adecuado recordar que uno de los supuestos típicos de aplicabilidad de esta doctrina, y quizás el más frecuente, lo constituye la pretensión dirigida a obtener la ineficacia de los actos jurídicos previamente respetados o convalidados.
Que los fundamentos antes expuestos permiten concretamente rebatir lo sostenido por la apelante en cuanto a su responsabilidad y los alcances de la misma.
IX. Que, asimismo, con respecto al Derecho Adicional que exige la Aduana, corresponde mencionar y compartir los fundamentos expuestos por el Dr. Ricardo Xavier Basaldúa en la causa “FYSA SA c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación, expediente n° 18.721-A y acumulado”, mediante sentencia del 17 de octubre de 2013 de la Sala “F”, en la cual expresó:
“...Que en primer lugar corresponde precisar que la norma aplicable es el Decreto 1439/96, atento a que el DIT involucrado en autos se registró al amparo del mismo.
Que el artículo 23 establece que "Cuando se autorice la importación para consumo de una mercadería ingresada bajo el presente régimen, deberá abonarse, además de los tributos correspondientes a esta destinación vigentes a la fecha de registro de la misma, una suma adicional del dos por ciento (2%) mensual calculada sobre el valor en aduana de la mercadería a esa fecha. Dicha suma se calculará a partir del primer mes desde el momento de la importación temporaria, cubriendo el período que transcurra hasta tanto se autorice la destinación definitiva de importación, y en ningún caso podrá ser inferior al doce por ciento (12%) del mencionado valor en aduana, salvo que dicho valor resultara inferior al que se hubiese determinado para la mercadería a los efectos de su importación temporaria, en cuyo caso se tomará en cuenta este último valor”.
Que con lo dispuesto en la norma transcripta el legislador pretendió desalentar que las mercaderías importadas temporariamente para su perfeccionamiento activo no fueran objeto de reexportación y permanecieran en el país, estableciendo así una consecuencia de naturaleza tributaria, plasmada a través del derecho adicional en trato.
Que no concuerdo con la interpretación dada a la norma en trato por la Corte Suprema in re "IEF LATINOAMERICANA SA (TF 16.912-A)", fallado el 14/8/13, atento a que el hecho generador de la obligación de pago del derecho adicional es la importación para consumo, conforme lo prevé el art. 635 del CA, el cual no distingue si la importación definitiva es regular o irregular.
Que no se ha impuesto el adicional como consecuencia de la violación de un deber o una prohibición jurídicos, sino más bien como desestímulo a la importación para consumo (que es una de las finalidades posibles de los derechos de importación) y su naturaleza tributaria es independiente de si la importación para consumo se produjo como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del régimen o debidamente autorizada por el servicio aduanero en virtud de una solicitud formal del importador (conf. TFN, Sala "G", in re "HUGHES TOOL COMPANY SA", sent. del 10/10/95; CNACAF, Sala 5, in re "SUBPGA SA", sent. del 30/8/95, entre otras). Que, más aún, si bien el decreto 1439/96 establece en su art. 23 una suma adicional del 2 % mensual calculado sobre el valor en aduana de la mercadería, para el supuesto de autorizarse su importación para consumo, es decir, aquellas importaciones consideradas “regulares”, sin hacerse referencia al supuesto de importación para consumo “irregular”, previsto por el art. 274 del C.A., que es el caso que nos ocupa, debe entenderse que dicha suma adicional también se aplica a este último, atento a lo previsto por los arts. 274, 277, 635, 636 y 638, inc. e), del CA. Por otra parte, resulta claro que, en este sistema jurídico, de ningún modo el infractor y/o responsable/garante de la obligación tributaria que es su consecuencia, podría quedar en mejor situación que aquél que cumplió regularmente sus obligaciones...".
Que sin perjuicio de compartir la opinión expuesta por el Dr. Basaldúa, por razones de economía procesal, seguridad jurídica y por aplicación al caso de autos del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaído in re “IEF LATINOAMERICANA SA (TF 16.912-A) c/DGA”, del 14/8/13, en el que aplica y remite en lo pertinente a las consideraciones y criterio establecido en la causa “FRISHER SRL (TF 16.236-A) c/DGA”, también del 14/8/13, en la que se revocó la exigencia del derecho adicional previsto en el art. 15 de la Resolución ME 72/92, limitando el pago a los casos en que se solicita la importación para consumo regular de las mercaderías importadas temporariamente; corresponde revocar el derecho adicional exigido por la Aduana. En este aspecto, también considero que resulta procedente la imposición de costas en el orden causado, en virtud de que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es de fecha posterior al dictado de las resoluciones objeto de apelación, como así también, a la fecha de interposición del presente recurso. Que en cuanto a las percepciones de IVA Adicional y Ganancias exigidas por la Aduana (ver determinación de tributos a fs. 28/32 de las act. adm.) por razones de economía procesal y seguridad jurídica debe señalarse lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. N° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia de fecha 26 de noviembre de 2019, en donde se dispuso “…que cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”, Que, ello así, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, correspondiendo revocar dichas percepciones, con costas por su orden, en virtud de que dicho pronunciamiento es de fecha posterior al dictado de las resoluciones apeladas (29/06/10 y 07/02/11) como así también, a la fecha de interposición del presente recurso (11/03/11).
X. Que, en virtud de lo expuesto, cabe reliquidar los tributos exigibles, modificando la exigencia tributaria surgida de las liquidaciones realizadas por el servicio aduanero a fs. 28/32 de las actuaciones administrativas, conforme se detalla a continuación:
DIT N° 99 001 IT14 006344 R:
VALOR EN ADUANA: $ 11.534,00 DERECHOS DE IMPORTACIÓN (10%) $ 1.153,40 T.E. (0 %) $ 0,00 DERECHO ADICIONAL (0%) $ 0,00 BASE I.V.A.: $ 12.687,40 I.V.A. (21%) $ 2.664,35 I.V.A. ADICIONAL (0%) $ 0,00 GANANCIAS (0%) $ 0,00 TRIBUTOS $ 3.817,75 DIT N° 99 001 IT14 000274 N:
VALOR EN ADUANA: $ 14.105,99 DERECHOS DE IMPORTACIÓN (10,5 %) $ 1.481,13 T.E. (0,338 %) $ 500,62 DERECHO ADICIONAL (0%) $ 0,00 BASE I.V.A.: $ 16.087,74 I.V.A. (21%) $ 3.378,42 I.V.A. ADICIONAL (0%) $ 0,00 GANANCIAS (0%) $ 0,00 TRIBUTOS $ 5.360,17 DIT N° 99 001 IT15 002398 A:
VALOR EN ADUANA: $ 12.050,81 DERECHOS DE IMPORTACIÓN (10 %) $ 1.205,08 T.E. (0,415 %) $ 500,11 DERECHO ADICIONAL (0%) $ 0,00 BASE I.V.A.: $ 13.756,00 I.V.A. (21%) $ 2.888,76 I.V.A. ADICIONAL (0%) $ 0,00 GANANCIAS (0%) $ 0,00 TRIBUTOS $ 4.593,95 DIT N° 99 001 IT14 001792 T:
VALOR EN ADUANA: $ 18.800,98 DERECHOS DE IMPORTACIÓN (10,5 %) $ 1.974,10 T.E. (0,254 %) $ 501,42 DERECHO ADICIONAL (0%) $ 0,00 BASE I.V.A.: $ 21.276,50 I.V.A. (21%) $ 4.468,06 I.V.A. ADICIONAL (0%) $ 0,00 GANANCIAS (0%) $ 0,00 TRIBUTOS $ 6.943,58 DIT N° 99 001 IT14 000370 K:
VALOR EN ADUANA: $ 13.887,50 DERECHOS DE IMPORTACIÓN (10,5 %) $ 1.458,19 T.E. (0,344 %) $ 501,62 DERECHO ADICIONAL (0%) $ 0,00 BASE I.V.A.: $ 15.847,31 I.V.A. (21%) $ 3.327,93 I.V.A. ADICIONAL (0%) $ 0,00 GANANCIAS (0%) $ 0,00 TRIBUTOS $ 5.287,74 TOTAL TRIBUTOS: $ 26.003,20
XI. Que en cuanto a lo alegado por la aseguradora, debe señalarse que la misma responde hasta el límite del importe asegurado y por los tributos que fueron garantizados por ella conforme se desprende de los DITs en infracción, y por ende comprendidos en el alcance de la póliza, por lo que la aseguradora no puede volver contra sus propios actos.
Que el siniestro a que se refiere la póliza, en el caso de autos, es la importación para consumo en forma irregular de la mercadería, y la Aduana en los términos del art. 4° de las condiciones generales puede exigir el pago de los tributos garantizados, dado que no está previsto en la misma el beneficio de excusión, ni la responsabilidad subsidiaria sino que la aseguradora es deudora principal y solidaria con la importadora-tomadora. Que, como ya se dijo, la actora aseguró a la DGA hasta la suma máxima de U$D 65.000.- (pólizas N° 482352, 464539, 483403, 469004, 464538) con más los intereses y accesorios, mientras que el importe reliquidado de los tributos adeudados asciende a la suma de $ 26.003,20.- en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA.
Que el art. 4° de la Resolución General AFIP N° 1528/03 establece que las garantías expresadas en dólares estadounidenses constituidas con anterioridad a la fecha de sanción del Decreto N° 214/02 y que se hallaban pendientes a dicha fecha, se considerarán convertidas a pesos a razón de u$s1=$1 y sobre el monto resultante se aplicará el CER hasta la extinción de la garantía.
Que, en consecuencia, la aseguradora responde por los tributos adeudados en su carácter de garante por la emisión de las pólizas citadas precedentemente hasta la suma total de $ 65.000.- más el CER y siendo que los tributos que se exigen en la causa ascienden a la suma de $ 26.003,20.-, los mismos se encuentran dentro del límite garantizado por la aseguradora.
XII. Que la obligación de la aseguradora comprende también los intereses que adeude el importador. Ello en virtud de lo prescripto en el art. 1580 del Código Civil y Comercial, que en su parte pertinente, establece que: “Excepto pacto en contrario, la fianza comprende los accesorios de la obligación principal…”.
Que conforme lo dispuesto por el art. 794 del C.A., procede que se devenguen intereses a partir del vencimiento del plazo de diez días contado desde la notificación de la corrida de vista sobre el monto que se confirma en concepto de tributos.
Que surge de fs. 50 de las actuaciones administrativas que la aseguradora se notificó de la corrida de vista el 15/02/10, por lo tanto, los intereses adeudados son los devengados a partir del vencimiento del plazo de diez días contado desde aquella fecha, es decir a partir del 03/03/10 hasta la fecha de efectivo pago.
XIII. Que en relación a lo manifestado por la actora respecto a la nulidad de la notificación al importador, corresponde destacar que a fs. 48/49 de las act. adm. la importadora fue debidamente notificada de la corrida de vista con fecha 13/02/10, conforme surge del acuse de recibo del Correo Argentino obrante a fs. 48. Que, asimismo, la aseguradora fue notificada el día 15/02/10 de la corrida de vista mediante cédula de notificación obrante a fs. 50 de las act. adm., de conformidad con lo dispuesto por el art. 1013 inc. c) del C.A. Que si bien las notificaciones de la corrida de vista efectuadas tanto a la importadora como a la aseguradora se realizaron de conformidad con lo dispuesto en el art. 1013 del C.A., de las actuaciones administrativas surge que la Aduana ha cumplido todas las etapas y actos procesales que establece el Código Aduanero para este tipo de procedimiento: dispuso la instrucción del sumario, corrió vista notificando todo lo actuado a los fines de que tanto la importadora como la aseguradora puedan formular sus pertinentes descargos y ofrecer la prueba que haga a su derecho, lo que no hicieron pese haber sido notificadas. Nótese que, ante la incomparecencia de ambas, a fs. 51 el servicio aduanero con fecha 12/04/10 declaró la rebeldía de la importadora en los términos del art. 1105 del C.A., teniendo por constituido el domicilio procesal de la misma en los estrados de la oficina aduanera, de conformidad con lo dispuesto por el art. 1004 del C.A., quedando notificados los sucesivos actos procesales en los términos del art. 1013 inc. g) del C.A. A ello también se agrega, que el servicio aduanero puso las act. adm. en casillero a disposición de la firma importadora en los términos del citado artículo a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto a fs. 51, retirándose con fecha 23/06/10 sin que la importadora haya comparecido a estar a derecho (conf. fs. 51 vta).
Que, por último, debe señalarse que las Resoluciones DE PRLA N° 4570/10 y 343/11dictadas en el sumario, aparecen fundadas, en cuanto a la exposición de los hechos, causa, motivación y derecho aplicable (conf. Art. 7° de la LNPA) y el hecho de que los argumentos allí expuestos hayan resultado contrarios a la posición de la actora de ninguna manera permiten considerar la nulidad de la misma.
Que atento a lo expuesto, no cabe más que desestimar los fundamentos de la actora con respecto a esta cuestión.
Por ello, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de prescripción opuesto por la actora, con costas.
2. Confirmar parcialmente el art. 3° de la Resolución DE PRLA Nº 4570/2010 modificada por la Resolución DE PRLA N° 343/11, en cuanto exige el pago de tributos con relación a los DIT N° 99 001 IT14 006344 R, 99 001 IT14 000274 N, 99 001 IT15 002398 A, 99 001 IT14 001792 T y 99 001 IT14 000370 K, los que ascienden a la suma $ 26.003,20.-, con más los intereses del art. 794 del C.A. los que deben calcularse desde el 03/03/10 hasta la fecha de efectivo pago; revocándola en cuanto al derecho adicional y a las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Declarar que el monto que se le puede exigir a la actora es el de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 65.000.- ), con más el CER aplicable a la fecha en que se efectúe el pago – monto asegurado mediante las pólizas – o el importe de los tributos ($ 26.003,20.-) con más los intereses, si este último resultare inferior.
4. Imponer las costas a la actora por los importes que se confirman, y con costas por su orden en cuanto al derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y Ganancias, que se revocan.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión respecto a cómo deben computarse los plazos de prescripción de las facultades del fisco para imponer sanciones y determinar tributos (expuesta en el precedente "LA CARDEUSE S.A. c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/recurso de apelación" Expte. 35.693-A, sentencia del 12.11.19, puede verse en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2020/02/35693-A-12-11-19- 1.pdf) y atento la posición mayoritaria de la Sala en dicha materia, adhiero al voto del Vocal preopinante; excepto al punto 4 en cuanto impone las costas por su orden, las que respecto del derecho adicional y las percepciones de IVA y ganancias deben imponerse a la demandada (arts. 1174 del C.A. y 73 segundo párrafo del CPCCN).
La Dra. Cora M. Musso dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Juárez, salvo respecto de las costas por el Derecho adicional y las percepciones de IVA y de ganancias, que considero deben ser impuestas al Fisco.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Rechazar el planteo de prescripción opuesto por la actora, con costas.
2. Confirmar parcialmente el art. 3° de la Resolución DE PRLA Nº 4570/2010 modificada por la Resolución DE PRLA N° 343/11, en cuanto exige el pago de tributos con relación a los DIT N° 99 001 IT14 006344 R, 99 001 IT14 000274 N, 99 001 IT15 002398 A, 99 001 IT14 001792 T y 99 001 IT14 000370 K, los que ascienden a la suma $ 26.003,20.- con más los intereses del art. 794 del C.A. los que deben calcularse desde el 03/03/10 hasta la fecha de efectivo pago; revocándola en cuanto al derecho adicional y a las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Declarar que el monto que se le puede exigir a la actora es el de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 65.000.-), con más el CER aplicable a la fecha en que se efectúe el pago –monto asegurado mediante las pólizas– o el importe de los tributos ($ 26.003,20.-) con más los intereses, si este último resultare inferior.
4. Imponer las costas a la actora por los importes que se confirman, y al Fisco Nacional en cuanto al derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y Ganancias que se revocan.
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse los antecedentes administrativos a la Dirección General de Aduanas y archívese Date: 2022.11.18 13:38:57 -03:00 Date: 2022.11.18 15:56:28 -03:00 Juan Manuel Soria Cora Marcela Musso Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.11.18 16:22:13 -03:00 Hector Hugo Juarez Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.18 16:22:14 -03:00
Fin de la sentencia