Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2020-45497007-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que a la recurrente no le alcanzan los beneficios de las leyes 27.541 y 27.562 y, en consecuencia, sigan los autos según su estado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-67256358-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 23 de Junio de 2025 DE SEGUROS; Sentencia SALA A VOC. 1RA En el día de la fecha se reúne la Sala "A" del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por el Dr. José Luis Pérez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), la Dra. Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y el Dr. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación) para dictar sentencia en el expediente EX-2020-45497007- -APN-SGAI#TFN, caratulado: "ASEGURADORES DE CAUCIONES S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS s/ recurso de apelación".
El Dr. Pérez dijo:
I. Que mediante RE-2020-45496953-APN-DTD#JGM la actora interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 44/2020 (DV RRIIP), N° 45/2020 (DV RRIIP) y N° 46/2020 (DV RRIIP) dictadas el 24 de junio de 2020, por la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Palermo de la Dirección General Impositiva, por la primera respecto al impuesto a las ganancias período fiscal 2015 por la suma de $ 363.683,79, más intereses resarcitorios y aplicó una multa de 3 veces del impuesto supuestamente evadido.
Por la segunda correspondiente al impuesto al valor agregado, por los períodos fiscales 07/2014 a 06/2015 por la suma de $689.241,42 con más intereses resarcitorios e hizo reserva de aplicar sanción conforme art. 20 del Régimen Penal Tributario.
Por la última determinó el impuesto a las ganancias - salidas no documentadas por los períodos fiscales 08/2014 a 06/2015 en la suma de $ 1.348.310,00, con más intereses resarcitorios e hizo reserva de aplicar sanción de acuerdo al art. 20 del Régimen Penal Tributario.
Acompaña documental, ofrece prueba informativa, testimonial y pericial contable. Solicita se haga lugar al recurso de apelación en todas sus partes y se revoquen las resoluciones recurridas, con costas.
II. Que mediante IF-2020-65743185-APN-DTD#JGM contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechace lo planteado por la recurrente y se confirmen los actos apelados, con costas.
III. Que, mediante IF-2020-79657063-APN-DTD#JGM, manifiesta haberse adherido al régimen de regularización dispuesto por la Ley 27.562 por todos los ajustes recurridos en autos y solicita se declare condonada la sanción correspondiente a la Res. 44/2020.
Señala que, con fecha 11 de noviembre 2020, se efectuó la adhesión al plan de pagos O161943 de la ley 27.562, en 97 cuotas, destacando que la adhesión al plan de pagos conlleva el allanamiento a las pretensiones fiscales, como así también el desistimiento del recurso de apelación.
Que la representante fiscal mediante IF-2021-22906692-APN-DTD#JGM contesta el traslado corrido en PV-2020-89730716-APN-VOCI#TFN informando que “…la obligación principal correspondiente a las Resoluciones N° 44/2020, 45/2020 y 46/2020, ha sido cancelada mediante Plan de Facilidades de Pago Ley 27.562 — N° O161943. Se trata de un plan de pagos de 96 cuotas, consolidado el 11/11/2020.” Agrega que “…La presentación del plan de pagos ha sido realizada como "demás contribuyentes", inc. e art. 4 ley 27562. "
En lo que interesa a los presentes autos manifiesta: "...De la verificación que realice a la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias período fiscal 2019, detecte que la contribuyente declara poseer una cuenta corriente bancaria en el Banco Nación Argentina, Sucursal Nueva York". "Asimismo la contadora del área, Maria Angélica Gattorronchieri ha verificado que los socios de la firma, De Vedia José, De Vedia Antonio, De Vedia Manuel, De Vedia Santiago, De Vedia Ana y De Vedia Lerena Agustín, habrían declarado activos financieros en el exterior."
Asimismo, en referencia a las prescripciones del artículo 16 en cuanto a las situaciones de exclusión, manifiesta que de las consultas efectuadas al Módulo de Juicios Universales del sistema Atenea, surge que la actora no posee registrados juicios universales en trámite, finalizados ni paralizados -artículo 16 inciso a) de la Ley 27.541-, como así tampoco del Sistema de Causas Penales en el cual se informa que no posee causas penales con sentencia firme -artículo 16 inciso b) y c) de la ley 27.541.
Por las inconsistencias detectadas por la representante fiscal se le corrió traslado a la recurrente mediante PV-2021-53833588-APN-VOCI#TFN, el cual es contestado por la recurrente mediante IF-2021-9694499- APN-DTD#JGM, manifestando que la obligación de repatriar les corresponde a los socios de Aseguradores y Cauciones Compañía de Seguros y no al apelante propiamente dicho. Informa que ninguno de los accionistas de Aseguradores y Cauciones Compañía de Seguros, posee una participación igual o superior al 30% del capital social, circunstancia que surge de las declaraciones juradas de las personas físicas.
La representante fiscal mediante IF-2022-10159862-APN-DTD#JGM dice que para corroborar lo manifestado por la recurrente consultan al Sistema E Fisco, de ello informa: " ...que los seis socios informan su participación en Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros pero todos informan una participación en un 100%, con lo cual es evidente que lo que exponen en sus declaraciones juradas es erróneo y no puede servir de forma alguna para que el actor pruebe que ninguno de sus socios llega al 30% del capital social". A su vez informa que ninguno de los socios ha presentado la declaración jurada informativa (art. 59 RG. 4816/2020) ni tampoco informe especial extendido por contador público independiente matriculado en las disposiciones contempladas por el Capítulo V de la Resolución Técnica NO 37 (FACPCE) con su firma certificada por el consejo profesional o colegio que rija la matricula del profesional, en formato “pdf”.
La recurrente contesta un nuevo traslado mediante IF-2022-65708524-APN-DTD#JGM mencionando que sus directivos no se encuentran incluidos en las causales de exclusión previstas en los incs. c) y d) del art. 16 de las precipitadas leyes 27.541 y 27.562 y afirma que ninguno de los accionistas de Aseguradores y Cauciones S.A. Compañía de Seguros posee participación accionaria igual o superior al 30% de su capital social y por ende no están obligados a repatriar. Para demostrar sus dichos mediante RE-2022-65707454- APN-DTD#JGM, acompaña detalle suscripto por el Sr. Fernando A. Panno, gerente de Adm. y Finanzas, donde figuran todos los accionistas de Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros y la mayoría son personas físicas tenedoras aproximadamente del 1.16 % cada uno de los socios y la persona jurídica Suscriptores de Garantías S.A. posee el 82,23% del paquete accionario, pero a su vez los socios de esta última son personas físicas que poseen como máximo un 4.36 % del capital social.
La representante fiscal contesta mediante IF-2022-94849514-APN-DTD#JGM, la nueva vsita corrida en PV-2022-80046475-APN-VOCI#TFN y expresa: " ...La firma -en su declaración del Imp. a las Ganancias 2020 presentada con fecha 17/12/2020- ha exteriorizado tener una cuenta corriente radicada en el Banco de Nueva York con un saldo de $1.289.646.- como así también Acciones en la razón social Aseguradores de Cauciones S.A. Uruguay por $104.472.635... ". Agrega que de la consulta E-Fisco se verificó que la actora presentó con fecha 07/01/2021 la DDJJ por el período 2020, declarando la NO obligación de repatriar, contrario a lo impuesto por la norma RG 4816/2020. Por ello considera que por lo expuesto “...opera como causal de exclusión del art. 8 de la ley 27.541.”
Solicita no se haga lugar a lo solicitado por la actora y se la tenga por desistida en los términos del art. 304 del CPCCN, sin los beneficios de la Ley 27.541 y sus modificatorias.
IV. Que, para un mejor análisis de la cuestión, cabe reseñar que la Ley 27.541 fue dictada a fines del año 2019 declarando la emergencia pública e incorporando un régimen de regularización exclusivamente en beneficio de las pequeñas y medianas empresas. En el caso concreto, la apelante carece de certificado Mipyme. Ahora bien, la Ley 27.562, modificatoria de la anterior, amplía la posibilidad de acogerse al régimen a otros sujetos. Ello así, el artículo 8° establece que "Los contribuyentes y las contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el presente capítulo.
Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior (…) y a los siguientes sujetos: Personas humanas o jurídicas que, no revistiendo la condición de: i) MiPymes, ii) entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa, y iii) personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el por ciento (30%) del producido de su realización, directa o indirecta, dentro de los sesenta (60) días desde la adhesión al presente régimen, en los términos y condiciones que determine la reglamentación.
Para el caso de personas jurídicas, la condición de repatriación será de aplicación para sus socios y accionistas, directos e indirectos, que posean un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%) del capital social de las mismas...". Por su parte, el artículo 12 señala que las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de julio de 2020, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de la ley modificatoria y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha. Este último artículo equipara la situación de los contribuyentes que en igual situación ya hayan abonado la obligación principal sin expectativas de algún beneficio de condonación.
Ahora bien, como puede observarse de la lectura del art. 8° los contribuyentes “podrán acogerse (…) al régimen de regularización y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el presente capítulo...”, luego se excluye a determinados sujetos de esos beneficios, sin hacer distinción de los otorgados en el art. 12 -establecidos en ese mismo Capítulo-. En otras palabras, si el sujeto es excluido del régimen no puede gozar de los beneficios que éste otorga ya sea acceso al régimen de regularización (art. 11) o las condonaciones previstas en tal art. 12.
Ello así, de las manifestaciones de las partes surge que la obligación sustancial que dio origen a la multa apelada en autos se encuentra cancelada mediante plan de Pago Ley 27.562 — N° O161943 consolidado el 11/11/2020 y cuenta con 97 cuotas.
Para centrar la controversia en autos corresponde aclarar que ambas partes están de acuerdo que la Aseguradores de Cauciones S.A. Sociedad de Seguros posee bienes en el exterior, solo difieren en quien es el obligado a repatriar los bienes; si solamente los socios que poseen el 30% o más del paquete accionario o si le corresponde repatriar a la sociedad y a los socios que tengan el 30% o más del paquete accionario. Recordemos que la RG 4816/2020 en su art 8° expresa: “La repatriación por parte de las personas humanas o jurídicas, y de sus socios y accionistas - directos e indirectos - con una participación no inferior al TREINTA POR CIENTO (30%) del capital social de aquellas, de al menos el TREINTA POR CIENTO (30%) del producido de la realización de los activos financieros situados en el exterior que posean a la fecha de entrada en vigencia de la Ley NO 27.562 a que se refiere el artículo 8° de la Ley NO 27.541 y sus modificaciones, estará sujeta a los siguientes términos y condiciones.” Además se estableció la obligación de informar establecida en el art. 59 de la RG 4816/2020: Los sujetos que adhieran al presente régimen deberán informar, con carácter de declaración jurada, los socios, accionistas y/o similares, titulares de por lo menos el TREINTA POR CIENTO (30%) del capital social y/o similar, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley NO 27.562, a través del servicio denominado "Régimen de Información — Ley NO 27.562" disponible en el sitio "web" institucional (http://www.afip.gob.ar).
Adicionalmente, los sujetos alcanzados por el requisito de repatriación dispuesto por el artículo 8° de la Ley NO 27.541 y sus modificaciones deberán informar con carácter de declaración jurada, el monto total de los activos financieros situados en el exterior que posean a la fecha de entrada en vigencia de la Ley NO 27.562. A esos fines, los contribuyentes que efectúen la adhesión deberán adjuntar en formato ".pdf ", un informe especial extendido por contador público independiente matriculado, encuadrado en las disposiciones contempladas por el Capítulo V de la Resolución Técnica (FACPCE) NO 37, encargo de aseguramiento razonable, con su firma certificada por el consejo profesional o colegio que rija la matrícula, quien se expedirá respecto de la razonabilidad, existencia y legitimidad de los activos financieros situados en el exterior.
Pero en autos, el Fisco Nacional informó en IF-2023-736990678-APN-DRDD#JGM, que se verificó lo siguiente: "la actora con fecha 07/01/2021 la DDJJ por el período 2020, declarando la NO obligación de repatriar, contrario a lo 'impuesto por la norma (RG 4816/2020) ".
Por su lado, la recurrente trató de demostrar que ninguno de los socios poseía el 30% o más del capital social para concluir que por ello no tenía obligación de repatriar, sin desvirtuar las manifestaciones del organismo fiscal.
Que por lo tanto, corresponde establecer que, mi criterio seguido en Sala "B" que integro como Vocal Titular en la causa "Ostry Silvia Beatriz", EX-2019-53740582- -APN-SGAI#TFN, el 19/04/2021, en donde se negó a la recurrente el beneficio de la condonación por no poseer certificado Mipyme y la recurrente haber negado la repatriación de bienes del exterior, considerándose este requisito inexcusable para usufructuar del régimen bajo análisis, en el caso de los presentes autos, las circunstancias fácticas son similares: la actora no posee certificado Mipyme, y respecto a la existencia de activos financieros en el exterior, ambas partes están de acuerdo que la Aseguradores de Cauciones S.A. Sociedad de Seguros poseía bienes en el exterior, lo cual surge de los elementos aportados en la causa que se encuentre comprendida en las exclusiones previstas por los artículos 8 y 16 de la Ley N° 27.541 (y sus modif.), por ello, la recurrente no puede gozar de los beneficio del régimen establecido por las leyes 27.541 y 27.562. La Dra. Guzmán dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos efectuada por el Vocal Instructor.
II. Que la ley 27.541, conforme texto vigente de acuerdo a su ampliatoria -ley 27.562 (B.O. 26/08/20), - Titulo IV- Capítulo 1- dispone en su artículo 8º, que: “Los contribuyentes y las contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el presente capítulo”. A continuación, enumera la exclusión a dicho régimen de determinadas deudas y sujetos. En el caso de aquellas personas físicas o jurídicas que no posean el certificado de MiPymes, y que posean activos financieros situados en el exterior, se establece la obligación de repatriar al menos el treinta por ciento (30%) del producido de su realización, directa o indirecta, dentro de los sesenta (60) días desde la adhesión al régimen, en los términos y condiciones que determine la reglamentación. Y, aclara que “Para el caso de personas jurídicas, la condición de repatriación será de aplicación para sus socios y accionistas, directos e indirectos, que posean un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%) del capital social de las mismos”.
Asimismo, su artículo 9º -t.v.- dispone la inclusión de las obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación en el BO, especificando que el acogimiento tendrá como efecto el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, asumiendo el responsable el pago de las costas y gastos causídicos. En tanto, el artículo 9º de la Resolución General N° 4816 (B.O. 16/9/20) establece que, “...en el caso de incluirse en el presente régimen de regularización deudas en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, el acogimiento tendrá como efecto el allanamiento incondicional respecto de las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, así como de toda acción y derecho, incluso el de repetición, por los conceptos y montos por los que se formule el acogimiento, de conformidad con lo establecido por el primer párrafo del artículo 9º de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones. El interesado deberá presentar ante la instancia administrativa, contenciosoadministrativa o judicial en la que se sustancia la causa, copia del acuse de recibo del acogimiento al presente régimen, junto al detalle de las obligaciones regularizadas...".
III. Que sentado lo que antecede, el Fisco Nacional reconoce que la recurrente rectificó sus declaraciones juradas del impuesto al valor agregado, que fueron impugnadas por el acto administrativo en crisis y exteriorizó los importes correspondientes a ingresar. Dichos importes concuerdan con los establecidos en el acto administrativo en recurso.
Lo propio hizo con los actos determinativos de impuesto a las ganancias y a las ganancias -salidas no documentadas, también discutidas en autos (vid. IF-2021-22906692-APN-DTD#JGM), habiendo presentado las declaraciones juradas rectificativas incluyendo los importes determinados en los actos en crisis.
IV. Que no obstante lo expuesto, la cuestión nuclear a resolver en autos, radica en definir si la recurrente - en caso de corresponder- cumplió con el requisito de repatriación de activos financieros exigido por el artículo 8 de la ley 27.541, reformada por la ley 27.562.
Resulta oportuno recordar que dicha exigencia se encuentra establecida únicamente para aquellos sujetos que pretendan acogerse al régimen de moratoria y gozar de los beneficios previstos para las obligaciones tributarias regularizadas en los términos allí dispuestos, situación que se configura en autos (cfr. Sala A, “Escudie y Terry S.A.”, 1/9/2021; C.N.FED.CONT. ADM, Sala IV, Telcom Ventures de Argentina", 10/6/2021, Sala II, “Smurfit Kappa S.A.”, 5/4/2023, entre otros).
V. Que en relación con las obligaciones emergentes del artículo 8, párrafos 3 y 4 -vinculados específicamente con la repatriación de activos financieros- no se encuentra en discusión que la recurrente ha presentado la declaración jurada prevista en el artículo 59 de la R.G. 4816/2020. Y en dicha presentación ha aclarado los porcentajes de tenencia de los socios y accionistas, los que, en atención a sus manifestaciones en un todo de acuerdo con la previsión de la ley, en tanto no superan el treinta (30%) exigido por la norma. Acompaña documentación que abona su posición (vid. IF-2022-54039471-APN- VOCI#TFN y RE-2022- 65707454-APN-DTD#JGM).
El Fisco Nacional discute tal situación, más no acompaña documentación que acredite su impugnación. Es más, en su presentación de fecha 2/2/2022, se transcribe información de la Agencia correspondiente a la recurrente, habiéndose informado que del Sistema E. Fisco se desprende que “...los seis socios informan su participación en Aseguradora de Cauciones S.A. pero todos informan que participan en un 100% con lo cual es evidente que lo que exponen en sus declaraciones es erróneo y no puede servir de forma alguna para que el actor pruebe que ninguno de sus socios llega at 30% del capital social”.
En ese contexto, y a la luz de las constancias de la causa, entiendo que debe estarse a la información y declaración efectuada por la recurrente.
VI. Que, en ese contexto, habiendo dado cumplimiento la recurrente a las disposiciones legales, corresponde tenerla por desistida de la acción y el derecho, incluso el de repetición, en la presente causa. Con costas.
VII. Que el artículo 11 de la ley 27.541, y su ampliatoria ley 27.562 dispone, con alcance general, para los sujetos que se acogieran al régimen de regularización previsto y mientras cumplan con los pagos previstos, las siguientes exenciones y/o condonaciones, en lo que aquí interesa: “a) de las multas y demás sanciones previstas en la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificatorias..., que no se encontraren firmes a la fecha del acogimiento del régimen de regularización previsto y c) De los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37, 52 y 168 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) en el importe que por el total de intereses supere el porcentaje que para cada caso se establece a continuación: 1. Período fiscal 2018, 2019 y obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020: el diez por ciento (10%) del capital adeudado.
2. Períodos fiscales 2016 y 2017: veinticinco por ciento (25%) del capital adeudado. 3. Períodos fiscales 2014 y 2015: cincuenta por ciento (50%) del capital adeudado. 4. Períodos fiscales 2013 y anteriores: setenta y cinco (75%) del capital adeudado.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores será de aplicación respecto de los conceptos mencionados que no hayan sido pagados o cumplidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y corresponden a obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas, o por infracciones cometidas al 31 de julio de 2020".
Ello así, la adhesión al régimen de la ley 27.541, y su modificatoria 27.562, implica la eximición parcial de los intereses resarcitorios de acuerdo con lo previsto en el art. 11, inciso c) apartado 2, lo que así corresponde resolver. Costas por su orden.
Lo propio ocurre en relación a la multa aplicada por el órgano recaudador en el impuesto a las ganancias, la que debe ser condonada conforme el marco normativo establecido por el art. 11, inc. a) de la ley mencionada en el párrafo anterior. Costas por su orden.
Corresponde aclarar que ese beneficio se encuentra sujeto al control que el organismo fiscal efectúe en su oportunidad respecto del régimen de regularización excepcional, como así también de los extremos que debe satisfacer la actora para gozar de los beneficios establecidos en la ley. En mérito a lo expuesto, corresponde tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición, con respecto a los impuestos e intereses correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en el art. 11 de la ley 27.541 -y su ampliatoria ley 27.562-, con costas y condonar la multa y los intereses en la proporción que corresponda, con costas por su orden.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Pérez.
Ello así, por mayoría SE
Declarar que a la recurrente no le alcanzan los beneficios de las leyes 27.541 y 27.562 y, en consecuencia, sigan los autos según su estado.
Regístrese, notifíquese y vuelvan a la Vocalía 1° para continuar el trámite.
Date: 2025.06.13 15:22:19 ART Date: 2025.06.17 12:26:38 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.06.23 12:30:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.23 12:30:59 -03:00
Fin de la sentencia