Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 36336-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el planteo formulado por la firma actora y declarar la extinción de la potestad sancionatoria de la parte demandada y la inexigibilidad de los tributos reclamados;
2Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado;
3Declarar que es insustancial el examen de los agravios ofrecidos por la parte demandada.
33435/2025 “Aseguradores de Cauciones SA Compañía de Seguros c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
Buenos Aires, 26 de marzo de 2026.
Y vistos; considerando:
I. Que el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución 635/2015 dictada por el jefe del departamento procedimientos legales aduaneros que: (a) condenó a la firma Magalcuer SA al pago de una multa ($34.373,94) por la comisión de la infracción prevista por el artículo 970 del Código Aduanero “por no haber regularizado dentro del plazo establecido parte de la mercadería ingresada temporariamente mediante la DIT nº 06073IT15000158M” y distribuyó las costas “en un 33% a cargo de la coactora importadora y en un 67% a cargo del fisco”, y (b) declaró que “las coactoras adeudan la suma de [U$S 11.182,15]” en concepto de tributos y distribuyó las costas “en un 27% a cargo de las coactoras y en un 73% a cargo del fisco”.
II. Que la firma Magalcuer SA y la parte demandada apelaron y expresaron agravios que fueron replicados.
A. La firma Magalcuer SA.
i. “A todas luces queda claro que la dilación del sumario aduanero, el arribo a una resolución condenatoria, su posterior notificación, la sustanciación de la apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación y el dictado de su sentencia distan en mucho de cumplir con el derecho de defensa y del principio ‘plazo razonable’ de duración de un proceso”.
ii. “La notificación de la resolución aduanera fue realizada 9 años después de la importación temporal en cuestión y […] la 1 sentencia del Tribunal Fiscal fue notificada 19 años después de la referida importación temporal”.
iii. “Queda a las claras la enorme morosidad de la aduana en la sustanciación del sumario, del Tribunal Fiscal en sustanciar la apelación y dictar sentencia”.
iv. El pronunciamiento “no consideró la flagrante prescripción de la acción del fisco para imponer penas y perseguir el pago de tributos”.
v. “Tanto la obligación tributaria como la multa tienen carácter pre concursal ya que se han originado en el año 2007 […] y la aduana no procedió a verificar su crédito como lo ordena la ley de concursos y quiebras”.
vi. “La falta de verificación del crédito ante el síndico priva al acreedor del carácter interruptivo de la prescripción que la ley concede al proceso verificatorio concursal”.
vii. El “crédito se encuentra prescripto y no resulta ya exigible en el concurso”.
viii. “Del análisis de los permisos de embarque, los certificados de tipificación y clasificación y el informe pericial […] surge a las claras la reexportación total de la mercadería ingresada temporalmente. Es evidente, entonces, que no se configuró […] el elemento determinante del tipo penal regulado en el artículo 970 del Código Aduanero, consistente en la ‘falta de reexportación’ del insumo importado”.
B. La parte demandada.
i. El Tribunal Fiscal de la Nación “vulneró el ejercicio de las facultades discrecionales del servicio aduanero, al no demostrar que el accionar […] fue arbitrario y/o contrario a derecho”.
ii. “No tuvo en cuenta el Tribunal Fiscal que la graduación de la multa realizada por el servicio aduanero, no se concentró unicamente 2 33435/2025 “Aseguradores de Cauciones SA Compañía de Seguros c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
en la existencia de antecedentes infraccionales, sino también en las circunstancias, naturaleza y gravedad que rodea el hecho”.
iii. “La reducción de [la multa] solo podría tener lugar ante la demostración de que haya existido arbitrariedad y/o irrazonabilidad en la actividad desplegada […] al imponer y graduar la multa”.
iv. “La graduación efectuada por el servicio aduanero surge de antecedentes en los cuales la firma resultó condenada y que al momento del vencimiento de la DIT se encontraban firmes”.
v. No es aplicable el precedente “Cladd ITA SA” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
III. Que es conveniente examinar, en primer término, si se halla configurada una vulneración a la garantía convencional y constitucional de obtener una decisión en un plazo razonable que pueda tener encuadramiento en la línea jurisprudencial desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente “Losicer” (Fallos: 335:1126).
IV. Que al examinar planteos referentes a la vulneración de esa garantía el Máximo Tribunal:
i. Recordó que “[l]a garantía de todo imputado de ser juzgado dentro de un plazo razonable no solo es un corolario del derecho de defensa en juicio (artículo 18 de la Constitución Nacional —derivado del ‘speedy trial’ de la Enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos de América—), sino que se encuentra también previsto expresamente en tratados internacionales con jerarquía constitucional como parte del debido proceso legal y de la garantía de acceso a la justicia (artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 3 y Políticos, en función del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional)” (Fallos: 342:584 y 2344; 344:378).
ii. Precisó que “la prosecución de un pleito indebidamente prolongado conculcaría el derecho de defensa de los acusados en tanto ‘debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado a obtener —luego de un juicio tramitado en legal forma— un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre […] que comporta el enjuiciamiento penal” (Fallos: 327:327; 342:584; 344:378 y 1930).
iii. Expresó que “este derecho de raíz constitucional […] asiste a la persona acusada de un delito durante la totalidad de la sustanciación de la acusación penal formulada contra ella, lo que abarca tanto la etapa de investigación, la etapa de juicio y la etapa recursiva, hasta el dictado de una sentencia firme” (Fallos: 344:1930).
iv. Puso de relieve que “el carácter administrativo del procedimiento sumarial [no es] un óbice para la aplicación de los principios […] pues en el Estado de derecho la vigencia de las garantías enunciadas por el artículo 8 de la […] Convención no se encuentra limitada al Poder Judicial —en el ejercicio eminente de tal función— sino que deben ser respetadas por todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales” (Fallos: 335:1126 y 345:1519).
V. Que para determinar, pues, si se halla configurada una violación a la garantía del plazo razonable, la Corte Suprema precisó que debe evaluarse “como pautas indicativas: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) el análisis global del procedimiento” (Fallos: 336:2184) dado que “[n]o puede establecerse de antemano 4 33435/2025 “Aseguradores de Cauciones SA Compañía de Seguros c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
con precisión matemática cuál es el plazo razonable de duración de un proceso” (Fallos: 346:697).
VI. Que esta sala aplicó esas pautas jurisprudenciales en casos que presentaban una analogía sustancial (causas “De Guzmán Guillermo José c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Maersk Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Alba Compañía Argentina de Seguros SA y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Artes Gráficas Rioplatenses SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Rheem SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Hiperbaires SRL c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Molinos Cañuelas SACIFIA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Race Logistic SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Arcángel Maggio SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 12 de marzo de 2015, del 26 de abril, 31 de mayo, 24 de noviembre y 22 de diciembre de 2016, del 23 de febrero de 2017, del 4 de abril de 2018, del 3 de octubre de 2023, del 1 de octubre de 2024 y del 15 de abril de 2025, respectivamente).
VII. Que recientemente, esta sala aplicó aquellas pautas jurisprudenciales elaboradas por la Corte Suprema desde el precedente “Losicer” en causas en las que se hallaba en juego la potestad de la parte demandada para perseguir el cobro de los tributos (“Cosena Seguros SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ DGA s/ 5 dirección general de aduanas”, pronunciamientos del 23 de septiembre y del 23 de octubre de 2025).
VIII. Que sobre esas bases jurisprudenciales, para dar una adecuada respuesta al planteo formulado por la firma actora, es imprescindible retener diversos datos que surgen del trámite de la causa en sede administrativa y en el Tribunal Fiscal de la Nación. —El trámite en sede administrativa.
i. El 26 de septiembre de 2008 la asesora principal de la sección procedimientos técnicos de la aduana de Ezeiza formuló una “denuncia del DIT 06 073 IT 000158 M por infracción al régimen de destinación suspensiva del Código Aduanero y penado por el artículo 970 del Código Aduanero”.
ii. El 1º de octubre de 2008 la asesora principal de la sección procedimientos técnicos de la aduana de Ezeiza remitió una nota a la sección liquidaciones: “Visto lo actuado y considerando que corresponde proceder a elevar el pertinente acta denuncia por presunta infracción al régimen de destinación suspensiva prevista en el artículo 970 del Código Aduanero […] con relación a la mercadería amparada por el DIT nº 06 073 IT15 000158 M, se remiten las presentes actuaciones a dicha sección a sus efectos. Cumplido, vuelva para la prosecución del trámite […] Cumplido, pase a la sección administrativa, a efectos de confeccionar el correspondiente certificado provisorio de deuda, atento a encontrarse la encartada en estado de concurso preventivo […] Fecho, sigan los obrados al departamento procedimientos legales aduaneros, a fin de proceder a la sustanciación del correspondiente sumario infraccional”.
iii. El 2 de octubre de 2008 la jefa de la sección liquidaciones remitió una nota a la sección administración para que “proceda a la verificación de la deuda y emisión del certificado correspondiente en los términos y condiciones previstos en la ley 24.522 (ley de 6 33435/2025 “Aseguradores de Cauciones SA Compañía de Seguros c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
concursos y quiebras) [ya que] la firma Magalcuer SA se encuentra en concurso preventivo. Cumplido, gírese […] al departamento procedimientos legales aduaneros”.
iv. El 27 de octubre de 2008 el jefe del departamento concursos y quiebras remitió una nota a la sección administrativa: “se expide certificado de deuda provisorio […] y toda vez que el vencimiento del plazo para efectuar la insinuación de créditos ante la sindicatura operó el 28 de agosto de 2008 se devuelven las presentes actuaciones a efectos de continuar con el trámite que en su caso corresponda […] se informa que la prescripción para la interposición de la verificación tardía operará el 26 de marzo de 2010 […] por lo que se solicita que una vez firme la deuda se remitan las actuaciones antes de la fecha indicada a fin de proceder a su insinuación”.
v. El 12 de marzo de 2010 el jefe del departamento procedimientos legales aduaneros remitió una nota a la división verificación para que informe “si a la fecha de infracción […] la mercadería en trato era de importación prohibida por el régimen general. Cumplido, dése a la sección administrativa a fin de agregar constancia autenticada de la póliza vinculada a la DIT”.
vi. El 13 de abril de 2010 la jefa de la división verificación informó que “a la fecha de infracción la mercadería no era de importación prohibida”.
vii. El 15 de junio de 2010 el jefe del departamento procedimientos legales aduaneros proveyó: “Visto los hechos denunciados, por los que se da cuenta que la firma Magalcuer SA […] no habría regularizado dentro del plazo concedido a tal efecto, la situación de la totalidad de la mercadería importada en forma temporaria mediante la DIT 06 073 IT15 000158 M […] lo cual prima facie configuraría la infracción prevista y penada por el artículo 970 7 del Código Aduanero, dispónese la instrucción de sumario […] Córrase vista a la firma […] Cítese a Aseguradores de Cauciones”.
viii. El 19 de mayo de 2011 la parte demandada notificó a la firma Magalcuer SA y a Aseguradores de Cauciones SA Compañía de Seguros.
ix. El 7 de junio de 2011 la firma Magalcuer SA contestó la vista.
x. En esa misma fecha, el jefe del departamento procedimientos legales aduaneros proveyó: “Previo a todo trámite, y en mérito a la prueba acompañada […] remítase a la aduana de Ezeiza, sección procedimientos técnicos, a fin de informar si la DIT objeto de la denuncia se encuentra debidamente cancelada, detallando en su caso la cantidad de mercadería en infracción”.
xi. El 28 de julio de 2011 la asesora principal de la sección procedimientos técnicos de la aduana de Ezeiza remitió una nota al departamento procedimientos legales aduaneros: “Visto la información solicitada […] se remiten las presentes actuaciones a efectos de que en plazo perentorio […] se intime [a] la firma importadora a efectos de que acompañe […] el anexo correspondiente al CTC nº 2855/2006 […] de donde surja la relación insumo producto”.
xii. El 8 de agosto de 2011 el jefe del departamento procedimientos legales aduaneros intimó “a la firma Magalcuer SA […] para que dentro del plazo perentorio de cinco días, acompañe el anexo correspondiente al CTC nº 2855/2006 […] del cual surja la relación insumo producto pertinente, relacionado con la DIT nº 06 073 IT 15 000158 M”.
Esa intimación fue notificada a la firma Magalcuer SA el 8 de marzo de 2012.
xiii. El 13 de marzo de 2012 la firma Magalcuer SA contestó la intimación.
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xiv. El 30 de marzo de 2012 el jefe de la sección procedimientos técnicos remitió una nota al departamento procedimientos legales aduaneros: “se rectifica la denuncia […] toda vez que se habrían reexportado en tiempo oportuno 56.532 unidades debiendo llevarse adelante la misma por 244.868 unidades consideradas en transgresión al régimen”.
xv. El 26 de enero de 2015 el jefe del departamento procedimientos legales aduanero remitió una nota al sector contable “a los fines que tenga a bien informar el monto de la multa y tributos […] correspondiente a la mercadería en infracción [...] dése preferente trámite, atento fecha próxima de prescripción”.
xvi. El 12 de febrero de 2015 el sector contable remitió la liquidación de la multa y de los tributos.
xvii. En esa misma fecha, el jefe del departamento procedimientos legales aduaneros proveyó: “no existiendo trámites pendientes, pasen los autos para resolver”.
xviii. El 19 de febrero de 2015 el jefe del departamento procedimientos legales aduanero dictó la resolución 635/2015 que condenó a la firma Magalcuer SA al pago de una multa y formuló un cargo por los tributos adeudados.
xix. El 29 de abril de 2015 el subdirector general de la subdirección general técnico legal aduanera aprobó la resolución 635/2015.
xx. El 7 de agosto de 2015 y el 8 de agosto de 2015 se notificó a las firmas Magalcuer SA y Aseguradores de Cauciones Compañía de Seguros SA.
—El trámite en el Tribunal Fiscal de la Nación.
—Causa nº 36336-A caratulada “Aseguradores de Cauciones SA Compañía de Seguros”.
9 i. El 31 de agosto de 2015 la firma Aseguradora de Cauciones SA interpuso un recurso de apelación.
ii. El 9 de septiembre de 2015 el Tribunal Fiscal de la Nación proveyó: “Del recurso interpuesto, córrase traslado a la DGA”. La parte demandada fue notificada de esa providencia el 17 de septiembre de 2015.
iii. El 5 de febrero de 2018 el Tribunal Fiscal de la Nación proveyó: “Atento el estado de autos, emplázase a la DGA a fin de que en el plazo de diez días conteste el traslado que le fuera conferido […] bajo apercibimiento de rebeldía”.
iv. El 20 de febrero de 2018 la parte demandada contestó el traslado.
v. El 23 de febrero de 2018 el Tribunal Fiscal de la Nación proveyó: “Hácese saber a la representación fiscal que deberá arbitrar los medios necesarios para la obtención de los antecedentes administrativos”.
vi. El 6 de marzo de 2018 la parte demandada solicitó que se libre un oficio “a la AFIP-DGA a los fines de remitir las actuaciones administrativas”.
vii. El 8 de marzo de 2018 el Tribunal Fiscal de la Nación proveyó: “Toda vez que constituye una obligación de la representación fiscal aportar a la causa los antecedentes administrativos no ha lugar a lo solicitado […] hágase saber a dicha parte que deberá arbitrar los medios necesarios para obtener las actuaciones administrativas y acompañarlas a la causa”.
viii. El 26 de junio de 2018 el Tribunal Fiscal de la Nación intimó “a la representación fiscal a fin de que en el plazo de cinco días acompañe […] las actuaciones administrativas […] bajo apercibimiento de ley”.
ix. El 6 de julio de 2018 la parte demandada presentó un escrito en el que puso “en conocimiento que las actuaciones administrativas 10 33435/2025 “Aseguradores de Cauciones SA Compañía de Seguros c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
[…] fueron agregadas al expediente TF nº 36338-A ‘Magalcuer SA’ que tramita ante la vocalía 19”.
x. El 14 de agosto de 2018 el Tribunal Fiscal de la Nación proveyó: “Téngase presente lo manifestado […] Atento el estado de autos, corresponde elevar las presentes actuaciones a la Sala ‘G’ a fin de resolver la posible acumulación de la causa […] caratulada ‘Magalcuer SA c/ Dirección General de Aduanas / recurso de apelación’ […] a la presente causa”.
—Causa nº 36338-A caratulada “Magalcuer SA”.
i. El 31 de agosto de 2015 la firma Magalcuer SA interpuso un recurso de apelación.
ii. El 14 de septiembre de 2015 el Tribunal Fiscal de la Nación proveyó: “Del recurso interpuesto, córrase traslado a la DGA”. Esa providencia fue notificada a la parte demandada el 1 de octubre de 2015.
iii. El 9 de abril de 2018 el Tribunal Fiscal de la Nación proveyó: “Corresponde —a fin de garantizar en debida forma el derecho de defensa de la parte demandada— emplazar a la Dirección General de Aduanas para que […] conteste el traslado que le fuera conferido […] bajo apercibimiento de rebeldía y de continuar con el trámite de la causa”.
iv. El 27 de abril de 2018 la parte demandada contestó el traslado.
v. El 10 de mayo de 2018 la parte demandada acompañó las actuaciones administrativas.
vi. El 14 de mayo de 2018 el Tribunal Fiscal de la Nación tuvo por contestado el traslado conferido y proveyó las pruebas ofrecidas.
vii. El 22 de junio de 2018 el Tribunal Fiscal de la Nación sorteó un perito contador.
11 viii. El 28 de agosto de 2018 el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió “acumular el expediente […] caratulado ‘Magalcuer SA c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación’ al [expediente] ‘Aseguradores de Cauciones SA Compañía de Seguros s/ recurso de apelación’”.
ix. El 18 de septiembre de 2018 el Tribunal Fiscal de la Nación proveyó: “De acuerdo con lo resuelto […] se procede a acumular a la presente […] la causa […] caratulada ‘Magalcuer SA c/ DGA s/ recurso de apelación’”.
x. El 4 de diciembre de 2018 el perito contador presentó el peritaje contable.
xi. El 7 de diciembre de 2018 el Tribunal Fiscal de la Nación dio traslado del peritaje contable a las partes.
xii. El 7 de febrero de 2019 la parte demandada impugnó el peritaje contable.
xiii. El 14 de febrero de 2019 el Tribunal Fiscal de la Nación proveyó: “Téngase presente para su oportunidad lo manifestado por la representación fiscal”.
xiv. El 11 de noviembre de 2024 el Tribunal Fiscal de la Nación proveyó: “Visto el estado de autos […] declárase cerrado el período probatorio”.
xv. El 12 de noviembre de 2024 el Tribunal Fiscal de la Nación proveyó: “Atento el estado de autos, aleguen las partes por escrito por el plazo de 15 días”.
xvi. El 25 de noviembre de 2024 la firma Magalcuer SA presentó el alegato.
xvii. El 5 de diciembre de 2024 la parte demandada presentó el alegato.
xviii. El 27 de diciembre de 2024 el Tribunal Fiscal de la Nación proveyó: “autos a sentencia”.
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xix. El 26 de febrero de 2025 el Tribunal Fiscal de la Nación dictó la resolución que aquí se impugna.
IX. Que con apoyo en las pautas jurisprudenciales elaboradas por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer” (Fallos: 335:1126), en el contexto fáctico que exhibe esta causa se halla configurada, nítidamente, una vulneración a la garantía que tiene la firma actora de ser juzgada en un plazo razonable.
En efecto:
—Desde el hecho que originó el inicio del sumario —26 de septiembre de 2008, fecha de la denuncia que formuló la asesora principal de la sección procedimientos técnicos de la aduana de Ezeiza— que tramitó en sede administrativa hasta el dictado de la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación —26 de febrero de 2025 — transcurrió un plazo de 16 años y 5 meses.
Ese plazo es irrazonable para investigar y constatar la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero. —Como puede verse con claridad, la parte demandada extendió “la tramitación de la causa más allá de un plazo razonable” (esta sala, causa “Artes Gráficas Rioplatenses SA”, citada).
—No se advierte que los hechos o que el derecho debatido presente una complejidad particular, que la firma imputada haya desplegado una conducta dirigida a obstaculizar el curso del proceso o que en el proceso intervengan una pluralidad de sujetos procesales (esta sala, causa “Gorban Daniel Alberto y otro c/ BCRA – resol 2150/11 (expte 100037/96 SUM FIN 914)”, pronunciamiento del 16 de septiembre de 2014).
Ciertamente, aquí, la constatación de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero no es un “asunto de especial 13 complejidad” (esta sala, causa “San Jaime SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 17 de diciembre de 2021) que justifique el tiempo que insumió el procedimiento.
X. Que debe, pues, admitirse el planteo formulado por la firma actora, revocar el pronunciamiento apelado y declarar la extinción de la potestad sancionatoria de la parte demandada y la inexigibilidad de los cargos tributarios intimados (esta sala, causas “Arcángel Maggio”, “Cosena Seguros” y “Alba Compañía de Seguros”, citadas).
XI. Que las costas de ambas instancias deben ser distribuidas en el orden causado en atención a las particularidades que exhibe la causa (artículos 68, segundo párrafo y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
XII. Que, or consiguiente, es insustancial examinar los agravios ofrecidos por la parte demandada.
En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: 1. Admitir el planteo formulado por la firma actora y declarar la extinción de la potestad sancionatoria de la parte demandada y la inexigibilidad de los tributos reclamados; 2. Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado; 3. Declarar que es insustancial el examen de los agravios ofrecidos por la parte demandada. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Se hace constar que suscriben la presente decisión dos integrantes de la sala por hallarse vacante el tercer cargo (art. 109 del R.J.N.).
Fin de la sentencia