Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2022-83259728-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución RESOL-2022-4901-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas 12197-8108-2011, en cuanto exige el pago de los tributos emergentes del DIT DIT 10001IT14002701Z, los que ascienden a DIEZ MIL SETECIENTOS CUATRO DOLARES CON SEIS CENTAVOS DE DÓLAR (u$s10.704,06) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA con más los intereses del art. 794 del C.A; haciendo saber que para su conversión a pesos se utilizará el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A, los que deberán computarse desde el 21-4-22 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2Imponer las costas a la actora.
3Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la actora es el de $136.500 garantizado con la póliza 1073748. Ello sin perjuicio de los intereses devengados.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-105618298-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 23 de Septiembre de 2025 SEGUROS Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura (Vocal subrogante de la Vocalía de la 18 Nominación) Pablo Adrián Garbarino y Christian Marcelo González Palazzo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “ASEGURADORES DE CAUCIONES SA COMPAÑIA DE SEGUROS c/ DGA s/ recurso de apelación”; EX-2022-83259728- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución dictada en la Actuación Nº 12197-8108-2011, en cuanto formula cargo a la aquí actora ASEGURADORES DE CAUCIONES SA COMPAÑÍA DE SEGUROS en su carácter de garante de la firma CURTIEMBRE ANGELICA SA, en concepto de tributos adeudados por la suma de U$S 10.704,06 con más los intereses correspondientes al art. 794 del C.A., por encontrarla responsable de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., en relación con la mercadería introducida temporalmente mediante la destinación 10 001IT14002701Z, con vencimiento el 10/01/2008.
II. Fundamentos del recurso: mediante RE-2022-83259405-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma ASEGURADORES DE CAUCIONES SA CIA DE SEGUROS, en su carácter de garante de la operación e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. Efectúa un resumen de los hechos. Se agravia de la nulidad del auto de apertura de sumario. Sostiene que dicha resolución incumple las previsiones establecidas en el art. 1094 del C.A. en tanto es violatorio de la ley y de los principios del debido proceso y del derecho de defensa. Alega que dicha apertura de sumario no fue notificada a su mandante, cuestionándose su validez. Plantea la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos conforme a los arts. 803 y 805 inc. a del C.A. Cita jurisprudencia. Sostiene que el procedimiento cuestionado ha excedido todo parámetro de razonabilidad de duración de un proceso aduanero y generando un irremediable perjuicio en la defensa de su mandante. Manifiesta que ha operado la prescripción de los impuestos a las ganancias y al valor agregado. Sostiene que se ha calculado erróneamente la percepción del IG y que se está ante un impuesto sin ley que lo sostenga. Alega la limitación de la póliza. Manifiesta que tratándose de una importación temporaria que se considera definitiva por la falta de reexportación, los tributos pertinentes son los regidos por el Código, quedando al margen los impuestos internos que, si bien se devengan como consecuencia del ingreso a consumo, no se encuentran alcanzados por el sistema de garantía mencionado. Invoca la incorrecta determinación de la percepción del impuesto a las ganancias. Se agravia de la falta de competencia de la DGA para expedirse sobre las percepciones y el IVA. Manifiesta que se han liquidado intereses de dos maneras distintas, una sobre un importe de capital determinado en dólares y otro sobre el capital en pesos. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia revocando la resolución apelada con costas a cargo de la demandada.
III. Contestación del traslado: Mediante IF-2022-127691290-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la actora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Considera que lo postulado por la actora es falso y que la liquidación tributaria es anterior al auto de instrucción de sumario y corrida de vista. Sostiene que en autos se reúnen los requisitos previstos por el art. 1094 del C.A. en forma anterior a la corrida de vista. Señala que en todo procedimiento se tiende a impedir la declaración de la nulidad por la nulidad misma.
Respecto al plazo razonable, alega que la protección establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos es acordada a las personas físicas, no así a las personas jurídicas como es el caso de la aquí actora. Respecto a la prescripción, alega que desde la instrucción sumarial hasta el dictado del pronunciamiento respectivo, la prescripción se suspende. Manifiesta que no resulta procedente el planteo de la prescripción opuesto por la actora toda vez que no solo al momento de llevarse a cabo el procedimiento aún no había operado el plazo de 5 años sino que el mismo había sido suspendido y luego interrumpido por aplicación del art. 805 del C.A. Señala que una vez vencido el plazo de diez días desde la notificación del acto por el cual se liquidaron los tributos, el deudor debe pagar, juntamente con aquellos, un interés sobre el importe no ingresado en dicho plazo y dicha tasa de interés que se devenga desde la fecha que señalada es la que ha fijado la Secretaría de Hacienda.
Alega que ninguno de los argumentos esgrimidos por la recurrente habilitan a apartarse de la aplicación de las normas de carácter federal y de las tasas de interés vigentes en cada momento de la obligación tributaria. Sostiene que la Resolución 598/2019 del ministerio de hacienda invocada por la actora no resulta aplicable retroactivamente. Señala que la póliza resulta un contrato incuestionable para la parte obligada. Destaca que el seguro de caución tiene como finalidad la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal. Sostiene que la Aseguradora se encuentra obligada a pagar por lo que la firma importadora resultara exigida a abonar como consecuencia de la importación temporal cuyo incumplimiento generó la configuración de la infracción tipificada y penada en el art. 970 del C.A.
Invoca la teoría de los actos propios. Se allana parcialmente respecto de las percepciones de IVA adicional y Ganancias. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme la Resolución con expresa imposición de costas a cargo de la parte actora.
IV. Que, en lo que aquí interesa, la actuación administrativa SIGEA N° 12197-8108-2011, se inicia a fs. 1, con el acta de denuncia 3907/11. A fs. 7/12 obra agregado copia del DIT 10001IT14002701Z oficializado el 10/5/2010. A fs. 15/29 lucen agregadas copias del CTIT. A fs. 47 con fecha 30/6/16 se dispone la instrucción de sumario, se corre vista a la importadora y se cita a la aseguradora. A fs. 49 se notifica a la aseguradora de la corrida de vista en fecha 5/4/2022. A fs. 50/59 se presenta la aseguradora a contestar la vista. A fs. 30/34 obran agregadas copias del CTIT. A fs. 35, con fecha 30/12/11 se remite el expediente a fin de establecer la clasificación arancelaria, valor de mercadería en infracción, derechos y demás tributos la importación para consumo. A fs. 36/38 obra agregado el aforo de la mercadería. A fs. 39/40 se agrega la liquidación de tributos. A fs. 41/42 obra liquidación de multa y tributos. A fs. 44 obra agregado print de pantalla de garantía unitaria (en el if 30). A fs. 60 obra SICNEA que notifica la corrida de vista a la importadora en fecha11/04/2022. A fs. ref. 61 obra agregada la declaración de rebeldía de la importadora, notificada el 30/5/2022 conforme constancia de fs. ref. 62. A fs. ref. 63 luce registro de infractores. A fs. 64 obra la liquidación de multa y tributos. A fs. 68/78 luce agregada la resolución aquí apelada dictada en fecha 15/6/2022. A fs. 79/80 se agregan constancias de notificación mediante SICNEA de la resolución a la firma aseguradora e importadora, en fecha 11/7/2022 V.- Que, Mediante PV-2022-130547528-APN-VOCXVIII#TFN se tiene por contestado el traslado, por agregadas las aa y se da traslado a la actora del allanamiento parcial de la representación fiscal; mediante PV-2023- 15739805-APN-VOCXVIII#TFN se abre la causa a prueba. En IF-2023-27572117-APN-SGASAD#TFN luce agregada contestación de oficio de la DGA (póliza 1073748). Mediante IF-2023-91909823-APN-DTD#JGM la actora desiste de la prueba ordenada respecto al oficio del despachante de aduana. Mediante PV-2023-93266857- APN-VOCXVIII#TFN se tiene por desistida dicha prueba. A continuación, se certifica la prueba. Posteriormente se elevan los autos a la Sala “F” y pasan a sentencia.
VI. Que, en primer término, corresponde tratar la nulidad del auto de apertura de sumario y la prescripción tributaria opuesta por la actora.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que, el auto de apertura del sumario cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye.
Que, en efecto, del cotejo de las actuaciones administrativas surge que se determinó, en forma previa al referido auto, la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería y se formuló la liquidación de los tributos. Por lo tanto, corresponde rechazar el planteo de la actora en este sentido.
VII. Que, sentado lo expuesto, siendo válido el auto de apertura de sumario de fecha 30-06-16, corresponde analizar la prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos invocado por la actora. Que, en lo que aquí interesa, el art. 803 del C.A establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...” Que el vencimiento del despacho de importación temporaria 10 001IT14002701Z, operó el 06-05-2011; por lo que el cómputo de la prescripción tributaria se inició el 1-1-12 y operaba, de no mediar causales suspensivas ni interruptivas de su curso el 31-12-16.
Que, habiéndose dictado el auto de apertura de sumario el 30-6-16 -ver fs. 47 de las actuaciones administrativas-, se suspende el cómputo.
Que, en lo que aquí interesa, hasta dicha fecha transcurrieron 4 años, 6 meses y 29 días; restando para que opere la prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos 5 meses y dos días.
Que, la Resol-2022-4901-E-AFIP, se dictó el 15-06-2022.
Que, atento lo establecido en el ya referido art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario -en el caso 30/06/2016 “... hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión:...”. Que si bien el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la Resolución dictada, el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.”
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN- SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.” -el resaltado me pertenece-.
Que, en consecuencia, el cómputo de la prescripción se reinicia el 24-06-2022 -léase: 5 días hábiles administrativos posteriores al dictado de la Resolución-; por lo que si restaban para que opere la prescripción 5 meses y dos días, la misma operaría el 26-11-22.
Que, teniendo en consideración el art. 17 de la Ley 27562 que dispone la suspensión con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para, en lo que aquí interesa, percibir los tributos, habiéndose dictado la Resolución apelada el 15-06-22 y habiéndose notificado el 11-07-22 -conforme constancias que surgen de fs. 79-, no se encuentra prescripta la acción del fisco para percibir los tributos.
VIII. Que, sentado lo expuesto, corresponde analizar si resulta ajustada a derecho la Resolución apelada en cuanto le exige a la actora el pago de los tributos emergentes del DIT 10 001IT14002701Z con más intereses, en su carácter de garante de la operación.
Que el art. 970 del CA sanciona con una multa al que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria (arts. 250 y sgtes. del CA) y el pago de los tributos resulta de lo dispuesto en el art. 274 del CA que establece: “La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar” el apartado 2 dispone “...quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere”.
Que mediante el DIT 10 001IT14002701Z, oficializado el 10-5-10, con vencimiento 6-5-11, se documenta la importación temporaria al amparo del Decreto 1330/04 A6, de:
-3.300 kilos de mercadería clasificada en la P.A. 3202.10.00.900P;
-3.225 kilos de mercadería que clasifica en la P.A. 3202.90.29.900Q;
-960 kilos de mercadería que clasifica la P.A. 3204.19.30.900N;
-2.880 kilos de mercadería que clasifica en la P.A.3809.93.90.900V;
-7.800 kilos de mercadería que clasifica en la P.A. 3824.90.89.990W;
Que es jurisprudencia pacífica que en casos como el de autos, queda a cargo de la firma importadora o en su caso de la aseguradora -única apelante en autos- probar fehacientemente que ha cumplido con la obligación de reexportar la mercadería importada temporariamente por el régimen especial.
Que la forma de acreditar la reexportación de la mercadería en trato es con la descarga de los DIT en el o los correspondientes permisos de embarque, y/o acreditar la importación para consumo de las mercaderías con anterioridad al vencimiento del plazo establecido por la norma.
Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce la inversión de la carga de la prueba.
IX. Que la mercadería que se importa para ser sometida a un proceso industrial, debe ser exportada a consumo bajo la nueva forma resultante dentro del plazo de un año, prorrogable por otro plazo igual. La mercadería importada de acuerdo a este régimen, no paga los tributos que gravan la importación para consumo ni la tasa de estadística, con excepción de las demás tasas retributivas de servicios.
Que, para acceder a dicho beneficio, se impone al beneficiario la obligación de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación –“CTC”- que emite la Secretaría de Industria de acuerdo a las declaraciones de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por el importador.
Que, al respecto, el art. 15 del Decreto 1330/04 establece que: “El beneficiario del presente régimen deberá previamente obtener el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), que emitirá la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.
El Certificado determinará la relación insumo-producto, detallando insumos, mermas, sobrantes, residuos y/o pérdidas que conformen el producto.”
Que el CTC es el documento que establece la relación insumo/producto de manera que, a través de él, la Aduana pueda conocer qué cantidad de los insumos importados en forma temporaria fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que la relación insumo/producto establecida por el CTC se refiere en particular a la mercadería involucrada y a la posición arancelaria que detalla dicho documento. En virtud de los datos que surgen del certificado, la Aduana puede determinar si los insumos importados en forma temporaria fueron correctamente descargados en los permisos de embarque.
Que, asimismo, cabe destacar que el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial al cual se acogió la firma importadora, le exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el CTC "al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero"
Que, en dicho sentido, cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin SA.', sentencia del 01/10/91)
X. Que, sentado lo expuesto, y en lo que aquí interesa, no hay ni en esta instancia ni en sede aduanera copia de los P.E. ni de los DI a consumo; lo que no permite constatar en esta instancia si se ha cumplido el régimen temporal aquí cuestionado, por lo que corresponde tener por configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
XI. Que producido el hecho generador de la obligación tributaria, importación para consumo irregular, de la mercadería documentada con el DIT 10 001IT14002701Z y de conformidad con lo establecido en el art. 274 del Código Aduanero, corresponde el pago de los tributos vigentes al momento en que se configura el hecho imponible, en el caso el vencimiento del plazo para la permanencia de la mercadería, momento que establece el art. 638 inc. e) del Código Aduanero.
XII. Que, no corresponde tratar el agravio de la actora en relación a las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias toda vez que de la liquidación de tributos y multa obrante a fs. 66 de las actuaciones administrativas y de la resolución aquí apelada, surge que la representación fiscal no intimó su pago. Que, en consecuencia, se confirma el importe de los tributos emergentes del DIT 10001IT14002701Z, los que ascienden a DIEZ MIL SETECIENTOS CUATRO DOLARES CON SEIS CENTAVOS DE DÓLAR (u$s10.704,06) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA con más los intereses del art. 794 del C.A.
XIII. Que, con relación a la responsabilidad de la actora, conforme surge de la póliza 1073748 que luce en IF- 2023-27572117-APN-SGASAD#TFN de los presentes actuados, la misma garantizó el pago de los tributos correspondientes a la importación temporaria referida hasta la suma de $136.500 -emitida el 10-5-10; sin perjuicio de los intereses devengados.
Que el seguro de caución aparece como un verdadero contrato de garantía bajo la forma y modalidades del contrato de seguro (Fallos 315:1406); es una fianza y no un seguro, ya que pertenece a los contratos de garantía cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora, pues cumple con las mismas funciones económicas que las garantías que un determinado deudor otorga a favor de su acreedor para asegurarle el cumplimiento de una futura obligación pecuniaria (Cfme. C.N.Com. Sala B del 11-3-97 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ De los Electrónica SA y otros”). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reafirmado que el seguro de caución es un contrato de garantía cuya finalidad es garantizar a favor del tomador, y ello de manera expeditiva, habida cuenta del origen de esta figura, que aparece como sustituto de una caución real en poder del comitente (fallos 321:3334) (Cfme. C.N.A.C.A.F Sala III “Aseguradora de Créditos y Garantías SA” sent. del 14-12-01). Que de la naturaleza jurídica del seguro de caución y de las condiciones generales de la póliza 1073748 resulta que una vez formulado el cargo o existiendo resolución firme que establezca la responsabilidad el Tomador y el monto, la AFIP-DGA tendrá derecho a requerir del Tomador o del Asegurador el pago pertinente (art. 3). Los derechos que corresponde a la AFIP contra el Tomador, en razón del siniestro cubierto por la póliza, se transfieren al Asegurador hasta el monto de la indemnización pagado por éste (art. 4). La Aduana en su carácter de asegurado frente al incumplimiento de la obligación por parte del tomador del seguro tiene acción directa contra el asegurador, por lo que en el caso la firma ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. es responsable de la obligación tributaria relativa a la mercadería no regularizada hasta la suma de $136.500 que es el límite de la responsabilidad establecida por su póliza, con más intereses -art. 1122 del C.A.-
XIV. Que, como ya se dijo, el importe adeudado en concepto de tributos emergentes del DIT 10001IT14002701Z es de u$s10.704, 06, ello sin perjuicio de los intereses devengados sobre dichos rubros, hasta la fecha de su total y efectivo pago, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
Que, en consecuencia, el importe máximo que podrá exigirse a la actora es el de $136.500 garantizado con la póliza con más los intereses del art. 794 del C.A.
XV. Que los intereses adeudados por la aseguradora son los devengados a partir del vencimiento del plazo de diez días desde la notificación de la corrida de vista del sumario de fecha 5-4-22, por lo cual los intereses deben computarse a partir del 21-4-22 hasta la fecha del total y efectivo pago.
XVI. Que, seguidamente, corresponde analizar el agravio del cálculo de la tasa de interés.
Que, el suscripto entiende que corresponde respetar las tasas establecidas por cada norma, según el tiempo en que comenzaron a regir las mismas.
Que, en este ámbito de jurisdicción administrativa está vedado dejar de aplicar las Resoluciones oportunamente pertinentes, aún para intentar evitar un resultado que se presume inequitativo (pero cuya confiscatoriedad no se encuentra cabalmente demostrada en estos actuados).
Que, en este sentido, se ha pronunciado la propia Corte en el caso “Provincia de Santa Cruz” (Fallos 316:42), cuando sostuvo que no se justifica una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad.
Que, asimismo, la Excma. C.S.J.N. sentenció: “Se justifica que las leyes impositivas contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa el interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública; con ese propósito se justifica la aplicación de tasas de interés más elevadas” (Fallos 316:42).
Que, a su vez, el Máximo Tribunal aún no ha anulado o morigerado “per se” las tasas que surgen de las normas que rigen específicamente en esta materia.
Que, como consecuencia de los razonamientos precedentes, se deduce que la DGA deberá en cada caso aplicar la normativa vigente según la resolución que determine las tasas correspondientes, dictadas por las autoridades competentes, según lo indicado en los arts. 37 y 52 de la Ley 11.683 y en los arts.794 y 797 del Código Aduanero (Ley 22415) máxime cuando su invalidez no ha sido declarada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aplicar una morigeración distinta, ajena a lo normado, por la vía de este Tribunal, implicaría pasar por alto los fines tenidos en cuenta por la autoridad competente, que legisló en cada momento las tasas aplicables a este tipo de deudas con el organismo fiscal. Ello, según su propia evaluación de oportunidad, mérito y conveniencia.
En tal sentido, no puede olvidarse que la fijación de la tasa de interés aplicable a los créditos tributarios es llevada a cabo en base a tales criterios, que no son susceptibles de revisión judicial, y sólo corresponde a los jueces controlar la legitimidad del obrar de las autoridades administrativas, no estando facultados para sustituirse a ellas en la valoración de las circunstancias ajenas al campo de lo jurídico (CSJN; FALLOS 3 08:2246 y sus citas 311:2128; 321:1252, espc. Consid. VII y sus citas)...”.
Consecuentemente entiendo que modificar todo o parte de la norma -en este caso la tasa aplicable- implica arrogarse facultades de control judicial, o lisa y llanamente legislativas, que exceden la competencia de este Tribunal.
Por ello, voto por:
1. Confirmar la Resolución RESOL-2022-4901-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas 12197-8108-2011, en cuanto exige el pago de los tributos emergentes del DIT DIT 10001IT14002701Z, los que ascienden a DIEZ MIL SETECIENTOS CUATRO DOLARES CON SEIS CENTAVOS DE DÓLAR (u$s10.704,06) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA con más los intereses del art. 794 del C.A; haciendo saber que para su conversión a pesos se utilizará el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A, los que deberán computarse desde el 21-4-22 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2. Imponer las costas a la actora.
3. Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la actora es el de $136.500 garantizado con la póliza 1073748. Ello sin perjuicio de los intereses devengados.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
1. Que adhiero en lo sustancial al voto que antecede, salvo en relación a la tasa de interés aplicada en la especie.
2. Que, bajo tales premisas, y sin perjuicio de la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Orazio Arcana“, del 18/03/1986 (Fallos: 308:283) y “Neumáticos Goodyear S.A.”, del 9/11/2000 (Fallos: 323:3412), la que indudablemente ha respondido, en cada oportunidad, al contexto económico y social en el que dichos pronunciamientos fueron emitidos, cabe colegir que la utilización de tasas con guarismos diferenciales de la magnitud de las que se aplican en los supuestos donde interviene el Fisco Nacional como actor y como demandado patentizan un evidente contraste y marcan una desproporción totalmente irrazonable , no cumpliendo con su verdadera función, cual sería resarcir la mora en el cumplimiento de las obligaciones, sino que más bien constituyen un enriquecimiento indebido del Estado en desmedro de los derechos de los particulares.
3. Que ello es así, máxime cuando la Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que “el poder estatal de crear impuestos no es omnívodo ni ilimitado, pues tiene un natural valladar en los preceptos constitucionales que requiere que las contribuciones sean razonables en cuanto no han de menoscabar con exceso el derecho de propiedad del contribuyente que debe soportarlas” (Fallos 235:883, 332:1571; entre muchos otros).
4. Que, por lo tanto, por estrictas razones de equidad y justicia tributaria la deuda aduanera en cuestión debe fijarse en sus justos y éticos límites, (mutatis mutandi voto del suscripto –en disidencia- de fecha 21 de diciembre de 2018 in re “Alpemar S.R.L., entre otros, que tramitara por ante la Vocalía de la 16°Nominación, donde se redujo la tasa de interés resarcitorio en dólares que aplica el Fisco Nacional en caso de mora del contribuyente del 3% al 1% mensual), principalmente bajo el actual contexto económico y financiero.
5. Que, por ello, corresponde que a los fines de calcular los intereses resarcitorios devengados en la presente litis se utilice dicho porcentual (1% mensual -12 % anual- desde los 10 días posteriores a la corrida de vista hasta el 17 de julio de 2019), y a partir del 18 de julio de 2019 se utilice la tasa para operaciones en dólares contemplada en las Resoluciones Nros. 598/2019 del Ministerio de Hacienda (B.O. 18/7/2019), 559/2022 del Ministerio de Economía (B.O. 25/8/2022), 3/2024 del Ministerio de Economía (B.O. 22/1/2024) y 823/2025 (B.O. 25/6/2025), siendo que dicha normativa es sobreviniente a la doctrina sustentada oportunamente por el suscripto en materia de tasas de interés en el precedente supra relatado. ASÍ LO VOTO.-
El Dr. Christian González Palazzo dijo:
Adhiero a la propuesta del Dr. Horacio Joaquín Segura.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar la Resolución RESOL-2022-4901-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas 12197-8108-2011, en cuanto exige el pago de los tributos emergentes del DIT DIT 10001IT14002701Z, los que ascienden a DIEZ MIL SETECIENTOS CUATRO DOLARES CON SEIS CENTAVOS DE DÓLAR (u$s10.704,06) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA con más los intereses del art. 794 del C.A; haciendo saber que para su conversión a pesos se utilizará el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A, los que deberán computarse desde el 21-4-22 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2. Imponer las costas a la actora.
3. Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la actora es el de $136.500 garantizado con la póliza 1073748. Ello sin perjuicio de los intereses devengados.
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia, remítase a la guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2025.09.22 16:42:44 ART Date: 2025.09.22 16:44:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.23 10:56:10 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.23 10:58:18 -03:00
Fin de la sentencia