Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2021-16829465-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener a la firma Aserradero Don Miguel S.R.L. por desistida de la acción y el derecho, incluso el de repetición, como así también respecto de la porción de los intereses resarcitorios que fija el inciso b) del artículo 6 de la ley N° 27.653. Con costas.
2Declarar la condonación de los intereses resarcitorios, que exceden el límite señalado en el punto 1), y la sanción en el Impuesto al Valor Agregado, distribuyéndose las costas en el orden causado.
3Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 73.666 (Pesos setenta y tres mil seiscientos sesenta y seis) equivalente a 7,08 (siete con 8/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $ 184.164 (Pesos ciento ochenta y cuatro mil ciento sesenta y cuatro) equivalente a 17,71 ( diecisiete con 71/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, art. 6 inc b) de la Ley N° 27.653 y la Acordada N° 25/22 (08/09/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017, todo sin perjuicio de la reducción dispuesta por el art. 61 de la RG 5101/2021.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-99296334-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 19 de Septiembre de 2022 XII En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expediente: EX-2021-16829465- -APN-SGAI#TFN caratulado “ASERRADERO DON MIGUEL S.R.L.
s/recurso de apelación –Impuesto al Valor Agregado”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que mediante RE-2021-16828215-APN-SGAI#TFN Aserradero Don Miguel S.R.L. interpone recurso de apelación en los términos del artículo 76 inc. b) de la ley N° 11.683 contra la Resolución Nº 01/2021(DV RYRR) emitida el 4 de febrero de 2021, por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Rosario, en la cual se decidió: impugnar las declaraciones juradas presentadas por el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2017 a 03/2018 (ambos inclusive) y determinar la obligación impositiva frente a dicho impuesto por los períodos fiscales mencionados, con más accesorios. Por último, se aplicó una multa en el mismo tributo por los períodos fiscales 11/2017 a 01/2018 (ambos inclusive), sustentada en los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley Nº 11.683 (t.o en 1998 y mod).
Explica que conforme una verificación realizada y requerimientos cumplimentados, el Organismo fiscal procedió a determinar de oficio alegando que las operaciones comerciales efectuadas habrían sido con proveedores apócrifos, por lo que el crédito fiscal devendría impugnable. Que dicha acusación emana de meras presunciones, ya que cumplió con todas las imposiciones normativas vigentes. Destaca que en todo momento estuvo a disposición del Fisco Nacional aportando datos e información requerida.
Ofrece prueba instrumental, documental, informativa, testimonial y pericial contable. Hace reserva del caso federal y pide por los motivos que expone que se haga lugar al recurso interpuesto en todas sus partes, con costas.
II. Que el Fisco contesta recurso mediante IF-2021-37434588-APN-DTD#JGM.
Informa que luego de una tarea de verificación e investigación se concluyó que la responsable era usuaria de facturación proveniente de contribuyentes no confiables, a saber: H.E. MADERAS S.R.L. EN FORMACIÓN, OJEDA, Ornar Gabino y LEONARDELLI, Mauricio Abraham. Que al no haber podido demostrar que esos proveedores fueron en realidad los verdaderos titulares de las operatorias indicadas en la facturación, se resolvió impugnar las declaraciones juradas presentadas por el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2017 a 03/2018 y el crédito fiscal proveniente de las compras en cuestión.
Plantea que la resolución dictada se ajusta a la normativa y parámetros de razonabilidad y legalidad, respetando el derecho de defensa. Que en todo momento tuvo acceso a las actuaciones, como así también el derecho a ser oído y efectuar su descargo.
Finalmente, acompaña antecedentes administrativos en formato digital y se opone a la prueba producida por la recurrente. Hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia rechazando el recurso de apelación interpuesto, confirmando la resolución recurrida en todas sus partes, con costas.
III. Que mediante PV-2021-116922644-APN-VOCXII#TFN se abrió a prueba el expediente por el término de sesenta (60) días haciéndose lugar a la prueba informativa ofrecida por la recurrente en el pto. VII. PRUEBA, apartado Informativas puntos 5) y 6) y la prueba pericial contable (puntos 1) a 4)).
Que mediante presentación del 13/04/2022, la actora informa que no instará ni producirá las pruebas solicitadas, ya que adhirió a la ley N° 27.653 por el impuesto, períodos y montos debatidos en autos.
Que de dicha presentación se corrió traslado al Fisco Nacional, el que fuera contestado mediante IF-2022-
84244018-APN-DTD#JGM.
Al respecto informó: “…que la contribuyente del asunto mediante presentación digital dirigida al Distrito Cañada de Gómez de la Dirección Regional Rosario, presentó el 12/04/2022 formulario de allanamiento F 408/PD vinculado al Expediente Nº 2021-16829465, que tramita en la Vocalía 12° Nominación – Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, comunicando acogimiento al régimen de regularización dispuesto en la ley 27541, ampliado por ley 27653. Se adjunta archivo en formato pdf con el contenido de la presentación digital referenciada y nota de esta División Revisión y Recursos. Además se hace saber que esta División finalizó la presentación digital comunicándole a la rubrada que, más allá de que se efectuaría la elevación de copia de lo adjuntado a la misma, se sugería su presentación ante la instancia donde se encuentra radicada la causa, tal como lo prevé la RG 5101 en su art. 57.”
Agrega que “Atento lo solicitado ... se adjunta la presentación digital que contiene el mismo y se informa mediante Nota N° 122/22 (DV RYRR) que los conceptos regularizados en el Plan Q071833 incluyen los ajustes de fiscalización que fueran determinados de oficio mediante Resolución 01/2021 de fecha 4/2/2021. Se acompañan los archivos remitidos en su oportunidad y las pantallas del plan citado, y se agrega que, a la fecha, el acogimiento realizado por la responsable –Plan Q071833- se encuentra vigente”.
Menciona que, de la consulta al sistema de Seguimiento de Causas Penales, verifica que la recurrente no tiene causas abiertas, ni registra antecedentes de condena firme por infracciones a las leyes N° 23.771 y/o 24.769. Que consultado el Sistema Atenea – Módulo de Juicios Universales, hace saber que no posee juicios en trámite, finalizados ni paralizados, ni se encuentra fallida. Que respecto de los incs. c) y d) del art. 16 de la ley N° 27.541 explica que NO cuenta con base de datos alguna respecto de dicha información. Por último, informa que la contribuyente reviste la condición de PYME desde 10/02/2022 al 28/02/2023.
IV. Que mediante PV-2022-97457073-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos correspondientes a la Sala “D”.
V. Que en el caso a resolver se encuentra involucrado un reclamo de impuesto más sus intereses resarcitorios, y tal como surge del detalle que acompañó la actora en el IF-2022-84243827-APN-DTD#JGM, incluyó en el régimen de regularización la obligación correspondiente al Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2017 a 03/2018 reclamados por el Fisco Nacional, con más los intereses que surgen del tope fijado por el artículo 6 inc. b) de la Ley Nº 27.653. En consecuencia, corresponde evaluar la procedencia del desistimiento. Que el Fisco Nacional menciona que Aserradero Don Miguel S.R.L. cuenta con certificado MiPyme vigente y que de las presentaciones efectuadas se desprende que cumplió con la regularización de la obligación fiscal determinada en la resolución recurrida mediante su inclusión un plan de facilidades de pago Q071833 (IF-2022- 84243753-APN-DTD#JGM) previsto por la misma ley y además surge que no posee juicios ni causas penales conforme art. 16 inc. a) y b) de la Ley N° 27.541 y sus mod., no surgiendo de sus bases información de las causales de exclusión restantes.
Que ello así, con relación a la procedencia del desistimiento de las obligaciones incluidas en la regularización, debe mencionarse que la actora dio cumplimiento a todas las exigencias objetivas y subjetivas requeridas. En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Nº 27.541 y su modificatoria al indicar que el acogimiento al presente régimen tendrá como efecto el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, asumiendo el responsable el pago de las costas y gastos causídicos, corresponde tener a la recurrente por desistida de la obligación regularizada en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2017 a 03/2018; como así también de los derechos y acciones, incluida la repetición (capital e intereses no condonados – artículo 11 inc. c) de la Ley de N° 27.541 y modificatoria y articulo 6 inc. b) de la Ley N° 27.653), con costas.
VI. Que corresponde establecer si procede el beneficio de condonación para la multa apelada en autos. Que el régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras previsto en el Capítulo II del Título II de la Ley N° 27.653 contempla los beneficios asociados al acogimiento que se realice por alguno de los conceptos allí incluidos o que lo adeudado ya hubiera sido cancelado con anterioridad a la vigencia de la mencionada norma.
Que en forma expresa, el artículo 6 inc. e) prevé que el beneficio de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de agosto de 2021, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esa ley y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha, hecho, que adelanto, no se verifica en autos.
Que de la información suministrada por el Fisco Nacional y conforme lo aportado ante dicho organismo por la recurrente se desprende que la obligación que dio lugar a la sanción aquí debatida, fue incluida en un Plan de facilidades Q07183 consolidado el 04/04/2022 (obrante en el IF-2022-84243827-APN-DTD#JGM) de ciento veinte (120) cuotas por un total de $ 951.304,62.- (F.1003 IF-2022-84243753-APN-DTD#JGM). Que dicho plan se encuentra vigente de acuerdo a los datos que figuran en la planilla adjunta del IF-2022-84243914-APN- DTD#JGM con tres (3) cuotas pagas, lo que dado la fecha de presentación permite arribar a la conclusión que la mayor parte de la deuda remanente no se encontraría cancelada.
Asimismo, se deja asentado que de lo informado por el ente fiscal no se configura ninguna de las causales de exclusión previstas en el art. 16 inc. a) y b) de la citada norma, no surgiendo de la misma que recaiga sobre el contribuyente la obligación de informar la ocurrencia de las causales de exclusión restantes.
Que frente a lo expuesto, corresponde analizar la legislación vigente y aplicable a fin de evaluar la viabilidad de la dispensa que dispone el régimen de la Ley N° 27.653.
En lo que al presente caso se refiere, el artículo 6 de la citada ley prevé con carácter general, para los sujetos que se acojan al régimen, mientras cumplan con los pagos previstos en la ley N° 27.541 (artículos 10, 11 y 13) y sus modificaciones, el beneficio de liberación de multas y demás sanciones (art. 11).
De lo expuesto resulta natural deducir el alcance que tiene para el legislador la condonación dispuesta en materia de multas y la importancia que le otorga a los pagos de capital adeudado. Por ello resulta imprescindible conocer las disposiciones de la ley N° 27.653 y su reenvío al régimen de la ley N° 27.541, para comprender la significación y contexto en que se hace dicha remisión.
El primer párrafo del artículo 10 de la ley N° 27.541, contempla que el acogimiento producirá la suspensión de las acciones penales tributarias....... El segundo párrafo prevé, expresamente vinculado al pago, que la cancelación total de la deuda, en las condiciones previstas en el presente régimen, por compensación, de contado o mediante plan de facilidades de pago, producirá la extinción de la acción penal tributaria...... El tercero de los párrafos plantea que la eventual caducidad del plan de pagos implicará la reanudación de la acción penal tributaria....... Como se puede apreciar no se reconoce la extinción definitiva hasta tanto no haya pago íntegro de lo adeudado. De la remisión que efectuó el legislador, no abrigo dudas que se proyecta a la única referencia posible que es la cancelación total de la deuda -segundo párrafo- atándolo a las condiciones del régimen y a tres formas de cancelación posibles, Pero además de allí subyace la verdadera naturaleza y trascendencia de la “cancelación”, pues el acogimiento produce una suspensión de las acciones en curso y sólo la cancelación total de la deuda transforma esa suspensión en extinción. Y ello queda confirmado en el tercer párrafo del inc. c) del artículo 6° en tanto prevé que ante la eventual caducidad del plan de pagos solo habrá que reanudar las acciones penales tributarias o habilitará la promoción por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos de la denuncia penal que corresponda......... En ningún momento presume una extinción con la mera adhesión a un plan de pagos pendiente de cancelación total. Y es ese el mismo concepto que el legislador utiliza frente al acogimiento y la eventual condonación de intereses resarcitorios -en el caso que nos convoca-.
El artículo 13° termina de completar y confirmar el objetivo del legislador, cuando en forma expresa contempla que el beneficio -condonación y exención- procederá si los sujetos cumplen, respecto del capital, multas firmes e intereses no condonados, algunas de las siguientes condiciones: a) Compensación......., b) Cancelación mediante pago al contado........ y c) Cancelación total, mediante alguno de los planes de facilidades de pago que al respecto disponga la Administración........La claridad de los términos utilizados ratifica la necesidad de pago. Del mismo surge nítidamente que cuando no se compense o no se pague al contado, la cancelación por vía de un plan de facilidades de pago debe ser total. En primer lugar, guarda estrecha relación con el criterio que en forma contundente expresa el artículo 10 de la ley N° 27.541 referido a las acciones penales.
En segundo lugar, mantiene la consistencia entre el beneficio y los requisitos para usufructuarlo. Pensar en un plan de facilidades y que con la cancelación de un pago a cuenta, o de una única o varias cuotas, en nuestro caso a lo sumo 5 -teniendo en consideración que el mismo puede extenderse hasta 120 cuotas (10 años)-, en el régimen de la Ley 27.653 y que ello resulta suficiente para proceder sin más a una condonación de multas, implicaría estar pulverizando toda una labor administrativa que se vino desarrollando desde la fiscalización, la intervención del juez administrativo al aplicar la multa, la interposición de un recurso ante este Organismo, la eventual propuesta de pruebas y su admisión, el tratamiento y análisis por parte de este Tribunal, según el grado de avance que hubieren tenido cada una de las causas.
Por ello, considero que al encontrarse parte de las obligaciones sustanciales incluidas en un plan de pagos aún no cancelado en su totalidad, que la representación fiscal informó como vigente -, no procede el otorgamiento del beneficio, tal como como lo he sostenido en las causas ARNOLDI ADOLFO IGNACIO 18-05-21 Expte ………9612; LACASE MARTIN 13-5-21 Expte ………1998; BUFALO S.A. 02-6-21 Expte 49.435-I; SPG S.R.L. 04-06-21 Expte 49807; NOVILLO MIGUEL 14-6-21 Expte 33590; GIRAUDO JULIAN 26-11-20 Expte …….4721 ; SACHI S.A. 25-11-20 Expte ……6953 ; ARQUIMEDES CARRIZO S..R.L. 23-12-20 Expte ……..0284, todas ellas de esta Sala D y a las que me remito en mérito a la brevedad, no correspondiendo en esta instancia otorgar la condonación de la porción de intereses que exceden aquellos que deben formar parte de la regularización, (arts. 11 y 13 de la Ley 27.541), hasta tanto se acredite la cancelación total -pago- de las obligaciones sustanciales -con más los intereses no condonables-, que dieran lugar a los intereses resarcitorios previstos en el artículo 37 de la Ley N° 11.683 y a la sanción recurrida.
Adicionalmente a la letra de la ley, entiendo que tal como se encuentra presente en forma expresa en el artículo 10 de la Ley N° 27.541, la falta de pago que implique una caducidad lleva una REANUDACIÓN del proceso y no a la iniciación de uno nuevo. Entiendo que ese es el sentido que tuvo en cuenta del legislador, que por otro lado, lo confirma de una manera contundente en la redacción que le otorgó al artículo 13 con la modificación introducida por la Ley 27.541 (art.8°) al establecer “El beneficio que establece el artículo 11 procederá si los sujetos cumplen, respecto del capital, multas firmes e intereses no condonados, sin otro requisito, algunas de las siguientes condiciones: a) Compensación....b) Cancelación mediante pago al contado........ c) Cancelación total mediante alguno de los planes de facilidades de pago.....” El legislador limitó, los requisitos, a estos efectos, a sólo uno, que es el referido al pago. Por ello entender que un plan de facilidades de pago vigente, pero aún no cancelado en su totalidad, resulta suficiente para conceder una condonación total, implica considerar que el legislador le pide al Tribunal que condone sin cumplirse todas las condiciones que exige el régimen y cuando una de las partes del proceso (AFIP) verifique la caducidad de un plan de pagos, es ella la que haría caer la decisión de este Tribunal de haberse expedido en favor de la condonación en forma anticipada. Se trataría de una situación sumamente delicada si se la observa desde las funciones de cada uno de los organismos involucrados. Entiendo que este Tribunal debe hacer justicia, reconociendo los derechos de ambas partes. En el caso del contribuyente, otorgando el beneficio cuando cumpla con la totalidad de los pagos que dieron lugar al acogimiento. En el caso del Fisco Nacional preservando las tareas que desarrolla la Administración, su función recaudatoria, la inducción al pago, y no desestimando lo avanzado del proceso, según corresponda a cada caso.
En síntesis atento la especial flexibilidad que otorga a estos fines el uso del Sistema de Expedientes de carácter electrónico y ante la existencia de un plan de pago no cancelado en su totalidad -como en el presente caso-, se deberá remitir el expediente al archivo (Guarda Temporal), hasta tanto la parte actora acredite la cancelación total de la obligación principal (en este caso del Impuesto al Valor Agregado) y de los intereses no condonables, comportamiento que conduce a la condonación de la multa; o por el contrario el Fisco denuncie el incumplimiento por caducidad del plan de pagos. Ello se apega a la voluntad de legislador tanto en la ley 27.541 como en la ley 27.562 y 27.653 pues conceder una extinción como expresamente lo prevé el artículo 6 inc. e) de ésta última, evita exponer a este Tribunal a otorgar una condonación plena en situaciones que potencialmente pueden a posteriori revertirse. A su vez la actora conserva todo su derecho a reclamar la condonación una vez cumplido el requisito de pago. Al mismo tiempo el Tribunal Fiscal acompañaría estos principios básicos de justicia, los cuales abandonaría si se condonaran intereses resarcitorios en forma prematura que aún no han visto plasmados plenamente los requisitos para su goce.
Además, resulta contundente la reglamentación de la ley -RG 5101/2021, art 31, en cuanto prevé que, de producirse la caducidad del plan de pagos, el Fisco reclamará la parte proporcional de la deuda total -capital, intereses y multas- aún no cancelada. Esto demuestra que de otorgarse en este ámbito una condonación plena ésta entraría en colisión con la facultad del Fisco para reclamar multas “supuestamente condonadas”.
Frente a lo expuesto, infiero que debe demostrarse la cancelación total de la obligación principal. Esta verificación solo podrá ser posible cuando lo adeudado - capital + intereses según el respectivo límite- se hubieren cancelado íntegramente.
VII. INTERESES RESARCITORIOS: Un tratamiento en idéntico sentido propicio en el otorgamiento de la condonación de los intereses resarcitorios que el legislador prevé en el artículo 6, inciso b). Aquí vale la oportunidad para recordar que los intereses totales adeudados sobre el capital que se regulariza están sujetos a un desdoblamiento. Por un lado el legislador fijó un límite máximo de intereses a pagar, y lo hizo en función de la calidad del deudor -extensión de la empresa medida por el nivel de ingresos o ventas-. Que para el excedente consagró un tratamiento diferencial. Se observa que, cualquiera fuere el origen de las obligaciones a regularizar, atento los límites fijados, una porción importante de los intereses devengados reciben un perdón que se plasmó con su condonación, tratándose de aquellos que superen los límites fijados en el inciso b) del Artículo 6. Y nuevamente, replico todo el análisis legal efectuado respecto de las multas, ya que el artículo 6 de la Ley N° 27.563 (antes arts. 10, 11 y 13 de ley N° 27.541) abarcan tanto las sanciones como los intereses resarcitorios. En resumen y a efectos de no reiterar todo lo análisis efectuado en el considerando anterior, entiendo que debe demostrarse la cancelación total y en este caso no solo de la obligación principal sino también de los intereses que deben abonarse por no resultarles aplicable la condonación, para que proceda la condonación de los intereses excedentes.
VIII. Por todo lo expuesto considero:
a) Tener a la firma Aserradero Don Miguel S.R.L. por desistida de la acción y el derecho, incluso el de repetición, como así también respecto de la porción de los intereses resarcitorios que fija el inciso b) del artículo 6 de la ley N° 27.653. Con costas.
b) No habiéndose acreditado la cancelación total de 1) la obligación principal y 2) los intereses no condonados, pero estando vigente un plan de pagos, procédase a remitir la presente causa al archivo, hasta tanto la actora acredite la cancelación total de dicha obligación o que el Fisco Nacional denuncie que se ha producido un incumplimiento en el plan de pagos que implique la caducidad del mismo.
c) De no existir presentaciones en ninguno de los dos sentidos, se tendrán por condonados la multa en el Impuesto al Valor Agregado y los intereses resarcitorios que no deban abonarse en los términos del Artículo 6 inciso b) de la ley Nº 27.653 en la fecha que se cumpla el vencimiento de la última cuota del plan de pagos original, atento haber dado cumplimiento a los demás requisitos subjetivos que requiere la citada Ley. En este supuesto costas por su orden.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que comparte en lo sustancial lo expuesto por el Dr. Martín, en cuanto corresponde tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho incluso del de repetición, en los términos previstos por la ley 27.653 respecto a los montos determinados en concepto de capital y accesorios, éstos últimos en la proporción incluida en el plan de facilidades individualizado como Q071833 (IF-2022-84243753-APN-DTD#JGM).
II. Cabe referirse al remanente de intereses resarcitorios y la sanción aplicada por los períodos 11/2017 a 1/2018, puntualizando que la citada normativa establece su condonación como beneficio a partir del desistimiento formulado.
Puntualmente, en cuanto a los accesorios, de los términos del artículo 6 inciso b) de la ley 27.653, surge que ello será procedente en el importe que por el total de intereses supere en los porcentajes que allí se indican para cada clase de contribuyente. Por su parte el artículo 36 inciso b) de la RG N° 5101/2021 (AFIP) establece el beneficio de condonación de sanciones cuando se hubiera regularizado la obligación sustancial e intereses no condonados, en lo que aquí interesa, a través de planes de facilidades de pago generados en los términos de la ley 27.653, en la medida en que la sanción no se encuentre firme a la fecha de acogimiento al régimen de regularización, tal como sucede en este caso.
Que, al respecto debe señalar que sin perjuicio del criterio que he seguido en ocasión de resolver cuestiones análogas con motivo de anteriores leyes de moratoria, lo cierto es que de un nuevo análisis del tema me lleva a rever mi posición y en consecuencia, encontrándose cumplidas las formalidades exigidas en dicha normativa, corresponde declarar la condonación de los intereses resarcitorios y de la sanción impuesta en el acto determinativo de IVA. En lo que atañe a las costas teniendo en cuenta la jurisprudencia pacífica de éste Tribunal, estas deben distribuirse en el orden causado, dado que la condonación dispuesta comporta que no haya parte vencida.
La Dra. O’Donnell dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Gómez.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría SE RESUELVE:
1. Tener a la firma Aserradero Don Miguel S.R.L. por desistida de la acción y el derecho, incluso el de repetición, como así también respecto de la porción de los intereses resarcitorios que fija el inciso b) del artículo 6 de la ley N° 27.653. Con costas.
2. Declarar la condonación de los intereses resarcitorios, que exceden el límite señalado en el punto 1), y la sanción en el Impuesto al Valor Agregado, distribuyéndose las costas en el orden causado.
3. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 73.666 (Pesos setenta y tres mil seiscientos sesenta y seis) equivalente a 7,08 (siete con 8/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $ 184.164 (Pesos ciento ochenta y cuatro mil ciento sesenta y cuatro) equivalente a 17,71 ( diecisiete con 71/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, art. 6 inc b) de la Ley N° 27.653 y la Acordada N° 25/22 (08/09/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017, todo sin perjuicio de la reducción dispuesta por el art. 61 de la RG 5101/2021. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese y archívese.-
Date: 2022.09.19 17:26:55 -03:00 Date: 2022.09.19 17:41:08 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.19 18:52:16 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.19 18:52:17 -03:00
Fin de la sentencia