Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 30254-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II 17555/2021 ASEGURADORES DE CAUCIONES SA COMPAÑIA DE
SEGUROS - TF 30254-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 4 de noviembre de 2021.- RDS
Que a fin de tratar los recursos interpuestos, cabe recordar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba lleven a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limita la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in re’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A. “ del 2-IV-98, entre otras).
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más). Y, recientemente en la causa “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa”, sentencia del 4/09/2018 (Fallos:341:1063), sostuvo, en cuanto a la ley aplicable a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en vigencia la ley 27.423 y su promulgación parcial dispuesta por decreto 1077/17 que, en el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, por lo que el nuevo régimen legal, no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución y agregó que a los fines arancelarios, los intereses no integran el monto del juicio (v. Cons. 3° y 4° del voto mayoritario). Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y monto del litigio- conf. fs. 1 (F4) y lo resuelto con fecha 21/12/2017- atento al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos profesionales desarrollados durante las dos etapas del pleito cumplidas, corresponde elevar a la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL ($68.000) los honorarios de la DRA. MARIELA VIRGINIA LUCIANI, por la actuación en el carácter de letrada apoderada de la actora (arts. 6, 7, 9, 19, 22, 37 y ccdtes. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).
Asimismo, cabe considerar la entidad y amplitud de las cuestiones sometidas a conocimiento de la perito contadora MABEL TERESA ABELLO y de la perito calígrafo pública CARMEN SILVIA RICO, atento el mérito, calidad y eficacia de los trabajos desarrollados, así como la proporción que deben guardar los honorarios de los expertos respecto de los que corresponda a los restantes profesionales que intervinieron en el pleito (C.S. Fallos: 260:14 y 300:70, entre otros), corresponde confirmar los emolumentos de los citados profesionales (Dto. ley 16.638/57 y ley 20.243).
Que en cuanto a los emolumentos fijados en favor de la consultora calígrafo MARIA INES LITARDO GIOJA DE LATOUR, dado que su tarea no es igual a la del perito, ya que su responsabilidad y cargo resulta diferente (conf. arts. 458, 459,461 y ccdtes. del C.P.C.C.), tal como lo ha considerado este Tribunal en numerosas oportunidades donde estableció que la retribución de los consultores debe guardar adecuada proporción respecto de la correspondiente al perito designado en el pleito (conf. Sala II ‘in re’ Costa Enzo Fernando c/ Mº de Salud y Acción Soc., del 8-VII-93, entre muchos otras, sus remisiones y sus citas); corresponde reducir a la suma de PESOS SIETE MIL ($7.000) la retribución fijada en su favor. El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo –c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga. Se deja constancia que la Dra. María Claudia Caputi no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (Art. 109 del Reglamento para la Juisticia Nacional).
Regístrese, devuélvase y notifíquese en la instancia de origen a cargo de los interesados. -
JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MARQUEZ
Fin de la sentencia