Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2026-01148773-APN-SGAI#TFN
I. Que la parte actora apela la Resolución N° RESOL-2025-140-E-ARCA-DVRRMR#SDGOPII mediante la cual se determina el impuesto a las ganancias, con más intereses resarcitorios y se suspendió el Sumario RESOL - 2025-96-E-ARCADVRRMR#SDGOPII y aplicación de la multa respecto del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2022, en virtud de los términos del artículo 20 del Régimen Penal Tributario.
Señala que la resolución recurrida impugna la deducción de gastos registrados bajo el concepto “Gestión de Negocios”, correspondientes a servicios efectivamente facturados, abonados, retenidos y declarados, prestados por proveedores reales, existentes y plenamente identificados, concluyendo—sin prueba suficiente— que dichos servicios no habrían sido acreditados.
Entiende que el propio acto reconoce la existencia de las facturas, los pagos bancarios, las retenciones impositivas, los domicilios, el personal y las respuestas a las circularizaciones. Es decir todo real y prestando servicios desde hace mas de 5 años para la empresa.
Plantea la nulidad del acto recurrido ya que incurre en una contradicción lógica y jurídica insalvable que, por sí sola, basta para descalificarla como acto administrativo válido.
En efecto, el organismo fiscal reconoce expresamente la existencia de los proveedores impugnados, la emisión regular de facturas electrónicas, la realización de pagos mediante transferencias bancarias, etc. pero por otro lado entiende que la firma no ha podido demostrar el servicio recibido de los proveedores.
Explica que adjuntó listas de reclamos con números de los mismos, personas que los hicieron, compañía reclamada, ofreció oficios como prueba tanto en causas extrajudiciales como en las judiciales que fueron rechazados.
Indica que la conclusión fiscal resulta lógicamente incompatible con los hechos que el propio acto da por acreditados. Afirma que si todo se ha pagado, prestado y retenido es ilógico lo que resuelven. En tal sentido señala que la jurisprudencia ha sido constante en señalar que un acto administrativo que incurre en contradicciones internas carece de causa suficiente y deviene nulo.
Detalla que el acto recurrido resulta nulo de nulidad absoluta por violación de los requisitos esenciales previstos en el artículo 7 de la Ley 19.549, en particular, falta de causa, motivación, desviación de poder y viola el derecho de defensa por rechazar toda la prueba ofrecida, sin producirla ni valorarla.
Señala que la resolución exige al contribuyente la individualización expediente por expediente de los servicios prestados, la vinculación factura–siniestro de manera individual, la identificación pormenorizada del personal afectado a cada caso lo cual entiende es una barbaridad jurídica ya que se contratan estudios especializados que cobran una tarifa porcentual o relacionada donde hay recupero de gastos , dineros adelantados , viáticos etc. y pasan esa factura cada mes.
Entiende que dicho estándar probatorio no surge de la Ley del Impuesto a las Ganancias, ni de la ley Ley 11.683, ni de ninguna norma reglamentaria.
Se trata de una exigencia creada discrecionalmente por el organismo fiscal, que convierte la carga probatoria en prueba diabólica, es decir, de imposible o irrazonable cumplimiento. Sumado al hecho que se le ofrecen interminables listados de reclamos y de pruebas a recabar y las rechaza todas y cada una de ellas, sin fundamento alguno.
Desecha el argumento del Fisco al entender que los gastos no se encontrarían vinculados con la actividad gravada y que no habrían sido debidamente acreditados.
Explica que el artículo 80 de la LIG establece que serán deducibles los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la ganancia gravada, en tanto se encuentren vinculados con la actividad y no se hallen expresamente vedados por la ley. La norma no exige la individualización del gasto por operación final, la trazabilidad microeconómica factura–ingreso, ni la demostración expediente por expediente de la utilidad del gasto.
El criterio fiscal adoptado en la resolución impugnada no surge de la ley, sino de una construcción discrecional que altera el estándar legal de deducibilidad.
La resolución recurrida incurre precisamente en ese vicio, al sostener —en los hechos— que la recurrente no necesitaba contratar servicios de gestión de negocios para su operatoria aseguradora, o que dichos servicios no resultaban esenciales. Se equivoca porque en el tratamiento de un litigio es el momento en el que uno se queda o cambia de aseguradora segun la solución que obtuvo y eso es una acción necesaria para conservar al cliente y factible de ser terciarizada a especialistas, técnicos o abogados.
Entiende que la resolución parte de una premisa fáctica equivocada: que la actividad de un productor asesor de seguros se agota en la intermediación y cobro de comisiones.
Tal visión no se condice con la realidad económica del sector, ya que la gestión postventa es el núcleo del negocio asegurador, la gestión de siniestros, la contención administrativa, prejudicial y judicial, el seguimiento de reclamos ante aseguradoras, la coordinación de peritos, abogados y documentación, constituyen factores determinantes para mantener la cartera de clientes, evitar rescisión de contratos, conservar y generar ingresos futuros.
Especialmente cuando —como en el caso— se trata de clientes institucionales, municipios y entidades públicas, con alta siniestralidad y operatorias complejas.
Se agravia porque sin conocimiento alguno de la actividad del productor asesor de seguros el Fisco sostiene que, frente a un siniestro, los gastos son afrontados por las aseguradoras, y que el productor no tendría intervención relevante.
Tal afirmación es fáctica y jurídicamente incorrecta. El productor asesor acompaña al asegurado, centraliza la información, gestiona reclamos, interactúa con estudios jurídicos, peritos y compañías y actúa como factor clave de fidelización. Confundir la obligación indemnizatoria de la aseguradora con la gestión operativa del siniestro constituye un error grave que vicia el análisis fiscal.
Los gastos cuestionados deben analizarse en relación con el volumen de operaciones, el nivel de ingresos, la complejidad del negocio.
Describe que no existe en el acto recurrido ningún análisis de desproporcionalidad, ni comparación con parámetros sectoriales, ni demostración de exceso de gastos. Además señala que la resolución recurrida no prueba simulación alguna, ni operaciones ficticias, ni inexistencia de proveedores, limitándose a expresar una disconformidad subjetiva con la prueba aportada y negándose a producirla.
Por otro lado, expresa que la carga de la prueba no puede transformarse en una exigencia de cumplimiento imposible o irrazonable, ni imponerse estándares probatorios no previstos por la normativa vigente. Entiende que es inadmisible e irrazonable que la resolución recurrida insista reiteradamente en que la contribuyente habría conformado un ajuste similar correspondiente al período fiscal 2020, pretendiendo otorgarle a dicho antecedente un efecto presuntivo sobre el período fiscal 2022, ya que cada período es autónomo. Por último, ofrece prueba, reserva el caso federal y solicita se revoque la resolución apelada con costas.
II. Que mediante IF-2026-36858287-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado del recurso conferido. Señala que la fiscalización tuvo su origen, en información surgida de las bases del Organismo, en las que constaba que la contribuyente había computado como Gastos de Gestión Comercial, la suma de $156.128.723, los cuales se encontrarían vinculados con facturas emitidas por las firmas FASHION STYLE S.A y MARTELLO CONSTRUCTORA S.A bajo el concepto “Gestión de Negocios”, no resultando consistente con la actividad registrada en el Padrón Único de Contribuyentes (Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia).
Destaca que de los antecedentes de la contribuyente, bajo la OI N° 2.038.727, se detectó igual desvío para el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2020, el cual fue conformado por la contribuyente a instancias de la fiscalización interviniente.
En cuanto a la nulidad planteada por la actora, aclara que las supuestas irregularidades invocadas como cuestión que hace a la nulidad, son meros artilugios que absolutamente en nada invalidan la Resolución del Fisco Nacional como así tampoco la eficacia de las normas aplicadas.
Expresa que la nulidad pretendida no puede prosperar, por cuanto la Resolución dictada, se ajusta a derecho, no evidenciándose de qué modo se ha colocado a la contribuyente en estado de indefensión o bien, se ha vulnerado el debido proceso.
Como se ve, no existe en este proceso evidencias que la actora haya demostrado un interés jurídico lesionado o de un perjuicio cierto e irreparable, por lo que corresponde el rechazo de este agravio en su totalidad. En cuanto a la solicitud de suspensión de la ejecución fiscal, al respecto cabe señalar que lo requerido por la recurrente deviene improcedente atento la vía procesal por ella elegida.
Respecto al fondo de la cuestión destaca que la actora en su recurso sólo hace referencia al cumplimiento de formalidades, omitiendo manifiestamente pronunciarse sobre los servicios efectivamente realizados por los supuestos proveedores, quienes tampoco pudieron probar las operaciones declaradas por la actora. En autos, no se pudo constatar la efectiva realización de las operaciones comerciales impugnadas, al no poder verificarse directamente la correspondencia de los gastos deducidos como “Gestión de Negocios”, por lo que se requirió tanto a la actora como a los proveedores, pruebas que documenten cuales fueron puntualmente los servicios que integran ese concepto.
Cabe recordar que la contribuyente es productora de seguros, esto implica que la misma comercializa pólizas de diferentes compañías de seguros, por las que cobra una comisión por parte de estas últimas.
Por ello, cuando la actora se refiere a “clientes”, éstos son en realidad “clientes/asegurados” de las compañías de seguro, por lo que frente a los diferentes siniestros que éstos puedan tener, son éstas compañías las que hacen frente a los gastos incurridos, de corresponder.
Atento lo expuesto, resulta difícil de justificar los gastos impugnados, dado que los mismos son propios de las compañías aseguradoras.
Quizás por ello, en las diferentes presentaciones de la actora y en el recurso que aquí se contesta, sólo aporta escritos y la documentación contable de las operaciones realizadas (facturas, recibos, órdenes de pago, comprobantes de trasferencia, entre otros), pero en ningún momento detalla y prueba fehacientemente las tareas realizadas, el personal vinculado a cada uno de los servicios, y sobre todo la vinculación de éstos pretendidos servicios con el desarrollo habitual de su actividad, para su correcta deducción impositiva.
No obstante las constancias obrantes en la causa, la recurrente sólo se limita a intentar probar la existencia de las operaciones declaradas, a partir de elementos formales, si bien la actora y los proveedores aportan toda la documentación que respaldaría el circuito financiero, contable e impositivo (Factura, Orden de Pago, Comprobantes de Transferencia, Retenciones), no aportan documentación alguna que permita constatar el servicio recibido/prestado que se vincule con la actividad desarrollada por la apelante, acreditando de esta manera que, con la finalidad de engañar al Organismo Recaudador se han cubierto casi todas las formalidades del caso, pero con el detalle de no poder probar (más allá de los papeles y sus dichos) la efectiva realización de las operaciones comerciales, las que han sido correctamente impugnadas por pruebas contundentes que Fisco Nacional ha producido durante el proceso.
El ajuste realizado están referidos a cuestiones de fondo más graves, como resulta ser que las operaciones así documentadas no responden a reales operaciones comerciales y es a actora a quien le corresponde demostrar la realidad de las operaciones y su factibilidad y no insistir en los aspectos documentales y regístrales los que “per se” no dan derecho a computar gastos, cita jurisprudencia.
En efecto, no se ha probado ni intentado probar los supuestos servicios recibidos, limitándose la recurrente a acreditar formalidades que para el caso no resultan suficientes y convincentes para justificar los gastos. A la actora le corresponde demostrar la efectiva realización de las operaciones que motivan el gasto deducido, ya sea en cuanto a los sujetos intervinientes y/o servicios involucrados, cuestión que a la luz de todo lo desarrollado en la presente causa, en modo alguno ha cumplimentado, más allá de meras afirmaciones basadas en elementos sin sustento en la realidad fáctica y por lo tanto ajenos a la realidad económica.
Solicita la confirmación de los intereses resarcitorios por la mora en el pago, ofrece prueba se opone a las medidas probatorias de la actora, reserva el caso federal y solicita la confirmación de la resolución con costas.
III. Que mediante PV-2026-52448551-APN-VOCV#TFN se resuelve hacer lugar a la oposición formulada por el Fisco Nacional en cuanto a la prueba informativa ofrecida por la parte actora respceto de los oficios a las compañías aseguradores como así también respecto de los oficios ofrecidos en el punto 2 b), puntos3), y 5) al 39). Asimismo se resuelve rechazar la prueba informativa ofrecida por la recurrente del punto 1), 2 a) al 4) toda vez que surge de la contestación del recurso de apelación, que la información que allí se pretende recabar no se encontraba controvertida por el Fisco Nacional, resultando inoficiosas las mismas.
Finalmente se hace saber que las presentes actuaciones se resolverán con las constancias de autos y de los antecedentes administrativos, quedando la causa conclusa para definitiva.
Que mediante PV-2026-64542316-APN-VOCV#TFN se elevan las actuaciones a la Sala B las que inmediatamente las pasa a dictar sentencia.
IV. Que conforme surge de las actuaciones administrativas la fiscalización tuvo su origen, en información surgida de las bases del Organismo, en las que constaba que la contribuyente había computado como Gastos de Gestión Comercial, la suma de $156.128.723, los cuales se encontrarían vinculados con facturas emitidas por las firmas FASHION STYLE S.A y MARTELLO CONSTRUCTORA S.A bajo el concepto “Gestión de Negocios”, no resultando consistente con la actividad registrada en el Padrón Único de Contribuyentes (Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia).
Corresponde señalar que la fiscalización actuante detectó desvios, los mismos se corresponden, según se hace constar en las actuaciones administrativas a Gastos No Vinculados con la actividad. Atento el origen, y las tareas de fiscalización realizadas, a criterio de la inspección se desprende que la firma no ha podido demostrar el servicio recibido de los proveedores FASHION STYLE SA y MARTELLO CONSTRUCTORA S.A., por lo que estima conveniente la impugnación de los gastos vinculados a los mismos, cargados en la cuenta “Gestión de Negocios”.
Al respecto, surge del informe final de inspección que si bien la firma y los proveedores aportaron toda la documentación que respaldaría el circuito financiero, contable e impositivo (Factura, Orden de Pago, Comprobantes de Transferencia, Retenciones), no aportan documentación alguna que permita constatar el servicio recibido/prestado que se vincule con la actividad desarrollada por la fiscalizada.
Destaca la fiscalización que la única actividad en la que se encuentra inscripta la contribuyente en el PUC es “Servicios de productores y asesores de seguros”, la cual se coincide con la facturación electrónica emitida, de la cual se desprende que el único concepto facturado es “Comisiones Mes XX/2022”, siendo sus clientes las empresas de seguro tales como: Provincia Seguros, Provincia ART, Sancor Seguros, entre otros.
Se detalla en las actuaciones administrativas la información que surge de las bases del Organismo, de la información aportada por la fiscalizada y de las circularizaciones realizadas, a saber:
FASHION STYLE SA (CUIT N° 30708782595)
Las actividades declaradas según PUC son:
CIIU 681098 – Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p. – Alta 11/2023 CIIU 691001 – Servicios Jurídicos – Alta 06/2019 CIIU 701099 – Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial n.c.p. – Alta 08/2019 Que asimismo, la inspección actuante destaca que durante el año 2022 le emitió facturas únicamente a 3 (tres) clientes: ASESORES DE SEGUROS DEL NORTE S.A. (fiscalizada), AMERICAN BROKER S.A.
(30714773794) y DAFED S.R.L. (30711321140). De las facturas realizadas, surge que los conceptos facturados corresponden a alquileres de oficinas en el Edificio Office Quatro y a Gestión de Negocios; y en cuanto a las facturas emitidas a la firma fiscalizada, se desprende que realiza 2 (dos) facturas al mes, una de ellas por el alquiler de oficinas (monto muy bajo) y otra por “Gestión de Negocios”.
Que del análisis de las facturas y las órdenes de pago que fueron relevadas en planilla de trabajo de la fiscalización, se desprende que por mes FASHION STYLE SA le realiza a la aquí recurrente 2 (dos) facturas, una de ellas por alquiler de oficinas en el Edificio Office QUATRO y otra por Gestión de Negocios (sin descripción adicional alguna).
Que de la documentación aportada por la fiscalizada, se destaca lo siguiente:
a) Planillas de trabajo con detalle de las Facturas imputadas a las cuentas de gasto “Alquileres Pagados Amd.” (61101006) y “Gastos de Gestión Comercial” (61202019), y un Resumen de Cuenta Corriente donde vincula a cada factura registrada la Orden de Pago correspondiente.
b) Facturas, Ordenes de Pago, Comprobantes de transferencias realizadas y Comprobantes de retenciones efectuadas, vinculadas a las operaciones registradas en el período auditado.
Que se deja constancia que de las órdenes de pago aportadas, se desprende que la totalidad de los pagos se realizaron mediante transferencias bancarias desde la cuenta de Banco Galicia de la fiscalizada, a cuentas de titularidad de FASHION STYLE SA. En referencia a las retenciones realizadas por la firma al proveedor, las mismas son de 2 (dos) tipos: a) Ret. Ganancias RG 830 Reg. 94 Locaciones de obras y/o Servicios (facturas “Alquiler”); b) Ret Ganancias RG 830 Reg. 116 Honor. Director SA, etc. (para las facturas “Gestión de Negocios”). Se cotejaron las mismas en las bases del Organismo, surgiendo que se encuentran declaradas e ingresadas.
Que de acuerdo a la Circularización al Proveedor, surgen de la respuesta al primer requerimiento cursado, las siguientes manifestaciones: “Servicio prestado Ante la gran cantidad de siniestros, ASESORES DE SEGUROS DEL NORTE ha tercerizado su gestión y recurre a nuestros servicios jurídicos para garantizar una administración eficiente. Dicha sociedad, opera recurre a nuestros servicios jurídicos para garantizar una administración eficiente. Dicha sociedad, opera a nivel nacional, brindando cobertura a individuos, empresas y entidades públicas, con alta siniestralidad.
Nuestro enfoque especializado permite una gestión estratégica en áreas críticas como flotas municipales y fuerzas de seguridad. Damos control y seguimiento de los reclamos judiciales y administrativos para que el cliente asegurado sienta la contención que un sistema automatizado vía web no le da, máxime en el caso de los lesionados por ART o accidentes de tránsito que son la mayoría de los siniestros. En el caso de robo, se sigue el desarrollo de la causa penal y la posibilidad de que se recupere el vehículo o las pertenencias, eso lleva a que se opere con personal propio o abogados del interior subcontratados.” “Personal asignado: Daniel Compagnucci; Domicilio donde se desarrollaron las actividades: Colectora Panamericana Km 42.5 Piso 3 Depto. 307 – Office Quattro”
Que en cuanto a la documentación, aportó facturas, recibos, comprobantes de retención, extractos bancarios y comprobantes de las transferencias recibidas (todos los cuales resultan coincidentes con los aportados por la fiscalizada en las PD anteriormente enunciadas).
Por otra parte, al requerimiento ampliatorio cursado, la firma presenta con fecha 19/06/2025 la PD N° 202500688288, expresando lo siguiente:
“El contribuyente, FASHION STYLE S.A., posee el siguiente esquema operacional con ASESORES DEL NORTE según el siguiente detalle:
1. Manejo de denuncias: Se reciben y gestionan reportes de accidentes de tránsito, asegurando que el proceso previo a un posible expediente judicial se desarrolle correctamente.
2. Seguimiento de casos legales: Se supervisan los expedientes judiciales relacionados con accidentes de tránsito, manteniendo el control de su evolución.
3. Análisis preventivo: Se estudian casos con potencial impacto legal para anticipar posibles escenarios y definir estrategias administrativas.
4. Control de procesos: Se verifica que todas las gestiones vinculadas a ASESORES DEL NORTE se realicen de acuerdo con los protocolos establecidos.
5. Creación de expedientes judiciales: Se recopila la documentación y se estructura la información necesaria para la apertura formal del expediente.
6. Presentación de expedientes judiciales: Se efectúa la entrega y tramitación de los expedientes ante las instancias correspondientes.
7. Seguimiento de expedientes judiciales: Se monitorea el avance de los expedientes, asegurando su correcta evolución dentro del proceso legal.
8. Resolución y cierre de expedientes: Se gestiona la finalización del expediente, garantizando el cumplimiento de las decisiones legales y administrativas.
9. Informe y documentación final: Se elaboran reportes y se archiva la documentación correspondiente para futuras referencias o auditorías.
Por otra parte, cumplimentando con el item 1. C) le informamos que el personal interviniente fue: el Dr. Daniel Compagnucci y la Dra. Luisina Castro. Asimismo, le adjuntamos la documentación respaldatoria requerida por el Organismo de Control.”
Que en cuanto a la prueba documental, aporta únicamente una planilla denominada “Anexo I - Detalle de Operaciones Comerciales realizadas” en la cual consigna una tabla con detalle de fecha, N° comprobantes, conceptos facturados, neto gravado, IVA y total.
MARTELLO CONSTRUCTORA SA (CUIT N° 30715572687)
Las actividades declaradas según PUC son:
CIIU 681098 – Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p. – Alta 04/2017 CIIU 701099 – Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial n.c.p. – Alta 09/2019 Que asimismo, la inspección actuante destaca que durante el Año 2022, le emitió facturas a 3 (tres) sociedades y 2 (dos) personas físicas por alquileres de diferentes propiedades (Barrio Haras Santa María, Barrio Ayres Plaza, entre otras). En cuanto a las facturas mensuales emitidas a ASESORES DE SEGUROS DEL NORTE SA, las mismas consignan “Gestión de Negocios”.
Que de la documentación aportada por la fiscalizada, se destaca lo siguiente: a) Planillas de trabajo con detalle de las Facturas imputadas a la cuenta “Gastos de Gestión Comercial” (61202019), y un Resumen de Cuenta Corriente donde vincula a cada factura registrada la Orden de Pago correspondiente.
b) Facturas, Órdenes de Pago, Comprobantes de transferencias realizadas y Comprobantes de retenciones efectuadas, vinculadas a las operaciones registradas en el período auditado.
Que del análisis de las órdenes de pago aportadas, se desprende que la totalidad de los pagos se realizaron mediante transferencias bancarias desde la cuenta de Banco Galicia de la fiscalizada a cuentas de titularidad de MARTELLO CONSTRUCTORA SA. En referencia a las retenciones realizadas por la firma al proveedor, las mismas son Ret Ganancias RG 830 Reg. 116 Honor. Director SA. etc. Se cotejaron las mismas en las bases del Organismo, surgiendo que se encuentran declaradas e ingresadas.
De acuerdo a la Circularización al Proveedor, en la nota presentada en la PD, realiza las siguientes manifestaciones: “Servicio prestado ASESORES DE SEGUROS DEL NORTE por su gran cantidad de reclamos ha optado por tercerizar su gestión. Este bróker brinda cobertura nacional a personas, empresas y entidades públicas, con alta siniestralidad en el transporte y la administración estatal. Trabaja con una cantidad significativa de aseguradoras en seguros de vida, automotores, ART, propiedad y caución”.
“Personal asignado: María José Paiffer. Domicilio donde se desarrollaron las actividades: Colectora Panamericana Km 42.5 Piso 1 Depto. 119 – Office Quattro - Del Viso – Pilar”
“Datos de emisión de factura electrónica: Persona responsable: María Jose Paiffer Domicilio desde el cual se realiza la emisión: Colectora Panamericana Km 42.5 Piso 1 Depto. 119 – Office Quattro – Del Viso – Pilar” Que en cuanto a la documentación, aporta facturas, recibos, comprobantes de retención, extractos bancarios y comprobantes de las transferencias recibidas (todos los cuales son coincidentes con los aportados por la fiscalizada en las PD realizadas enunciadas anteriormente).
Que por otra parte, en respuesta al requerimiento ampliatorio cursado, la firma presentó con fecha 19/06/2025 la PD N° 202500688384, manifestando entre otras cosas, lo siguiente:
“…explicamos la siguiente situación operacional. MARTELLO CONSTRUCTORA S.A. lleva adelante un esquema de gestión integral vinculado a ASESORES DEL NORTE S.A., asegurando el adecuado manejo de denuncias por accidentes de tránsito y su evolución dentro de los procesos administrativos y judiciales. Se realiza un seguimiento detallado de cada caso desde su etapa inicial, supervisando la recepción de denuncias y el análisis previo a la apertura de un expediente judicial. Asimismo, se monitorea de cerca el desarrollo de expedientes legales derivados de los siniestros, garantizando el control de su evolución y cumplimiento dentro del marco normativo correspondiente. Se estudian situaciones con posible impacto judicial, adoptando estrategias preventivas que permitan anticipar escenarios y optimizar la gestión administrativa. En cuanto a la formalización de procedimientos, se lleva adelante la creación y presentación de expedientes judiciales, con la recopilación y estructuración de la documentación necesaria para su correcta tramitación. Una vez iniciados, se realiza un seguimiento constante para garantizar su progreso conforme a los requerimientos legales. Por otra parte, expresamos según lo solicitado en el punto 1.c) de la circular nro. 171/2025 que el personal asignado para la realización de los procedimientos mencionados en los párrafos anteriores para el periodo establecido fue María José Paiffer. Con respecto a la documentación respaldatoria solicitada en el punto 2 se adjunta las misma en archivo aparte.”
Que en cuanto a la prueba documental, aportó únicamente una planilla denominada “Anexo I - Detalle de Operaciones Comerciales realizadas” en la cual consigna una tabla con detalle fecha, N° comprobantes, conceptos facturados, neto gravado, IVA, Total y N° Folio Contable.
Que en función de lo actuado por la inspección, el Fisco nacional concluyó ajustando: a) por un lado Gastos No Vinculados con la actividad, específicamente aquellos cargados en la cuenta “Gestión de Negocios”, por no haberse aportado documentación que permita constatar el servicio recibido de los proveedores Fashion Style y Martello Constructora y que el mismo se vincule con la actividad desarrollada por la fiscalizada. El monto del ajuste asciende a $ 111.742.116,37; y b) por otro lado, ajustó el saldo consignado por la contribuyente en su declaración jurada como saldo a favor del período anterior, de manera tal que el importe a computar asciende a $175.006,31, siendo el Ajuste por este concepto de $ 4.922.939,82, diferencia que se produce por la existencia de una fiscalización del período 2020, cuyo ajuste fue conformado por la rubrada, surgiendo de la rectificativa presentada saldo a favor del Fisco, advirtiéndose que por el período 2021 debió haber presentado rectificativa sin imputar el saldo a favor del período anterior, lo que no hizo, y por consiguiente el traslado que hace del saldo de esa declaración a la posterior del 2022 debió ser en menor cuantía.
V. Que aun cuando no hayan sido planteados como excepción, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación a los agravios de la actora por violación de los requisitos esenciales previstos en el artículo 7 de la Ley 19.549.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto a las objeciones nulificantes que plantea la actora, cabe señalar que, desde lo estrictamente formal, la resolución apelada en autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo. Por otra parte, ha fundado su pretensión en los elementos recabados por la fiscalización.
Asimismo, en lo relativo a los agravios de la recurrente referidos a la arbitrariedad alegada al sostener la misma que se ha prescindido de prueba ofrecida, cabe señalar que, así como resulta cierto que el contribuyente tiene derecho a ofrecer pruebas durante el procedimiento administrativo, el juez administrativo interviniente tiene el deber de evaluar su admisibilidad procesal. Esta evaluación discrecional cae, por supuesto, dentro de la órbita jurisdiccional de este Tribunal quien juzgará, en definitiva, sobre la pertinencia o ilegitimidad de la resolución adoptada en la etapa anterior, pero para lo cual, deberá, necesariamente entrar al examen de la cuestión de fondo controvertida y como esta fue propuesta por ambas partes. Solamente dicho examen permitirá a este Tribunal evaluar, a la postre, la justeza del rechazo probatorio en sede fiscal, agravio que se torna inviable en proporción excepcional.
Que, la ponderación de la admisibilidad o pertinencia de las medidas propuestas por el contribuyente, realizada por el Juez Administrativo, resulta un aspecto del acto que se encuentra dentro de la potestad revisora de este Tribunal. Empero, aun en el caso de una “desestimación arbitraria” de las medias, tal agravio no resulta suficiente, por sí solo para ocasionar la nulidad del acto en un planteo por vía excepcional, aunque pueda originar, sin dudas, la revocación del mismo al momento de analizar el fondo de la cuestión controvertida. Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido recientemente la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. Que en primer lugar en cuanto al planteo de la recurrente relativo a la solicitud de suspensión de la ejecución fiscal que peticiona la apelante en el acapite IV) de su escrito recursivo, en función de la vía procesal elegida por la contribuyente, la cuestión ya ha sido resuelta por la Vocalía instructora mediante PV-2026-19080643-APN- VOCV#TFN, en cuanto a que se debe estar a lo expresamente normado por los artículos 37, in fine, y 167 de la Ley 11.683. Al respecto cabe señalar que la CSJN en la causa "Nidera S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo", sentencia del 8/3/2016, (Fallos: 339:260) expresó: “... el criterio plasmado en esa norma surge de la exposición de motivos efectuada por la comisión redactora del proyecto de la ley 15.265 -que creó el Tribunal Fiscal de la Nación- y su fundamento ha sido consagrar una de las garantías más importantes en favor del contribuyente a fin de asegurarle una discusión completa del caso ante aquel en forma previa al pago del tributo suspendiendo la obligación fiscal mientras pendan los procedimientos ante el Tribunal Fiscal”.
VII. Que entrando al fondo del asunto cabe precisar que la cuestión litigiosa se centra en la impugnación de los gastos deducidos por la recurrente que fueron cargados en la cuenta denominada “Gestión de Negocios” correspondientes a los servicios prestados a la apelante por los proveedores Fashion Style S.A. y Martello Constructora S.A.
El organismo fiscal no cuestiona en el caso la existencia de los proveedores ni su falta de capacidad operativa, sino que objeta la falta de acreditación por parte de la aquí actora de que los gastos por ellos facturados se vinculen y sean necesarios para el desarrollo habitual de la actividad de Asesores de Seguros del Norte S.A. En efecto, el artículo 23 de la ley del impuesto en su texto ordenado en 2019, establece que “Para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga”.
No se encuentra controvertido en autos que la recurrente es una empresa productora de seguros. Precisamente, la actividad en que se encuentra inscripta en el Padrón Único de Contribuyentes es la de “Servicios de productroes y asesores de seguros”, lo que según se desprende de las actuaciones administrativas se corresponde con la facturación emitida por la misma, de donde surge que el concepto facturado es el de las comisiones percibidas de las distintas empresas de seguro con las que opera.
Según la Superintendencia de Seguros de la Nación, un productor asesor de segurso (PAS) es un intermediario entre el asegurado y la compañía de seguros, que asesora a las personas para venderle seguros que mejor se adapten a las necesidades de cada cliente (https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/mercadoasegurador/productor -asesor-de-seguros#2). Su función es analizar las necesidades de los individuos y buscarles la mejor cobertura y costo posible, mantener el vínculo con la aseguradora y acompañar al cliente en el proceso, agilizandole los trámites y asegurar que reciba una respuesta acorde a su necesidad.
En el caso, surge que la aquí recurrente se dedica a comercializar pólizas de diferentes compañías de seguros y que cobre una comisión de parte de éstas, siendo esas compañías de seguros las que se hacen cargo de los costos y gastos frente a los diferentes siniestros que pudieran ocurrir a los clientes asegurados a través a la empresa promotora.
Ahora bien, en cuanto a los servicios prestados por las empresas proveedoras de las actuaciones surge que éstas habrían informado en respuesta a los requerimientos de la fiscalización que ante la gran cantidad de siniestros, Asesores de Seguros del Norte, tercerizó su gestión recurriendo a los servicios jurídicos que ellas prestan a fines de garantizar una administración eficiente, efectuando el control y seguimiento de los reclamos judiciales y administrativos para que el asegurado se sienta contenido. Más allá de esas manifestaciones y aportar toda la documentación contable que hace a la facturación del servicio, no aportaron ante sede administrativa documentación alguna que permita constatar el servicio y mucho menos que el mismo se vincule con la actividad desarrollada por la apelante que habilite su deducción impositiva.
Tampoco la parte actora aportó entonces elemento alguno que acreditara los compromisos asumidos frente a los asegurados de seguir en forma personal los trámites correspondientes a los siniestros y mucho menos que se hacía cargo del inicio y/o seguimiento de los trámites judiciales originados en los mismos, como parte de su servicio como promotor y asesor del seguro.
Tampoco ante esta instancia jurisdiccional se aportó ni ofreció prueba idónea tendiente a acreditar los dichos de la recurrente. En efecto, la prueba ofrecida fue rechazada por la Vocalía instructora mediante PV-2026-52448551- APN-VOCV#TFN. Ello así, ya que examinada la misma resultaba inconducente o inoficiosa en función de las circunstancias que se pretendían -y debían- en su caso, probarse ante esta instancia.
Por ejemplo, la prueba ofrecida al Registro de Propiedad Inmueble, a la AFIP y al Edificio Office Quattro Pilar, tendientes a acreditar la propiedad del inmueble y el contrato de locación del mismo, cabe señalar que no es una cuestión controvertida en estos actuados, habida cuenta que los gastos de alquiler que se computara la actora no han sido impugnados, sino sólo aquellos que pretende deducir en concepto de “Gestión de Negocios”. Tampoco era una cuestión en debate si los proveedores tenían empleados y que a su respecto hubiera ingresado las cargas sociales en tiempo y forma. Ello así, dichas prueba resultaban inconducentes en función de la cuestión litigiosa. Así también la prueba informativa ofrecida para que las empresas de Seguros para que informaran si el número de siniestro que se consignaba correspondía a un asegurado a través del productor Asesores de Seguros del Norte S.A., no resultaba conducente para la cuestión traída a decisión de este Tribunal, porque no estaba en tela de juicio que dichas empresas tuvieran asegurados a través de la recurrente, lo que era lógico en función de su actividad y la facturación por ella emitida por las comisiones cobradas, y tampoco que los asegurados hubieran denunciado siniestro alguno.
Luego, los oficios ofrecidos para la remisión de causas judiciales tampoco resultaban conducentes, habida cuenta que los litigios que allí se detallaban podían acreditar la existencia de los mismos pero no necesariamente que guardaran relación con la actividad de la recurrente, ni que le hubiera ocasionado necesariamente gestiones que afrontó a través de los proveedores. Nótese además que ninguna de las personas que figuran en las carátulas de esos juicios se corresponden con el listado de clientes siniestrados cuya existencia pretendía probar con los oficios a las aseguradoras. En definitiva, no había forma de vincular esos juicios con la actividad propia de la aquí recurrente.
Nótese además que en ningún momento, ni en sede administrativa ni ante esta instancia, intentó aportar documentación alguna que acreditara en forma concreta la relación de los servicios que le fueran prestados con su actividad. No intentó tampoco acercar el testimonio o alguna otro medio de prueba de los asegurados que dieran cuenta de que la aquí actora le prestaba el servicio de seguimiento de los juicios o se hacía cargo de las tareas propias de letrados apoderados en dichas causas.
En tal sentido al no poder verificarse directamente la correspondencia de los gastos deducidos como “Gestión de Negocios”, es que a lo largo de toda la fiscalización, se requirió tanto a la fiscalizada como a los proveedores, pruebas que documenten cuales fueron puntualmente los servicios que integran este concepto, circunstancia ésta que no ha sido cumplida mediante prueba idónea alguna.
En las diferentes presentaciones sólo se aportaron escritos y documentación contable de las operaciones realizadas (facturas, recibos, órdenes de pago, comprobantes de trasferencia, entre otros), pero en ningún momento se recibieron detalle de las tareas realizadas y sobre todo la vinculación de éstos servicios con el desarrollo habitual de la actividad de la firma ASESORES DE SEGUROS DEL NORTE S.A., que diera lugar a su deducción impositiva.
Corresponde señalar que la actora en su recurso sólo hace referencia al cumplimiento de formalidades, omitiendo manifiestamente pronunciarse sobre los servicios efectivamente realizados por los supuestos proveedores, quienes tampoco pudieron probar las operaciones declaradas por la actora. En tal sentido le asiste razón al criterio esbozado por el Fisco Nacional por cuanto la actora se refiere a “clientes”, éstos son en realidad “clientes/asegurados” de las compañías de seguro, por lo que frente a los diferentes siniestros que éstos puedan tener, son éstas compañías las que hacen frente a los gastos incurridos, de corresponder.
Atento lo expuesto corresponde señalar que resulta pertinente la impugnación de los gastos vinculados a los mismos, cargados en la cuenta “Gestión de Negocios”.
VIII. Por otra parte, respecto del segundo ajuste efectuado, esto el relacionado al saldo consignado por la contribuyente en su declaración jurada como saldo a favor del período anterior. Cabe precisar que debido a una fiscalización anterior, que la recurrente conformó -circunstancia reconocida aquí por la propia recurrentemediante la presentación de la pertinente rectificativa, el saldo a favor del período 2020 dejó de existir, arrojando la rectificativa presentada saldo a favor del Fisco. Ello así, se advierte que para el período fiscal 2021 debió haber presentado rectificativa sin imputar el saldo a favor del período 2020, lo que no hizo, y por consiguiente el traslado que hace del saldo de esa declaración a la posterior del 2022 debió ser en menor cuantía, tal como lo determina el Fisco Nacional. Respecto de esta cuestión, no hay agravios concretos de la recurrente, razón por la cuál corresponde confirmar el criterio seguido por el organismo recaudador también en este aspecto.
IX. Que por su parte, en relación a los intereses resarcitorios determinados respecto de los ajustes confirmados cabe su confirmación, con costas, ya que cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar el acto apelado. Con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2026.08.03 12:01:38 ART Date: 2026.08.03 16:22:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.03 19:19:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.03 19:20:05 -03:00
Fin de la sentencia