Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los planteos de la co-actora importadora respecto de la nulidad y la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas, en los términos expuestos en los considerandos VIII.1 y VIII.2-.
2Admitir el planteo de ambas co-actoras con relación a la prescripción de la acción del Fisco para perseguir su cobro de tributos; y, en consecuencia, declarar prescripta la acción para el cobro de $110.653,14, con más el CER, conforme fue resuelto en la Resolución DE PRLA N° 6612/2011, dictada en el Expediente SIGEA 12039- 1515-2007, con fundamento en lo expuesto en el considerando VIII.3-
3Revocar la multa de $ 43.225,60, impuesta a la co-actora importadora en la Resolución DE PRLA N° 6612/2011, dictada en el Expediente SIGEA 12039-1515-2007, por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., por las consideraciones expuestas en el considerando XI.
4Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-59606829-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 16 de Junio de 2026
Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis, Horacio J. Segura y Miguel N. Licht, a fin de resolver en los autos caratulados “ASEGURADORES DE CAUCIONES SA COMPAÑÍA DE SEGUROS c/D.G.A. s/Recurso de apelación”, N° 31.755-A; y su acumulado “RPB S.A. c/D.G.A.
s/Recurso de apelación”, N° 31.808-A:
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I.1. Que a fs. 15/19 se presenta la firma Aseguradora de Cauciones SA Compañía de Seguros por apoderada e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 6612/2011, dictada en el Expediente SIGEA 12039-1515-2007, mediante la cual se condenó a la firma RPB S.A. por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., intimando a su parte al pago de $110.653,14, con más el CER, en concepto de tributos, en carácter de garante de la obligación tributaria. Relata que a través de los DIT Nros. 99 001 IT14 006333 P y 99 001 IT14 006334 Z, la importadora había documentado dos operaciones aduaneras de importación temporal, cuyo plazo de permanencia de la mercadería en el país habría vencido sin que se cancelaran las operaciones. Explica que la mercadería involucrada quedó destruida debido a un incendio que sufrió la misma en su depósito. Afirma que, con anterioridad al vencimiento de los plazos de permanencia, la importadora había comunicado esta situación a la DGA, dando origen al expediente 432.543/2000. En ese contexto, en primer lugar, la recurrente se agravia al considerar prescripta la facultad del servicio aduanero para perseguir el cobro de los tributos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 803 y concordantes del Código Aduanero. Para así peticionar, sostiene que la simple apertura del sumario administrativo carece de virtualidad suficiente para interrumpir el curso de la prescripción.
En segundo lugar, afirma que no es posible determinar el límite de la cobertura, ni la moneda de emisión de las pólizas N° 481977 y N° 481976 —involucradas en autos—, habida cuenta de que no han sido agregadas a la causa. Asimismo, se agravia por la aplicación del CER dispuesta en la resolución apelada.
En tercer lugar, se agravia de los rubros tributarios incluidos en la liquidación practicada. Explica que los impuestos internos, tales como IVA, IVA adicional y anticipo del Impuesto a las Ganancias no debieran serles exigidos, por exceder el marco del contrato de seguro de caución. Finalmente, cuestiona también la inclusión del derecho adicional previsto por el Decreto 1439/96 en la liquidación tributaria. Cita jurisprudencia, ofrece prueba y solicita que se revoque el decisorio aduanero, con costas.
I.2. Que a fs. 112/120 se presenta la firma RPB S.A. por apoderado e interpone recurso de apelación contra la misma Resolución DE PRLA N° 6612/2011. Señala que fue condenada al pago de una multa de $ 43.225,60 y de $110.653,14, en concepto de tributos con más el CER, por la presunta infracción prevista en el artículo 970 del CA, con relación a la mercadería bobinas de papel con polietileno y aluminio, posición 4811.31.12.00F, insumos destinados a la fabricación de envases asépticos, amparada en los DIT Nros. 99 001 IT14 006333 P y 99 001 IT14 006334 Z, cuyo vencimiento operaba el 14 de enero de 2001.
Reseña los antecedentes del caso. De manera preliminar, opone una serie de defensas procesales. En particular, plantea la prescripción de las acciones penal y tributaria. Explique que el servicio aduanero tomó real conocimiento de su imposibilidad para cumplir con el régimen transitorio al que se había acogido en el momento en que le hizo saber del incendio sufrido y que ello fue con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia. Asimismo, señala que la citación para estar a derecho en el sumario administrativo se produjo recién tras haber transcurrido once años desde la instrucción. A su vez, denuncia la duración excesiva del procedimiento administrativo y alega su derecho a obtener una decisión en un “plazo razonable”, con fundamento en la doctrina sentada por la CSJN en la causa “Losicer”. En otro orden de consideraciones, y respecto a la sustancia de la infracción endilgada, la recurrente se agravia de lo resuelto por el servicio aduanero. En ese sentido, explica que el servicio aduanero, pese a tener por acreditado el incendio, descartó la configuración del supuesto de fuerza mayor previsto en el art. 261 del Código Aduanero por considerar que la prueba acompañada en el sumario resultaba insuficiente.
Finalmente, cita jurisprudencia, ofrece prueba y solicita que se revoque el decisorio aduanero, con costas.
II.1. Que a fs. 143/154 la representación fiscal contesta el traslado del recurso de la co-actora Aseguradora de Cauciones SA Compañía de Seguros.
En primer lugar, efectúa un relato de los hechos y formula una negativa general. Sostiene que, en el caso, no operó la prescripción para perseguir el cobro de tributos, tal como afirmó la co-actora aseguradora. En particular, señala que la instrucción de sumario interrumpió el plazo en cuestión y, por ello, la Resolución que se pretende cuestionar fue dictada antes de que opere el vencimiento. Luego, señala que la firma importadora no reexportó la mercadería importada temporariamente. Seguidamente, resalta la finalidad del seguro de caución y defiende la procedencia de la totalidad del reclamo tributario efectuado atento su calidad de garante de la obligación tributaria. Aclara que la aseguradora debe responder con los mismos alcances que el tomador del seguro.
Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero con expresa imposición de costas.
II.2. Que, a fs. 156/158, la representación fiscal contesta el traslado del recurso de la co-actora RPB S.A. En su presentación, efectúa un relato de los hechos y formula una negativa general. Sostiene que la carga de la prueba respecto al cumplimiento del régimen de importación temporaria recae exclusivamente sobre la importadora, quien debe acreditar fehacientemente dicho extremo o, en su defecto, la configuración del caso fortuito. Al respecto, si bien no desconoce la existencia del incendio, afirma que la interesada no demostró que el siniestro fuera el resultado de un evento fortuito, en los términos exigidos por el art. 261 del Código Aduanero. Cita jurisprudencia y solicita se confirme el fallo aduanero con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 159 se abre la causa a prueba que se produce a fs. 165/173 (Pólizas N° 481977 y N° 481976). A fs. 180 se cierra el período probatorio. A fs. 198 se elevan los autos a la Sala “G” y a fs. 199 se ponen los autos para alegar. La actora RPB S.A. alega a fs. 207/215, no haciendo uso de su derecho las restantes partes. A fs. 217 pasan los autos a sentencia.
IV. Que la actuación SIGEA N° 12039-1515-2007 (ex 605.230/2004) se inicia el 23/9/2004, con el acta de denuncia N° 1312/04 por presunta infracción al art. 970 del C.A, respecto de la mercadería importada temporariamente mediante los DIT Nros. 99 001 IT14 006333 P y 99 001 IT14 006334 Z, cuyo vencimiento operaba el 14/01/2001. A fs. 3/6 se agregan los print de pantalla de consulta detallada del DIT 99 001 IT14 006333P y la consulta de garantía; y a fs. 7, el sobre contendor del DIT original y su documentación complementaria. A fs. 8/11 se agregan los print de pantalla de consulta detallada del DIT 99 001 IT14 006334 Z y la consulta de garantía; y a fs. 12, el sobre contendor del DIT original y su documentación complementaria. A fs. 14 se dispone la instrucción del sumario por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA. A fs. 16/17 se produce la valoración y aforo, y a fs. 18/19 se practica liquidación de tributos. A fs. 29 se corre vista a la imputada en los términos del art. 1101 del C.A. y se cita a Aseguradora de Cauciones SA Compañía de Seguros, en su carácter de garante de la obligación tributaria, quienes se notifican el 21/7/2011 y el 6/7/2011, respectivamente. A fs. 37/40 se presenta la importadora a contestar la vista y ofrece prueba. En particular, solicita que se agregue a la causa el ADGA 2000-432543 por la cual sostiene que había comunicado y acreditado un incendio sufrido, en el que había perdido la mercadería amparada en los DITs involucrados. A fs. 44 se da por decaído el derecho a contestar la vista por parte de la aseguradora y se abre el expediente a prueba. A fs. 46/49 se agrega la contestación de oficio por la que la Sección Procedimientos Técnicos de la Aduana de Buenos Aires informa que la causa ADGA 2000-432543 no fue hallada en su sección. A fs. 50/51 se agregan prints de pantalla del sistema de registro de infractores. A fs. 52/54 se dicta la Resolución DE PRLA N° 6612/11. A fs. 61 se ordena el desglose de la documentación solicitado por la importadora.
V. Que, de manera preliminar, es necesario advertir que los jueces no se encuentran obligados a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración Tribunal, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970).
VI. Que, sentado ello, corresponde tratar las defensas procesales opuestas por las co-actoras, en sus respectivos escritos de inicio.
VII. Que, respecto al planteo de nulidad del auto de apertura de sumario opuesta por la co-actora aseguradora, cabe recordar que en el art. 1094 del C.A. se establecen todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario: “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados. ”
Que, de las constancias reseñadas de la causa se desprende que el auto de apertura del sumario cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye. En efecto, de las constancias de la causa, resulta que se efectuó la instrucción de dispuso (v. fs. 14) y la respectiva clasificación arancelaria y valoración de la mercadería, así como la liquidación de los tributos por cada una de las destinaciones involucradas (v. fs. 16/17) Por lo tanto, corresponde rechazar el planteo de la actora en este sentido.
VIII. Que, a fin de tratar los respectivos planteos de prescripción, es dable destacar que, en el caso, el vencimiento de los plazos temporales de permanencia ocurrió el 14/01/2001. En consecuencia, el cómputo del plazo de prescripción comenzó a correr el 1/1/2002.
VIII.1. Así, en relación a prescripción de la acción del Fisco para imponer penas opuesta por la co-actora importadora, cabe señalar recordar que en el art. 934 del C.A. se prevé que: “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Asimismo, en el art. 937 del C.A. se establecen las causales de interrupción dicho plazo; y, en lo que aquí interesa, en el inc. a) se alude al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.
En el caso, el plazo de prescripción de 5 años comenzó a correr el 1/1/2002 y, posteriormente, fue interrumpido por el dictado del auto de apertura de sumario el 3/10/2006. Es decir, que el nuevo plazo quinquenal comenzó a correr a partir del 4/10/2006; y así, toda vez que la resolución aduanera apelada por la firma importadora en este aspecto se dictó el 30/9/2011, no se encuentra prescripta.
VIII.2. Que, asimismo, no resulta de aplicación al caso la doctrina jurisprudencial referida al “plazo razonable” establecida por la CSJN en los autos “Bossi y García S.A. (TF 5932-A) c/DGA” del 08/11/2011 y “Losicer, Jorge Alberto y Otros c/BCRA” del 26/06/2012, atento que en la primera de las causas se trataba de un procedimiento recursivo que se había prolongado durante más de veintitrés años y en el segundo, de un sumario administrativo que se extendió hasta casi veinte años, mientras que en autos la Aduana ha tramitado el sumario infraccional que diera origen a la resolución apelada ante este Tribunal.
VIII.3. Que, sin perjuicio de ello, con relación a la prescripción de la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, planteada por ambas co-actoras, en el art. 803 del C.A. se establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Asimismo, dicho plazo, se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...” (v. art. 805, inc. a), del C.A.).
En consecuencia, desde el 01/01/2002 y teniendo en cuenta que la instrucción se dictó en fecha 3/10/2006, hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 9 meses y 2 días del plazo de prescripción quinquenal. Al reanudarse ese plazo el 30/9/2011, con el dictado de la resolución apelada, y hasta su notificación del 18/6/2012 –en el caso de la firma aseguradora– y del 21/6/2012 –en el caso de la firma importadora–, transcurrieron otros 8 meses con 22 días; es decir, un total de 5 años, 5 meses y 24 días. En consecuencia, en el caso, la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos se encuentra prescripta.
En ese orden de ideas, llegada esta instancia de análisis, corresponde rechazar la nulidad del auto de apertura de sumario y la excepción de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas; mientras que cabe admitir la excepción de prescripción de su acción para perseguir el cobro de tributo; todo ello, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
IX. Que, corresponde ahora tratar la cuestión de fondo restante con relación a la condena de la firma importadora al pago de una multa por la infracción prevista en el art. 970 C.A. en la Resolución DEPRLA N° 6612/2011.
En ese sentido, cabe recordar que el artículo 250 del C.A. dispone que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a re exportar esos insumos.
Que, en ese contexto, es dable recordar que la situación especial que se configura respecto de la mercadería importada transitoriamente y que hubiere sufrido pérdida o deterioro durante su permanencia, en lo que aquí interesa, se encuentra regulada en el artículo 260 y concordantes del CA.
En particular, se prevé: “La mercadería deteriorada por caso fortuito o fuerza mayor durante su permanencia bajo el régimen de importación temporaria debe considerarse, a los fines de su importación o reexportación para consumo, según el caso, en el estado en que ella se encontrare, siempre que la causal invocada se acreditare debidamente a satisfacción del servicio aduanero” (art. 260 del C.A).
A su vez, los efectos tributarios de tal suceso, se encuentran determinados en el artículo 261 del mencionado código. Así; “la mercadería totalmente destruida o irremediablemente perdida por caso fortuito o fuerza mayor durante su permanencia bajo el régimen de importación temporaria no está sujeta a los tributos que gravaren su importación para consumo, excepto las tasas devengadas por servicios, siempre que la causal invocada se acreditare debidamente a satisfacción del servicio aduanero...”.
Que, en este estado cabe analizar si en el caso quedó configurado el caso fortuito.
X. Que, a tal fin, es importante destacar que no resulta controvertido que, por medio de los despachos de importación temporaria Nros. 99 001 IT14 006333 P y 99 001 IT14 006334 Z, oficializados el 2/12/1999 y por ante la Aduana de Buenos Aires, la importadora RPB S.A documentó la importación temporaria de: “polietileno, estratificado con aluminio… EN BOBINAS, GRAMAJE EN g/m2”, mercadería clasificada en la P.A. 4811.31.12.000F, al amparo del Decreto N° 1439/96, por un total de 36.000 Kilogramos, con el fin de utilizarla en la fabricación de envases asépticos. Que, por aquel entonces, dio garantía por los tributos que, en el momento del referido, registro habrían gravado la importación para consumo de la mercadería, garantía extendida mediante las pólizas de seguro de caución Nros. 481977 y 481976, emitidas por la firma Aseguradora de Cauciones SA Compañía de Seguros.
Que, en tales condiciones, se concedió el libramiento el 20/1/2000 y se autorizó la permanencia de la mercadería importada temporariamente por un plazo de 360 días, operando su vencimiento el día 14/1/2001 (v. sobres contendedores de fs. 7 y fs. 12 de las actuaciones; y copias certificadas de las pólizas de caución en cuestión, obrantes a fs. 168/169 de autos).
Que, conforme surge de las actuaciones administrativas, ocurrido el vencimiento del referido plazo de permanencia y no habiéndose reexportado la mercadería documentada en forma suspensiva, se dispuso instruir sumario por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del CA.
En oportunidad de contestar la vista, la firma importadora denunció que la mercadería amparada por los despachos de importación temporaria involucrados había resultado destruida en su totalidad por causa del incendio sufrido en su planta industrial cita en la Ruta 14, kilómetro 58,5, del Parque industrial de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, donde se había destinado a fin de efectuar el proceso de transformación. Señaló que la existencia del incendio y la pérdida total de la mercadería almacenada había sido comunicada al servicio aduanero por medio del expediente ADGA N° 432.543/2000, en el que se habían acompañado los informes y demás documentación pertinente. Acompañó documentación a fin de acreditar la existencia de esa causa (v. sobre con documentación, agregado por cuerda a las actuaciones administrativas acompañadas por la DGA). Luego, abierto a prueba el sumario antecedente de autos, la Sección Procedimientos Técnicos comunicó que la causa mencionada por la actora no pudo ser localizada. Que, como se dijo, y en lo que aquí interesa, el sumario culminó con la condena a la firma importadora. Para así resolver, el servicio aduanero consideró: “Que si bien la imputada aportó elementos de los cuales se desprende que en el mes de julio de 2000 ocurrió un incendio en su planta de Gualeguaychú, no acompañó constancias que permitan sostener que dicho siniestro ocurrió por caso fortuito en los términos del artículo 261 del Código aduanero, esto es, ‘…siempre que la causal invocada se acredite debidamente a satisfacción del Servicio Aduanero’”.
XI. Que, en este punto cabe señalar que, de la documentación acompañada por la DGA, que obra sin foliar y ensobrada por cuerda a las actuaciones principales; y, respecto de la cual no se produjo desconocimiento expreso por las partes, resulta lo siguiente:
Por un lado, se encuentra el escrito que dio inicio a la promoción del expediente ADGA N° 432.543/2000, con sello oficial (15/12/2000), y en él la importadora identificó las dos destinaciones involucradas ahora en estos autos y adjuntó, al menos originariamente: “copias de dichas destinaciones, copia de Testimonio de exposición policial certificado por Escribano Público, Acta de Notoriedad para comprobar Incendio con las correspondientes copias de fotografías y Artículos de Periódicos locales sobre el siniestro”. Cabe destacar que, de la documentación contenida en el mencionado sobre, esta presentación es la única que cuenta con cargo oficial del servicio aduanero. En ese sentido, pese a la falta de presentación del expediente mencionado ADGA N° 432.543/2000, quedó acreditado en esta causa que la co-actora importadora advirtió del incendio sufrido y de su imposibilidad futura de dar cumplimiento al régimen transitorio al que se había acogido, identificando, en la misma oportunidad, las destinaciones involucradas en autos; y que, a esa fecha, aún no habían vencido los plazos de permanencia.
Por otro lado, el domicilio consignado por la importadora en las destinaciones de importación temporaria a los fines del depósito de la mercaría importada temporalmente, es el mismo en el que se produjo el incendió denunciado. Asimismo, dicho incendio, del que se acompañaron fotografías y artículos periodísticos de diarios locales, destruyó la mercadería alcanzada por el fuego y documentación empresarial de relevancia contable, fiscal y tributaria, según los informes de auditoría interna que la propia empresa también acompaña.
A su vez, se tiene a la vista el “informe de siniestro” efectuado por los bomberos de Gualeguaychú, del 2 de agosto de 2001, por el que el mentado cuerpo de Bomberos certifica las acciones cronológicas desplegadas los días 4, 5 y 6 de julio de 2000, en ocasión de asistir al siniestro involucrado en autos. En dicho informe se consiga: “Bien afectado: Galpones tipo tinglado con una superficie aproximada de 8.000 m2. Conteniendo en su interior cartón, poliestireno, extracto de jugo, rollos de papel, azúcar, cacao, etc”; “Causas: Desconocidas”. Es decir, del referido informe surge que, si bien se desconocen las causas precisas del siniestro, no se desprende elemento alguno que permita presumir negligencia, descuido o falta de previsión por parte de la importadora. No se soslaya que el informe de Bomberos carece de fecha cierta de presentación ante el servicio aduanero, y su emisión es posterior al vencimiento del plazo de permanencia; sin embargo, es anterior a la Resolución condenatoria aquí cuestionada.
Que, en cuanto a las dimensiones del incendio acaecido, se constata que, dada su magnitud, debieron acudir dotaciones de bomberos de distritos aledaños, y la policía local debió montar un operativo preventivo a fin de regular el flujo del tránsito vehicular de la Ruta 14.
En consecuencia, bajo las condiciones expuestas y al solo efecto de analizar el aspecto infraccional, cabe concluir que en autos se encuentra debidamente acreditada la existencia y magnitud del siniestro, así como la comunicación oportuna y fehaciente de tal suceso al servicio aduanero. No obstante, al no haber agregado la Aduana el expediente ADGA N° 432.543/2000, que permitiría la constatación efectiva de la causal prevista en el art. 260 del C.A., resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 898 del C.A, que establece que en caso de duda deberá estarse a lo que fuera más favorable al imputado. Por ello, considero que debe revocarse la multa de $ 43.225,60 impuesta a la co-actora importadora en la Resolución DE PRLA N° 6612/2011, dictada en el Expediente SIGEA 12039-1515-2007, en los términos aquí expuestos.
XII. Que, dadas las particularidades y la manera en que se resuelve la cuestión analizada, en virtud de la cual las partes pudieron considerarse con derecho a litigar, corresponde imponer las costas por su orden. Sobre las facultades del Tribunal en relación a la forma de imposición de costas, corresponde remitirse a los fundamentos de los votos de la mayoría en la sentencia de la Sala E de este TFN en la causa 10.694-A “Molinos Río de la Plata”, de fecha 16/11/00.
Por ello, VOTO POR:
1. Rechazar los planteos de la co-actora importadora respecto de la nulidad y la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas, en los términos expuestos en los considerandos VIII.1 y VIII.2-.
2. Admitir el planteo de ambas co-actoras con relación a la prescripción de la acción del Fisco para perseguir su cobro de tributos; y, en consecuencia, declarar prescripta la acción para el cobro de $110.653,14, con más el CER, conforme fue resuelto en la Resolución DE PRLA N° 6612/2011, dictada en el Expediente SIGEA 12039- 1515-2007, con fundamento en lo expuesto en el considerando VIII.3-
3. Revocar la multa de $ 43.225,60, impuesta a la co-actora importadora en la Resolución DE PRLA N° 6612/2011, dictada en el Expediente SIGEA 12039-1515-2007, por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., por las consideraciones expuestas en el considerando XI.
4. Costas por su orden.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que adhiero al voto que antecede.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis En virtud del acuerdo que antecede, se RESUELVE:
1. Rechazar los planteos de la co-actora importadora respecto de la nulidad y la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas, en los términos expuestos en los considerandos VIII.1 y VIII.2-.
2. Admitir el planteo de ambas co-actoras con relación a la prescripción de la acción del Fisco para perseguir su cobro de tributos; y, en consecuencia, declarar prescripta la acción para el cobro de $110.653,14, con más el CER, conforme fue resuelto en la Resolución DE PRLA N° 6612/2011, dictada en el Expediente SIGEA 12039- 1515-2007, con fundamento en lo expuesto en el considerando VIII.3-
3. Revocar la multa de $ 43.225,60, impuesta a la co-actora importadora en la Resolución DE PRLA N° 6612/2011, dictada en el Expediente SIGEA 12039-1515-2007, por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., por las consideraciones expuestas en el considerando XI.
4. Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y –oportunamente– archívese.
Date: 2026.06.11 00:48:55 ART Date: 2026.06.16 21:01:56 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.06.16 21:30:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.16 21:31:35 -03:00
Fin de la sentencia