Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de La Plata · Causa 25.934
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede:
1Por mayoría, se desestima el recurso de apelación articulado por la demandada, confirmando el decisorio de grado en cuanto fuera materia de agravios, con costas de la instancia a su cargo en su condición objetiva de vencida (arts. 51 inc. 1, 55, 56, 58 y concs. CCA; 28 y concs., Const, Prov.; 14, 16, 28, 75 inc. 22 y concs., Const. Nac.; art. 19 y concs., CDPD; OG del CRPD 5/17).
2Se desestima el recurso de apelación articulado, confirmando los estipendios profesionales cuantificados por la jueza de grado (conf. arts. 16, 22, 28, 44 y concs. de la normativa arancelaria citada; SCBA I. 73.016, “Morcillo”, res. del 8-11-17).
3Por su actuación profesional en segunda instancia, regúlanse los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, Dr. Martocci en la suma de doce (12) ius, cantidad a la que deberá adicionársele el 10 % y el IVA en caso de corresponder (arts. 12 inc. a) y 16, ley 6716 y modif.; Dec.-Ley 8904/77 doct. causa SCBA I 73.016 "Morcillo", res. del 08-11-17 y sus modif.; 1, 9, 10, 15, 24, 16, 31, 44, 54, 57 y ccs. Ley 14.967).
4Confeccionar, por Secretaría, una síntesis de fácil lectura de la presente sentencia.
CAUSA Nº 25934-P CCALP “ASOCIACION AZUL C/ I.O.M.A. Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIO (ACOLLARADO A LA PRESENTE " SARMIENTO DANIEL RICARDO S/ MATERIA A CATEGORIZAR-OTROS JUICIOS-"CAUSA 6130”
En la ciudad de La Plata, a los ocho días del mes de Junio del 2021, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa “ASOCIACION AZUL C/ I.O.M.A. Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIO (ACOLLARADO A LA PRESENTE " SARMIENTO DANIEL RICARDO S/ MATERIA A CATEGORIZAR-OTROS JUICIOS-"CAUSA 6130”, en trámite ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial La Plata (expte. Nº -5265-), con arreglo al sorteo de ley, deberá observarse el siguiente orden de votación: Señores Jueces Dres. Gustavo Daniel Spacarotel, Claudia Angélica Matilde Milanta y Gustavo Juan De Santis.
El Tribunal de Alzada resolvió plantear las siguientes
Primera: ¿Es justo el pronunciamiento de grado?
Segunda: En caso afirmativo, ¿resulta admisible el recurso de apelación articulado por la demandada contra la regulación de honorarios practicada en primera instancia a favor del letrado de la parte actora?
A la primera cuestión planteada, el Dr. Spacarotel dijo:
I. Arriban los autos a este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación articulado por la parte demandada (v. escritos electrónicos de fechas 28-4-20 y 29-4-20) contra la sentencia de grado (de fecha 17-4-20 y aclaratoria del 28-4-20) que resuelve hacer lugar a la demanda interpuesta por la Asociación Azul por la Vida Independiente de las Personas con Discapacidad, y reconocer el derecho de todo el colectivo por ella representada a acceder a la “Asistencia Personal” (AP), condenando al IOMA a la creación de la prestación de Asistencia Personal, regulándola bajo los estándares internacionales y los parámetros brindados en el apartado 7 de esa decisión, con la participación de la Asociación Azul y de toda otra organización similar y/o persona con discapacidad -PcD- que considere conveniente (arts. 12, inc. 2, CPCA; 16, 75 inc. 22 CN; 11, 36.5 y cc. CP; 1, 3, 12, 19, 28 y cc. CDPD; I, III y cc. CIEFDPD; 1 y cc, ley 10592); todo ello en el plazo de sesenta (60) días (conf. sent. ampliatoria del 28-4-20). Asimismo, impone las costas a la demandada en su objetiva calidad de vencida, y exhorta al Poder Legislativo a que vuelva a otorgarle estado parlamentario y tratamiento legislativo al proyecto que tramitara bajo expediente D-4618/18-19.
Finalmente, deja constancia que en las presentes actuaciones intervinieron, en calidad de amicus curiae: el Centro de Derechos Humanos de la American University Washington College of Law y el Centro por la Implementación de los Derechos Constitucionales (CIDI), conjuntamente; la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos del Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos Alicia Moreau, de la UNMDP; la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); la Asociación Civil Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI); la Dra. Mariela Galeazzi, la Dra. Catalina Devandas (Relatora Especial ONU sobre PcD) y el Dr. Facundo Chávez Penillas (asesor de DDHH y Discapacidad del ACNUDH).
Para resolver en tal sentido, expone en forma liminar los principales argumentos y alegaciones de las partes, y delimita la cuestión a resolver, la cual gira en torno a si corresponde condenar a la provincia y, especialmente, al IOMA, a la implementación de la “asistencia personal para las personas con discapacidad” afiliadas al instituto, en forma compatible con los estándares internacionales, principalmente, la CDPD.
Comienza formulando ciertas consideraciones generales sobre los derechos en juego, su naturaleza y contexto, en sustento del progreso de la pretensión y el rechazo de las dos defensas principales de Fiscalía de Estado en el sentido de que la causa no sería justiciable y de que las necesidades que se tienden a cubrir se encuentran satisfechas mediante las prestaciones ya previstas por el IOMA.
A dicho fin, trae a colación sendas conceptualizaciones de lo que ha de entenderse por “Persona con Discapacidad” -PcD- provenientes de diversos organismos internacionales -OMS, ONU- y en especial, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -art. 1, CDPD-, para puntualizar que el énfasis no se encuentra en la condición (impedimento, deficiencia, etc.) de la persona sino en los diversos factores ambientales que, al no ser respetuosos de un aspecto más de la diversidad de los seres, aparecen como barreras para el desenvolvimiento de las PcD de manera ecuánime con las personas sin discapacidad (PsD), separando del concepto, toda noción de naturaleza médica (superando la propia definición de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y la ley local 10592, directamente apontocada en un modelo médico-asistencial), y respondiendo a un modelo o enfoque social de la cuestión donde la desigualdad proviene, no de la deficiencia, sino de una sociedad que no es capaz de eliminar los obstáculos que encuentran las PcD, revalorizándose la dignidad inherente a la condición humana, dejando atrás enfoques de tipo caritativo médico asistenciales.
Bajo tal prisma, aborda el estudio de la cuestión suscitada, a la luz del derecho a una vida independiente y a ser incluido en la comunidad, entendiendo a la discapacidad como las barreras que encuentra, quien tiene algún tipo de impedimento, para poder dirigir su vida en iguales condiciones con quienes no lo tienen.
Pondera que, a diferencia de lo considerado por Fiscalía de Estado, no se está pidiendo la mera consagración de otro tipo de prestación no contemplada, sino que se está reclamando la efectividad del derecho a una vida independiente y ser incluido en la comunidad y, fuera de una política más comprehensiva (y comprensiva también) a los fines de eliminar barreras, la reivindicación del derecho en análisis, proponiendo una herramienta (la AP) que presenta una excelente relación costo-beneficio, al eliminar una multiplicidad de las barreras con la que se encuentra una PcD.
Advierte que la ecuación es sencilla, en tanto al disminuir las barreras, se morigera la discapacidad y la AP aparece como un eliminador por antonomasia de barreras al realizar aquello que el usuario no puede por sí sólo, en tanto provee apoyo para las tareas y actividades que la persona haría por sí misma si no tuviera una disfunción, resultando fácil advertir, con ello, la interrelación entre vida independiente, AP y disminución de la discapacidad.
Transcribe lo prescripto por el artículo 19 de la CDPD, ponderando que una completa y efectiva inclusión de las PcD es el objetivo central de la convención, la que se logra devolviendo a las PcD la posibilidad de control sobre su vida, estableciéndose, a partir de la norma citada, el deber estatal de adoptar medidas que aseguren una libertad material y no simplemente normativa, para colegir de todo ello que la AP, además de estar prevista como algo que el estado parte tiene el especial deber de asegurar en la CDPD, aparece como “la” herramienta -y no sólo “una” herramienta- efectiva (y adoptar medidas efectivas es otra obligación estatal según el art. 19) que permite la materialidad del derecho a la vida independiente y ser incluido en la comunidad.
Cita, en esa télesis, las definiciones de AP dadas por el órgano de la convención (el CRDP), así como por la Red Europea por la Vida independiente (ENIL- “European Network on Independing Living”) y el Foro Europeo de Discapacidad (EDF- “European Disability Forum”).
Apunta que el consenso respecto de la figura de la AP y las notas apuntadas, ha quedado demostrado en la causa, por un lado, mediante el aporte de todos los amicus curiae, quienes coincidieron no sólo en el aspecto relativo a la eficacia sino en su característica tipificante de control por el usuario, quien es el centro y director del apoyo y no un sujeto pasivo “que lo recibe”, y que de lo contrario, el apoyo no será AP, sino otra cosa, como ocurre con los mecanismos o instrumentos ofrecidos por el organismo demandado. Y por el otro, a partir de los testimonios de Clara Goitía y Julián Vázquez como usuarios o a los de sus familiares, quienes dan cuenta de la autonomía ganada a partir del uso de este servicio (la primera quien pudo mejorar su comunicación, el segundo terminar el secundario y acudir a la universidad).
Funda asimismo lo expuesto, en los términos del citado párrafo 54 de la OG 5 del CRPD, que incluye la promoción, facilitación y ofrecimiento de medidas, entre otras, judiciales, y el deber de promover la igualdad real de oportunidades, asegurando la vida independiente -VI-, es decir, que las personas con discapacidad cuenten con todos los medios necesarios para que puedan tomar opciones y ejercer el control sobre sus vidas -libertad de elección y de controladoptando todas las decisiones que las afecten, en consonancia con el respeto de la dignidad inherente y la autonomía individual consagradas en el artículo 3 a) de la Convención, siendo fundamentales, la autonomía personal y la libre determinación.
A tenor de todo ello, colige el carácter justiciable del asunto y, por ende, a la proponibilidad objetiva de la demanda, al demandarse la efectivización de una obligación internacional y local directamente asumida, y no de la implementación de una determinada política pública.
Al efecto, reitera que de la interrelación que hay entre AP y VI, se puede afirmar que el reclamo por la implementación de la primera es, en definitiva, una petición respecto de la segunda y, particularmente, una acción tendiente a efectivizar la obligación estatal de dar efectividad al derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad, en los términos expresados por el CRPD, y también de la propia ley local 10.592, que -más allá del criterio conceptual médico asistencial a que adscribe- establece la obligación del Estado de brindar los beneficios y estímulos que permitan neutralizar su discapacidad, teniendo en cuenta la situación psico-física, económica y social, procurando eliminar las desventajas que impidan una adecuada integración familiar, social, cultural, económica, educacional y laboral (art. 1, 2° párr.).
Especifica que tal obligación legal se vería cumplimentada en un amplio margen con la sola consagración de la figura de AP pues, como ya se vio, al ser la herramienta que permite la VI, la persona con discapacidad tendría una mayor autonomía y -citando ejemplos que da el fallo en nota al pie-, la discapacidad disminuye e incluso puede llegar a ser inexistente.
Aduna que aún de entenderse que la pretensión versa sobre la adopción de medidas positivas en determinado sentido o con un contenido específico, ello tampoco implica necesariamente la improponibilidad de la demanda, ponderando la exigibilidad en general de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), en sustento de lo cual cita lo argumentado por la CIDH en sentencias de los años 2009 y 2018 en torno a la interdependencia de tales derechos, su entendimiento integral como derechos humanos, y con ello, su justiciabilidad, resultando imperativa la adopción de todas las medidas positivas que sean susceptibles de tomarse.
En torno a la competencia del IOMA en la especie, advierte que mal puede verse afectada la misma sobre la determinación de las políticas, si en rigor, ya ha reconocido la figura de AP -conf. documentación que se encuentra agregada en el proyecto de ley de AP y testimonios brindados en autos-; con lo cual, inclusive, motivos de seguridad jurídica y de igualdad en el acceso a las prestaciones, imponen su regulación y reglamentación con el objeto de evitar un grado de discrecionalidad tal en su otorgamiento que genere inquietudes sobre el resultado del pedido o de su renovación, al punto de resultar aleatorio el reconocimiento de AP o cualquiera de las demás prestaciones ya previstas, con lo que la demanda consiste, ante tal circunstancia, en uniformar la cobertura.
Aduce asimismo el carácter de “derecho de derechos” que tiene la vida independiente y el ser incluido en la comunidad, en tanto es el instrumento mediante el cual se pueden ejercer otros, aun de carácter civil y político, que vienen asegurados a las personas con discapacidad y cuya exigibilidad inmediata nadie negaría, incluyendo así, tanto derechos de efectividad inmediata, como otros progresivos, permitiendo la AP dar una autonomía para, incluso, poder garantizarse los primeros, y con ello también, el derecho a la igualdad en juego. Por su parte, desestima también la defensa material de la Fiscalía de Estado, en cuanto a que la asistencia que la actora peticiona se reconozca, se encontraría cubierta por las prestaciones actualmente previstas, particularmente enfermería domiciliaria, cuidador domiciliario y acompañante terapéutico; a cuyo respecto aduce que tales prestaciones se enmarcan -conceptual y sustancialmente- en una perspectiva médico asistencial, definiéndose las necesidades de manera heterónoma para el usuario y, sin su consenso, siempre y cuando lo dé la familia, quedando la voluntad del usuario en un segundo plano, y no asegurando su autonomía, vgr. en torno a prestaciones no incluidas en tales prestaciones ofrecidas y que en muchos casos no pueden ser realizadas por el usuario; prestaciones que -en definitiva- no sólo no tienen nada que ver con la autonomía y posibilidad de dirección de su vida por parte del usuario sino que, específicamente, subyace al modo en que está previsto la presunción de que no pueden tomar decisiones.
Colige al respecto que las coberturas actualmente existentes no se ajustan a los estándares internacionales y constitucionales en la materia analizados, conclusión también así expuesta en general por el Comité CRPD, que transcribe, considerando imperativo que el organismo diseñe una política prestacional bajo los parámetros de la decisión adoptada, con participación de las personas con discapacidad y/o Asociaciones por y para las mismas, según la convocatoria que la Administración entienda oportuno hacer, sin perjuicio de ser la Asociación Azul partícipe necesario del grupo de trabajo, no obstante, dado el carácter de demandante en este proceso con representación de todo el colectivo.
A dicho fin, y sin intento de sustitución de los órganos que regulen el asunto -so riesgo de incurrir en exceso jurisdiccional-, se impone dejar determinados algunos lineamientos, que detalla (vgr. respetarse en general los parámetros dados, particularmente, en materia de control y dirección del AP por parte del usuario, inherentes a la figura; capacitaciones específicas para AP -algo general toda vez que la demás capacitación la brindará el propio usuario, atento el carácter heterogéneo de las diferentes personas con discapacidad-, brindadas por distintas entidades que las ofrezcan, tal y como las que realiza la Asociación aquí actora con aprobación del Ministerio de Salud; evaluación de discapacidades de acuerdo a parámetros del Comité CRPD; acceso simple a la AP, desde el punto de vista burocrático, con los pasos mínimos indispensables, y atención prioritaria; entre otros).
II. La demandada focaliza sus agravios respecto de dicho decisorio en dos aspectos vertebrales del decisorio:
1. Exceso jurisdiccional. Críticas a la creación y reglamentación judicial de una nueva prestación a cargo de IOMA. Violación al principio de división de poderes. Sustitución o reemplazo de un proyecto de ley que recientemente perdió estado parlamentario:
Arguye que se ha incurrido en un exceso jurisdiccional y en violación del principio de división de poderes, ante la creación y reglamentación judicial de una nueva prestación a cargo del IOMA, alegando que con ello se ha sustituido las evaluaciones de oportunidad y conveniencia que corresponden a los poderes políticos y, en particular, ha reemplazado al proyecto de ley que paralelamente se encontraba en tratamiento ante la legislatura provincial y que -añade- continuaba en ese estado aun después de que esta causa quedó en estado de dictar sentencia, habiendo perdido estado parlamentario recientemente.
Puntualiza que tal exceso jurisdiccional -alegado en oportunidad de contestar la demanda, al aducir la improponibilidad objetiva de la pretensión entablada- se ha producido, en perjuicio de las competencias constitucionales que corresponden a los Poderes Legislativo y Ejecutivo provinciales, así como al IOMA en la determinación de las prestaciones que le corresponde brindar a este último y la definición de políticas públicas a su cargo en materia de discapacidad, y denuncia que se ha empleado este proceso judicial (y en particular a su sentencia definitiva) como un “sustituto” del debate legislativo que en todo caso debió darse para crear la figura de la asistencia personal (AP), a modo de una nueva prestación a cargo de IOMA.
En tal entendimiento, critica los fundamentos dados por la jueza de grado para desestimar su defensa vinculada a la aludida improponibilidad objetiva, especificando que cuanto se alegara -en relación a que la actora lisa y llanamente pidió la creación y reglamentación judicial de una nueva prestación a cargo del IOMA, admitido por la iudex-ha quedado patentizado en la parte resolutiva de la sentencia, en la que la única condena es precisamente obligando al IOMA “a la creación de la prestación de Asistencia Personal regulándola bajo los estándares internacionales y los parámetros brindados en el apartado 7 de esta decisión”, al igual que en la síntesis informativa del fallo.
Añade que se ha incurrido en cuestiones de mérito oportunidad o conveniencia, en materia de políticas públicas, lo cual -afirma- se ve reflejado en cuanto resuelve la iudex en relación al abandono del modelo “médico” que estaría siguiendo el IOMA, y añade a las prestaciones actualmente vigentes una nueva (AP), a la que valora como superadora de las anteriores.
Sintetiza que, tal como si fuera una ley emanada de la Legislatura, la sentencia ha creado una prestación general a cargo del IOMA y ha establecido sus caracteres principales, librando luego a la reglamentación del ente médico asistencial, en conjunto con la Asociación actora y otros interesados, la definición de las restantes cuestiones necesarias para su implementación, todo lo cual evidencia, a su entender, un exceso jurisdiccional violatorio del principio de división de poderes, habiéndose adentrado en cuestiones de mérito, oportunidad o conveniencia.
2. Adecuación de las prestaciones del IOMA a la “CDPD”. Razonabilidad de la cobertura. Inexistencia de prestaciones materiales incumplidas (reconocimiento de los afiliados):
Alega desacierto de la sentencia, en cuanto -afirma- dicha conclusión no es una derivación razonada de las constancias de la causa y, en especial, de las declaraciones testimoniales de los propios interesados (usuarios, familiares y asistentes), que han reconocido que las prestaciones materiales actualmente vigentes son completas, que no hay requerimientos pendientes al respecto, y que son los propios afiliados los que eligen a sus asistentes y dirigen el actuar de los mismos, adecuándose las actuales prestaciones del IOMA a las personas con discapacidad (cuidadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos, y enfermería domiciliaria) a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad CDPD.
Puntualiza que el IOMA ha elaborado un nutrido cuadro prestacional con ese propósito bajo la denominación de “Prestaciones Domiciliarias Individuales”, que presenta las variantes de: i) enfermería domiciliaria, ii) cuidador domiciliario, y iii) acompañante terapéutico; las cuales, inclusive, pueden coexistir respecto de un mismo afiliado, en caso que no registren incompatibilidad horaria o funcional. Apunta que de ese modo se cubren los distintos requerimientos de las personas con discapacidad, a cuyo fin señala los alcances de tales prestaciones, coligiendo que adquieren cobertura tanto aspectos relacionados con la vida diaria de la persona (vestirse, cocinarse, trasladarse, higienizarse, etc.), como asistencia terapéutica y de enfermería domiciliaria.
Critica en este aspecto el decisorio de grado, negando que existan prestaciones materiales que habrían de ser atendidas por la Asistencia Personal (según la concibiera la iudex) y que no se encontrarían incluidas en la cobertura que actualmente brinda el IOMA, invocando al efecto las declaraciones testimoniales, de las cuales colige que las propias personas con discapacidad o sus familiares reconocieron que las prestaciones otorgadas bajo la denominación de “cuidador domiciliario” o “acompañante terapéutico” cubren sus demandas y requerimientos, y que no mantienen ningún reclamo abierto por tareas o acompañamientos no cubiertos por el IOMA.
Cuestiona que la sentencia se base en una actividad que no cubren los cuidadores domiciliarios -servicio doméstico, que a juicio de la iudex debería estar incluida-, aduciendo que en la reglamentación de IOMA esa actividad es ajena a la órbita de funciones de los cuidadores domiciliarios, y que su ausencia no justifica que caiga por irrazonable todo un cuadro prestacional que, en todos los restantes contenidos materiales -en sustancia- muestra absoluta coincidencia con la AP que ha sido tratada en autos.
En esa línea, se agravia también de cuanto afirma el decisorio de grado en torno al respeto de la libertad de elección de los afiliados de las prestaciones, así como su derecho a controlarlas y dirigirlas, refiriendo a las declaraciones testimoniales de autos que -afirma- reflejan que el actual sistema prestacional de IOMA respeta adecuadamente el derecho de las personas con discapacidad para elegir sus asistentes (en cualquiera de sus variantes), e indicarles la forma de llevar a cabo las tareas, del modo que mejor se adecuen a sus necesidades. Agrega que ello se condice, con que el IOMA no posee convenio con cuidadores domiciliarios (o acompañantes terapéuticos), ni estos registran una relación de dependencia con el Instituto, y que este último constata que la prestación corresponda al cuadro y realidad clínico–social del afiliado y, si es así, financia la cobertura prestacional, no interviniendo en la búsqueda o selección del cuidador, que se encuentra exclusivamente a cargo del afiliado o de su red de apoyo primaria, así como la correspondiente gestión de la autorización y/o renovación de la prestación, Defiende asimismo la razonabilidad del actual sistema, aduciendo que el mismo se organiza en base a la capacitación previa de los cuidadores domiciliarios, en el reconocimiento de sus certificados por autoridades públicas competentes (nacionales, provinciales y municipales) e, inclusive, en transparencia y publicidad que implica una inscripción registral a nivel del Ministerio de Desarrollo Social Nacional; todo lo cual razonablemente se encamina a favorecer una buena prestación del servicio que brindan a personas con discapacidad y también el control del mismo.
En esa línea, esgrime que si el sistema viene funcionando adecuadamente y las exigencias en cuanto a capacitación y certificación estatal son razonables, no se halla motivo para que se rediseñe dicho aspecto reemplazando tales exigencias por una preparación a la que califica de “general” e identifica con la que se brinda en los cursos que brinda la Asociación Azul (u otras), en desmedro de la que se viene llevando adelante con certificación y registración de las autoridades públicas competentes.
Continúa alegando que el reemplazo de la prescripción médica por “una especie de informe profesional sobre los impedimentos del aspirante a usuario”, en tanto la exigencia de aquélla -afirma- no traduce ningún agravio a los afiliados que justifique una modificación integral (y judicial) del régimen, toda vez que no se erige en una traba burocrática que dificulte o demore acceder a las prestaciones, ni impone una barrera para que sea el propio afiliado el que escoja quien le prestará el servicio y luego dirija su accionar.
También cuestiona la prioridad en el pago que prevé la sentencia -a la que califica de “privilegio de pago de la AP”, aduciendo que ello conduciría a que “… el instituto debería dar trámite prioritario y preferencial a la de AP en atención a los graves perjuicios que la demora causa en estos casos en particular”, pues considera que se consagra una especie de “privilegio” con relación al manejo de los fondos del IOMA y con relación a los restantes compromisos que en el ente debe asumir, que conlleva una injerencia inadmisible, en tanto ingresa a condicionar el manejo de los recursos propios de un ente público, originando una prioridad general con relación al destino de los mismos, por sobre cualquier otro compromiso (de salud o de cualquier otro tipo) que también tenga el sujeto estatal.
Por todo ello, solicita que se revoque la sentencia condenatoria, y se deje sin efecto la condena al IOMA a crear una prestación de AP distinta a las vigentes.
III. Contestado el traslado del recurso, elevadas las actuaciones y previa resolución de este Tribunal sobre la admisibilidad del mismo -arts. 55, inc. 1º, 56, 57 y 58, CCA-, conf. res. del 22-12-20), se encuentran estos autos en oportunidad de ser resueltos por esta Alzada.
Anticipo que, en el marco de congruencia habilitante, los agravios vertidos por la demandada en su libelo recursivo -que reiteran, en definitiva, las dos defensas principales que opusiera al progreso de demanda en su oportuno escrito de responde-, no resultan de recibo, toda vez que no logran conmover los fundamentos y decisión adoptada por la jueza de grado, en un pronunciamiento que estimo ajustado a derecho y cuya confirmación propicio.
1. Acerca del pretendido exceso jurisdiccional y su inexistencia en la especie.
Deviene menester -liminarmente- abordar la queja recursiva de Fiscalía de Estado en su primer agravio, respecto del decisorio de grado, aduciendo haberse incurrido en un exceso jurisdiccional violatorio del principio de división de poderes, y afirmando haberse sustituido o reemplazado un proyecto de ley que recientemente perdió estado parlamentario.
A dicho fin, es dable recordar que -tal como lo explicitara al votar en la causa CCALP N° 15.561 “Rodríguez”, sent. del 3/7/14-, la justicia –en el marco de la legalidad constitucional- puede y debe ayudar a la ciudadanía a reconocer los diversos puntos de vista en juego en situaciones de conflicto; vgr. esclareciendo la información, instando a los poderes constituidos a obrar acciones positivas, o bien instar a los legisladores a que justifiquen sus decisiones; o tan siquiera cuando una sentencia judicial con el vigor de la fuerza de verdad legal –nunca en términos absolutos- pone sobre la mesa pública argumentos o voces ausentes del debate a los fines de contar con la información necesaria para luego poder ejercer sus derechos (v. asimismo, mi voto en causa CCALP N° 16.912, “CELS”, res. del 12-5-15).
Ese prius requiere de un activismo judicial que, en el estado constitucional de derechos, cobra mayor relevancia cuando se trata de analizar cuestiones inherentes a la dignidad humana.
De este modo, hay un valor interno y propio del derecho, concebido como un fenómeno normativo que está dado por la armonización y el refuerzo mutuo entre sus tres aspectos: el ideal, el procesal y el convencional.
La maximización de ese valor, que requiere reconocer la politización del derecho, es la virtud que debe perseguirse en la práctica jurídica (Carlos Santiago Nino – Derecho, Moral y Política – 1994 – Pág. 195).
En este contexto, los sistemas judiciales se ven requeridos, -de consuno- a dar respuestas a diversas demandas de hondo contenido social, en procura de la realización efectiva del sentido de justicia distributiva, en procura de la protección integral de los derechos involucrados.
El activismo judicial requerido por la complejidad de la controversia planteada procura ampliar los mecanismos de garantía procesales para la protección de los derechos en ciernes.
En el presente no es del caso desconocer, la existencia de los derechos reconocidos constitucionalmente y a nivel supranacional, a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales, que tienen jerarquía constitucional (art. 75 incs. 22 y 23, Const. Nac.; asimismo arts. 11 y 36, Const. Prov.), reafirmándose el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- con rango constitucional y de allí deriva la obligación impostergable de realizar prestaciones positivas del Estado de manera tal que el ejercicio de aquéllos no se torne ilusorio (C.S.J.N.: “Campodónico de Beviacqua”, de fecha 24-X-02; “Monteserin”, del 16-VI-01; “Asociación Benghalensis y otros” del 1-VI-00; c.c. S.C.B.A. causas B-65.238, “Toledo”, sent. 5-XI-03, entre muchas; en materia cautelar: C.S.J.N.: “D., B.”, del 25-III-03; “B., V. L.”, del 24-IV-03; “S., E. G.”, del 18-XII-03; “Barría”, de la misma fecha, entre otras). Criterio del que no cabe apartarse en asuntos como el de autos (arts. 15, 20, 36 y concs., Const. Prov. y arts. 75 cit. y concs., Const. Nac.).
Y en particular, el reclamo de efectividad del “derecho a una vida independiente y ser incluido en la comunidad” expresamente contemplado en el artículo 19 de la Convención de Protección de las Personas con Discapacidad, como se verá más adelante.
Asimismo, la prestación requerida por la parte actora hubo sido objeto de propuesta en el seno del Poder Legislativo provincial, más habiendo perdido estado parlamentario -tal como así lo reconoce la demandada-, motivando ello el inicio de la pretensión de marras.
En tal tesitura, deviene menester apuntar que al poder jurisdiccional le compete la misión de examinar el ejercicio de las distintas funciones del Estado, y en ese marco, sin dudas, el control judicial es factible desde la óptica de un efectivo examen de razonabilidad de tales políticas en cada caso concreto, verificando el cumplimiento de las obligaciones positivas y negativas del Estado en garantizar las prestaciones comprometidas.
La Corte IDH ha dado un mensaje claro en el sentido de que todos los jueces y órganos que realicen funciones jurisdiccionales desde una perspectiva material deben ejercer el control de convencionalidad y la expresión tantas veces utilizada por ese tribunal –“evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”- no puede interpretarse como limitante para ejercer el control difuso de convencionalidad sino como una manera de graduar su intensidad (Voto razonado del Juez Ad Hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor en relación con a la sentencia del caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, de 26 de noviembre de 2010, párr. 34 a 41). La Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó también: “…recae sobre los juzgadores un deber de tutela reforzado, pues se encuentran involucradas dos personas en situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, titulares de un amparo especial…” (CSJN 05/05/2016, G., A. N. c. S., R. s/ filiación, AR/JUR/5545/2016) y “…el respeto de la regla del debido proceso debe ser observado con mayor razón en el caso de quienes padecen un sufrimiento mental debido al estado de vulnerabilidad, fragilidad, impotencia y abandono en el que se encuentran frecuentemente estas personas, lo que reafirma el principio constitucional a una tutela judicial efectiva…” (CSJN, el 22/12/2015, Terruli, Jorge Miguel e/ González, Manuel Enrique y otros s/ ejecución hipotecaria). En ese contexto, se revigoriza el mandato constitucional del artículo 75 inc. 23 de la Constitución Nacional -y art. 36 incs. 5 y 6 de nuestra Constitución provincial-, y el consecuente deber de promover “medidas de acción positivas” que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos constitucionales, en resguardo de un grupo de extrema vulnerabilidad y su salud -más aún ante la presencia de alguna discapacidad, como en autos-.
Asimismo, y en línea con todo lo expuesto, cabe recordar que el control judicial de la actividad administrativa, también encuentra su quicio en el principio de legalidad, en sentido positivo, y su correspondencia con mandatos habilitantes de actuación, y ello es así, comprensivo de aquellos supuestos en que la administración incurriere en "omisiones ilegítimas" (GOMEZ PUENTE, Marcos, "La inactividad de la administración", p. 78 y sigtes., Pamplona, 1997), ha dado en llamar "legalidad encargo".
Es decir, que la administración no sólo debe contar con habilitaciones expresas para actuar, sin vulnerar la legalidad objetiva, sino que también debe concretar positivamente el accionar frente a la realización efectiva del bien común. A ello parece referirse el art. 75, inc. 23 de la Constitución Nacional, cuando manda legislar y promover "medidas de acción positiva", en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Ello así, la realidad humana siempre trasciende el fenómeno del derecho, y en tal caso las demandas sociales exigen del Estado de derecho, y de sus órganos constituidos, mayor libertad de acción para abastecerlas en el marco de la legalidad.
El posicionamiento adoptado en la última reforma constitucional -que representa una clara apertura al derecho internacional de los derechos humanosfue reafirmado recientemente con la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante: CCCN) que en la redacción de los arts. 1 y 2 establece: “Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte...” y “La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta ... las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos…”. En la Sección III del Título Primero de ese digesto se ofrece una nueva regulación aplicable a las personas con discapacidad mental o psicosocial bajo la denominación “Restricciones a la Capacidad” y cuyo valor sustancial entendemos está dado en que ha incluido “…numerosas normas de sustancia formal que integran un típico sistema de tutela procesal diferenciada en el caso para la protección efectiva de los derechos de las personas con capacidades restringidas, a tono con el deber de aseguramiento positivo que corresponde al Estado en todas sus ramas, y particularmente a la judicial (art. 75 inc. 23, Const. Nacional)”.
De este modo, enarbolo mi convicción en dirección a consagrar que el control judicial de la función materialmente administrativa que debe ejecutar las medidas de acción positiva para la satisfacción de los derechos de las personas involucradas, no se encuentra vedado por disposición alguna de la Constitución Nacional ni Provincial.
En ese contexto es que desde lo más profundo de mi entendimiento jurídico e intelectivo, se analizará la presente contienda con el mayor grado de activismo judicial –dentro de un esquema constitucional de respeto por las competencias legales asignadas a los jueces, que opera como garantía constitucional para toda la ciudadanía, que los magistrados como jueces naturales actúen en resguardo del debido proceso, la defensa en juicio, y la aptitud legal y constitucional para desempeñar la jurisdicción (art. 18 Const. Nacional)-, procurando resguardar el más amplio y efectivo ejercicio de los derechos involucrados en autos.
2. Fundamentos sustanciales: acerca de la prestación requerida y los derechos en juego.
Despejada la cuestión previa, cabe dilucidar el restante agravio vertido por la demandada, dirigido a cuestionar la manda judicial en lo sustancial, con fundamento en la suficiencia de las prestaciones actualmente brindadas por el organismo a las personas con discapacidad.
a) A dicho fin, considero pertinente formular en forma liminar, una serie de consideraciones respecto a las personas con discapacidad y la temática y derechos involucrados en la presente causa.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que, desde los inicios y evolución del Sistema Interamericano se han reivindicado los derechos de las personas con discapacidades, habiendo sido tal preocupación expresada desde 1948 en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, seguida luego dicha postura en el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador"), que en su artículo 18 señala que “toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad” (el subrayado no es del original).
La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad es el primer instrumento internacional de derechos humanos específicamente dedicado a personas con discapacidad y representa un invaluable compromiso de los Estados Americanos para garantizarles el goce de los mismos derechos que gozan los demás, que dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano, incluyendo un catálogo de obligaciones que los Estados deben cumplir con el objetivo de alcanzar “la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad” (Ley nacional 25.280).
En la misma línea, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada por nuestro país mediante Ley 26.378 (B.O. 6-6-08), establece los siguientes principios rectores en la materia: i) el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; ii) la no discriminación; iii) la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; iv) el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; v) la igualdad de oportunidades; vi) la accesibilidad; vii) la igualdad entre el hombre y la mujer, y viii) el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
El artículo 19 de dicho plexo jurídico internacional -“Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad”-, expresa: “Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que: a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico; b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta. c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades”.
En cuanto a la salud de las personas con discapacidad, el artículo 25 de la CDPD reconoce que “las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad”, para lo cual los Estados deben adoptar “las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud”.
Asimismo, el artículo 26 de la CDPD establece la obligación de los Estados de adoptar medidas efectivas y pertinentes de habilitación y rehabilitación para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida, y el deber de ajustar un entorno en el que un sujeto con cualquier limitación puede funcionar y gozar de la mayor independencia posible, a efectos de que participe plenamente en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones con las demás.
Como parte de la evolución del concepto de discapacidad, el modelo social de discapacidad entiende la discapacidad como el resultado de la interacción entre las características funcionales de una persona y las barreras en su entorno. La CIDH ha establecido que la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva (conf. Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298).
A tono con ello, la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) aprobó la nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), conceptualizando la discapacidad como el término que engloba tanto las deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación (Egea García. C. y Saravia Sánchez, A. -noviembre de 2001-. Clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre discapacidad. Artículos y notas, p. 10). Componentes delineados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con la aprobación de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIDPD), cuyo amparo, si bien no está consignado textualmente en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), está implícito en el máximo principio que la rige: la dignidad, la misma que debe cumplirse en el marco del control de convencionalidad (conf. mi voto en causa CCALP N° 23.800, “Asociación Azul”, sent. del 14-5-19).
La discapacidad es definida como "un término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una condición de salud y sus factores contextuales" (definición dada por la Organización Mundial de la Salud en la publicación Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud -CIF-). Tal afirmación se apoya en el firme reconocimiento de que el ser humano posee una dignidad propia y un valor autónomo propio desde su concepción y en todos los estadios de su desarrollo, sean cuales sean sus condiciones físicas. Este principio que brota de la recta conciencia universal, debe ser asumido como el fundamento inquebrantable de la legislación y de la vida social (SCBA, B 58.760, sent. 7-3-07).
La expresión grupos en situación de vulnerabilidad se utiliza para designar a aquellos grupos de personas o sectores de la población que, por razones inherentes a su identidad o condición y por acción u omisión de los organismos del Estado, se ven privados del pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, y de la atención y satisfacción de sus necesidades específicas. En este punto, las reglas de Brasilia (100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. XIV Cumbre Judicial Iberoamericana) nos hacen una exhortación al señalar que “Se procurará establecer las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de justicia, incluyendo aquellas medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen su seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación” (punto 3. Discapacidad).
Asimismo, cabe traer a colación la Observación General N° 5/17 -sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad- emitida por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el cual se resalta la importancia visceral de que las personas con discapacidad cuenten con la posibilidad de tomar opciones y ejercer el control de manera personal e individual en todas las esferas de su vida, mediante la creación de formas de apoyo que potencien el pleno ejercicio de sus derechos, como la asistencia personal (“Introducción” aps. 4, 15; Cap. II “Contenido normativo del art. 19”, ap. A.16.d).
Allí se especifica que “La asistencia personal se refiere al apoyo humano dirigido por el interesado o el ‘usuario’ que se pone a disposición de una persona con discapacidad como un instrumento para permitir la vida independiente. Aunque las formas de asistencia personal pueden variar, hay ciertos elementos que la diferencian de otros tipos de ayuda personal, a saber:
i) La financiación de la asistencia personal debe proporcionarse sobre la base de criterios personalizados y tener en cuenta las normas de derechos humanos para un empleo digno. Debe estar controlada por la persona con discapacidad y serle asignada a ella para que pague cualquier asistencia que necesite. Se basa en una evaluación de las necesidades individuales y las circunstancias vitales de cada persona. Los servicios individualizados no deben dar lugar a una reducción del presupuesto ni a un pago personal más elevado;
ii) El servicio está controlado por la persona con discapacidad, lo que significa que puede contratar servicios entre una serie de proveedores o actuar como empleador. Las personas con discapacidad pueden personalizar su servicio, es decir, planearlo y decidir por quién, cómo, cuándo, dónde y de qué manera se presta, así como dar instrucciones y dirigir a las personas que los presten;
iii) Este tipo de asistencia es una relación personal. Los asistentes personales deben ser contratados, capacitados y supervisados por las personas que reciban la asistencia, y no deben ser “compartidos” sin el consentimiento pleno y libre de cada una de estas personas. El hecho de compartir a los asistentes personales podría limitar y obstaculizar la libre determinación y la participación espontánea en la comunidad; iv) La autogestión de la prestación de los servicios. Las personas con discapacidad que requieran asistencia personal pueden elegir libremente el grado de control personal a ejercer sobre la prestación del servicio en función de sus circunstancias vitales y sus preferencias. Aunque otra entidad desempeñe la función de ‘empleador’, la persona con discapacidad sigue detentando siempre el poder de decisión respecto de la asistencia, es a quien debe preguntarse y cuyas preferencias individuales deben respetarse. El control de la asistencia personal puede ejercerse mediante el apoyo para la adopción de decisiones”. Finalmente, se apunta allí que el concepto de asistencia personal en que la persona con discapacidad no ejerce plenamente la libre determinación y el control de sí misma, no se considerará conforme con el artículo 19 (cap. II, ap. A.17), y se contempla la obligación de los Estados parte de dar efectividad a este derecho, y sus alcances en cada caso (Cap. III, “Obligaciones de los Estados parte”, ap. C).
b) Sentado ello, debo señalar que nuestro país cuenta con diversas y numerosas normas (constitucionales, nacionales y provinciales) vinculadas a la protección de las personas con discapacidad cuya reseña resulta imprescindible realizar en esta instancia.
- El art. 75 de la Constitución nacional -luego de la reforma de 1994- establece: "Corresponde al Congreso: ... inc. 23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad...". - El art. 75 inc. 22 del texto fundamental aprueba una serie de instrumentos jurídicos internacionales de extrema importancia en el caso. Entre ellos, corresponde mencionar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) -que adquirió jerarquía constitucional mediante la ley N° 27.044-.
- Asimismo, cobran relevancia para la resolución de la causa los artículos 14, 16, 28 y 43 de la carta magna.
- En el ámbito nacional, y aún antes de la reforma constitucional, la Ley N° 22.431 creó el Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas. - A nivel provincial, la Constitución, luego de la reforma de 1994, en su art. 36 establece: "La Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales".
A tal fin, reconoce los siguientes derechos sociales: "...5. DE LA DISCAPACIDAD: Toda persona discapacitada tiene derecho a la protección integral del Estado. La Provincia garantizará la rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos especiales; tendiendo a la equiparación promoverá su inserción social, laboral y la toma de conciencia respecto de los deberes de solidaridad sobre discapacitados...".
La ley 10.592 (B.O. 1-XII-1987) instituyó el Régimen Jurídico Básico e Integral para las Personas Discapacitadas en el que se define, dentro de la experiencia de la salud, a la discapacidad como "toda restricción o ausencia -debido a una deficiencia- de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano".
Así, el art. 1 establece que el Estado provincial asegurará los servicios de atención médica, educativa y de seguridad social a los discapacitados en imposibilidad de obtenerlos. Asimismo, brindará los beneficios y estímulos que permitan neutralizar su discapacidad, teniendo en cuenta la situación psicofísica, económica y social, y procurará eliminar las desventajas que impidan una adecuada integración familiar, social, cultural, económica, educacional y laboral. c) El referido art. 75 de la Constitución nacional, en su inc. 23, impone al Estado el deber de asumir la concreción de medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los discapacitados.
Por tanto, el juez debe interpretar las normas existentes a la luz del principio de acción positiva (v. Kemelmajer de Carlucci, Aída; "Las acciones positivas", publicación de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, abril de 2001; Bidart Campos, Germán; "Tratado elemental de Derecho Constitucional Argentino", Bs. As. Ediar, 1995, t. VI, pág. 315).
Estas acciones positivas son actuaciones destinadas a hacer efectiva la garantía de la igualdad de oportunidades, a través de medidas que permitan contrarrestar o corregir aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales (concepto extraído del Comité para la igualdad entre hombres y mujeres del Consejo de Estado) y tienen como objetivo el establecimiento de una igualdad de hecho entre un grupo dominante y un grupo discriminado. En principio no tienen por finalidad la igualdad entre los individuos, aunque, obviamente, el mejoramiento del grupo trae el de los individuos que lo forman. Es la pertenencia a un grupo y no los caracteres individuales de cada miembro el presupuesto para asumir estas acciones (SCBA, B. 67.408, sent. del 31/10/16).
En otras palabras, las acciones afirmativas van encaminadas a: (i)
favorecer a determinadas personas o grupos de personas para lograr la eliminación o disminución de las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan; y (ii) lograr que los miembros de un grupo que usualmente ha sido discriminado tenga una mayor representación y participación social.
Finalmente, si bien tales medidas constituyen un mandato dirigido al Congreso, pueden ser tomadas en cuenta por los jueces con el fin de orientar la interpretación judicial de las causas sometidas a su decisión (v. Ekmekdjian, Miguel A., "Tratado de Derecho Constitucional", t. II, 1997, Ed. Depalma). Esta última interpretación es la que se ha consolidado en la práctica, atento los valores en juego y su fuerza dinamizante.
d) En tal tesitura, es dable formular algunas conclusiones preliminares o provisionales.
En primer lugar, el sistema legal de protección integral de las personas discapacitadas es amplio y generoso en cuanto a las franquicias y estímulos que instituye a efectos de que sus destinatarios puedan en lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y cuenten con oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas. Incluso se advierte el progresivo aumento de protección, mediante la continua modificación legal. A su vez, lo anterior, se complementa con las protecciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), incorporadas por el bloque de constitucionalidad (art. 75, inc. 22). La Corte Suprema de Justicia, refiriéndose a la normativa nacional, pero cuyas conclusiones son plenamente adecuadas a la presente causa, ha dicho que "el objetivo de la ley 22.431 se dirige fundamentalmente a tratar de conceder a las personas discapacitadas, franquicias y estímulos que, le permitan, en lo posible, neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca" (Fallos: 313:579; 327:2413; 331:1449).
La protección constitucional referenciada, es concordante con los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, con el fin de garantizar a las personas en situación de discapacidad el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, revistiendo visceral importancia el “Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad” expresamente consagrado en el artículo 19 de la CDPD.
Asimismo, no caben dudas que entre las obligaciones de la Provincia se encuentra la de garantizar la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, para asegurar que todas las políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos.
En esa línea, la progresividad de los derechos, reconocido como hemos visto por la Constitución Nacional, se ve francamente vulnerada cuando se dilata en el tiempo la adopción de medidas tendientes a poner en un pie de igualdad jurídica y material, a las personas afectadas con algún tipo de discapacidad. La protección de los derechos de las personas con discapacidad conlleva, en primer lugar, comprender la situación en todas sus dimensiones, las cuales nos obligan a ponderar las limitaciones en la actividad y las restricciones para participar de la vida cotidiana en todos sus aspectos y alcances, conllevando la necesidad de adoptar medidas regulatorias tendientes a eliminar o remover todo tipo de barreras u obstáculos en la búsqueda de una plena autonomía personal, asegurar la participación activa en sociedad, y el derecho a la vida e igualdad de condiciones, en debido resguardo de dicho sector especialmente vulnerable de la población.
Adquiere, en ese contexto, vital importancia, cuanto emerge de sendos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al referir a la llamada “discriminación estructural”, consecuencia de la insuficiencia de regular únicamente la “discriminación directa” para evitar o revertir la “discriminación indirecta”, cual efecto no querido o no deseado, generándose discriminaciones producto de la “estructura” circundante.
Se trata de concebir la igualdad en términos de “no sometimiento”, mediante acciones transformadoras en procura de una igualdad real, a través de su plena integración en la sociedad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso “Furlan y familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas”, sent. del 31/8/12), observa que en las mencionadas Convenciones se tiene en cuenta el modelo social para abordar la discapacidad, lo cual implica que la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Los tipos de límites o barreras que comúnmente encuentran las personas con diversidad funcional en la sociedad, son, entre otras, barreras físicas o arquitectónicas, comunicativas, actitudinales o socioeconómicas. En este sentido, la Corte Interamericana (CIDH) reitera que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. El Tribunal recuerda que no basta con que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre, como la discapacidad. (Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Sentencia del 4 de julio de 2006, párr. 104.)
En dicha tesitura, es obligación -reforzada en casos de ancianidad o niñez, con discapacidad- de los Estados propender a la inclusión de las personas con discapacidad por medio de la igualdad de condiciones, oportunidades y participación en todas las esferas de la sociedad, con el fin de garantizar que las limitaciones anteriormente descritas sean desmanteladas. Por tanto, es necesario que los Estados promuevan prácticas de inclusión social y adopten medidas de diferenciación positiva para remover dichas barreras, debiendo adoptarse las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para que toda discriminación asociada con las discapacidades sea eliminada, para su plena integración en la sociedad.
e) Es en el contexto expuesto que comparto lo resuelto por la iudex en torno a la razonable necesidad de implementación de la “Asistencia Personal” -“AP”-, y cuanto aprecia en relación al abanico de prestaciones que reconoce -y detalla en sus presentaciones- la demandada.
Ello así, en la medida que tales prestaciones -vgr. enfermería domiciliaria, cuidador domiciliario y acompañante terapéutico-, se presentan como coberturas parcializadas y resultan abarcadas por la propuesta -superadora- de la AP, en tanto -la- herramienta fundamental para asegurar a dicho sector vulnerable de la comunidad, una vida independiente, centrada en las necesidades de la persona debidas a las barreras existentes en la sociedad y no en la deficiencia, y prestando especial prioridad a la voluntad y las preferencias del individuo, asegurando la plena participación de las personas con discapacidad en el proceso de adopción de decisiones (conf. OG del CRPD, Cap. III.C.61).
Asimismo, resulta innegable la fundamental contribución que, en la eliminación de tales barreras, ha de conllevar la existencia de la mencionada Asistencia Personal, para el disfrute efectivo de otros derechos constitucionales -junto a los derechos a la salud y a la vida, y de la mano de ellos, a la dignidad humana-, tales como el derecho al trabajo y el empleo; entre otros, habiendo sido incluso ponderada la AP como “prerrequisito” en el efectivo goce de aquéllos (conf. OG del CPD, Cap. IV.91; el “derecho de derechos” a que refiere la iudex). En definitiva, y tal como resulta apreciado en el decisorio de grado en crisis -cuyos sólidos fundamentos se advierten ajustados a derecho, revistiendo insuficiencia los agravios vertidos para su conmoción-, las coberturas actualmente existentes no se ajustan a los estándares internacionales emanados de la CDPD y los parámetros y alcances asignados a la misma (conf. OG del CRPD), cobrando relevancia y suficiencia, a dicho fin, la consagración de la “AP”, con los alcances y en línea con los parámetros emanados de los instrumentos internacionales en vigor reseñados en la sentencia de grado y en este decisorio.
Finalmente, cabe traer a colación, a mero título comparativo, la consagración de la AP en la legislación española, no bien se advierta que en el art. 19 de la Ley Española 39/2006 del 14 de diciembre de “Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia”, se ha contemplado la prestación de “AP”, puntualizando que la misma “tiene como finalidad la promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria”. f) En tal entendimiento, y en el marco de congruencia habilitante -circunscriptos los agravios vertidos por la demandada, del modo supra reseñadoentiendo ajustado al marco jurídico convencional-constitucional, el decisorio de grado, en cuanto ordena al organismo demandado -IOMA- a implementar la asistencia personal –“AP”- de las personas con discapacidad, en procura de asegurar el derecho a una vida independiente y a la integración a la comunidad consagrado en el artículo 19 de la CDPD.
Como corolario, es dable comprender, bajo el prisma de una interpretación que destaque y eleve el “valor ético de la justicia”, ello así, para abordar la esencia del problema puesto en estudio, y ponderar que un asistente personal es una persona que ayuda a otra a desarrollar su vida. Es aquella persona que realiza o ayuda a realizar las tareas de la vida diaria a otra persona, que por su situación, bien sea por diversidad funcional (discapacidad), o por otros motivos, no puede realizarlas por sí misma. El asistente personal se convierte en los “brazos”, los “pies”, los “ojos”, etc. de la persona con diversidad funcional, siendo ésta quien decide la acción que quiere ejecutar; ya que a pesar de no poder realizar de manera autónoma determinadas tareas, mantiene la capacidad de tomar decisiones y por lo tanto de elegir qué quiere, cuándo, con quién y cómo llevarlas a cabo (Rodríguez Picavea “Reflexiones en torno a la figura del Asistente Personal para la vida independiente y la promoción de la autonomía de las personas con diversidad funcional [discapacidad]”, Revista Zerbitzuan, 41, pp. 115-126).
Es deber de la justicia, “nivelar desigualdades”. Esta idea es importante pues si alguien se encuentra peor que otra persona, sin que esto se deba a su propia elección, entonces tiene un especial reclamo para ser atendido y mejorar su nivel de bienestar (Parfit, Derek. “Equality or Priority”. Ratio 10 (3): 1997). De este modo, cuando existe un conflicto ético que subyace en un caso judicial, y aquél se presenta desigualitariamente desequilibrado, es de toda justicia colocar en su quicio, el verdadero valor humano del sentido de justicia. Por ello la “justicia como virtud” se afirma abiertamente sobre los conceptos centrales de la teoría jurídica ya no serán los de “bienestar”, “autonomía” o “eficiencia”, sino los de virtud, excelencia, florecimiento humano (Lawrence Solum, citado por AMAYA, Amalia. 2011. Virtudes, argumentación jurídica y ética judicial. Diánoia México: Instituto de Investigaciones Filosóficas – UNAM, LVI, 67: 135?142.)
V. Por todo lo expuesto, propicio desestimar el recurso de apelación articulado por la demandada, confirmando el decisorio de grado en cuanto fuera materia de agravios, con costas de la instancia a su cargo en su condición objetiva de vencida (arts. 51 inc. 1, 55, 56, 58 y concs. CCA; 28 y concs., Const, Prov.; 14, 16, 28, 75 inc. 22 y concs., Const. Nac.; art. 19 y concs., CDPD; OG del CRPD 5/17).
Así lo voto.
A la primera cuestión planteada, la Dra. Milanta dijo:
Adhiero al criterio de solución adoptado por el juez que inicia el acuerdo. De conformidad a cuanto tuve oportunidad de expresar al emitir opinión en la causa CCALP n° 15.561 “Rodríguez” (sent. del 3-VII-14) -que, si bien en relación al derecho de acceso a la información, resulta plenamente aplicable al caso de autos, en el que se analiza el derecho de las personas con discapacidad a acceder a la prestación de asistencia personal- los derechos protegidos por la Constitución no pueden sufrir restricción alguna desde la esfera judicial que ha de decidir al respecto, sino que, antes bien, es deber de los jueces, en la medida del caso que suscite su intervención (conf. arts. 15, 160, 166 y concs., Const. prov.; arts. 18, 116 y concs., Const. nac.), proveer a su pleno conocimiento. En esta línea, luego de considerar que sus pronunciamientos se encuentran condicionados a la presentación de casos justiciables, el Máximo Tribunal federal, en un reciente fallo en el que reseñara su doctrina al respecto, ha trazado ciertos estándares en orden a preservar el principio republicano que adoptó el Estado Argentino en el artículo liminar de la Constitución Nacional (v. causa CSJ 353/2020, sent. del 24-IV-2020).
Así, tras recordar que dicho Tribunal asumió como una dignidad propia la defensa de la supremacía constitucional que impone el artículo 31 de la Ley Fundamental, y a partir de tal postulado el juzgamiento de casos, sostuvo, al respecto, y en relación a las facultades privativas de otros poderes del Estado, que: “(…) Ambos supuestos condensan premisas basales: que ´la Constitución ha establecido, inequívocamente, un sistema de poderes limitados´ (causa ´Peláez´, Fallos: 318:1967…); y que finalmente incumbe a los jueces ´examinar la existencia y extensión de las facultades privativas´ con el fin de determinar si la cuestión debatida es de las que les incumbe decidir, o de las que la Ley Fundamental depositó en el ámbito reservado a los otros Poderes del Estado (Imaz y Rey, ´El recurso extraordinario´, Editorial Nerva, Buenos Aires, 1962, p. 48)…” (fallos 343:195, sent. del 24-IV-2020).
En tal sentido, no puede dudarse que se encuentra configurado un caso justiciable, en tanto la materia que se ventila -aun desde la perspectiva del pronunciamiento recaído en la instancia- consiste en la directa protección de los derechos humanos, en un ámbito especialmente tutelado, como es el de la dignidad de la persona para acceder a una línea de prestaciones necesarias a su condición, que posibilite el goce y ejercicio pleno de sus derechos y que se encuentran controvertidas.
En ese marco, cabe recordar que la cuestión debatida en estos autos se halla relacionada -o más aún, es inherente- al derecho a la salud, comprendido dentro del derecho a la vida, que cuenta con la especial protección pedida, en la carta magna local y ha sido reafirmado a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 incs. 22 y 23 C.N.; asimismo arts. 11, 36 incs. 5° y 8° de la Const. Prov., art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; arts. 4 y 5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, v. esp. art. 19 y concs. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por nuestro país mediante ley 26.378 -B.O. 6-VI-08-), de manera tal que su ejercicio no se torne ilusorio (conf. C.S.J.N. causas: “Campodónico de Beviacqua”, sent. de fecha 24-X-02; “Monteserin”, sent. del 16-VI-01; “Asociación Benghalensis”, sent. del 1-VI-00; "Mestres", sent. 14-IX-04; doctr. S.C.B.A. en la causa B-65.238, “Toledo”, sent. 5-XI-03, entre muchas otras), al recibir protección constitucional directa y operativa, debiéndose destacar la impostergable obligación de las autoridades públicas de garantizar mediante la realización de acciones positivas la plena vigencia de los derechos a la vida y la salud (con cita de Fallos: 321:1684; 323:1339 y 3229, entre otros).
En virtud de las consideraciones precedentes, y las concordantes expresadas por el juez que inicia el acuerdo, especialmente en los fundamentos centrales del fondo de la cuestión, adhiero al criterio de solución que propone adoptar y expreso mi voto en idéntico sentido decisorio.
Así lo voto.-
A la primera cuestión planteada, el Dr. De Santis dijo:
Parto de la convicción del deber de los estados de arbitrar los medios conducentes para equiparar las condiciones de vida de todos los seres humanos, adoptando las medidas positivas que fueren necesarias para adecuar sus legislaciones en línea con la supresión de fronteras que condicionen el principio de igualdad, afianzando las discriminaciones sostenidas en las diversidades existenciales y dotando a las instituciones de medios consecuentes a ese fin. También comparto con las opiniones precedentes que en esa finalidad se inscribe el objeto de demanda, en términos de igualar las condiciones de vida desde el adecuado acceso a la salud integral.
Hago mía la reseña de normas nacionales e internacionales en procura de ese destino, que derivan tanto de la sentencia de primera instancia como de la intervención que abre el acuerdo.
Sin embargo, veo a ese conjunto de reglas y principios con destino primero en los organismos legislativos y de administración, pues el diseño de esas políticas activas les compete, en la medida que proponen actos de mérito en la respuesta al interés público subyacente, pero que escapan a toda especie justiciable, mientras no se concreten en fórmulas exigibles.
En tal sentido, debo decir que en el sistema republicano las zonas de reserva de cada función estatal muestran a la justicia con una labor que siempre es relativa a la respuesta procurada por las partes desde la exigibilidad de sus derechos y por lo tanto a partir de una relación jurídica que así lo autorice. Y, para que ello ocurra son menester acciones positivas en las que quepa encuadrar esa variable de exigibilidad, sin la cual la labor judicial no es posible. La verdad jurídica definitiva, que es condición inherente a esa función estatal, siempre reclama de una fuente de derechos exigibles que sean susceptibles a la declaración o condena relativa.
Luego, el derecho predicado a la Asistencia Personal que ventila el caso, si bien plausible y suficiente para suscitar la intervención de la actividad legislativa que instituya la relación jurídica y así la exigibilidad por todos quienes resulten destinatarios, escapa, hasta tanto, a la actividad judicial.
El caso no revela todavía perfil justiciable, en la medida que requiere de una instancia que reúne variables de gestión e inversión de recursos y cálculo de gastos que la actividad judicial no puede sustituir.
Sólo ejerce el control de juridicidad, una vez expuestas y en tanto promedie un interés individual o colectivo.
Ello así, en sujeción a la regla de división de poderes que preside el sistema republicano.
La sentencia apelada connota aquel ingreso, que considero vedado a la jurisdicción y por lo tanto con error de juzgamiento.
En otros precedentes he tenido ocasión de expedirme en el mismo sentido (mis votos en causas CCALP n°2028, CCALP n°2053, CCALP n°2131, CCALP n°2805 y CCALP n°4618, entre otras), con criterio al que reenvío.
Ese conjunto de razones conduce mi lógica hacia la procedencia de la impugnación de la demandada.
Así me pronuncio.
Propongo:
Admitir el recurso de apelación de la parte demandada, revocar la sentencia atacada y rechazar la pretensión articulada, con costas en ambas instancias a la vencida (arts.51, 55, 56, 58, 59, 77 y ccs. ley 12.008, t. seg. leyes 13.101 y 14.437 y 274 del CPCC).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el Dr. Spacarotel dijo:
I. Fiscalía de Estado apela -en subsidio- por altos los honorarios regulados en primera instancia, a favor de la representación letrada de la contraparte (conf. arts. 57 Decr. Ley 8904/77 y 14.967; v. escrito del 28-4-20).
II. Las labores profesionales principiaron bajo la vigencia del Decreto Ley 8904/77, habiendo entrado en vigencia la Ley 14.967, correspondiendo aplicar en el caso, la doctrina SCBA I. 73.016 “Morcillo” (conf. doc. conc. CCALP causa N° 20.893 “Echague”, res. del 26-X-17; conc. doc. SCBA I-73.016 “Morcillo”, res. del 8-XI-17 y, expresamente, doc. CCALP causa N° 21.447 “Améndola”, res. del 6-II-18).
III. El recurso de apelación deducido resulta admisible (conforme notificación del 21-4-20 y fecha de interposición del recurso de apelación 28-4-20, conf. art. 57 de la normativa arancelaria citada).
IV. El decisorio de grado reguló los honorarios del Dr. Martocci, letrado de la actora, por el primer tercio del proceso, de acuerdo al decreto ley 8904/77, en la suma de once mil setecientos veinte pesos ($11.720), de conformidad con sus artículos 13, 14, 16, 44 y concordantes, y por el resto del proceso, fijó los mismos en la suma de 30 IUS (arts. 13, 14, 15 inc. d, 44 y cc. ley 14.967), valorando para ello, positivamente, la trascendencia institucional de la cuestión, su valor para el desarrollo de los DDHH en la provincia, el carácter colectivo del proceso, la economía en sus presentaciones, limitadas a las estrictamente necesarias y al resultado del proceso.
Considero que corresponde confirmar la regulación de honorarios practicada por la iudex, en tanto la misma resulta ajustada a las pautas establecidas por los artículos 16, 22, 28, 44 y concordantes de la normativa arancelaria, teniéndose en cuenta para ello, los porcentuales mínimos de ley, el valor, mérito y calidad jurídica de la labor desarrollada, la complejidad y novedad de la cuestión planteada, y el modo en que resolvió el proceso.
V. Por ello, propicio desestimar el recurso de apelación articulado, confirmando los estipendios profesionales cuantificados por la jueza de grado (conf. arts. 16, 22, 28, 44 y concs. de la normativa arancelaria citada; SCBA I. 73.016, “Morcillo”, res. del 8-11-17).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la Dra. Milanta dijo:
Adhiere al primer voto.
Así lo voto.-
A la segunda cuestión planteada, el Dr. De Santis dijo:
Conforme al resultado de mayoría para la primera cuestión, adhiero a los votos antecedentes.
Así lo voto.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, dicta la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede:
1. Por mayoría, se desestima el recurso de apelación articulado por la demandada, confirmando el decisorio de grado en cuanto fuera materia de agravios, con costas de la instancia a su cargo en su condición objetiva de vencida (arts. 51 inc. 1, 55, 56, 58 y concs. CCA; 28 y concs., Const, Prov.; 14, 16, 28, 75 inc. 22 y concs., Const. Nac.; art. 19 y concs., CDPD; OG del CRPD 5/17).
2. Se desestima el recurso de apelación articulado, confirmando los estipendios profesionales cuantificados por la jueza de grado (conf. arts. 16, 22, 28, 44 y concs. de la normativa arancelaria citada; SCBA I. 73.016, “Morcillo”, res. del 8-11-17).
3. Por su actuación profesional en segunda instancia, regúlanse los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, Dr. Martocci en la suma de doce (12) ius, cantidad a la que deberá adicionársele el 10 % y el IVA en caso de corresponder (arts. 12 inc. a) y 16, ley 6716 y modif.; Dec.-Ley 8904/77 doct. causa SCBA I 73.016 "Morcillo", res. del 08-11-17 y sus modif.; 1, 9, 10, 15, 24, 16, 31, 44, 54, 57 y ccs. Ley 14.967).
4. Confeccionar, por Secretaría, una síntesis de fácil lectura de la presente sentencia.
Regístrese, notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen, oficiándose por Secretaría.
REGISTRADO BAJO EL Nº 307 (S)
REGISTRABO BAJO EL Nº 313 (H)
Fin de la sentencia