Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 53971928-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, con costas (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
34.821/2023 ASEGURADORES DE CAUCIONES SA CIA DE SEGUROS (TF 53971928-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 10 de octubre de 2023.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 7/02/2022 el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó parcialmente el art. 3° de la Resolución DE PRLA n° 1943/17, declarando que la deuda tributaria en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA ascendía a la suma de U$S 7.662,75 que debería convertirse al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A., que deberían calcularse desde el 17/3/17 hasta la fecha del efectivo pago. Declaró que, en el caso, el monto que se podía exigir a la actora Aseguradora de Cauciones S.A. en concepto de tributos adeudados era de $68.000, monto asegurado mediante la póliza n° 566.066. Ello con más los intereses devengados desde el 17/3/17, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
Impuso las costas por su orden respecto a los rubros IVA adicional y adelanto de ganancias. Con respecto a los demás rubros, impuso las costas según sus vencimientos, los que se estimó en un 8% a la actora y en un 92 % a la demandada.
Para así resolver, respecto del agravio esgrimido por la actora respecto a la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos, el organismo jurisdiccional administrativo, por mayoría –voto del Dr. Pablo Garbarino, al que luego adhirió el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II Dr. Gonzalez Palazzo- sostuvo que, la interrupción o suspensión del curso de la prescripción operaba en los casos en que la DGA haya dictado el correspondiente auto de apertura del sumario, en tanto surgía claramente de la letra del artículo 937, inc. a), del Código Aduanero que la interrupción de la prescripción se producía por la sola circunstancia del "dictado" del acto respectivo, sin siquiera estar determinado que para que dicho acto posea virtualidad interruptiva debía ser puesto en conocimiento del sumariado.
En tales condiciones, consideró que el acto examinado en autos ostentaba la entidad suficiente como para producir tanto la interrupción de la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas –art. 937, inc. a), del C.A.-, como la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805, inc. a), del C.A.
En segundo lugar y con respecto al planteo de nulidad del procedimiento efectuado por la recurrente, entendió que la notificación de la corrida de vista resultaba válida por cuanto fue notificada al domicilio constituido por el síndico de la quiebra el día 2/3/2017 y conforme lo prescripto por el art. 1015, en cuanto al negarse una persona a recibirla, se fijó copia de la cédula en la puerta de acceso correspondiente al departamento.
Adujo que, no obstante la validez de las notificaciones de la corrida de vista, la declaración de rebeldía y la resolución aquí apelada, la firma importadora no se había presentado en sede aduanera, ni ante ese Tribunal, a ejercer el derecho de defensa del que daba cuenta la aseguradora.
En tales condiciones, precisó que, no se constataba en el sumario, error o vicio alguno, que causaren a la agraviada indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esa instancia, por lo cual, no podía hacerse lugar a la nulidad alegada por la recurrente.
Señaló que no se encontraba controvertido en autos que mediante la destinación 05 001 IT16 000710 U, oficializada el 28/4/05 ante la Aduana de Buenos Aires (Capital), la firma VILMAX S.A.C.I.F.A documentó mediante el ITEM CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II 1 la importación temporaria de 2000 Kgs. de colorantes (amarillos) y preparaciones a base de dichas materias, P.A 3204.17.00.11OV y mediante el ITEM 2, 2000 Kgs. también de colorantes (naranjas) y preparaciones a base de colorantes, PA 3204.17.00.120Y., ello en los términos del decreto 1439/96, operando el vencimiento del plazo de permanencia, prórroga mediante, el 29/4/07, según surgía de la carpeta contenedora del DIT obrante a fs. 14 de las actuaciones administrativas.
Indicó que, al no existir constancias del cumplimiento de la obligación contraída al efectuar la importación temporaria, el servicio aduanero consideró incumplida la obligación de reexportar la totalidad de la mercadería y dispuso la instrucción de sumario administrativo, cuyo trámite concluyó con el dictado del fallo aquí apelado, por el que se condenó al importador al pago de una multa y le formuló cargo por los tributos adeudados, los que también fueron reclamados a la firma aseguradora, en su carácter de garante de la obligación tributaria. Ponderó que, dicho pronunciamiento había sido recurrido solo por la aseguradora, a través del recurso en examen. Mencionó que la no regularización en término de la mercadería ingresada temporariamente configuraba, prima facie, el ilícito previsto y penado por el art. 970 del C.A.
Por ende, concluyó que, atento a lo actuado y lo manifestado ut supra, no surgía en las actuaciones administrativas, ni en esa instancia, ningún tipo de documentación que contraríe lo resuelto por el servicio aduanero quedando configurada la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A. IV. A continuación, y sin perjuicio de que la actora no se había agraviado respecto de la liquidación tributaria efectuada en sede aduanera, se expidió respecto a la procedencia de los rubros IVA adicional e impuesto a las ganancias. Sobre el tema, señaló la reciente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA SA c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”. Justamente, sobre esa base, el Máximo Tribunal, concluyó que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Ello así, consideró que, resultaba evidente que, en el presente caso, la DGA carecía de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias. En consecuencia correspondía modificar la determinación tributaria obrante a fs. 22 de las actuaciones administrativas: U$S 7.662,75.-
En cuanto a la responsabilidad de la actora, Aseguradora de Cauciones, precisó que, mediante la póliza de seguro de caución n° 566.066 (garantía n° 12063 A), la recurrente había asegurado a la AFIP-DGA hasta la suma máxima de $68.000, con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del C.A., que resulte obligado a efectuarle la importadora, como consecuencia de la operación de importación temporaria documentada mediante el D.I.T. aquí involucrado.
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En consecuencia, el importe que podría exigirse a la actora en concepto de tributos era el monto máximo garantizado mediante la póliza n° 566.066; en su caso, $ 68.000, con más los intereses del art. 794 del C.A.
II. Que contra dicha decisión con fecha 16/02/2022 la demandada interpuso aclaratoria respecto de lo resuelto en el segundo párrafo del punto 2 en cuanto disponía: “Con respecto a los demás rubros costas según sus vencimientos los que se estiman en un 8% a la actora y en un 92% a la demandada”.
En ese sentido, solicitó que se aclaren los porcentuales conforme los cuales habían sido impuestas las costas en relación a los rubros de la liquidación tributaria que fueran confirmados (derechos de importación, tasa de estadística e IVA). Ello así, por entender que, conforme lo resuelto en el punto 1° de dicho decisorio, la contraria había resultado sustancialmente vencida en ese punto. Asimismo, y en otro orden, solicitó se impongan las costas a la actora en relación a los planteos de prescripción y nulidad, atento que los mismos habían sido objeto de contestación por parte de esa representación fiscal, que la contraria había resultado vencida en su pretensión y que los mismos no habían sido tenidos en cuenta en la imposición de costas establecida en la sentencia.
III. Que, por medio del pronunciamiento de fecha 14/03/20222, el Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar a la aclaratoria planteada por el fisco y, por ende, modificó el segundo párrafo del apartado 2) de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 7 de febrero de 2022, aclarando que: donde decía “...[c]on respecto a los demás rubros costas según sus vencimientos los que se estiman en un 8% a la actora y en un 92 % a la demandada....”, debía leerse: “...[c]on respecto a los demás rubros, costas a la actora.”
Asimismo, resolvió, no hacer lugar a lo solicitado por el Fisco en punto III de su presentación, toda vez que lo requerido, excedía del objeto de esa aclaratoria, en tanto no se trataba de una omisión en la sentencia que pueda ser subsanado a través del remedio intentado. En consecuencia, le hizo saber a la representación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II fiscal que en relación a ello contaba con los medios legales previstos para su cuestionamiento.
IV. Que contra la resolución del 7/02/2022 el Fisco Nacional interpuso recurso de apelación y expresó agravios el 18/03/2022 en cuanto a la imposición de costas, los que no fueron contestados por la contraria.
Mediante la presentación de fecha 21/03/2022, la demandada indicó que en tanto la aclaratoria de fecha 14/03/2022 había sido notificada a esa parte con fecha 18 de marzo de 2022, es decir, con posterioridad a la interposición del recurso de apelación, desistía del agravio referente a los porcentajes por los cuales se habían impuesto las costas (identificado como punto 2).
Asimismo, aclaró que mantenía la apelación y agravio correspondiente a la omisión en que había incurrido el TFN al no imponer costas al resolver rechazar la nulidad y prescripción alegadas por la contraria (identificado como punto 3). Se agravia la recurrente por cuanto el Tribunal Fiscal de la Nación ha omitido imponer las costas en relación a los planteos de prescripción y nulidad. Alega que los mismos no solo fueron objeto de contestación por esa representación fiscal, sino que han sido tratados por el a quo y su resolución ha sido clave para resolver estos actuados.
Indica que, de haberse decretado la nulidad del procedimiento o la prescripción de la acción de su parte ni siquiera se hubiera llegado al punto de analizar si la importadora cumplió o no con el régimen de importación temporaria. Pondera que, el art. 77 del CPCCN claramente establece que “La condena en costas comprenderá todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito, mediante el cumplimiento de la obligación, incluyendo los del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria. Los correspondientes a pedidos desestimados serán a cargo de la parte que los efectuó u originó, aunque la sentencia le fuere favorable en lo principal.”
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Es por ello que, solicita se impongan las costas respecto a tales rubros que el a quo omitió en los que la firma aseguradora ha resultado vencida V.- Que desde ya corresponde adelantar que el recurso intentado no podrá prosperar.
En efecto, la decisión del organismo jurisdiccional administrativo de confirmar parcialmente la resolución DE PRLA n° 1943/17, implicó que se tuvo por acreditada la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., procediendo el reclamo tributario por los derechos de importación, tasa de estadística e IVA, descartándose, en consecuencia, los planteos de nulidad y prescripción, formulados por la actora en su escrito recursivo.
Es decir que, en la imposición de las costas a la compañía aseguradora por los rubros tributarios por los que procedió el reclamo -dispuesta por el TFN-, quedó subsumido el rechazo de los argumentos defensivos opuestos por la garante.
En tales condiciones, no se advierte la existencia de agravio alguno en cabeza de la demandada, por lo que corresponde rechazar el recurso intentado, con costas (art. 687, 1° parte del C.P.C.C.N.).
En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, con costas (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.).
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia