Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 28.396-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar los arts. 1 y 3 de la Resolución DE PRLA N°94/10, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N° 12039-303-2008.
2Confirmar parcialmente el art. 4 de la citada resolución, declarando que el monto adeudado en concepto de tributos asciende a $381.099,43, con más CER con más intereses. Revocar con relación a los conceptos de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias.
3Declarar que el monto que se le puede exigir a la firma ASEGURADORES DE CAUCIONES SA COMPAÑÍA DE SEGUROS será el que resulte de convertir el monto máximo garantizado mediante la póliza individualizada en el Considerando XIII y en los términos expuestos en los considerandos X y XI, en relación $1=U$S1, con más el CER que corresponda aplicar al día anterior a la fecha del pago, o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados, si este último resultare inferior, con más los intereses del art. 794 del CA.
4Costas por sus respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-37552397-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 14 de Abril de 2026 DE SEGUROS En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “ASEGURADORES DE CAUCIONES SA COMPAÑÍA DE SEGUROS c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, Expediente Nº 28.396-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante la Resolución DE PRLA N°94/10, la autoridad aduanera condenó a la firma VICTORIO A. GUALTIERI SA – ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA SA (UTE) al pago de una multa y, a su vez, le formuló un cargo por los tributos adeudados, haciéndolo extensivo en forma solidaria a la aseguradora, en relación con la Destinación de Importación Temporal N° 98001IT05000034G, al considerar configurada la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero (CA).
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora ASEGURADORES DE CAUCIONES SA COMPAÑÍA DE SEGUROS interpone recurso de apelación, señalando que la resolución apelada debe ser declarada nula por cuanto la importadora no fue debidamente notificada en el sumario. Aduce la imposibilidad de reexportar la mercadería como consecuencia de su incautación por parte de la autoridad aduanera. Se refiere al límite de sus obligaciones en carácter de aseguradora y la aplicación del CER. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar a la apelación impetrada, con costas.
III. Por su parte, el fisco se presenta y defiende la validez del acto administrativo. Recuerda que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora. Manifiesta que la encartada no cumplió con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen al que se acogió voluntariamente. Se refiere a la nulidad denunciada por la actora, señalando que su planteo es extemporáneo, en cuanto el mismo no fue promovido dentro de los cinco días subsiguientes al conocimiento de dicho acto. Señala que la finalidad del seguro de caución es la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal y que las declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador. Considera que en el presente caso corresponde la aplicación del CER. Finalmente ofrece prueba y solicita se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. En dichas condiciones, corresponde resolver en primer término el planteo de nulidad del sumario formulado por la firma aseguradora. En prieta síntesis, sus argumentos se basan en el hecho de que la operación de importación fue realizada por la UTE VICTORIO AMERICO GUALTIERI S.A. y ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A, quien fue la tomadora de la póliza de seguros, motivo por el cual entiende que, en el sumario administrativo, debió citarse al representante de la UTE, verificando previamente quien era el actual.
Ahora bien, no cabe duda de que la aseguradora garantizó una obligación tributaria emergente de la operación de importación de marras. En tal carácter, el garante asume las obligaciones propias de un codeudor, convirtiéndose en liso, llano y principal pagador de la obligación garantizada. Dicha circunstancia habilita al servicio aduanero a dirigir su acción indistintamente contra el importador, la aseguradora o contra ambos en forma conjunta.
Dicho esto, es dable destacar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución, es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
En este sentido, en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Asimismo, de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado surge que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). El asegurador, además, tampoco goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
A mayor abundamiento, las condiciones generales de la póliza otorgada por la aseguradora establecen expresamente que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del tomador del seguro no afectarán en modo alguno los derechos de la entonces Administración Nacional de Aduanas frente al asegurador (ver fs. 63 vta).
Por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de nulidad articulado por la firma aseguradora.
V. Sentado lo anterior, la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del CA, con respecto a la mercadería importada temporariamente mediante la Destinación de Importación N° 98001IT05000034G.
VI. Así las cosas, es imperioso recordar que el artículo 250 del CA establece: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Esto significa que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Asimismo, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del CA incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del CA, es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
En ese sentido, resulta dable mencionar que, al tratarse de una importación temporaria, la carga de la prueba que acredite el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
De igual manera, debe ponderarse que, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del DIT (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del DIT –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los PE) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VII. A la luz de lo expuesto y luego de un análisis exhaustivo de las constancias y pruebas obrantes en autos, corresponde efectuar algunas precisiones en relación con la operación aquí examinada.
Al respecto, la aseguradora atribuye el incumplimiento del régimen a la incautación de la mercadería importada temporariamente por parte del servicio aduanero, sosteniendo que dicho proceder constituye un supuesto de fuerza mayor no imputable al importador.
Ahora bien, a fin de corroborar lo alegado por la actora, resulta pertinente remitirse a la Actuación N° 13289-26097-2007, en la cual se acompaña a fs. 27/49 el Memorándum DNPOH N° 7, fechado el 4 de enero de 2001, mediante el cual la Dirección Nacional de Proyectos y Obras Hídricas (Ing. Iris Josch) informa a la Subsecretaría de Recursos Hídricos (Ing. Víctor Pochat) lo siguiente:
“Se eleva para la consideración del señor subsecretario un informe en el cual se pondrán de manifiesto desde el punto de vista técnico, la necesidad de adoptar una decisión que de por resuelta la controversia contractual de prolongada data promovida esencialmente por la decisión de la UTA contratista de no responder a las intimaciones del comitente para dar reinicio a la ejecución de la obra de la referencia, paralizada unilateralmente por aquella desde el 5 de octubre de 1999 (…) f) Consideraciones finales de la Dirección. En base al análisis descripto en el presente informe se enumeran los distintos incumplimientos en que ha incurrido e incurre actualmente la UTE contratista desde la paralización del 5/10/99. 1) paralización por culpa de la UTE contratista desde el 5 de octubre de 1999. 2) incumplimiento de la UTE contratista del acta de acuerdo del 3 de diciembre de 1999 (fs. 423/434). 3) incumplimiento de la UTE contratista del acta de acuerdo del 14 de junio de 2000 (fs. 881/886). 4) incumplimiento de la UTE contratista de las normativa vigente en materia de seguridad e higiene. 5) incumplimiento de la UTE contratista de lo establecido en el artículo 55 del PCPyC (fs. 1139/1140). 6) incumplimiento de la UTE contratista del pago de seguros all risk de obra, lo que implica falta de cobertura del comitente ante eventos o siniestros (…). según se desprende de este informe técnico y considerando que se han agotado las instancias para una solución contractual y en función de la persistente actitud de la UTE contratista de no modificar su conducta empresaria de sucesivos incumplimientos, usufructuando el otorgamiento de ampliaciones de plazo de obra y sin el más mínimo síntoma de dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, esta dirección entiende que están dadas las condiciones objetivas y subjetivas de rescindir por culpa de la UTE contratista el contrato celebrado el 4 de abril de 1997 entre la Secretaría de Obras Públicas y Transporte del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y la UTE conformada por Victorio A. Gualtieri SA y Energoprojekt Niskogradnja SA” (el resaltado me pertenece).
Con posterioridad a dicho acto, el Ministerio de Infraestructura y Vivienda dictó, con fecha 28 de marzo de 2001, la Resolución N° 4, mediante la cual dispuso la rescisión del contrato celebrado con la UTE.
VIII. En este contexto, resulta evidente que el Ministerio de Obras Públicas no procedió a la incautación de la mercadería de manera arbitraria ni con el propósito de vulnerar derechos de la UTE, sino que la supuesta causal de fuerza mayor invocada encuentra su origen en los propios incumplimientos de la contratista al momento de ejecutar la obra pública denominada “Desagües pluviales del acceso norte a la Capital Federal y de la Av. Gral. Paz – Aliviadores Holmberg, Villa Martelli y obras de Conducción ‘E’”.
Sobre dicha cuestión, corresponde recordar que la fuerza mayor, en tanto causal eximente de responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco de una importación temporaria, solo se configura frente a un evento absolutamente imprevisible e inevitable, que torne objetivamente imposible el cumplimiento. Ello no ocurre cuando el hecho invocado se limita a dificultar o entorpecer la ejecución de la obligación, pues para operar como eximente el acontecimiento debe revestir un carácter insuperable e irresistible, extremos que no se verifican en el sub examine.
En este mismo sentido se ha expedido la Sala F de este Tribunal en autos “Iveco Argentina S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, al señalar que:
“[e]n efecto, un hecho se considera imprevisible cuando no puede ser previsto, aun habiendo actuado el deudor o responsable con la prudencia, diligencia y capacidad de previsión exigibles a un hombre medio, excediendo lo que normalmente ocurre y superando cualquier previsión posible. Por el contrario, si el evento ocurrido solo torna dificultosa la liberación o el cumplimiento del deudor u obligado, no puede ser invocado como causal exonerativa de responsabilidad[1]”.
De modo concordante, la doctrina caracteriza a los hechos de fuerza mayor o caso fortuito como aquellos que reúnen, de manera concurrente, las siguientes condiciones: a) imprevisibilidad, en cuanto excedan la aptitud normal de previsión razonablemente exigible al deudor; b) inevitabilidad o irresistibilidad, en tanto, sin mediar culpa o negligencia, el deudor se vea impedido de evitar el hecho obstativo; c) extraordinariedad, esto es, que excedan el orden natural de las cosas; d) exterioridad o ajenidad al deudor, debiendo acreditarse el recaudo de extraneidad; e) actualidad, en cuanto acaezcan al tiempo del incumplimiento; f) posterioridad a la asunción de la obligación; y g) carácter absoluto o insuperable del impedimento[2].
En consecuencia, la imposibilidad sobreviniente debe ser absoluta, pues la mera dificultad en el cumplimiento de la obligación no resulta suficiente para eximir de responsabilidad al deudor, siendo indispensable la configuración de una verdadera imposibilidad.
En tales condiciones, resulta claro que en autos no se encuentran reunidos los presupuestos exigidos para calificar el hecho invocado como un supuesto de fuerza mayor. Ello así, toda vez que el acontecimiento alegado no reviste el carácter de imprevisible, inevitable ni irresistible, sino que constituye una consecuencia directa de la conducta asumida por la propia actora.
IX. Formuladas las consideraciones que anteceden, se observa en autos que no se encuentran acompañados en original o en copia los Permisos de Embarque que, en teoría, acreditarían la reexportación de la DIT denunciada. En virtud de ello, este tribunal se encuentra imposibilitado de verificar si la mercadería fue efectivamente exportada y de comprobar la relación insumo/producto correspondiente.
En consecuencia, no se ha demostrado el cumplimiento del régimen al que la actora se acogió voluntariamente, lo que da lugar a los efectos tributarios e infraccionales previstos por la normativa aplicable (arts. 274 y 970 del CA).
X. En otro estado de cosas, en cuanto aquí es de estricto interés, cabe consignar con relación a los conceptos IVA adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “Cladd ITA S.A. c/ EN – DGA, Resol. 2590/06 (expte n° 604155/01) s/DGA (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(…) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998), y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos 285:177). En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(…) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (Fallos 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XI. En el mismo sentido, corresponde determinar si en el caso procede la aplicación del CER, con respecto a los tributos adeudados. Para ello, cabe poner en manifiesto que, atento a que la deuda tributaria fue expresada en pesos con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto 214/02 (ver fs. 17 de las actuaciones), resulta aplicable lo dispuesto por los artículos 4 y 8 del mismo.
Así las cosas, la conversión de la deuda a razón de UN PESO ($1) con más el CER correspondiente a la fecha de pago, viene impuesta legalmente de conformidad con el criterio sentado por la CSJN en el caso “Sociedad Anónima Cinematográfica” (17/4/07), en el sentido de que para las deudas pesificadas con posterioridad a la vigencia del Decreto 214/02, el CER es inescindible del capital adeudado.
A mayor abundamiento, cabe resaltar que el art. 1 del Decreto 214/02 dispone que, a partir de la fecha de entrada en vigencia del mismo (3.2.02) quedan transformadas a PESOS todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen -judiciales o extrajudiciales- expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la Ley N° 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESOS, estableciendo el art. 8 que las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero, expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón de UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($ 1), aplicándose a ellas lo dispuesto en el Artículo 4° del presente Decreto, esto es, el Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el Banco Central de la República Argentina y que se aplicará a partir de la fecha del dictado del referido decreto.
Del hilo de las ideas esbozadas precedentemente, se concluye que el ajuste mediante el CER resulta ajustado a derecho.
XII. En consecuencia, de conformidad con lo expuesto en el Considerando X, corresponde modificar la exigencia tributaria oportunamente formulada, conforme se detalla a continuación:
DIT 98001IT05000034G
Concepto % Importe ($)
Base Imponible 665.095,00 Derechos de Importación 28 186.226,60 Tasa C. Dest. 2 13.301,90 Base IVA 864.623,50 IVA 21 181.570,93 TOTAL 381.099,43 En virtud de lo expuesto, el monto de los tributos adeudados por la mercadería en infracción asciende a la suma de $ 381.099,43, con más CER, sin perjuicio de los intereses que correspondan, devengados desde los diez (10) días de la notificación de la corrida de vista y hasta la fecha de su efectivo pago, conforme lo dispuesto por el artículo 794 del CA.
XIII. Finalmente, en lo que respecta a la responsabilidad de la aseguradora, debemos destacar que no se encuentra controvertido en autos que la operación de marras se encontraba asegurada por la firma ASEGURADORES DE CAUCIONES SA COMPAÑÍA DE SEGUROS mediante las siguiente Póliza:
• Póliza N°446.349, del 25.02.1998 (fs. 63), emitida por ASEGURADORES DE CAUCIONES SA COMPAÑÍA DE SEGUROS. Garantiza el monto de USD 428.000 con más lo que pudiera resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del Código Aduanero que resulte obligado a efectuarle VICTORIO AMERICO GUALTIERI SA – ENERGOPROJECT NISKOGRADNJA SA – UTE (CUIT N° 30-69224328-1) como consecuencia de la siguiente operación: “Importación temporaria de la siguiente mercadería: máquina tunelera – vapor Rachel – B/L N°PNCCHOBARCLO8042 – fecha de arribo 28/02/98”.
En las condiciones indicadas, surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante, de los tributos adeudados.
XIV. En consecuencia, el importe exigible a la aseguradora será el correspondiente al monto máximo garantizado por la póliza mencionada respecto de la Destinación de Importación N° 98001IT05000034G, convertido al tipo de cambio del día anterior al de la fecha de pago, o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados arriba indicado, si este último resultare inferior. Ello, con más CER y con más los intereses del art. 794 del CA.
Por todo ello, VOTO POR:
1. Confirmar los arts. 1 y 3 de la Resolución DE PRLA N°94/10, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N° 12039-303-2008.
2. Confirmar parcialmente el art. 4 de la citada resolución, declarando que el monto adeudado en concepto de tributos asciende a $381.099,43, con más CER con más intereses. Revocar con relación a los conceptos de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Declarar que el monto que se le puede exigir a la firma ASEGURADORES DE CAUCIONES SA COMPAÑÍA DE SEGUROS será el que resulte de convertir el monto máximo garantizado mediante la póliza individualizada en el Considerando XIII y en los términos expuestos en los considerandos X y XI, en relación $1=U$S1, con más el CER que corresponda aplicar al día anterior a la fecha del pago, o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados, si este último resultare inferior, con más los intereses del art. 794 del CA.
4. Costas por sus respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar los arts. 1 y 3 de la Resolución DE PRLA N°94/10, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N° 12039-303-2008.
2. Confirmar parcialmente el art. 4 de la citada resolución, declarando que el monto adeudado en concepto de tributos asciende a $381.099,43, con más CER con más intereses. Revocar con relación a los conceptos de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Declarar que el monto que se le puede exigir a la firma ASEGURADORES DE CAUCIONES SA COMPAÑÍA DE SEGUROS será el que resulte de convertir el monto máximo garantizado mediante la póliza individualizada en el Considerando XIII y en los términos expuestos en los considerandos X y XI, en relación $1=U$S1, con más el CER que corresponda aplicar al día anterior a la fecha del pago, o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados, si este último resultare inferior, con más los intereses del art. 794 del CA.
4. Costas por sus respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
[1] TFN N°10805-A, sentencia del 26-2-01.
[2] López Mesa, Marcelo J. “Requisitos, efectos y prueba del caso fortuito en el nuevo Código”. La Ley 01/06/2015. Cita on line AR/DOC/1563/2015.
Date: 2026.04.14 12:28:23 ART Date: 2026.04.14 13:23:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.04.14 16:09:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.14 16:09:23 -03:00
Fin de la sentencia